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COMUNICAT DER COL·LEKIO D’ARKITETOS DE LA COMODITAT AUTOMÀTICA BALENSIANA

URBANISMO:

?CASO CATRAL? Y RESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

19 de Octubre de 2006

Actuaciones del Colegio de la Comunidad Valenciana.

Junta de Gobierno urgente y extraordinaria en Alicante

  

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URBANISMO:

?CASO CATRAL? Y RESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

19 de Octubre de 2006

Actuaciones del Colegio de la Comunidad Valenciana.

Junta de Gobierno urgente y extraordinaria en Alicante

  

Trata este escrito de fijar la posición del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, ante la grave situación planteada con la suspensión de competencias en urbanismo, por parte de la Generalitat Valenciana, inicialmente al Ayuntamiento de Catral (Alicante) y las noticias que ?en cascada? no han parado de aparecer en los medios de comunicación y que afectan, supuestamente, a un numero elevado de Municipios de la Comunidad Valenciana, y con ello, también supuestamente, a miles de viviendas construidas en situación urbanística ilegal.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, en previsión de que se pudiera generalizar la situación, y para evitar de manera inmediata y sin paliativos la afección sobre el interés general,  el buen nombre del Colegio, como institución, y de los Arquitectos como profesionales, y por el peligro de generalización que estas situaciones conllevan, en el absoluto convencimiento del buen hacer profesional de la inmensa mayoría de nuestros compañeros.

Cumpliendo con nuestro compromiso de teneros informados de las actuaciones que este Colegio Autonómico mantiene, os hacemos llegar el guión utilizado para la rueda de Prensa posterior a la Junta de Gobierno, y entregado en mano a los Medios de Comunicación, y que se aprobó por la Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión urgente y extraordinaria, celebrada en Alicante el día 5 de octubre de 2006.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA CREADA

Como Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, ponemos a disposición de los ciudadanos nuestra estructura, para recibir, ofrecer información, o cualquier otra cuestión que les pueda afectar.

Como corporación de derecho público, no somos los garantes de la legalidad urbanística ni constructiva.

No todos los proyectos se presentan en los Ayuntamientos y casi nunca existe tal documento para estas Viviendas ilegales.

La mayoría de los técnicos municipales que informan los proyectos son Arquitectos, aunque no siempre y en todos los casos.

Quienes deciden acerca del permiso de construcción y su otorgamiento o no, son exclusivamente los órganos políticos, normalmente los Ayuntamientos, que son, a su vez quienes ejercen la potestad de policía Urbanística.

Los Arquitectos redactores de los proyectos, si existen, plantean una situación más compleja, puesto que las situaciones que se puedan dar son muchas, en función de su participación a lo largo del proceso denunciado.

La buena fe y la confianza de todo ciudadano debe de fundamentarse en que las instituciones, tanto políticas, empresariales, profesionales y ciudadanas, funcionen adecuadamente.

Al parecer, en este caso, en alguno o algunos escalones de los citados en el párrafo anterior, se ha fallado estruendosamente.

Asumiremos la parte que, como Colegio, ya dicho con anterioridad, nos corresponda y actuaremos en aquellos ámbitos necesarios ­-Ayuntamientos, Comisión Deontológica y los Tribunales, si fuese preciso- contra aquellos que han defraudado la confianza que los ciudadanos y la sociedad han puesto en ellos.

Por lo tanto, si tuviéramos que formalizar una propuesta, esta sería:

1. Hay que delimitar el ámbito de la actuación infractora y/o delictiva, para situarla en sus justos términos.

Por nuestra parte y dentro -desde luego- de nuestras posibilidades ofrecemos nuestra leal colaboración con aquellas otras instancias que nos requieran para este fin.

2. Solicitamos de los órganos competentes, Consellería, Fiscalía la Justicia en un sentido amplio-, una actuación ejemplar contra aquellos responsables, en el ámbito o ámbitos que corresponda, para que prevalezca la legalidad vigente y no pueda quedar la sensación -en modo alguno y en esto somos rotundos- de que quien vulnera la Ley, el negocio le sale mucho más a cuenta que cumplir con la legalidad, cumplimiento este, el la legalidad, que es el caso de la mayoría de los profesionales, y en todos los escalones del sector de la construcción.

Sería terrible que, una vez descubierto, salga beneficiado el infractor o el delincuente con relación a quien ejerce honestamente.

3. Proponer esta acción -con el único objetivo y por una sola vez-, después de depuradas las responsabilidades a quienes corresponda, para solucionar por todos los medios legales existentes, o posibles medidas legales a tomar en el futuro, las irregularidades detectadas y conseguir su regularización, mediante un pacto que, independientemente de posiciones, políticas, tenga por finalidad el bien social, la tranquilidad y la restitución de la confianza en nuestro sistema e instituciones.

4. Una vez reducida al mínimo la situación de ilegalidad, actuar de la manera que dicte la Ley y buscar el resarcimiento de los perjudicados, a cuenta de los responsables.

5. Iniciar una línea de trabajo, dentro del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, conjuntamente con los tres Colegios Territoriales, que tenga como finalidad concluir en una serie de actuaciones y medidas de control documental, que sirvan de contribución previa para evitar, o intentar reducir, el ejercicio arbitrario de algunos Ayuntamientos en el desarrollo y aplicación de sus potestades.

6. Proponer que los Notarios y Registradores, en el transcurso de una operación de compra-venta de inmuebles, exijan la Cédula Urbanística del suelo (Potestad única de los Ayuntamientos) u objeto de la transacción y que las Certificaciones para viviendas construidas tiempo atrás, y sus circunstancias urbanísticas, estén suscritas necesariamente por un Arquitecto -y no por otros técnicos no competentes-, sobre obras mayores legalizando así lo ilegalizable.

7. Transmitir a los ciudadanos un mensaje de normalidad, con el convencimiento de que, aun con la gran dimensión con que aparece todo este asunto, dentro de la totalidad de la actividad inmobiliaria en la Comunidad Valenciana, son la inmensa mayoría de los profesionales los que actúan dentro de los márgenes de estricta legalidad.

 

Alicante a 05 de octubre de 2006

 

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