La reforma que impulsa el gobierno central bajo el pretencioso título de ‘Anteproyecto de Ley para la racionalización y modernización de la administración local’ (ALRSAL) tiene un precepto constitucional por delante –el artículo 135 CE, que nos dirige ‘manu militari’ hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria— y otro precepto constitucional por detrás: el artículo 140, el de la autonomía local, que comparte con el resto del capítulo VII de la Constitución –dedicado a la organización territorial— una resistencia inusual frente cualquier iniciativa de reforma, por recomendable que sea.
Esta prioridad marca a las claras el tipo de reforma que el ALRSAL quiere para los gobiernos locales y explica bien nítidamente el contenido del dictamen que el pasado día 26 de mayo aprobó el Consejo de Estado sobre este anteproyecto, cuando utiliza la expresión “ablación de competencias” para describir el ‘modus operandi’ de la nueva delimitación competencial local. No estamos ante una reforma local impulsada para reforzar la autonomía local. No. Ni para asegurar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias municipales bien definidas, como reclaman los alcaldes desde hace casi 35 años. La reforma está hecha para cerrar y reforzar el círculo del artículo 135 CE, el de la estabilidad presupuestaria.
Y a partir de ahí se explica otro elemento que aún debilita más la posición del principio de autonomía local, su garantía institucional –alejada en las prioridades de la reforma– y el marco que protege el ejercicio de las competencias municipales en los términos que determina taxativamente la Carta Europea de Autonomía Local: “La regulación de la noción coste estándar de los servicios públicos municipales”, que el Consejo de Estado critica también duramente por cuanto supone un cheque en blanco –“una remisión amplia y carente de Parámetros legales”, dice textualmente– en manos del gobierno central para dibujar un nuevo mapa de competencias locales que escapa al principio de reserva de Ley y, por tanto, a la propia Constitución.
Hay otros aspectos que nos indican ante qué reforma local nos encontramos. Aquí está la revitalizada posición de las diputaciones provinciales de régimen común que desmonta la prioridad política y constitucional de construcción del Estado Autonómico de 1978 y que, en el caso de Catalunya, degrada de forma engorrosa el Estatut.
Uno de los puntos más positivos de la reforma, que persigue “redimensionar” el sector público local –nos referimos a la eliminación de empresas, consorcios, fundaciones y otros entes instrumentales que han adquirido en los últimos 15 años un peso insoportable gracias a la negativa influencia de la llamada nueva gestión pública– necesitaría abordarse de forma prioritaria en términos de cooperación con otras administraciones públicas, antes de herir la estructura territorial municipal. Del resto tenemos que ver cómo terminan las cosas. Demasiados cambios en el proceso aconsejan revisar la iniciativa. No lo decimos nosotros. Lo ha dicho el Consejo de Estado.
Post Scriptum, 12 de desembre del 2013.
El proppassat 6 d’aqueix mateix mes, Juan Ignacio Soto ha tornat a publicar a l’edició digital d’El Periódico de Catalunya un breu i punyent article sobre l’estat de tramitació de l’ARSAL al Senat:
“Coincidiendo con el debate en el Senado de la Reforma Local, la Diputación de Barcelona, organiza una serie de jornadas de reflexión sobre el futuro de los municipios bajo el sugestivo título de ‘Governs Locals Km. 0’. Hoy, que el ministro Montoro, impulsor de la tercera gran reforma municipal de la democracia, está en los periódicos día sí y día también, parece extraño que no sea noticia un hecho que nos permitiría ganar en tranquilidad y optimismo frente a los excesos de mal augurio para el porvenir económico de nuestras comunidades locales. ¿Por qué el ministro no explica con el mismo empeño que dedica a otras cuestiones que los municipios ya rozan el equilibrio presupuestario desde que el Banco de España enseñó las cuentas del segundo trimestre de este año? ¿Qué poderosa razón se oculta tras esta no noticia para el Gobierno, si los municipios han hecho sus deberes? Si, al fin y al cabo, es un éxito del Gobierno ¿por qué intenta minimizarlo? No será para esconder otro dato que también revela el Banco de España: Que la administración central del Estado no cumple ni aunque la obliguen en esto del déficit.
Como acertadamente apuntan los responsables de la Diputación de Barcelona, si los municipios han cumplido de forma disciplinada con sus obligaciones respecto al déficit y están preparados –una vez más– para afrontar los cambios que los pueblos y ciudades necesitan no se entiende el empeño del Gobierno en mantener las limitaciones más draconianas a los gobiernos locales y a los alcaldes para que continúen prestando en el futuro los servicios públicos locales que los ciudadanos necesitan y van a continuar necesitando. ¿No habrá tiempo de rectificar esta reforma municipal en el Senado antes de que sea demasiado tarde? Quedan días.”
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