Raül Romeva i Rueda

Amb motiu de la visita a Colòmbia del Director de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, Vicenç Fisas, el diari colombià El Nuevo Siglo publica avui (18 abril de 2007) la següent nota Salida política o derrota militar, en què fa referència a l’Anuari 2007 sobre Processos de Pau, elaborat per l’Escola, i analitza especialment la urgència, així com les dificultats, d’un eventual procés de pau a Colòmbia. (segueix…)

Salida política o derrota militar

ACABA de revelarse en Bogotá el Anuario 2007 de Procesos de Paz, presentado por el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Vicenc Fisas, uno de los principales teóricos de resolución de conflictos en el mundo y quien se ha mostrado desde hace varios años particularmente interesado en el conflicto interno que vive el país, hasta el punto que podría decirse que se trata de uno de los expertos que mejor conoce la naturaleza del mismo así como sus probables soluciones.

El Anuario hace un detallado seguimiento de los 41 conflictos en los que se llevaron a cabo procesos de paz durante el año pasado en los cinco continentes. De manera que les permite a los investigadores de la Escuela de Cultura de Paz analizar las tendencias y los retrocesos de los mismos en la búsqueda de una salida negociada a las crisis que viven esos países, incluida Colombia, a quien el profesor Fisas no duda en calificar como ?un caso bastante particular?.

El diagnóstico que hace el profesor Fisas del caso colombiano debe ser objeto de un profundo análisis no sólo por parte de la academia sino de los propios involucrados en el conflicto, que a la postre somos todos los colombianos. El profesor Fisas es titular de la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la UAB, doctor en estudios Paz por la Universidad de Bradford, Premio Nacional de Derechos Humanos de 1988 y autor de más de 30 libros sobre conflictos, desarme e investigación sobre la paz, entre ellos La paz es posible, Cultura de paz y gestión de conflictos y Adiós a las armas. El estudio ha sido publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y contó con el auspicio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Las conclusiones del Anuario son muchas y todas bien interesantes. Entre ellas bien vale la pena resaltar aquella según la cual el 24 por ciento de los conflictos de los últimos 15 años han acabado con un acuerdo de paz de cierta consistencia y perspectivas de futuro, lo que muestra no sólo la dificultad de sacar adelante esas negociaciones sino que, contrario a lo que se piensa, la suerte de las mismas empieza a sellarse con la firma de los acuerdos de paz y no antes. Sólo en cinco casos de los 54 existentes en este período el conflicto terminó por la victoria militar de una de las partes; es decir, menos del 10 por ciento de los mismos concluye con la derrota militar de una de las partes. Para decirlo en otras palabras: la gran mayoría de los conflictos sólo se resuelven por medio de negociaciones, según concluye el Anuario de Procesos de Paz. Los hechos demuestran, pues, que apostarle única y exclusivamente a derrota militar del enemigo no es el mejor camino.

Pero hay otras conclusiones igual de interesantes. Es el caso de aquella según la cual sólo en una cuarta parte de los grupos armados existentes en el mundo la ideología política es un factor determinante. En las tres cuartas partes restantes este factor es muy poco relevante. Dicha conclusión encaja en el caso colombiano donde ha quedado demostrado que ni los grupos armados ilegales de extrema izquierda, como los de extrema derecha, tienen hoy día una gran solidez ideológica que les permita continuar con la vía armada, entre otras cosas, por el enorme poder perturbador del narcotráfico y por la práctica de actos de terror contra la población civil, así como la recurrente utilización del secuestro de civiles como medio para el sostenimiento de los combatientes.

Otra de las conclusiones se refiere a la desconfianza entre las partes, como uno de los principales motivos de crisis en toda negociación, así como la inclusión de los grupos en las listas terroristas, las violaciones del alto el fuego, el clima general de inseguridad de los excombatientes, las disidencias dentro de los grupos armados, la falta de garantías de los negociadores y los desacuerdos en los planteamientos de aplicación de justicia y reparación, así como el papel que debe jugar la Corte Penal Internacional. Esta última conclusión debería ser analizada con sumo interés tanto por los delegados del gobierno como del ELN que han iniciado un proceso de negociación en La Habana, en medio del escepticismo de un amplio sector de la opinión pública. Sin duda el Anuario de Procesos de Paz es una herramienta valiosa para entender el conflicto colombiano y -sobre todo- un aporte fundamental al conocimiento sobre la construcción de la paz en el país.

Foto: Vicenç Fisas, Director de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. Font: Revista integral

En un moment en què cada cop hi ha més iniciatives de pau impulsades per grups de dones arreu del món (veure per exemple el web de peacewomen), trobo especialment oportú l’article que publiquen avui a El Pais diverses dones en favor de la pau a Euskadi, titulat ‘Pido la paz, y la palabra’. L’article el signen Anna Bosch (ex alcaldesa de Mollet del Vallès); Carmen Oriol (membre de Lokarri); Carmen Magallón (vicepresidenta de l’Associació Espanyola d’Investigació per a la Pau -AIPAZ-) i d’altres, entre les quals hi ha les editores de la revista En Pie de Paz. (segueix…)

La experiencia nos enseña que el miedo es una pulsión legítima y necesaria para la supervivencia, que muestra la fragilidad humana y nos permite protegernos. Tal vez por eso se puede manipular hasta convertirlo en un impulso capaz de agredir, bajo la convicción de estar defendiéndose. Esto parece estar ocurriendo en nuestros escenarios públicos en los últimos tiempos. Por una parte, asistimos con impotencia a la continuidad de la justificación del uso de las armas, la amenaza y la muerte, para lograr objetivos políticos, una justificación que niega la prioridad de la vida humana sobre cualquier otro objetivo, una estrategia que parece incapaz de ver que por esta vía sólo hay sufrimiento, dolor y alejamiento de las metas.

Porque sólo la política, en su sentido de arte de convivir, de avance civilizado hacia mejoras comunes, simbólicas y materiales, puede permitir avanzar en los logros, sin que el uso de la fuerza, caso de alcanzarlos, los haga nacer contaminados. Por otra, la política de la plaza pública, la que ennoblece al ser humano, el arte de acordar con la palabra, con el compromiso de reconocernos como miembros de la misma especie y de la misma comunidad humana, sometidos a la enfermedad y la muerte, y ennoblecidos por las capacidades de aprender, amar y perdonar; esa política que vincula, y es lugar de reconocimiento y proyección del futuro común, está perdiendo su rumbo.

Asistimos con perplejidad y dolor a la transformación de la discrepancia en ocasión para la deshumanización del oponente político, deslizándose peligrosamente hacia abismos que este país conoce y guarda en sus páginas más dolorosas. ¿Cómo podemos estar abandonando la senda de la palabra y el pacto, cuando nuestra propia experiencia de país golpeado por una guerra civil, que aún cuentan nuestros padres, nos ha enseñado que son la única vía para la dignidad y la convivencia en paz?

Nos tememos que por este camino nunca podremos resolver el gran problema pendiente de la democracia española, núcleo también de la agudización del desencuentro: acabar con la violencia en el País Vasco. Todos los intentos realizados por los gobiernos en los últimos treinta años han sido infructuosos, poniendo en evidencia la complejidad del problema y la dificultad de resolverlo. Precisamente por esta dificultad, la solución exige de las instituciones políticas y del conjunto de la sociedad, una gran dosis de realismo, capacidad para el diálogo, entereza, valentía y generosidad. Necesitamos diálogo para que la política, como palabra y pacto, destierre a las armas; entereza para no dejarnos arrastrar por las pasiones; valentía para no atrincherarnos en las propias razones, por muy legítimas y constitucionales que sean, para arriesgarnos en la búsqueda de soluciones, y generosidad para romper la espiral del odio y la violencia.

Las Mujeres de la revista En Pie de Paz llevamos años reflexionando acerca de cómo afrontar los conflictos desde la no violencia. Ante la situación en el País Vasco, nos hemos hecho la pregunta que Annie Campbell se planteó ante el proceso de paz en Irlanda del Norte: "Y tú, ¿qué hiciste ante el proceso de paz?". Su respuesta le llevó a participar activamente en la creación de la Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte, formada por grupos de católicas y protestantes, que tuvo un papel importante en las conversaciones previas a los Acuerdos de Viernes Santo. La pregunta nos obliga a considerar si como ciudadanas tenemos algún tipo de responsabilidad en el proceso de paz en el País Vasco, y, aunque parezca pretencioso, si está en nuestras manos hacer algo para fortalecerlo.

Podríamos responder afirmando que nuestra responsabilidad la delegamos en los representantes políticos, pero la respuesta no nos satisface. Siempre hemos creído que reducir la democracia a los procesos electorales comporta el empobrecimiento de la salud democrática de la sociedad.

Confundir democracia con elecciones es un grave error que está en la base de la actual crisis de la política. Los y las representantes políticos, incluso si les concedemos honestidad y valentía, no siempre pueden conseguir los objetivos propuestos. Se encuentran a veces ante límites que sólo pueden superarse con el apoyo popular. Pero si no basta con votar, si es necesario tomar la palabra para que los gobiernos sepan qué esperamos de ellos, y también darles apoyo para hacer posible determinadas acciones, entonces sí tenemos una responsabilidad en el proceso de paz en el País Vasco. No se trata de emular a Annie Campbell, aunque aprovechamos para decir que hay muchas como ella: desde hace años, de forma discreta y anónima, centenares de personas de procedencia variada han trabajado y trabajan para hacer posible el diálogo en el País Vasco. Por lo que a nosotras concierne, si queremos que avance el proceso de paz, en nuestras manos está una acción sencilla pero útil: tomar la palabra para explicitar y hacer público este deseo. Solamente haciéndolo público podrá encontrarse con los de otros y otras que van en la misma dirección.

Estamos convencidas de que sigue habiendo una mayoría esperanzada y deseosa de que el proceso de paz sea una realidad, que siente en su propia carne los asesinatos de Estancio y Palate, y que asiste con preocupación a los distintos bloqueos del proceso. No puede ser que las fuerzas de siempre, vuelvan a imponer sus estrategias. Queremos que el enorme deseo que existe a favor de la paz, se vuelque en hacer callar las armas definitivamente.

Queremos que no sólo se oiga a quienes dicen "No en mi nombre". Nosotras, pese a todo, y porque vemos que es la única opción de futuro, para que no haya más víctimas, queremos decir "Sí en nuestro nombre". Las instituciones democráticas siguen teniendo nuestro apoyo para resolver el conflicto vasco acabando con la violencia de ETA. Y que nadie se confunda, éste no es un cheque en blanco a favor del Gobierno, sino la expresión de nuestra responsabilidad a favor de un proceso que ha de comportar la desaparición de ETA, aportar apoyo, reconocimiento y reparación a todas las víctimas, facilitar la reinserción de los presos, y garantizar la convivencia y expresión de todas las sensibilidades que forman la sociedad vasca. En este camino podemos coincidir una mayoría que ha recuperado la palabra porque tiene conciencia de su responsabilidad. Para acallar la violencia y construir la paz.

Font foto: ahotsak

En el marc de la II Conferència sobre  Colòmbia, m’ha semblat interessant compartir amb vosaltres el següent article d’Esteban Beltrán (director d’Amnistia Internacional Esp.), publicat a El Pais (14/04/2007) :

Política y parapolítica en Colombia

¿Cuál es la profesión más peligrosa de Colombia? Le voy a dar una pista: las personas que la ejercen viven desarmadas, normalmente desprotegidas, pero tienen muchos enemigos: el Ejército, sus aliados paramilitares, la guerrilla. Todos pretenden lo mismo: silenciarlas. Reciben descalificaciones y amenazas, a veces públicas; sufren acoso, son carne de cañón. El 31 de enero Yolanda Izquierdo, defensora de derechos humanos, la profesión más peligrosa de Colombia, fue tiroteada por unos hombres en la ciudad de Montería. (segueix…)

Yolanda había recibido varias amenazas de muerte, y días antes de ser asesinada había solicitado protección a las autoridades locales. ¿Su delito? Representar a los supervivientes de abusos de derechos humanos a manos de paramilitares en la audiencia de desmovilización del dirigente "para" Salvatore Mancuso.

Desde que en 2006 las autoridades judiciales colombianas hayan relacionado a varios congresistas cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe con grupos paramilitares se ha desatado en el país el "escándalo de la parapolítica". Las dimisiones de la ministra de Exteriores, María Consuelo Araújo Castro, al encontrar la Fiscalía indicios de la vinculación de su hermano y su padre con los paramilitares, y el arresto de Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de seguridad colombiano, por el mismo motivo, han devuelto algo de esperanza a quienes llevamos años esperando que el Estado colombiano reaccione ante la lacra del paramilitarismo.

Esta colaboración entre varios sectores del Estado y los escuadrones de la muerte, los paramilitares, ha sido la crónica de una verdad anunciada. He viajado a Colombia más de una decena de veces en los últimos años y, mientras las autoridades colombianas nos decían que combatían por igual a paramilitares y guerrilleros, lo que veíamos con nuestros ojos lo desmentía.

Las autoridades judiciales colombianas conocen desde hace tiempo los estrechos vínculos que relacionan a funcionarios públicos con los paramilitares, pero han adoptado pocas medidas concretas para investigar estas alegaciones. Al parecer, se han visto obligadas a actuar tras el descubrimiento de un ordenador que presuntamente pertenecía a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, líder del grupo paramilitar Bloque Norte, que supuestamente contenía los nombres de varios funcionarios públicos vinculados a grupos paramilitares, entre ellos políticos, jueces y personal de las fuerzas de seguridad.

En las últimas décadas, los grupos paramilitares han sido responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas contra los derechos humanos en el largo conflicto colombiano. Según datos de Amnistía Internacional, se les atribuye más de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas desde que anunciaron un "cese de hostilidades" en 2002. Junto a ellos, los guerrilleros cierran el círculo de muerte sobre la población civil.

La infiltración del paramilitarismo en la política no es anecdótica. Tanto es así que la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la creación de una unidad especial para investigar los supuestos vínculos entre empleados públicos y paramilitares. Alfredo Gómez, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, ha asegurado que investigarán a fondo la relación entre políticos y paramilitares. Los esfuerzos de las autoridades judiciales son bienvenidos y necesarios, porque la situación de impunidad es tal que varios líderes paramilitares han llegado a declarar que controlan alrededor de una tercera parte del Congreso nacional.

En este contexto, causan estupor las declaraciones del presidente Uribe durante la visita de George Bush de mediados de marzo. Según él, los nexos entre paramilitarismo y política se están destapando ahora gracias a su Gobierno; afirmando que "miembros del Gobierno que llegaren a aparecer con vínculos con el paramilitarismo serán inmediatamente desvinculados". Buena noticia, pero para resultar convincente no debería haber desarrollado iniciativas legislativas que permiten el reciclaje de los paramilitares y garantizan su impunidad; como por ejemplo la ley "de Justicia y Paz", que permite que los miembros de estos escuadrones de la muerte se reciclen como guardias de seguridad o informantes del ejército.

Nada arroja mayores dudas sobre la voluntad del presidente Uribe de poner freno al paramilitarismo que su respuesta a la matanza de ocho personas, entre ellos tres niños, en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005. Tras dos años de impunidad, la Fiscalía General de Colombia ha procesado por homicidio a 69 militares del Ejército. Desde el primer momento, la comunidad atribuyó la matanza al Ejército, pero el presidente Uribe y las autoridades militares acusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribe incluso acusó a los líderes de San José de tener nexos con este grupo armado.

El Gobierno norteamericano y los diferentes gobiernos europeos que, con diferencias, han apoyado esta supuesta "política de seguridad" del presidente Uribe no pueden seguir con la política de "business as usual". Hoy están siendo investigados más de 100 casos de presunta connivencia entre paramilitares y políticos, miembros de las administraciones pública y judicial y de las fuerzas de seguridad. Y, además estos escuadrones de la muerte, como en el caso de Yolanda Izquierdo, no se desmovilizan, sólo cambian de nombre, pero continúan con la misma profesión: matador de defensores de derechos humanos.

En estas condiciones, es difícil que el proceso llegue a buen puerto. La comunidad internacional, incluida España, no puede seguir apoyando, ni económica ni políticamente, un proceso injusto e ineficaz. A pesar de la gravedad de la situación, el "escándalo de la parapolítica" es una buena oportunidad, quizá la última, para que el presidente Uribe cambie su estrategia sobre el paramilitarismo, lo persiga, y respete el trabajo de la sociedad civil. Sin amenazas a los defensores, ayudando a todas las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. Quizá podría empezar por los asesinos de Yolanda Izquierdo.

Foto: Álvaro Uribe, President de Colòmbia. Font: AP/BBC 

Aquesta és la segona edició de la Conferència. La primera va tenir lloc també a la seu del Parlament Europeu el 1995, i on es va incidir en les estratègies de cooperació. Les preocupacions de la comunitat internacional derivades de l?exposició de la realitat del conflicte van originar l?establiment a Colòmbia de l?Oficina de l?Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH).

Més d?una dècada després les hostilitats no han fet sinó augmentar, essent-ne els civils els principals damnificats en forma de continues violacions dels Drets Humans com a conseqüència de les accions dels agents estatals, paramilitars i guerrilles.

La conferència l’han organitzat conjuntament l’Oficina Internacional de Drets Humans-Acció a Colòmbia (OIDH-ACO) i la xarxa de Drets Humans Coordinació Colòmbia-Europa-Estats Units (CCEUU) amb el suport d?eurodiputats dels grups parlamentaris Verds/ALE, Esquerra Unitària/Esquerra Verda Nòrdica i Socialistes Europeus.

L?objectiu és realitzar un balanç de la situació actual dels drets humans a Colòmbia que permeti elaborar estratègies conjuntes i polítiques efectives per tal de superar la crisis sociopolítica de Colòmbia i sensibilitzar la comunitat internacional per tal que continuï contribuint a construir la pau i la democràcia a Colòmbia.

Adjunto programa i presentació de la Conferència:

La Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia, OIDH-ACO*
y la Coordinación Colombia ? Europa ? Estados Unidos, CCEEU**
 
con el apoyo de los parlamentarios europeos
 
Jens HOLM, (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica – GUE/NGL),
Raúl ROMEVA, ( Grupo Verdes – Verts/ALE),
Richard HOWITT, (Grupo Socialista  Europeo – PSE)
Josu ORTUONDO LARREA, (Grupo de la Alianza de los Democratas y Liberales por Europa- ADLE)  
                                                                         
convocan e invitan a
 
la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia 
Parlamento Europeo , Bruselas,   17 y 18 de abril de 2007

Martes 17 de abril18:00 a 20:00h Apertura

• Palabras de instalación.

• Inaguración de exposición fotográfica.

Miércoles 18 de abril
9:00 a 18:00    

• Contribución de la Comunidad Internacional en la superación de la crisis de los Derechos Humanos

• Derechos Humanos y Democracia

• Solución política al conflicto armado

• Desafíos de las políticas europeas hacia Colombia

Presentación
 
En Colombia, las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario continúan siendo graves, generalizadas y sistemáticas, y afectan mayoritariamente a la población civil. Al tiempo que persiste una situación de conflicto armado interno, es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, grupos paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso de negociación con los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
 
Es cada vez más evidente que los históricos vínculos entre paramilitares y agentes del Estado han intervenido la estructura del Estado a muy altos niveles. De igual manera, los grupos paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, aún ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.
 
Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros, especialmente de mujeres y hombres actores de la vida política colombiana. La solución negociada al conflicto armado interno es urgente y debe ser prioritaria en la agenda nacional e internacional. Mientras esa posibilidad se construye, urge que los grupos combatientes logren acuerdos humanitarios tendientes a excluir a la población de las hostilidades.
 
La comunidad internacional en particular, la Unión Europea, sus Estados miembros y las Naciones Unidas- se ha mantenido atenta respecto a la evolución de la situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. En ese sentido, ha manifestado numerosas preocupaciones y ha ofrecido su cooperación para superarla mediante el establecimiento de políticas específicas hacia Colombia. Como consecuencia de esas preocupaciones y las ofertas de cooperación, en noviembre de 1996, la comunidad internacional decidió establecer la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La OACNUDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos han hecho múltiples recomendaciones al Estado colombiano y a los otros actores armados. Esas recomendaciones, en su gran mayoría, no han sido acatadas.
 
En febrero de 1995, en la sede del Parlamento Europeo, se realizó la primera Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en Colombia. Doce años más tarde, tendrá lugar la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia en el Parlamento Europeo en Bruselas, durante los días 17 y 18 de abril de 2007.
 
Objetivos generales

a) Realizar un balance de la situación de derechos humanos y derecho humanitario que oriente la formulación de estrategias y de políticas, que contribuyan a la superación de la grave crisis social y política que vive la sociedad colombiana; y,
 
b) sensibilizar a la comunidad internacional para que continúe contribuyendo a realizar la paz y la democracia en Colombia.
 Informaciones:

Elvira García Duque
Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
OIDHACO
Vlasfabriekstraat, 11 B- 1060 Brussel
Tel. 32 2 5361932 / Fax  32 2 5361906oidhaco@11.be

Font foto:

En un moment especialment important pel què fa al futur del Sàhara Occidental, l’intergrup Pau pel Poble Saharaui del Parlament Europeu hem organitzat per demà a Brussel.les una conferència (audiència) per tal d’abordar dos aspectes: la qüestió dels recursos naturals (especialment la pesca), i la situació dels drets humans. ?Línies a la sorra: Protegint els drets humans i els recursos naturals al Sàhara Occidental?, i té per objectiu crear un debat ric des de les diferents perspectives presents a la conferència que permeti posar en comú línies estratègiques per al paper que ha de jugar la UE en la solució del conflicte, garantint la protecció dels Drets Humans i els recursos naturals del Sàhara Occidental. (segueix…)

La conferència comptarà amb la següent estructura:

9.30 – 10.45 Hs: Panel on natural resources

Chair: MEP Åsa Westlund

·         Prof. Jaume Saura-Estapa, University of Barcelone

·         Cecilia Malmström, Minister for European Affairs, Sweden

·         Representative of the European Commission

11.15 – 12.30 Hs: Panel on Human rights

Chair: MEP Raül Romeva

·         Ali Lmrabet, Morroccon journalist

·        Lars Björk, Swedish journalist

·         Representative of  a Human Rights NGO

·     Representative of the European Council

A més a més, adjunto també una nota sobre la situació de la pesca en el marc de l’Acord UE-Marroc, aixó com de les accions dutes a terme pel nostre grup, Verds/ALE, al respecte:

Note on the EU-Morocco Fisheries Agreement and the Inclusion of the Western Sahara. 

The new EU-Morocco fisheries partnership agreement has recently been ratified by Morocco and has now entered into force. It is the first agreement since 1999 and will run for a period of four years. Its adoption by the EU elicited a certain amount of controversy, especially in the Parliament and, to a lesser extent, the Council, and this note will provide a brief summary of what happened.

1.      Parliament

Interestingly, this is not the first time that the Western Sahara (WS) question has come up in the European Parliament in the context of an agreement. During the discussions of the agreement in 1992, the Development Committee noted the legal and other problems with the WS and called upon the Council and Commission to ensure that Morocco did not include the waters of the WS in the agreement until such time as the UN-supervised process of self-determination was concluded.

In 2006, when the new agreement was negotiated, discussions were lively in all three committees which considered the agreement.

Development Committee – Green MEPs asked for an opinion from the Parliament Legal Service on the legality of including WS waters in the agreement. That opinion was more nuanced than the legal opinions from Council or the Commission (see below), and concluded that the agreement as it stands is not against international law – rather, it depends on how Morocco implements the agreement with respect to its obligations to the people of Western Sahara. The opinion noted that there is a committee included in the agreement to monitor the implementation of the agreement and that this could be used to pressure Morocco or even to suspend the agreement (emphasis added). Nonetheless, a Green MEP (Aubert) tabled amendments in the Development Committee to specifically exclude the waters of the WS from the agreement (similar amendment was tabled by a PPE MEP, Wijkman). The Committee voted 12-12 on these amendments so they fell (PPE and ELDR against, others support).

Budgets Committee – Here the rapporteur was a Green (Trupel) and she used the opportunity to argue against the inclusion of the WS in the agreement and included the same two amendments as in the Development Committee. The text of the report is appended to this note. The amendments were defeated (but received support from some PSE and UEN MEPs) so the whole opinion fell.

Fisheries Committee – The rapporteur in Fisheries was a Spanish PPE (Varela) who, in his report, raised the WS issue. He concluded that it was up to the administering power (Morocco) to ensure that international law was upheld and that the economic benefits from fishing in WS waters should accrue to the people living in the territory. Several MEPs tabled amendments to exclude WS waters, including Green (same as in Development and Budgets Committees), GUE and PSE MEPs. They all fell, while softer amendments by ELDR were adopted – they essentially said that the agreement must be implemented "in accordance with international law".

Plenary – Green and GUE retabled their amendments in plenary, but they were defeated by about 190 for, 380 against, 65 abstentions. Consequently, the final vote was 409 for, 167 against, 79 abstentions. That is approximately double the number of MEPs who usually vote against fisheries agreements.

2.      Council

Discussions apparently followed a similar trend as in Parliament, with similar legal concerns being raised. The Council’s working group was given a technical note by the Commission and a legal opinion by the Council’s own Legal Service. Both concluded that including the WS was perfectly legal, as nothing in the agreement would prevent Morocco from living up to its international obligations (though no mention was made of the EU’s legal obligations). Initially, the Member States which expressed the most serious objections were Sweden, UK, Finland, and Germany, and there was even talk at one point about a blocking minority in Council unless it were clearly specified that the WS was not included. Things then settled down, though four MS continued to argue in favour of a declaration (Sweden, Ireland, Finland and the Netherlands) to the effect that the agreement does not prejudice the EU’s views on the dispute over the WS.

3.      Commission

The Commission has been very reluctant to discuss the inclusion of the WS in the agreement. In public fora, they maintain that it is entirely up to Morocco to decide whether the licences issues to EU vessels to fish under the EU-Morocco agreement may be used to fish in WS or not, that it is none of the EU’s business. They do everything they can to avoid having to specify whether or not EU vessels operate in WS or not. For instance, two Green MEPs (Romeva, Lucas) have asked a series of written questions to get data on catches in the WS. The Commission refuses to answer the question directly, even to the point of saying that normal legal obligations do not apply to the Morocco agreement! The series of questions and non-answers is also appended to this note.

(autor informe, Michael Earle, Fisheries Advisor Greens in the European Parliament, 13 April 2007)

Així mateix, adjunto algunes de les ponències que ens han fet arribar els ponents, com la del Professor de la UB, Jaume Saura, relativa a l’Acord de Pesca entre UE i Marroc.

Foto: RR a la taula amb Jaume Saura, Asa Westlund i la Ministra d’afers Europeus i ex eurodiputada sueca, Cecilia Malsmtrom. Font: Dominique Hommel, Parlament Europeu 

En el marc del debat sobre l’anomenat escut antimissils europeu, adjunto una reflexió que estem elaborant en el marc del Grup Verds/ALE al Parlament Europeu.

Missile Defence in Europe ? what are we talking about and what would be the impact on European security. The current negotiations of the US with Poland and Czech Republic to establish so called missile defence bases on their territories to protect western countries, bases and troops from missiles loaded with nuclear, chemical or biological warheads, launched by Iran and other rogue states, causes a lot of concern in political and other environments. (segueix…)

Si ahir vaig poder escoltar la versió de les institucions governamentals i fiscalies mexicanes, avui he tingut ocasió de contrastar aquesta informació amb d’altres provinents d’organitzacions ciutadanes, de drets humans, observatori de drets humans, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, així com amb Marta Micher, diputada del PRD i directora de l’Institut de la Dona de Mèxic DF (Inmujer). En totes elles s’ha posat de manifest les dificultats que tenen les organitzacions de la societat civil a l’hora de mantenir un diàleg amb les institucions governamentals, han qüestionat la manera com fonts oficials gestionen les dades, han criticat allò que anomenen el doble llenguatge governamental a l’hora d’explicar com aborden el fenomen dins i fora del país, etc… No cal dir que tot això m’ha deixat força preocupat. (segueix…)  

Les organitzacions cíviques denuncien tota mena d’amenaces i actituds hostils de part de les institucions governamentals federals, per a les quals sembla que l’única cosa que importa, afirmen les ONG, és que es doni una ‘imatge negativa del país’. De fet, puc confirmar personalment aquesta tesi ja que en les successives reunions que he mantingut amb fonts governamentals alguns interlocutors van arribar a afirmar que la seva voluntat primera era que l’informe sobre feminicidis no s’arribés a fer, però que si es feia, que no deixés en mal paper les autoritats mexicanes.   

Per altra banda, i com a fet simptomàtic de la gravetat el cas, aquests díes ha estat molt present en les noticies locals la mort de la dona indigena Ernestina Ascensión la qual posa no només en entredit l’actitud de l’exèrcit mexicà, sinó també la del propi President Calderón (veure aquesta noticia a La Jornada).

Finalment, tot just fa una hora, abans de dirigir-me a l’aeroport de DF, on em trobo en aquests moments escrivint aquesta darrera crònica del viatge, he tingut un contacte informatiu amb diferents mitjans del país preocupats pel fet que demà l’Alt Representant de la UE, Javier Solana, comença una visita oficial al país en el marc del Diàleg Polític que forma part de l’Acord d’Associació UE-Mèxic. Moltes entitats cíviques estan preocupades per si en l’encontre bilateral no s’afronten les moltes i greus qüestions relatives als drets humans que afecten Mèxic. Personalment penso, i així ho he dit en diverses ocasions, també a mitjans locals, que la clàusula democràtica forma part de l’Acord d’Associació signat entre les dues parts i que, per tant, cal tenir-la en compte en el diàleg. No fer-ho és preocupant i deslegimita no només la clàusula democràtica, sinó també el discurs que la UE fa de cara al món erigint la bandera d’una relació comercial privilegiada amb Mèxic fonamentada en el ple i absolut respecte pels drets humans.

Demà arribaré a Barcelona i dilluns hauré de presentar un primer esborrany de l’informe sobre feminicidis a Brussel.les. Això tot just comença, em temo.

Foto: encontre amb les entitats que treballen drets humans i drets de la dona, sobretot a Ciudad Juárez, a la seu de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. 

La primera constatació que cal fer és que la qüestió aquí és molt més present en les institucions, hi ha legislació, programes d’atenció, i major capacitat de gestió policial i judicial que la que he trobat a Guatemala. Tots coincideixen en la importància que ha tingut la pressió internacional per fer que les diferents institucions federals prenguessin cartes en l’assumpte. Malgrat que els i les interlocutores insistien sovint en el fet que Ciudad Juárez en particular, i Mèxic en general, era una situació molt diferent a Guatemala i la resta de països centreamericans (que surten de contextos de guerres civils), sí hi ha coincidència en el fet que el rerafons d’aquest fenòmen recau en tres pilars: preeminència de la cultura masclista (patriarcat); situació estructural de debilitat de les dones, especialment les més pobres, i elevats graus de dependència econòmica i afectiva d’aqueste front als homes; i, encara que cada cop menys, banalització del fenomen i, en conseqüència, poca capacitat institucional per tal de fer-li front. A banda, però, hi ha aspectes específics, per exemple la situació fronterera de Ciudad Juárez. (segueix…)  

Pel què fa a les propostes, hi ha hagut bona receptivitat a les linies principals en què estic basant l’informe: situar el tema de la violència contra les dones a l’agenda política europea i bilateral, reclamar atenció especial per aquest tema en els àmbits de cooperació europea, o fer un seguiment permanent de la qüestió en el marc de l’Acord d’Associació, entre d’altres.

Malgrat que hi ha molts d’altres temes relacionats amb els drets humans a Mèxic i dels quals n’he parlat en d’altres ocasions (veure categoria DDHH: Mèxic, …, així com informe d’Amnistia Internacional en documents adjunts), donat que la primera i principal motivació de la meva visita té a veure amb l’informe que estic preparant pel Parlament Europeu (i del qual he de tenir un esborrany a punt per enviar a traduir dilluns 16 a les 12.00), les reunions s’han centrat sobretot en el fenomen del feminicidi.

Finalment, entre les persones amb les que m’he entrevistat avui, fonamentalment gent de les institucions federals, estatals i fiscals, hi ha la Fiscal especial para la Atencion de Delitos relacionades con actos de violencia contra mujeres (Alicia Elena Pérez); Jefa Unidad Promoción Derechos Humanos (Maria Eugenia Diez); Presidenta Comisión Equidad Género Senado (Blanca Judith Diaz), Presidente Comisión Mixta México-UE (José Guadarrama); Embajadora México en UE (Sandra Fuentes); Subprocurador Estado de Chihuahua, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y la Directora Instituto Nacional de la Mujer.

Demà toca la societat civil i ONG com la Comision Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (especialment amb les ONG que treballen sobre la qüestió dels feminicidis), Marta Micher, i col.lectiu d’ONG, periodistes, iniciativa mexicana contra la guerra en Irak, Juarez Women.com, alternativa socialdemócrata, grupo arcoiris Gay, periodistas irredentos, etc…

En el darrer dia de la meva visita a Guatemala, abans de marxar demà cap a Mèxic, participaré aquesta tarda en la conferència ‘Mujeres en Guatemala, entre la violencia y la impunidad‘, organitzada per Radio Netherland, Netherlands Institute for Multiparty Democracy i OxfamNovib. Per altra banda, adjunto un article titulat ‘Centroamérica: las dimensiones de un flagelo‘, publicat al portal  Mujereshoy, en què parlen de la tasca que estem duent a terme en la lluita contra els feminicidis. (segueix…)

Centroamérica. Las dimensiones de un flagelo, por Ana María Portugal

(publicado em Mujereshoy el 03/04/2007)

La noticia de que el Congreso de EE.UU. investigará los dos mil asesinatos de mujeres y niñas ocurridos desde 2001 en Guatemala, coloca a ese país en la lista negra de la impunidad y el atropello a los derechos humanos de las mujeres. Pero no es el único en el área de Centroamérica dentro de la lista.

Recientemente el Comité de la Cámara de Representantes de Asuntos Extranjeros del Congreso estadounidense, aprobó la Resolución 100 para investigar exhaustivamente la acción del Estado y la justicia de Guatemala en los casos de 2 mil mujeres y niñas asesinadas desde el año 2001.

Quien promovió esta iniciativa fue la congresista Demócrata Hilda Solís, conocida activista del Medio Ambiente y de los derechos de las mujeres latinas. En años pasados Solís apoyó similar investigación en Ciudad Juárez. ?Las familias de las víctimas merecen una investigación justa y honesta de la muerte de sus esposas, madres e hijas, en lugar de ser intimidadas e ignoradas?, dijo Solís para quien los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, ?deben trabajar en la búsqueda de una solución?.

La Resolución aprobada cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional (AI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados. En la misma línea de apoyo se inscribe la petición del eurodiputado Verde de Cataluña, Raúl Romeva que instó a la Unión Europea (UE) abordar el fenómeno de las muertes de mujeres en sus relaciones con México y Centroamérica, sugiriendo el nombramiento de un experto dentro de las representaciones de la UE.

Romeva, vicepresidente de la Comisión de Mujeres y Género de la Eurocámara, está muy preocupado por los niveles de impunidad, indiferencia y desidia de los gobiernos centroamericanos frente al flagelo de los asesinatos de mujeres. Anota que la corrupción y la ausencia de un marco jurídico apropiado son factores que dificultan la acción de la justicia sobre los casos de muertes violentas de las mujeres. Romeva cree que una vía decisiva para ejercer presión es aplicar una cláusula de derechos humanos en los acuerdos de la Unión Europa con los países centroamericanos.

Crímenes de lesa humanidad

La crisis de gobernabilidad e inestabilidad política que vive gran parte de Centroamérica ha desencadenado un clima de violencia que contamina todos los aspectos de la vida cotidiana. La sensación de caos, miedo e inseguridad es general. ?Guatemala se ha convertido en un país sumamente violento, que presenta graves dificultades para vivir y para desarrollarse?, advierten las activistas del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una de las organizaciones más activas en la lucha contra los asesinatos de mujeres.

No llama la atención que gran parte de ciudadanos y ciudadanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, sientan profunda desconfianza en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y de administrar justicia. Hablar del fenómeno del femicidio/feminicidio es hablar de impunidad, corrupción, misoginia, indiferencia. En Guatemala es conocida la respuesta que dio el Presidente a la pregunta de un periodista sobre el estado de las investigaciones de los asesinatos de mujeres: ?lo mejor es que las mujeres no salgan solas, que no anden de noche para que no se expongan?.

Ser mujer y vivir en sociedades de extrema violencia es un factor de riesgo. Si agregamos la condición de pobreza y el origen étnico, tenemos un componente sobresaliente en las estadísticas de muertes violentas. También podemos incluir otros ingredientes infames que van desde las expresiones de desprecio y misoginia de la policía, jueces y abogados, hasta las coberturas sensacionalistas que los medios ofrecen de los asesinatos calificados como ?crímenes pasionales?, y/o producto de ?emociones violentas por celos?, que dejan traslucir la sospecha de que la víctima no era una ?mujer decente? porque se dedicaba a la prostitución.

Para Marcela Lagarde, ex diputada feminista y figura clave en México en la lucha por esclarecer los feminicidios, los asesinatos de mujeres por razones de género, deben ser considerados ?delitos de lesa humanidad?. La magnitud de este flagelo lo justifica.

Vencer murallas

Un flagelo que no resiste ninguna medición estadística dadas las precarias condiciones tecnológicas de las instituciones especializadas en delitos. Eso lo saben las investigadoras feministas, y las activistas de organizaciones de mujeres que se atreven a sortear la maraña de papeles dispersos y archivos sin catalogar, que irrumpen en procuradorías, comisarías y otras dependencias de la administración de justicia, dispuestas a encontrar las pistas y no darse por vencidas frente a la muralla del silencio y/o la indiferencia que quieren romper.

A partir del estudio pionero de Ana Carcedo y Monserrat Sagot en Costa Rica, iniciado a finales de la década del 90 del siglo pasado, se han agregado una serie de excelentes y documentados trabajos de recopilación y análisis. Podemos destacar entre los más recientes, el ?Monitoreo sobre Femicidio/Feminicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panama, 2003-2006?, realizado por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Centroamérica) (Ver: www.isis.cl/Feminicidio); ?Crímenes Contra la Humanidad. Investigación Preliminar, 2005?, una iniciativa de la diputada Alba Estela Maldonado, de la bancada de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) (Ver en sección Publicaciones de Mujeres Hoy).

Bajo postulados parecidos es el trabajo ?El feminicidio en El Salvador: análisis de protocolos-registros? elaborado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Este documento tiene la finalidad de coadyudar a la sistematización y visibilización de la muerte violenta de mujeres en ese país y, al mismo tiempo, hacer un llamado a las instancias que aplican justicia para que adopten las medidas pertinentes en función de prevenir la violencia sexista y pongan fin a la impunidad en la comisión del delito.

Aportes igualmente valiosos vienen de los distintos organismos de derechos humanos nacionales y regionales, como El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) que en el año 2006 presentó el estudio ?Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana?. Otros centros académicos y entidades vinculadas a la administración de justicia han divulgado documentos y convocado seminarios y talleres de capacitación para jueces y abogados. Muchas de estas instancias en más de una oportunidad han intervenido en la elaboración de propuestas legislativas.

Vigilancia a los medios

Un aporte en la línea de medios de comunicación es el documentado trabajo ?Investigación en Prensa escrita sobre Violencia Contra las Mujeres, 2006? realizado por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), una agencia de noticias con quien Isis Internacional tiene una alianza estratégica para la difusión conjunta de información sobre la condición social de las mujeres en la región. El meollo de la investigación de CERIGUA, fue la recolección en forma cuantitativa y cualitativa de las informaciones relacionadas con las muertes violentas de mujeres en cinco medios escritos de circulación nacional, para luego hacer un breve análisis sobre la información presentada por los medios y el contexto en el que se da.

El sentido principal de esta tarea es llamar la atención a las y los reporteros, editoras/es, jefas/es de información y/o responsables de la línea editorial de los medios de comunicación guatemaltecos ?para que a través de la autorregulación y sin generar conflicto con la vigencia del derecho a la libertad de expresión, presenten una imagen equilibrada de la mujer, no sólo como víctima de algún suceso o como objeto publicitario?. Finalmente, el estudio de CERIGUA, es un acompañamiento a la lucha de los movimientos y redes de mujeres de Guatemala y un aporte a la discusión sobre el abordaje del femicidio/feminicidio en la agenda mediática.

Orígenes de una causa

Fue en la última década del siglo pasado, cuando ante la sucesión ininterrumpida de noticias sobre mujeres asesinadas por maridos, convivientes, novios, ex parejas y/o desconocidos, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, que las distintas organizaciones feministas y familiares de las víctimas iniciaron una gran movilización expresada en campañas, acciones de protesta y otras iniciativas involucrando a organizaciones de derechos humanos, sectores políticos progresistas, organismos internacionales, así como a los movimientos feministas de todo el mundo.

La primera cruzada emprendida a nivel continental contra los femicidios y/o feminicidios fue liderada por la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual con la puesta en marcha de la Campaña ?Por la Vida de las Mujeres, Ni una Muerte +? que durante tres años desde 2001, desplegó numerosas acciones de denuncia en los distintos países inventariando el fenómeno que ya empezaba a extenderse a territorios de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Visibilizar los hechos y las causas de la violencia sexista que culminaban en asesinatos fue una de las principales tareas de las redes feministas locales y nacionales.

Una acción decisiva de la Campaña se expresó en el seguimiento a la cobertura noticiosa de los medios de comunicación que produjo los primeros estudios sobre el fenómeno realizados por las ONG de mujeres y la academia volcados en documentos, libros, videos, exhibiciones de arte y hasta producciones cinematográficas como en México. Dentro de esta cosecha figura el Banco de Datos sobre Feminicidio en América Latina y el Caribe Español (BDF) iniciativa pionera de Isis Internacional. (www.isis/Feminicidio/cl).

Al término de esta Campaña, Isis Internacional que actuó como coordinadora, sintió que era fundamental preservar el trabajo documental producido por la Red durante los tres años de actividades, iniciando así la tarea de recolección y sistematización de la información volcándola en una gran base de datos on line que fue alojada en el Banco de Datos sobre Feminicidio en América Latina y el Caribe Español (BDF), iniciativa pionera apoyada por el Fondo de Desarrollo para la Mujer de Naciones Unidas (UNIFEM) desde 2004.

Actualmente el BDF se alimenta en gran medida con la información que envían las redes de los movimientos de mujeres antiviolencia, ONG, organizaciones de derechos humanos, academia y los distintos servicios informativos de las redes de periodistas y comunicadoras/es de todo el continente. Indudablemente la persistencia comprometida de las mujeres organizadas de los países centroamericanos es una garantía para impedir que los miles de mujeres muertas sean olvidadas.

Documentos:

Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana. IIDH.

Investigación en Prensa Escrita sobre Violencia Contra las Mujeres. CERIGUA.

El feminicidio en El Salvador: análisis de protocolos-registros. ORMUSA.

Foto: El Grupo de Apoyo Mutuo (contrapart d?Oxfam a Guatemala) és un dels més actius en la qüestió de la violència contra les dones. Font: OxfamNovib

En les diferents reunions que estem mantenint apareixen sovint dos temes que se situen entre els factors que, si no són causa, sí que resulten fonamentals per entendre les dificultats a l’hora de fer front als feminicidis: la manca de recursos i mitjans per tal de dur a terme investigacions en condicions, i l’elevadíssim grau d’impunitat amb què queden molts d’aquests crims. Ambdós temes han estat centrals en les reunions que hem mantingut tant amb els candidats i candidates presidencials (Alvaro Colom -UNE-, Alejandro Giammattei -GANA-, Rigoberta Menchú -Encuentro por Guatemala/Winag-, Alfredo de León Solano -URNG/Maiz-, i Otto Pérez -Patrido Patriota-, així com amb els diferents grups polítics al Congrés, i fins i tot amb el vicepresident de l’Executiu Eduardo Stein. (segueix…)

Sorprèn, potser, el fet que absolutament ningú hagi negat aquest fet fins el punt que s’accepta com un problema estructural que la violència organitzada estigui incrustada en tots els nivells de l’Estat (executiu, legislatiu, judicial, policia, etc…).

Per altra banda, també hi ha una total coincidència sobre el fet que la lluita contra la violència contra les dones és una qüestió important. La diferència, però, rau en el gra de prioritat que cada grup polític li concedeix. De fet, un cop més només les formacions de Encuentro/Winag i la de la URNG/Maiz, ambdues d’esquerres, i en part la UNE, de centreesquerra, plantegen propostes concretes a curt, mig i llarg termini amb l’objectiu d’erradicar aquesta mena de violència.

Finalment, avui ha estat un dia dedicat fonamentalment a la societat civil i les ONG. Des del matí ens hem reunit amb entitats que treballen sobre qüestions com drets humans, drets pobles indígenes, dones, justícia social, racisme, etc… Preguntats sobre l’efecte que causa en la seva feina les resolucions i posicionaments polítics de tant en tant impulsem en el si del Parlament Europeu, tots han respost que els és absolutament útil aquesta tasca de vigilància internacional. Recordo, per exemple, l’efecte de la resolució en què demanàvem l’extradició de Rios Mont i d’altres exmilitars (veure Primeres conseqüències de la resolució d’urgència sobre Guatemala del Parlament Europeu), o la més recent en què condemnàvem l’assassinat dels diputats salvadorencs a Guatemala i reclamàvem l’adopció immediata de l’acord sobre la Comissió Internacional Contra la Impunitat de Guatemala -CICIG- (veure a Urgències: Guatemala i drets LGBT a Nigèria).

Foto: Amb Alba Estela Maldonado, diputada i cap de ‘bancada’ de la URNG/Maiz.

Després de reunir-nos amb els embaixadors de la UE (cos diplomàtic), amb la Premi Nobel de la Pau i ara candidata presidencial Rigoberta Menchú (Encuentro por Guatemala-Winag), amb el candidat del GANA Alejandro Giammatei, amb els responsables de la Comissió Europea i amb diversos representants de la societat civil i política que integren un projecte de ‘gestió de conflictes en contextos electorals’, una cosa m’ha quedat clara: Guatemala s’assembla cada cop més a allò que anomenem un Estat fallit, tot i que hi ha qui fins i tot diu que no pot ser un Estat fallit perquè mai ha arribat a ser veritablement un Estat. (segueix….) 

El principal problema de Guatemala és l’elevat grau que adopten les diferents violències que pateix (directa, estructural i cultural) així com la manca de capacitat institucional per gestionar les situacions conflictives. En altres paraules, no existeix Estat de dret. Tot plegat es tradueix, per exemple, en enormes graus d’impunitat com ho demostra el fet que el 97% dels crims comesos quedin sense jutjar i que dels 3% que sí es jutgen, com que no hi ha capacitat per investigar científicament els fets, acaben comportant sentències injustes basades sovint exclusivament en suposats testimonis que la majoria de les vegades estan condicionats per pressions de tota mena, incloses les amenaces de mort.

Tot aquest context, lògicament, també afecta la manera d’afrontar la violència contra les dones. En totes les reunions hem abordat la qüestió, i en totes elles ha quedat clar també que dos dels factors que fan especialment preocupant aquesta pràctica són: primer, la preeminència d’una cultura patriarcal, i segon, el fet que aquesta violència en particular està sovint motivada per la situació de debilitat estructural que pateix la dona en la societat guatemalteca, cosa que, malgrat que afecta a tots els nivells sòcioeconòmics, és especialment greu en els nivells més pobres.

En aquest sentit, és cert que l’aparició de la candidatura de Rigoberta Menchú aporta un element nou prou interessant: una dona indigena pot aspirar a Presidenta de la República. D’entrada ja ha trencat amb un doble tòpic: les dones i els  indigenes no tenen espai en el sistema de partits tradicionals de Guatemala. I és que aquest és un altre dels problemes que hem tractat també a fons en les successives reunions i que seguirem analitzant demà: la debilitat i fragilitat del sistema de partits a Guatemala. La gran majoria estan ‘contaminats’, i per tant condicionats, per diner provinent del narcotràfec, el nivell de transfuguisme postelectoral és elevadíssim, com també ho és el nivell de clientelisme i de caudillisme existent, les petites oligarquies controlen el poc Estat que existeix, i s’esforcen per tal que aquest no creixi, tothom reconeix que hi ha debilitat institucional però ningú, ni tant sols els partits actualment en el govern, assumeixen cap responsabilitat sobre la situació actual. Tot plegat fa que la gent no confii gens en les institucions ni en els partits tradicionals, cosa que fa pensar que, potser, l’aposta de na Rigoberta pugui tenir algun impacte. Si bé es dificil pensar que pugui guanyar (ni ella mateixa s’ho planteja), la seva aposta per fer una coalició amb Encuentro por Guatemala (la formació d’una altra dona clau en la revolució democràtica guatemalteca, Nineth Montenegro, ex URNG) la seva presència en la cursa presidencial, però sobretot la creixent força que els moviments socials i indigenistes estan assumint pot resultar interessant a mig termini. La paradoxa, potser, és que el discurs intercultural de na Rigoberta atreu més a sectors no indigenistes que als mateixos indigenes, molt dividits entre ells (de fet, tant el FRG com la UNE ja n’han incorporat a les seves candidatures).

En conclusió, per fer front als feminicidis a Guatemala cal afrontar simultàniament a tres problemes que superen ampliament la qüestió de la violència contra les dones: la cultura del patriarcat, la desigualtat estructural i la fragilitat institucional. La mala notícia, però, és que no sembla que es donin les condicions per tal que sigui pensable a curt termini comptar amb institucions guatemalteques enfortides i creibles, i aquest és, per tant, un dels reptes que ha d’assumir la UE en la seva relació amb aquest país. 

Foto: reunió amb la candidata Rigoberta Menchú.

Camí de Guatemala faig escala a San Jose, Costa Rica. Consulto la premsa local i llegeixo que els diputats i diputades del parlament costaricenc tornen demà dilluns a la feina amb el compromís d’aprovar un projecte de llei que establirà un nou tipus penal: el feminicidi. Aquest delicte s’aplicarà quan una dona sigui assassinada per algú amb qui tenia una relació basada en la confiança o el poder. D’aquesta manera un homicidi pot passar de simple (avui comporta penes de 12 a 18 anys de presó) a qualificat (20 a 35 anys de presó). (segueix…)

El projecte ocupa el primer lloc de l’agenda del plenari i compta amb el suport de la majoria de grups polítics. Un sector del que aquí anomenen la "bancada" del Movimiento Libertario manté però reserves en relació a un article del projecte. Tanmateix, reconeixen que no existeix l’ambient polític que permetria retornar el pla a una Comissió per tal de modificar-lo. Tampoc es poden introduir canvis al projecte durant la seva discussió en el plenari legislatiu.

El projecte de "Ley para la penalizacion de la violencia contra las mujeres" que discuteix el Congrés de Costa Rica des de 1999 ha estat ja aprovat en cinc ocasions en un primer debat, però els magistrats de la Sala IV ha retornat el pla la mateixa quantitat de vegades  argüint errors de tràmit o de constitucionalitat.

La proposta inclou també sancions contra la violència física, psicològica, sexual i patrimonial. El càstig més elevat és el de l’anomenat "feminicidi", que comportarà penes d’entre 20 a 35 anys.

Foto: Oscar Arias, President de Costa Rica i Premi Nobel de la Pau. Font: AP/BBC

Yakin Ertürk, relatora de la ONU para la violencia de género.

Yakin Ertürk es la relatora de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres. Esta socióloga turca, nacida en 1945, alerta de un retroceso global en la lucha por los derechos de las mujeres, que se observa a su juicio en el resurgimiento de movimientos antiabortistas en EEUU. Sostiene además, que las medidas adoptadas en España, como la ley integral contra la violencia de género, son el camino a seguir. Ertürk acudió al Parlamento Europeo para buscar soluciones junto a destacadas feministas a los llamados "feminicidios de México y Guatemala", una violenta corriente que recorre Centroamérica y que tiene en Ciudad Juárez su punta de iceberg. Allí, 397 mujeres han muerto asesinadas, según cifras oficiales, desde 1993.

Pregunta. ¿A qué obedece el fenómeno de feminicidios centroamericanos?

R. Es precisamente el camino por el que hay que transitar. Algunas de las medidas de la ley son exactamente lo que nosotros recomendamos. No se puede poner a un policía en cada casa. La única solución pasa por fortalecer los derechos de las mujeres, por transformar la sociedad patriarcal y acabar con la causa de la violencia que es la desigualdad de género. Los Gobiernos deben prevenir, proteger, perseguir y compensar a las víctimas. Sólo cuando se dan estas medidas de forma paralela triunfaremos.

Foto: Yakin Ertürk. Font: www.e-leusis.net