Article publicat al diari basc Gara el 22 de juny del 2006 signant-lo com a president del Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació:
El resultado del referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya supone el triunfo de las fuerzas del orden socio-político vigente desde la transición. El texto resultante de dos años de debates en el Parlamento de Cataluña, cepillado en las Cortes generales, supone una actualización competencial que en nada substancial mejora la capacidad de autogobierno. La opinión mayoritaria de los ciudadanos que han acudido a las urnas acepta este régimen de dependencia como mal menor frente a una inexistente alternativa de cambio real, (apuntada en el texto aprobado el 30 de setiembre) que podría derivar en un conflicto político con España.
La alta abstención se explica por la defección de un diez por ciento del electorado que normalmente participa en las elecciones autonómicas que, en esta ocasión, se ha unido a la población indiferente a las llamadas de adhesión en una consulta preparada para la confirmación del orden establecido. Si nada ha de cambiar, para qué participar. La no participación es preocupante para las fuerzas que se plantean algún cambio pero es una aliada para las que se oponen a los mismos. Por eso el «bloque del sí» minusvalora la abstención mayoritaria.
La exhibición de fuerza de los poderes fácticos económicos, mediáticos y tradicionales para reconducir los aspectos improcedentes de la reforma no ha encontrado obstáculos de envergadura. El «no» soberanista defendido por ERC y diversas plataformas ha sido superado por el de carácter españolista promovido por la brunete mediática entre los sectores sociales que viven al margen de los factores cotidianos de complicidad con el resto de la población catalana. Este contingente humano, actualmente desorganizado, puede ir a más e incrementar la agresividad contra las instituciones autóctonas y sus políticas de normalización lingüística y cohesión social basadas en una catalanidad integradora, abriendo un conflicto interno en la sociedad que impida en el futuro la aparición del verdadero conflicto, latente pero real, entre Catalunya y España.
El «no» catalanista, basado en la dignidad y la defensa de la soberanía del Parlamento catalán y el texto surgido de éste, ha fracasado por no responder a una estrategia política coherente de construcción nacional. ERC, el partido de referencia de este espacio, puede exhibir la honestidad en la práctica diaria y la claridad de los objetivos finales, y poca cosa más. ERC ha llegado al referéndum sin capacidad de iniciativa ni dirección política, con un balance discreto de gestión en el Gobierno de la Generalitat y en su actividad parlamentaria en las Cortes. La falta de cohesión interna y la inmediatez de los retos a corto plazo aplazan la elaboración de líneas políticas de actuación en temas esenciales. De ello se deriva la débil articulación con el entorno social soberanista para crear espacios de poder propios (por ejemplo la incapacidad de crear un periódico afín para romper el cerco mediático o el nulo rendimiento sacado a la creación de la organización juvenil de la UGT Avalot con militantes de las JERC, en vez de crear un sindicato nacional) y la ausencia de un discurso y una práctica de poder que vaya más allá de la gestión de la autonomía y de hacerse un lugar entre la clase política y los notables locales. Sin posibilidad de superar estos déficits a corto plazo, la fragilidad del proyecto soberanista hace que quede expuesto a oscilaciones como la experimentada el domingo, cuando la mayoría de los votantes independentistas optaron por el «sí» o se abstuvieron. Quizás vuelvan a votar a ERC en las autonómicas previstas para otoño, pero si no se superan los déficits de fondo estas oscilaciones en la base social y electoral pueden convertirse en cíclicas.
La vigencia del nuevo estatuto puede no ser tan larga como sus promotores defienden si se dan los siguientes factores. En primer lugar, si del conjunto cívico-político soberanista surge a medio plazo una alternativa de poder basada en el derecho de autodeterminación. Ello dependerá de la voluntad y la capacidad de ERC para liderar un proyecto de estas características y lamentablemente, hoy por hoy, no está en condiciones de hacerlo. En segundo lugar, las condiciones de dependencia económica y de servicios generadas por el expolio fiscal del Estado no se solventarán con el nuevo estatuto y ello derivará en tensiones sociales graves que generarán renovadas reivindicaciones sociales y políticas. En tercer lugar, la dinámica integrista del nacionalismo español promovida desde fuera y desde dentro de la sociedad catalana, que busca la confrontación y la liquidación de toda posibilidad de proyecto nacional catalán, puede tener capacidad de desestabilización del marco autonómico. Por ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional puede dejar inservible el estatuto a base de rebajarlo aún más o una eventual recuperación del poder en Madrid del PP puede bloquear su desarrollo.
En todo caso, estos son fenómenos que se pueden dar a medio plazo, de momento entramos en un periodo en el que según el presidente Maragall llegamos al final del victimismo catalán (léase de la reivindicación nacional), pero como le sucedió a Francis Fukuyama al predecir el final de la historia, la realidad es más compleja y resistente de lo que los dominadores desean. La causa nacional del pueblo catalán ha sufrido una derrota más, le falta proyecto político, pero no es una causa perdida.
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