En Ramon Piqué em fa arribar aquest escrit:
La paradoja de Garzón
Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.
Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas.
En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.
Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la “patente
desviación de los hechos objeto de esta causa” que denuncia en su recurso, o la instrucción “sesgada” de que se considera víctima, “que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla” no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga.
Pero es que además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de “defensor de derechos humanos” sin repasar, su currículum al respecto. No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP ?Tribunal de Orden Público?. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza rbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.
No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su
preocupación al respecto.
No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa –CPT?, el
Comité contra la Tortura –CAT? o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.
No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT “detallado y coherente” y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas “repetidamente recomendadas por el CPT” para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación
Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».
Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales. Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.
Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.
10 abril de 2010
Jorge del Cura (Centro de Documentación contra la Tortura), Ramom Lôpez?Suevos Fernándes, Fernando Blanco Arce, Ana Lorenzo Conde y Elvira Souto (Esculca? Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramon Piqué y Maria Ferrer (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT?Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa –Araba), Carlos Hernández (Salhaketa –Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universitat Autònoma de Barcelona?UAB), Ermengol Gassiot (arqueòleg forense, Universitat Autònoma de Barcelona), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos), Josep Maria Pi (CGT?Catalunya).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!
Ep, també el tens en català:
http://www.llibertat.cat/content/view/8754/29/
“La paradoxa de Garzón”
Els sotasignats ens veiem en l’obligació de fer certes precisions davant les iniciatives portades a terme per associacions de drets humans i intel·lectuals de diversos àmbits geogràfics per a protegir al jutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, imputat per delictes de prevaricació pels processos que instrueix per desaparició de persones durant la guerra civil i el franquisme.
Primer de tot, hem de reconèixer que ens trobem en un terreny terriblement relliscós. Terreny en el qual s’aboquen denúncies contra els seus acusadors que també es podrien atribuir a l’acusat, i solidaritats i paraules de suport envers aquest que, des del nostre humil punt de vista, haurien de ser matisades.
En efecte, hem alçat la veu de forma rotunda contra la intromissió dels tribunals de justícia per a bloquejar iniciatives que tenen un evident caire polític, la defunció de debats públics vius i necessaris per l’acció de les estrades. En aquest cas concret, la iniciativa en favor de les víctimes de l’alçament feixista, no la circumscrivim a l’impuls del jutge Garzón, sinó que vam considerar que respon a l’acció anònima, decidida i conseqüent de centenars d’associacions i individuals que han lluitat esforçadament pel coneixement i reconeixement de la veritat i la justícia. És a ells a qui es talla el camí davant els tribunals de justícia.
Per altra banda, no podem sinó remarcar que el retret a la intervenció inacceptable de la Justícia en el lliure debat polític és imputable també al propi Sr. Garzón. Paradoxalment, és ara víctima d’una politització de la justícia que ell magistralment va dissenyar i va impulsar. La seva apel•lació a l’ambigüitat de les acusacions que ara s’aboquen contra ell, la palesa “ desviació dels fets objecte d’aquesta causa” que denuncia en el seu recurs, o la instrucció “esbiaixada” que es considera víctima, “que només cap explicar-se des d’una idea preconcebuda d’aquest assumpte, que li impedeix analitzar amb objectivitat els fets que contempla” no és sinó la seva pròpia medicina, aquesta que es veu obligat a provar ell mateix. I que ara denuncia per amarga.
Però és que a més, es regala solidaritat a Garzón per part de diverses organitzacions, amb l’apel·latiu de defensor “de drets humans” sense repassar el seu currículum referent a això. No es va recordar que realitza la seva activitat jurisdiccional des de l’herència més enverinada rebuda de la Justícia franquista, l’Audiència Nacional, substituta del TOP ‐Tribunal d’Ordre Públic. Més encara, sabent perfectament que les jurisdiccions especials són l’essència dels règims totalitaris. La naturalesa arbitrària d’aquest tribunal va ser oportunament assenyalada pel propi Relator per als Drets Humans en la Lluita Antiterrorista, Martin Scheinin.
No és baladí apuntar que en la seva actuació ha impulsat casos contra mitjans de comunicació, associacions populars, partits polítics i fins i tot defensors de drets humans, que s’han de qualificar com una agressió directa a la llibertat d’expressió i al dret de lliure associació pacífica. El propi Comitè de Drets Humans va fer recentment patent la seva preocupació sobre aquest tema.
No és gratuït portar a aquestes línies que Garzón, en la seva activitat diària al capdavant del Jutjat especial que dirigeix, dóna ordres de detenir persones acusades de terrorisme sota el règim d’incomunicació, veritable espai d’impunitat en el qual es produeixen brutals tortures. Organismes com el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa –CPT‐, el Comitè contra la Tortura –CAT‐ o diferents Relators Contra la Tortura del sistema de Nacions Unides han reclamat reiteradament l’abolició d’aquesta modalitat de detenció, l’aplicació de la qual duu la rúbrica d’aquest magistrat.
No és trivial recordar que el jutge, ara elevat a la condició de defensor de drets humans per diverses associacions, s’ha mostrat impassible davant les denúncies de tortura que li narraven detinguts sota la seva responsabilitat. Entre uns altres, el ciutadà basc Josu Arkauz, el testimoniatge del qual de tortura va ser considerat pel CPT “detallat i coherent” i que retrei
a al Jutjat nº 5 que no va adoptar mesures “repetidament recomanades pel CPT” per a evitar-les. Aquesta és la línia argumental seguida també en el cas dels detinguts a Catalunya en l’anomenada «Operació Garzón» durant els Jocs Olímpics de Barcelona, cas davant el qual el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciava el 2 de novembre de 2004 que les investigacions de tortura no havien estat «els suficientment profundes i efectives per a complir amb les exigències dels tractats internacionals».
Coneixem, doncs, l’actitud de Garzón en l’àmbit internacional, així com la coneixem en el domèstic. Sabem del seu interès per aparèixer com el jutge progressista, per a poder així portar a terme una actitud repressiva sense parangó, des dels despatxos del tribunal excepcional de l’Audiència Nacional. Hem vist de primera mà la seva passivitat amb la tortura en els seus quefers diaris, així com hem pogut constatar que la seva activitat en l’àmbit internacional en l’àmbit dels drets humans no és més que un lleuger vernís, sense que les seves accions en cap cas hagin passat de ser testimonials.
Verifiquem, per fi, els excessos del seu tribunal, que denunciem de la mateixa manera que denunciem els excessos que altres tribunals comentin ara amb el jutge Garzón. L’admissió a tràmit de la present querella per voler investigar els crims contra la humanitat comesos durant el període franquista, atempten contra la declaració d’imprescriptibilitat dels delictes de lesa humanitat pel comitè de Drets Humans de l’ONU i contra el sentit comú. Des d’aquesta legitimitat, no podem sinó oposar-nos a la designació d’aquest jutge com defensor de drets humans, quan la seva actuació ha estat, mentre li era favorable als seus interessos, idèntica a la qual ara denúncia.
SIGNAT: Jorge del Cura (Centro de Documentación contra la Tortura), Ramom Lôpez Suevos Fernándes,Fernando Blanco Arce, Ana Lorenzo Conde i Elvira Souto (Observatório para a Defensados Direitos e Liberdades), Ramon Piqué i Maria Ferrer (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura),Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza EskubideenBehatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez(Salhaketa –Araba), Carlos Hernández (Salhaketa –Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universitat deBarcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universitat Autònoma de Barcelona‐UAB), ErmengolGassiot (arqueòleg forense, Universitat Autònoma de Barcelona), Amalia Alejandre (abogada,Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos), JosepMaria Pi (CGT-Catalunya).