Raül Romeva i Rueda

Fa uns dies ja parlava de les investigacions que havien dut a terme El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ, segons les sigles en anglès). Ho vaig fer en l’apunt La flota industrial pesquera espanyola fortament (i criminalment) subvencionada / La flota industrial pesquera española, fuertemente (y criminalmente) subvencionada . Llavors enunciava tres articles que anirien apareixent en la premsa europea explicant casos significatius sobre algunes de les desmesures, fraus i fins i tot flagrants il.legalitats que es produeixen al voltant d’algunes activitats pesqueres. Avui surt la tercera entrega de la sèrie signada per Mar Cabra, Marcos Garcia Rey i Kate Wilson, i fa referència a l’engany de vendre com a lluç (i a preu de lluç) espècies que no ho són. Un exemple més de per qué cal un canvi radical en la manera com afrontem la gestió dels cada vegada més depauperats recursos marins.

Llegiu-ho avui a El Pais:

El ADN demuestra que el 8,6% de lo que se vende como merluza no es tal

Análisis a 150 muestras detectan que se trata de subespecies u otros tipos de pescado que son más baratos – Sanidad lo califica de “fraude comercial”

M. R. S. – El Pais, Madrid – 06/10/2011

Merluza sudamericana, chilena, merluza negra. Pero también panga o granadero. El 8,6% del pescado que se comercializa en España como merluza europea -más conocida como merluza del Cantábrico- no lo es. Subespecies más baratas -pueden llegar a costar la mitad- y de menor calidad, o incluso otros peces que nada tienen que ver con la merluza, son comercializados como si lo fueran. Es lo que concluye una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que ha analizado el ADN de 150 ejemplares de distintos lotes comprados en la Comunidad de Madrid. La muestra, estudiada en los laboratorios de la Universidad de Oviedo, se limita a Madrid porque es el segundo mercado de pescado del mundo. Las autoridades nacionales creen que el error no es un problema de salud pública. Hablan de “fraude comercial” y “fallos en el etiquetado”.

Errores que han llevado a El Corte Inglés a retirar y destruir un lote de 1,4 toneladas de pescado congelado de su marca Aliada etiquetado como merluza argentina cuando en realidad era otro pez comúnmente llamado merluza de cola pero que ni siquiera es de la misma especie. Un pescado de menor calidad. También mucho más barato, según los expertos de la Universidad de Oviedo.

Los grandes almacenes, que confirmaron con sus propios análisis los resultados del ICIJ, sostienen que el error procede del fabricante y se debe a que ambos pescados se capturan en la misma zona de pesca, la Fao 41, en el Atlántico Sur.

La investigación, firmada por Mar Cabra, Marcos García Rey y Kate Willson, detectó errores como este -o más graves, que vendían como merluza otro pez-, tanto en pescados frescos como en congelados vendidos en supermercados como Alcampo, Carrefour o Eroski. También en pescaderías más pequeñas, como El Bierzo. En esta tienda del mercado de Los Mostenses, en el centro de Madrid, se encontró uno de los casos más claros: panga (un pescado muy barato capturado en Vietnam sospechoso en ocasiones de contaminación) que se vendía como merluza. Un suceso “aislado”, según el gerente de la pescadería, que sostiene que puede deberse a que un ejemplar de panga “saltase a la zona que alberga las merluzas”. (…SIGUE…) 

…

Los supermercados se escudan en un error humano y puntual. Afirman que siguen estrictos controles de calidad para certificar los productos que venden. No obstante, en los congeladores de Alcampo se detectaron dos lotes de producto mal etiquetados provenientes del exportador Freiremar. Uno de ellos identificaba como merluza lo que realmente era granadero, un pescado poco consumido en España y de menor valor. Un error que Freiremar, según recoge la investigación de ICIJ, aún no se explica. El exportador solicitó a Alcampo la retirada del lote implicado “por precaución” y para realizar sus propias pruebas. El pescado, sin embargo, ya se había vendido. Una portavoz de estos supermercados, que expone que ha pedido explicaciones a Freiremar, asegura que el pescado del mismo tipo proveniente del exportador -57 kilos- fue retirado y se está analizando.

La legislación europea obliga a que todo lo que se vende en la UE esté identificado desde su captura hasta su venta. Son las autoridades de los países quienes verifican si lo que se vende es realmente lo etiquetado. Una portavoz del Ministerio de Medio Rural y Marino asegura que las competencias de inspección, tanto en puertos como en los lugares de venta, es de las autonomías. Cree, además, que el informe de ICIJ no arroja “conclusiones representativas”. “Es una muestra pequeña recogida solo en Madrid”, dice.

Un argumento que repite el Ministerio de Sanidad y Consumo. En cualquier caso, “no es un asunto que sugiera problemas de salud alimentaria, sino de etiquetado”, sostiene un portavoz del ministerio que dirige Leire Pajín, que habla de que lo ocurrido es más bien un “fraude comercial”. Opinión que comparte Medio Rural y Marino.

La investigación del ICIJ, sin embargo, ratifica las conclusiones de otras. Como la realizada por investigadores griegos y españoles que en marzo reflejaban un problema incluso mayor: un 40% de la merluza que se vende en España está mal etiquetada. Este estudio no halló otros pescados, solo subespecies de menor valor.

En 2010, las autoridades de Madrid realizaron 59 análisis de verificación de especie. De ellos, 22 los hizo Ayuntamiento. Un número que José Manuel Torrecilla, gerente de Madrid Salud, reconoce escaso. “Estamos iniciando esta actividad porque no es una prioridad de salud pública. Lo primero es garantizar que el pescado que se vende es seguro”, dice Torrecilla, que insiste en que lo que ocurre no es un problema de salud pública, sino de fraude.

La cadena desde que se pesca el ejemplar hasta el plato es extensa. Por eso, los expertos ven difícil identificar una sola causa para el fraude. Stefano Mariani, biólogo marino de la Universidad de Dublín, apunta a las cuotas que los pescadores deben cumplir como una de ellas. Pero hay más, el de la merluza es un mercado jugoso. En España -que importa el 60% de este producto que llega a la UE- sus ventas mueven casi 1.200 millones de euros al año. El negocio es amplio: hay 12 tipos de merluza, y algunas como la sudafricana son muy baratas. Otras, como la europea, se pagan caras.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), que agrupa a empresas pesqueras, armadores y trabajadores del sector, critica la investigación de ICIJ. Aseguran que la organización tiene intereses “ambientalistas” y que la muestra no es representativa. No obstante, sostienen que en cualquier caso no puede hablarse de fraude comercial porque la legislación española no obliga a que el etiquetado especifique el nombre científico del pescado. “Solo la denominación comercial, así que tanto la merluza merluccius [la europea] como la hubbsi [la sudamericana] son merluza”, esgrime una portavoz. Esta organización se muestra partidaria de que el nombre científico se muestre en el producto. También de que los análisis de ADN se extiendan como método de control. El Ayuntamiento de Madrid asegura que este año duplicará estas pruebas, que no son obligatorias. El Corte Inglés las ha incluido en su protocolo tras lo ocurrido.

Font foto: El ICIJ va recollir mostres de lluç fres  i congelat de la Comunitat de Madrid.- DENIS DOYLE (AP)

El diari Público es feia ressò ahir, a l’article ‘La Eurocámara pide explicaciones a España por la crueldad contra los galgos‘, d’una de les iniciatives que hem dut a terme darrerament un grup de diputats i diputades al Parlament Europeu, enviant una carta al govern de l’Estat demanant més implicació i solucions clares davant les persistents pràctiques de tortures i maltractament contra animals, i concretament contra gossos llebrers.

Responíem així a les centenars de cartes que ens havien enviat ciutadans i ciutadanes, així com moltes organitzacions, informant-nos de molts casos de maltractament i crueltat.

En conèixer que sovint els llebrers són severament colpejats, cremats vius, ruixats amb àcid, llançats a pous, lligats en coves i abandonats fins a morir, penjats o torturats d’altres formes, estàvem obligats a reacionar, i així ho hem fet.

En la carta, els europarlamentaris reconeixem que Espanya ha millorat la seva legislació de protecció dels drets dels animals, i que el maltractament animal pot ser perseguit atenent a l’article 337 del Codi Penal. No obstant això, advertim que encara un nombre molt petit de casos de crueltat acaben en els tribunals, de vegades fins i tot encara es personi en les causes el Servei de Protecció a la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona).

La missiva, que es pot consultar en el seu format original al blog El Guadiana y la Traílla, especialitzat en la defensa dels llebrers, recorda a Zapatero que segons el Tractat de Lisboa els estats s’han de comprometre per garantir el benestar dels animals, que han de considerar “éssers sensibles”. “Requerim a Espanya perquè reforci les seves lleis nacionals sobre benestar animal i posi fi a aquestes crueltats.

Es dóna la circumstància que una de les assignatures pendents d’aquesta legislatura ha estat l’aprovació d’una Llei de Protecció Animal. La iniciativa va ser sol.licitada a través d’un acord aprovat el 30 de setembre de 2009 a la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Congrés dels Diputats a instàncies del meu company i llavors diputat d’Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. 

Font foto: Llebrer abandonat a Olivenza (Badajoz). EL GUADIANA Y LA TRAILLA

Sense tenir en compte les subvencions directes, la flota pesquera de la UE, en global, va tenir l’any 2009 unes pèrdues del 4,6%. Però és que amb els subsidis la flota va operar amb unes pèrdues de l’1,5%. La dada interessant és que pel segment de flota d’arrossegament la pèrdua va ser encara més gran. En el següent article, d’Axel Naver, el coordinador del Website CFP Reform Watch, trobareu moltes, i molt interessants dades, per tenir una bona opinió sobre quin és l’estat de les ‘finances’ de les activitats pesqueres a la UE. Aviso que l’Estat espanyol és dels que queden pitjor parats. Potser és hora que replantegem algunes pràctiques que no només són insostenibles ecològicament, sinó també econòmicament.

Without subsidies, 4.6% loss for EU fishing fleet, by Axel Naver

2011-09-16, 15:59

In 2009 the entire EU fleet was making a 4.6% loss when direct income subsidies were not taken into account. With the subsidies the fleet was still operating at a 1.5% loss. For the trawler fleet segments the loss was even larger.

These figures were presented at a seminar in the European Commission last week, and add to the dismal numbers presented by the Commission in June in a report on the economy of the European fishing fleet.

The amount of available subsidies that helped reduce the loss of European vessels in 2009 totalled € 3.3 billion, according to a report released this week by Oceana, an environmental NGO.

“The EU fishing industry’s addiction to European taxpayer funded subsidies has led to overfishing, fleet overcapitalization, reduced economic efficiency in the sector and the failure to obtain the potential economic benefits from the resource,” said Anne Schroeer, Baltic Sea Project manager at Oceana Europe, in a written statement.

Fisheries subsidies are provided both by the EU and by Member States. Normally, the amounts of subsidies from different sources are reported individually. In their report, Oceana compiled information from all financial instruments to reveal the total amount of subsidies available in 2009. Their finding is that in 2009, subsidies available to the fishing sector totalled € 3.3 billion, and that in 13 Member States, the amount they were given in subsidies was higher than the total value of their fish landings.

According to Oceana’s report, the amount of fuel subsidies and fuel tax exemption totalled € 1.4 billion, which is more than the European Fisheries Fund (EFF) and State Aid combined (See page 8 of the report).

It is not only the economy that is in a bad state – so are the fish. At the Commission seminar last week, new figures on the state of Mediterranean fish stocks were presented. According to STECF, around 87% of Mediterranean stocks are estimated to be overexploited in 2009-2010.

Font foto: Jesus Renedo/Oceana

Per quart any consecutiu organitzem al Parlament Europeu, en col.laboració amb la Heinrich Böll Foundation, un esdeveniment en relació a la situació de les dones assassinades a Mèxic i Amèrica Central amb la intenció de mantenir el tema a l’agenda política i mediàtica europea i d’enfortir línees de treball destinades a acabar definitivament amb aquesta xacra.

INVITATION

Ni una muerta más! Es tiempo de Unir Esfuerzos Contra el Feminicidio

En Junio de 2012 se celebrará en Chile la VII Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALC). Será la tercera Cumbre en la que diversas organizaciones civiles demanden que en la agenda y acuerdos binacionales y biregionales se establezcan acciones concretas para erradicar el feminicidio.

En la Cumbre de Madrid (2010), la resistencia de ciertos países impidió hablar de feminicidio, pero sí se aprobó un párrafo en la Declaración final en donde se reconoce la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta Declaración se suma a la Resolución del Parlamento Europeo sobre feminicidio (2007) y a las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas.

A pesar de estos pasos alentadores, la realidad en América Latina (AL) nos muestra que no son suficientes. Los homicidios de mujeres por motivos de género no disminuyen, sino que aumentan. Uno de los grandes retos de la UE, AL y el Caribe en la actualidad es garantizar que los acuerdos tomados sean efectivamente puestos en práctica.

En este contexto son ejemplares las decisiones que en la región interamericana se han tomado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta fundamental es: ¿Podrían los avances judiciales y de interpretación normativa en AL frenar la impunidad de los feminicidios? ¿Puede la  Declaración sobre feminicidio, que la Alta Representante de la Unión para las relaciones exteriores publicó en junio del 2010, orientar las acciones de la UE en esa dirección y así  potenciar la voluntad política expresada?  

Aparte de los programas y proyectos desarrollados en el marco del Instrumento Europeo para la promoción de la democracia y de los derechos humanos, ¿Cómo está implementando la UE ésta Declaración? ¿Qué más apoyo concreto se podría dar a nivel político y de cooperación legislativa para erradicar el feminicidio en América Latina? ¿Podría la UE, como lo sugiere la Declaración sobre feminicidio, apoyar proyectos concretos en esta dirección?

Fecha:               4 de octubre de 12:30 a 14:30 pm   

Lugar:               Sera confirmado despues del registro.

Ponentes:          Cristina Fraile Jimenez, Jefa de la Oficina de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores de España.

                          Oswaldo Ruiz, Ex Abogado Senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

                          Andrea Medina Rosa, Abogada mexicana

                          Charles-Michel Guerts (*) Jefe Adjunto de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

Facilitador        Raul Romeva I Rueda: Conclusion from the morning hearing: What has the EEAS done to implement the political commitments stated by different EU institutions to fight against feminicide and impunity? (Max 8′)

Moderadora      Patricia Jiménez, Heinrich-Böll-Stiftung, EU Office, Directora del Programa de Dialogo.

La reunión se llevará a cabo en Inglés y Español sin traducción simultánea

Inscripción obligatoria. Entrada solo con registro confirmado   Para registrarse envíe por favor el “cupón respuesta” adjunto a Anahita Shabani brussels1@boell.eu

Para cualquier información adicional: Patricia Jiménez en jimenez@boell.eu

(*) Por confirmar.

Fa unes setmanes vaig afegir-me, com a economista, a la llista dels ídems que havien signat una carta als ministres de finances del G20 reclamant-los un gest de responsabilitat per combatre l’especulació amb un element tan sensible com són els aliments. Aquesta és la carta que se’ls ha fet arribar:

Dear G20 Finance Ministers,

We write to you ahead of the October meeting of the G20 Finance Ministers to urge you to commit with your counterparts to take effective action to curb excessive speculation on food commodities. Excessive financial speculation is contributing to increasing volatility and record high food prices, exacerbating global hunger and poverty.

While there are many pressures on food prices, fundamental changes in supply and demand cannot fully account for the dramatic price fluctuations that have occurred in recent years.

In June, a report for the G20 by international organisations including the IMF and the OECD noted that “too much speculation can cause frequent and erratic price changes” in futures markets. Evidence suggests that financial speculators are less likely to make trading decisions based on information regarding supply and demand and are more prone to herding behaviours than commercial traders. Excessive speculation undermines the price discovery function of futures markets, driving real prices away from levels determined by supply and demand.

The High Level Panel of Experts on food security for the Committee on World Food Security at the FAO reported in July that “tighter regulation of speculation is necessary.” The panel suggested that “Increasing transparency, by requiring exchange trading and clearing of most agricultural commodity contracts, and setting lower limits for non- commercial actors could be the first set of measures taken by the countries that house major commodity exchanges.”

Increasing market transparency is vital, but will not go far enough to tackle excessive financial speculation. We therefore urge you to support the establishment of position limits to cap the proportion of agricultural commodity derivatives markets that can be held by financial speculators. Limits could be set at a level that would maintain sufficient liquidity in the markets while preventing an excessive concentration of purely financial actors. The US has already passed legislation including provisions to introduce such limits and the G20 should act to prevent regulatory arbitrage between exchanges.

Position limits would be more effective in tackling excessive speculation than position management powers, which rely on the use of judgement by exchanges and provide little assurance that powers will be exercised effectively. Clear limits would provide regulatory certainty, promoting stable and sustainable derivatives markets to the benefit of food producers, consumers and broader economic stability.

With around 1 billion people enduring chronic hunger worldwide, action is urgently needed to curb excessive speculation and its effects on global food prices.

Yours sincerely,

cc: Michel Barnier, European commissioner for internal market and services

10 October 2011

Font il.lustració: Chispa

Com a resultat d’una important investigació, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha publicat avui un seguit d’articles a diversos mitjans europeus: El País, Sunday Times, Le Soir, EU Observer, BBC Radio, Trow, …

Aquest és el que ha aparegut a la premsa espanyola. Pescadores de lista negra: El Grupo Vidal Armadores ha sido sancionado repetidamente. Bruselas pidea más investigación (per Kate Wilson / Mar Cabra)

Cerca de 6.000 millones de euros en subvenciones mantienen a flote a la industria pesquera española

WASHINGTON, D.C., 2 de Octubre, 2011 — La industria pesquera española ha recibido más de 5.800 millones de euros en subvenciones desde el año 2000 para incrementar su productividad y alcance global. Esta gran cantidad de ayuda pública contrasta con un amplio historial de incumplimiento de las leyes por parte de la flota, según revela una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Este análisis del principal actor pesquero de la Unión Europea, España, se produce en un momento crítico y dimensiona la magnitud del problema. Las autoridades europeas están reformando la Política Pesquera Común, en un intento desesperado por salvar los recursos pesqueros en declive. Las aguas europeas están entre las más sobreexplotadas del mundo.

“El pescado no es un recurso ilimitado”, dijo Andrew Dyck, economista pesquero de la universidad canadiense de British Columbia. “Cuando las ayudas públicas son lo único que sostiene al sector, lo que se está financiando es la degradación del recurso”.

La investigación de ICIJ es el primer análisis en profundidad del gasto real en subvenciones pagadas a la industria pesquera española en los últimos años. Este dinero proviene principalmente de fondos europeos, pero también de la administración del estado y las comunidades autónomas.

Las subvenciones mantienen a flote a una industria que emplea directa o indirectamente alrededor de 50.000 personas en España. Según los cálculos de ICIJ, estas ayudas públicas representan un tercio del valor del sector pesquero y de la acuicultura. Es decir, aproximadamente uno de cada tres peces capturados en el mar o criados en piscifactorías son financiados con dinero de los contribuyentes.

La investigación de ICIJ revela que:

• Un armador gallego recibió más de 8,2 millones de euros en subvenciones a pesar de que su empresa o las sociedades participadas por ésta han sido relacionadas con más de cuarenta casos de supuesta pesca ilegal y sancionadas con multas por valor de casi 4 millones de euros.
   
• Las empresas pesqueras españolas han recibido un tercio de todas las subvenciones directas otorgadas por la Unión Europea desde el año 2000, mucho más que la industria pesquera de cualquier otro estado miembro. Éstas se han utilizado para modernizar barcos, comprar derechos de pesca en las aguas de países en desarrollo, e incluso para pagar seguridad privada a bordo o financiar campañas de publicidad y promoción del sector.
   
• Entre las ayudas percibidas, la industria se beneficia de importantes reducciones impositivas en el combustible. Desde el año 2000, el sector pesquero español ha recibido 2.000 millones de euros en exenciones de impuestos al gasoil.
   
• De las empresas sancionadas y multadas en firme por infracciones como capturar pescado por debajo de la talla reglamentaria o pescar en zonas prohibidas, más del 80 por ciento continuaron recibiendo subvenciones de las autoridades españolas y europeas.

El reportaje sobre la industria española es una nueva entrega de la serie Looting the Seas (“Saqueando los mares”), una investigación internacional sobre las fuerzas que están devastando los ecosistemas marinos de todo el mundo. Otros dos artículos en la serie se publicarán en los próximos días:

• (4 de Octubre) La industria pesquera española pone en riesgo la pesquería de la merluza en Namibia.
• (6 de Octubre) ICIJ revela una práctica fraudulenta y potencialmente peligrosa en la venta de pescado en algunos de los principales mercados, supermercados y grandes superficies españolas.

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REPORTAJE: INVESTIGACIÓN

Pescadores de lista negra

El Grupo Vidal Armadores ha sido sancionado repetidamente. Bruselas pide más investigación

KATE WILLSON / MAR CABRA El País, 02/10/2011

Uno de los grupos pesqueros más vigilados del mundo tiene su sede en la localidad coruñesa de Ribeira. La empresa familiar Vidal Armadores acumula un historial de barcos incluidos en “listas negras”, persecuciones por pescar sin permiso y sanciones por no respetar a las especies protegidas. La empresa resalta que nunca ha recibido condena judicial por pesca ilegal y, también, que está cambiando su estrategia: en vez de seguir pescando, se va a dedicar solamente a negocios como las energías renovables o la extracción de aceite de pescado.

“Pretendemos borrar una historia que no acaba de eliminarse, porque siempre hay alguien encargado de reactivarla”, explica Antonio Vidal Pego, Toño, de 38 años, durante un almuerzo en un restaurante de Santiago de Compostela. Es el hijo del fundador de la empresa, Antonio Vidal, Tucho, que no asiste a la entrevista: “Non quero falar contigo” es lo único que ha dicho el patriarca a los medios de comunicación durante años. Su hijo Toño aparece como la cara pública de la compañía, un ejecutivo que usa traje negro, corbata de cuadros rosas, gemelos de plata y zapatos impecables de piel, negros.

Toño asegura que tanto él como su padre han trabajado siempre dentro de la ley. Pero también insiste en que quiere “pasar página”. ¿Y cuáles son las páginas que le interesa que se olviden? Para responder a esa pregunta hay que bucear en cientos de documentos procedentes de media docena de países, que hablan de una compañía sospechosa de jugar con los límites de la legalidad en actividades pesqueras no solo lucrativas, sino subvencionadas. Desde 1996, las compañías de Vidal Armadores han recibido al menos 8,2 millones de euros por parte de las administraciones nacionales y de la Comisión Europea, un pellizco de los casi 6.000 millones recibidos por la industria pesquera española desde 2000.

El caso más esclarecedor sobre Vidal Armadores se produjo en mayo de 2008. El barco Paloma V atracó en Auckland (Nueva Zelanda) con algo más de 180 toneladas de merluza negra y tiburón. El patrón proporcionó una declaración escrita asegurando que ni el barco ni la tripulación habían ayudado a buque pirata alguno. Pero los inspectores de pesca Phil Kerr y Dominic Hayden decidieron estudiar el caso con detenimiento. Conocían un historial de incidentes anteriores de Vidal Armadores, una de cuyas filiales era copropietaria del Paloma V.

Los inspectores copiaron los discos duros de los ordenadores de a bordo. Allí encontraron datos que les llevaron a sospechar de esta empresa como actor principal en una red de barcos piratas que capturaban merluza negra en la Antártida, una zona donde la pesca se encuentra sometida a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos (CCRVMA), que prohíbe proveer o realizar transbordos a barcos incluidos en listas negras. Los documentos consultados muestran recibos de pago efectuados por Vidal Armadores para el aprovisionamiento de barcos, fotografías de transbordos a buques inscritos en listas negras y múltiples correos electrónicos que hacían sospechar de la empresa española como directora de una red de barcos.

Las preguntas sobre el Paloma V son lo único que parece enojar a Vidal Pego. Asegura que ese barco ya no es de su propiedad y, en cualquier caso, para él toda la historia es “una auténtica aberración”. El punto de vista del inspector neozelandés Phil Kerr es diferente: “Lo que Vidal hacía estaba bien organizado, bien estructurado”, afirma. “Tenía una flota legal que aprovisionaba a la ilícita. Cuando revisamos este material, vimos que estaba más activo que nunca”.

Sin embargo, las autoridades de Nueva Zelanda decidieron evitar un asunto largo y jurídicamente complejo contra el armador, y dejaron libre al Paloma V con una simple advertencia legal. Pero el nombre del buque pasó a una lista negra y después fue observado pescando en aguas de la Antártida bajo pabellones de Mongolia, Belice y Camboya. Desde 2005, la Comisión Europea ha enviado 16 cartas al departamento llamado ahora Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pidiéndole que actuara contra Vidal Armadores. Finalmente, a mediados del año pasado, el ministerio informó de que había sancionado a Vidal Armadores con 150.000 euros por la relación del Paloma V con la pesca ilegal, más la suspensión de toda ayuda pública y de las licencias de pesca por dos años. Pero la compañía recurrió la sanción, por lo que no es firme.

Otra reclamación espera a los Vidal en Mozambique. En 2008, el Gobierno de ese país confiscó el Antillas Reefer cuando pescaba tiburones protegidos. Las autoridades le sancionaron con una multa equivalente a 3,3 millones de euros. El Gobierno español negoció la puesta en libertad de la tripulación y nadie ha pagado la multa: Vidal Pego dice que su empresa solo era socio minoritario de la compañía namibia propietaria del barco, mientras Manuel Castiano, director de vigilancia pesquera de Mozambique, asegura que seguirá presionando para que alguien pague: “3,3 millones de euros es mucho dinero, suficiente para hacer funcionar mis patrulleras por un tiempo”, dice. El barco confiscado ha sido reconvertido en embarcación dedicada a la vigilancia marítima.

El primer tropiezo de Vidal Armadores se remonta a finales de los años noventa. Las aguas de la Antártida son ricas en merluza negra, también llamada “bacalao de profundidad” o “róbalo de fondo”. Poco conocida en España, esta especie alcanza un precio equivalente a 40 euros por kilo en las pescaderías de Estados Unidos. Este negocio animó a muchos armadores españoles a aventurarse en las peligrosas aguas antárticas: los Vidal, en concreto, ayudaron a algunos a abanderar sus buques en Uruguay. Uno de sus buques con bandera uruguaya, el Viarsa 1, fue perseguido por una patrullera australiana en 2003 y acabó en Australia, donde un juez terminó absolviendo al propietario.

Mucho peor pinta tenía el proceso abierto en 2005 en Estados Unidos. Un fiscal federal de Miami acusó a Vidal Pego y a una de sus compañías en Uruguay de falsificar documentos para ocultar el origen de una importación ilegal de merluza negra. Interpol emitió orden de busca y captura contra Vidal Pego, que se presentó ante el tribunal de Florida en 2006. Su compañía uruguaya Fadilur admitió todos los cargos; Vidal Pego solo se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Entre los dos, pagaron una multa de medio millón de dólares (368.000 euros). El juez le dejó en libertad condicional tras prohibirle que se dedicara al negocio de la merluza negra por un periodo de cuatro años, bajo advertencia de enfrentarse, en caso contrario, a 20 años de cárcel.

Hoy, mientras sale de Santiago de Compostela conduciendo su porsche, Vidal Pego cuenta que se declaró culpable con el fin de agilizar un costoso proceso. Asegura que no se dedica a la pesca desde entonces, y reitera que su compañía no ha sido condenada nunca por pesca ilegal, lo cual es técnicamente cierto. Sin embargo, sí ha recibido condenas por actividades relacionadas con esta y ha sido sancionada repetidamente.

Originarios de la ciudad portuaria de Ribeira, los Vidal se han ganado el respeto de sus paisanos por crear empleo o patrocinar el club local de taekuondo. “Para mí, han sido auténticos caballeros”, asevera Manuel Torres, patrón de pesca en Ribeira, quien también recuerda que cuando sus barcos y tripulaciones tuvieron problemas, Vidal padre “pagó a los abogados y les sacó de la cárcel”.

Pero algunas ONG -Greenpeace llevó un informe de actividades ilegales a la fiscalía española, que no encontró razones penales para intervenir- y la Comisión Europea no ven con buenos ojos que una empresa tan cuestionada continúe recibiendo subvenciones. Sobre todo, después de la reciente legislación contra la pesca ilegal, vigente desde 2010, que permite prohibir el acceso a ayudas públicas a personas y empresas relacionadas con esta actividad. Y sucede que su última iniciativa, Biomega Nutrición, una fábrica que extraerá ácido graso omega-3 procedente de hígado de pescado en Boiro, tiene pendiente de pago una subvención de casi cuatro millones de euros de la Xunta de Galicia, cofinanciada con fondos europeos. Ernesto Penas Lado, director de Política Pesquera de la Comisión Europea, afirma que está siguiendo el caso de cerca para asegurarse del respeto a la ley.

Entre tanto, en Madrid, el ministerio tiene una nueva investigación sobre la mesa. Dos barcos incluidos en listas negras, y con pabellón de Corea del Norte, fueron fotografiados en febrero pasado cuando estaban sin autorización cerca de la Antártida. Los barcos fueron propiedad durante años de empresas participadas por Vidal Armadores. Aunque esta dice que ya no son suyos, la Comisión Europea ha pedido a España que lo investigue.

Il.lustració:  Imatge del ‘Paloma V’ (de vermell), agost de 2007. Font: KATE WILLSON