Plagueta de Bord

La familia Matutes lleva más de trescientos años de presencia en la isla de Ibiza, como marinos y comerciantes. En particular, nuestro abuelo Abel Matutes Torres, fue el gran impulsor de la economía y modernización de la isla de Ibiza, ya en el siglo XIX y principios del XX. Entre otros logros, creó unos astilleros que durante décadas dieron trabajo a decenas de ibicencos, implantó la energía eléctrica en Ibiza, en 1907, un año antes que Mallorca, y fundó la Banca Abel Matutes, todo un símbolo de confianza y seriedad para los ibicencos. Desde siempre, nos hemos esforzado todos los miembros de la familia en seguir su ejemplo civilizador: cumpliendo los acuerdos alcanzados, manteniendo la palabra dada, diciendo la verdad, y por encima de todo, respetando a las personas. El Grupo de Empresas Matutes, fundado por nuestro padre a principios de los años 60, al margen de otras empresas de la familia Matutes, se ha esforzado desde su creación por conservar y acrecentar estas virtudes, conocidas por todos los ibicencos. Desde su creación, nunca ninguna de las Empresas Matutes ha sido objeto de expediente alguno de defraudación de impuestos, ni de ocultación, ni de defraudación de los derechos de los trabajadores. Nunca las Empresas Matutes han sido denunciadas por falta de pago o por incumplimiento de algún compromiso público o privado. Empresas Matutes siempre se ha caracterizado por el cumplimiento de la Ley y un escrupuloso respeto a la verdad. Consecuentes con esta actitud, ya en el año 1977, cuando fui elegido senador y presidente del Partido Popular en Ibiza y Formentera, nos impusimos un código ético de conducta, tomando la decisión de no concurrir a ninguna subasta pública por obras en las Islas Baleares y, muy especialmente, en la isla de Ibiza. Ningún Ayuntamiento de la isla de Ibiza, ni el Consell Insular, ni el Govern balear ha recibido jamás ninguna oferta de Empresas Matutes para ningún tipo de obra pública, ni hemos participado en obra alguna promovida desde estas instituciones para evitar que pudiera hablarse de influencias en su adjudicación. Además de lo anterior, desde la Fundación Abel Matutes hemos promovido obras sociales y culturales y, mediante la donación de fincas emblemáticas al pueblo de Ibiza a través del Consell Insular, hemos contribuido a la conservación de nuestro patrimonio arqueológico (poblado fenicio, finca Sa Caleta), histórico (torre y finca de sa Sal Rossa) y natural (finca des Coll des Jundal y Serra de sa Cova Santa). Y si estamos aplicando voluntariamente estos códigos de conducta desde 1977, resulta obvio que no íbamos a quebrar esta línea de conducta ahora, asociándonos con las empresas adjudicatarias de la construcción del desdoblamiento de estas carreteras, ni en ninguna obra que se construya en la isla de Ibiza. Y si alguna vez decidiéramos cambiar nuestro código de conducta, lo cual por otra parte sería perfectamente legal y legítimo, lo haríamos abiertamente, con «luz y taquígrafos» y no a escondidas. Sin embargo, desde hace casi un año, hemos tenido que hacer frente a una campaña de intoxicación y desprestigio por parte de algunos miembros de la Plataforma Antiautopista y del Partido Comunista, que han pretendido manipular a la opinión pública, implicando a Empresas Matutes como socios de estas obras de desdoblamiento, a pesar de nuestros desmentidos. Esta permanente campaña es la que me ha llevado a ofrecer un premio de 300.000 euros, al primero que pueda aportar una prueba concluyente de esta supuesta participación de las Empresas Matutes, en dichos desdoblamientos. Yo mismo tuve dudas a la hora de dar este paso, pero finalmente consideré que era imprescindible dar este «aldabonazo», para dejar las cosas claras. Huelga decir, que no tengo ninguna probabilidad de tener que pagar , porque lo que «no existe», no se puede probar. En segundo lugar, ahora puedo defender con más libertad mi opinión, favorable a estos desdoblamientos, como simple empresario y ciudadano, al igual otros muchos. No sólo son buenos proyectos, sino que además nadie ha presentado, que yo sepa, un proyecto alternativo que no respetara estos trazados. Igualmente apoyaría estos proyectos si los acometiera un gobierno socialista, como apoyé en su día la ampliación del dique del puerto de Ibiza, contra los mismos que ahora se oponen a las carreteras. Finalmente, yo quisiera con toda la humildad de que soy capaz, hacer un ruego a la Plataforma Antiautopista, y a quienes les han apoyado hasta ahora: 1. Aportemos todos moderación y sentido constructivo. Es éste un debate amargo y estéril y, mientras tanto, se nos escapa el futuro 2. Dejemos a las instituciones hacer su trabajo. 3. Respetemos la legalidad y las sentencias judiciales. La Humanidad ha tardado milenios en organizar la convivencia pacífica, en el seno de las sociedades democráticas (sólo un 10% de la población) y todavía hay muchas deficiencias que mejorar. Pero la Ley es la única garantía de libertad para todos. La ley es la que fija hasta dónde puede llegar mi libertad, sin pisar la libertad de los demás y viceversa. Y los únicos intérpretes de la ley son los jueces. Con sus faltas y sus errores, sí, pero son la única garantía para todos. Ergo, respetemos las sentencias de los tribunales y desterremos la violencia y las amenazas, como instrumento de acción política. No hacerlo así, es primar la barbarie y la fuerza bruta. Las recientes amenazas y zarandeos al presidente Palau (presidente elegido por todos los ibicencos y formenterenses) son, políticamente, lo más grave que ha ocurrido en Ibiza desde la Guerra Civil. ¡Pilar!, ¿es que no tienes vergüenza? Finalmente y en última instancia, el que tiene el monopolio de la fuerza es el Gobierno. Está obligado a respetar y hacer respetar la ley, y a ejecutar y hacer cumplir las decisiones judiciales. Si no lo hiciera así, perdería toda su legitimidad para gobernar y el caos acabaría adueñándose de todo. Espero que los delegados del Gobierno concernidos tomen buena nota de su responsabilidad y del mal ejemplo que se está dando a nuestros jóvenes, al ignorar las leyes y las sentencias judiciales. Este respeto a las leyes y a los jueces es lo que, entre todos, hemos de lograr. Yo también desearía que se abra un diálogo entre gobierno y oposición sobre estos temas pero, entre tanto, el Govern tiene toda la legitimidad para seguir trabajando en sus proyectos legalmente tramitados y que cuentan con el respaldo de los jueces y de la mayoría de los ciudadanos, según diversas encuestas de opinión muy recientes. En las próximas elecciones, dentro de un año, los ciudadanos serán convocados de nuevo a las urnas para renovar o revocar la confianza en este Govern y Consell Insular. Mientras tanto, respetemos a las instituciones y a quienes están al frente. Abel Matutes Juan es empresario, presidente de Empresas Matutes y ex ministro de Asuntos Exteriores