“Hace ahora dos años, después de que el Tribunal Constitucional hubiese dado a luz por fin su decisión sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, la entonces ministra de Defensa y reputada jurista, Carme Chacón, se declaró literalmente “feliz” y “satisfecha” con aquella sentencia que —según ella— dejaba intacto “el 95 % del Estatuto”. Semanas más tarde, por medio de un artículo firmado en estas mismas páginas junto con Felipe González (Apuntes sobre Cataluña, EL PAÍS, 26 de julio de 2010), Chacón insistía en la teoría del rasguño: “En rigor, los efectos jurídicos del fallo sobre la realidad del Estatuto son pequeños. (…) La práctica totalidad sigue en vigor, y podrá ser desarrollado con la misma normalidad jurídica y política con la que se ha hecho en los cuatro años transcurridos. El fallo (…) reconoce los derechos históricos, el estatuto lingüístico, la bilateralidad…”.
Pero no. Contra la tesis de quien encarna —ya saben— “la Cataluña optimista”, no era un rasguño, sino una herida profunda lo que infligió el Constitucional al Estatuto catalán. Una herida que, infectada por quienes llevan décadas tratando de envenenar nuestra convivencia lingüística, y con el indispensable apoyo de la alta judicatura española, amenaza hoy con destruir el modelo de país —no dramatizo, la escuela es una pieza básica de la arquitectura social— que los catalanes nos hemos dado democráticamente desde 1980. Bastaba ver el tono sañudo, de revancha ideológica, con que cierto diario titulaba anteayer: “El Supremo vuelve a ordenar a Cataluña que enseñe en español”.
Sin embargo, y dado que todo esto de las sentencias, y los recursos, y las interpretaciones jurídicas, es lento e intrincado, determinados sectores se están impacientando y comienzan a exigir medidas más expeditivas. El pasado lunes se presentó a la prensa —en Madrid, ¿dónde si no?— una iniciativa capitaneada por el incombustible Alejo Vidal-Quadras y jaleada mediáticamente por su antiguo paniaguado y hoy presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza Irigoyen, pues es de bien nacidos ser agradecidos.
La operación consiste, en primera instancia, en una carta abierta suscrita por 34 firmantes, lo más granado del españolismo con ínfulas intelectuales de estos últimos lustros: Amando de Miguel —que está en esta labor desde el Manifiesto de los 2.300, allá por 1981—, Fernando Savater —que no necesita presentación—, César Alonso de los Ríos —excomunista que lleva décadas dando la brasa desde Abc—, el antiguo secretario de Estado de Cultura Luis Alberto de Cuenca, el magistrado del Supremo Adolfo Prego, Mikel Buesa, Santiago Abascal, Arcadi Espada e incluso, para darle al asunto un toque dramático, un par de víctimas de ETA, más la primera que la segunda: José Antonio Ortega Lara y el inefable Francisco José Alcaraz. En suma, se trata del cuadro escénico de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), con algunas incorporaciones supuestamente izquierdistas procedentes de la órbita de Rosa Díez.
La misiva de tan ilustres remitentes tiene como destinatario al presidente Mariano Rajoy, al que reclaman un “pacto de Estado que restaure el consenso constitucional”, un gran acuerdo entre PP y PSOE y, si ello no fuera posible, “un referéndum consultivo” para someter al voto popular “la reordenación y la racionalización de nuestro sistema político y autonómico y de nuestra estructura institucional para fortalecer la unidad nacional y conseguir la eficiencia y la viabilidad del Estado”. Por si no quedase lo bastante claro, el texto invoca “los muy graves problemas que hoy tiene España, problemas que se agudizarán en el inmediato futuro por la ofensiva soberanista que ya se plantea en el País Vasco y en Cataluña y que pondrá a prueba la supervivencia del Estado constitucional”.
Mientras concluyo estas líneas, trasciende la noticia de que, según el Barómetro de Verano del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el 51,1% de los catalanes votaría sí a la independencia en un referéndum. ¿Y alguien va a extrañarse? No es ya que una porción creciente de la sociedad catalana apueste por salir de España; es que nos están echando a empujones.”
És a dir, la terra catalana és patrimoni espanyol conquerit, la voluntat dels qui ens resistim a l’assimilació -per majoritària que pugui arribar a ser-, no importa. Com en el cas de Gibraltar, España reclama un territori que considera seu sense tenir en compte la voluntat dels habitants. Les empentes seran cada cop més coercitives, més comés mpulsives sobre les persones, hi haurà repressió contra qui es resisteixi a l’ordre dominant. Significativament, l’apologia del totalitarisme consubstancial a l’espanyolisme i els actes d’agressió que se’n deriven, com els produïts ahir, queden impunes.
La minoria que segons el CEO votaria no a la independència no està disposada ni tan sols a contemplar aqueixa possibilitat i les seves empentes per foragitar-nos del nostre propi país o fer-nos renunciar a la llibertat seran cada cop més violentes. No hi haurà ni pacte fiscal, ni procediment democràtic acceptat per l’Estat per exercir l’autodeterminació com pretenen Amaiur i Esquerra. Hi haurà conflicte polític amb l’ordre estatal i conflicte social intern a Catalunya, i com més aviat siguem els independentistes conscients d’aqueixa realitat, millor podrem mirar de prevenir-ne els efectes gravosos pel nostre poble.
Post Scriptum, 2 de juliol del 2018.
El dirigent del PP i aspirant a liderar-lo, Pablo Casado ha afirmat que els independentistes que no accepten la unitat d’Espanya el que haurien de fer és exiliar-se, confirmant així el menyspreu per la voluntat dels ciutadans democràticament expressada i la preferència pel dret de conquesta com a argument definitiu del supremacisme espanyol.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!