Jaume Renyer

Hoy, el Congreso español dirá «no» a la Proposición de Ley del Parlament de Cataluña para que se delegue a la Generalitat la capacidad para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Hoy, una vez más, las dos grandes formaciones políticas del Estado considerarán que han triunfado ante «un nuevo intento de desbordamiento en la descentralización» (como lo califica el Presidente del Tribunal Constitucional). Esta tarde, en la Cámara Baja, se volverán a escuchar los mismos argumentos que ya se enunciaron en 2005, cuando se rechazó el llamado «Plan Ibarretxe». Pero ¿considerarán el PP y el PSOE que han dado por concluido el problema? ¿Creen que han convencido a las sociedades vasca y catalana?

La pregunta que deberían hacerse estas formaciones es ¿qué ha cambiado en Euskal Herria y Cataluña para que amplios sectores ciudadanos que estaban conformes con el marco autonómico crean ahora que es insuficiente? Hechos como: el proceso de recentralización del Estado, con una invasión de competencias clara, unido a la falta de actualización del sistema fiscal en el Principat y el incumplimiento del proceso de transferencias en el caso vasco, han roto la confianza de grandes sectores de las mencionadas sociedades, incluyendo a autonomistas, no abertzales y a los ya previamente convencidos independentistas. De igual forma, las posiciones de Madrid ante la falta de voluntad al diálogo de buena fe y los diferentes «cepillados» por parte del TC, han producido un camino «sin retorno» hacia un cambio constitucional en ambas naciones y que es inminente en el caso catalán.

En estas fechas, el TC apela al principio de lealtad constitucional, Bundestreue, el concepto importado de la cultura federal alemana, cuando ha sido precisamente el Estado (incluido el mismo Tribunal) el que lleva 35 años actuando en contra de esa supuesta lealtad y demostrando que en su visión de Estado unitario no caben otras naciones. Lo cierto es que, como destacaba el profesor Ferrán Requejo en un reciente artículo, a día de hoy «la inde- pendencia se revela como la vía más realista». «¿Alguien imagina al PP y PSOE pactando una reforma constitucional, que establezca un modelo de partenariado o un modelo plurinacional de rasgos confederales?».

Por lo cual, las respuestas negativas del Gobierno o del TC a las demandas democráticas, lo único que consiguen es cerrar puertas a lo que podría ser la salida más razonable y cívica a un conflicto político y de legitimidades entre las instituciones españolas y catalanas.

El Ejecutivo, en numerosas ocasiones, insiste que en el sistema constitucional español no cabe el derecho a la secesión y que, para ello, debería transformarse la Constitución, lo que no van a permitir. De la misma manera, afirman que en ninguna Constitución se reconoce este derecho, lo cual es erróneo. Si bien es cierto que, como destaca el informe realizado por el Consejo de Europa (12-1-2000), «La Autodeterminación y la Secesión en Derecho Constitucional», ninguna Constitución europea reconoce el derecho a la autodeterminación externa para los territorios que componen el Estado, también es un hecho cierto que en el mundo existen constituciones como las de Etiopia y la Federación de San Cristobal y Nieves que sí reconocen este derecho, de igual forma que han existido precedentes constitucionales que sí lo regulaban. Recordemos el (posterior al informe) caso de la efímera Constitución de Serbia y Montenegro 2003, donde no solo se recogía este derecho sino que además fue consumado. Es una realidad que los estados fomentan la unidad y rechazan activamente la secesión. Pero el Reino de España olvida continuamente que, a día de hoy, en el mundo occidental cada vez son más las naciones sin estado que demandan ser reconocidas en su capacidad de elegir su futuro institucional: Quebec, Groenlandia, Escocia, Irlanda del Norte y que sus estados matrices han aceptado modificar su sistema constitucional para buscar una salida a estas demandas (incluso defendidas con menor apoyo ciudadano que las existentes en Cataluña o Euskal Herria). Por lo que se puede afirmar que en esta materia, actualmente, el Estado español no es homologable a una democracia liberal de occidente, donde el resto de estados responden con flexibilidad y en base al principio democrático a la hora de reconocer el derecho a decidir de los pueblos.

En definitiva, la experiencia reciente de las últimas décadas permite afirmar que la clave en los procesos de emancipación nacional reposa sobre los ejes de la legitimidad democrática, la ausencia de violencia y la negociación, como quedó de manifiesto en el dictamen sobre Kosovo emitido por la Corte Internacional de Justicia, en julio de 2010. Pero si la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el autogobierno con el Estado matriz continúa, se estará legitimando la vía unilateral, en la cual prevalecerá la declaración soberana de la ciudadanía catalana o de sus representantes, quedando fuera del orden constitucional español para permanecer situados bajo un nuevo orden constitucional legítimo y respetuoso con la legislación internacional. Lo dicho, ante la cerrazón, la ciudadanía y las instituciones de Cataluña están desarrollando un proceso imparable que dará como fruto el estatus que deseen las ciudadanas y los ciudadanos del Principat. Endavant Catalunya!

Post Scriptum, 3 de desembre del 2018.

Avui Vilaweb publica una interessant entrevista amb Jon Iñarritu sobre la situació política catalana vista des d’Euskal Herria estant: “L’estat vol desordre públic, violència de baixa intensitat per poder aplicar el plan ZEN”.