Miquel Roman

Discurs dels Portaveus Parlamentaris d’Esquerra en el Ple del Congrès dels Diputats de l’Estat espanyol. Debat de totalitat de la proposta del Parlament d’Andalusia, de reforma del Estatut de Autonomic per Andalusia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 246-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente 127/000004.)

Toma en Consideración

23 de mayo de 2006

Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Puigcercós.

El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.

Autoridades del Parlamento de Andalucía, de la Junta de Andalucía, señoras diputadas, señores diputados, voy a hacer tres consideraciones previas antes de posicionarnos como grupo parlamentario ante el texto que hoy tomamos en consideración.

En primer lugar, Andalucía es importante para Cataluña y para el partido que represento, Esquerra Republicana de Catalunya. En Andalucía están las raíces de muchos catalanes; una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tiene raíces en Almería, en Jaén, en Cádiz, en Granada, en todos los rincones de Andalucía. Si alguien les puede comprender, si en alguien pueden ustedes confiar es en Cataluña, por dos razones: en primer lugar, porque la azarosa historia del pueblo catalán nos ha hecho solidarios con las causas de la justicia y la libertad y, en segundo lugar, porque de muchos catalanes del siglo XXI, como decía al principio, sus hijos y sus nietos son hijos y nietos de Andalucía que un día buscaron un mejor futuro en Cataluña y adoptaron Cataluña con sentimiento compartido con la tierra que les vio nacer. Cataluña es pues, como hemos dicho muchas veces, una nación en construcción; se levanta día a día con la aportación de muchos hombres y mujeres de distintos orígenes
y culturas. Es en esta nación catalana en construcción donde hay un pedazo de Andalucía; buena parte de nuestros fundamentos de esta construcción son andaluces. He dicho que quería hacer en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra tres consideraciones previas. Esta es la primera, la reflexión sobre la importancia de Andalucía, los orígenes andaluces de muchos catalanes y catalanas.

Una segunda reflexión es sobre el momento político en el cual estamos. Hoy celebramos el debate sobre una reforma estatutaria ?se podría decir? en un clima de normalidad. Después de escuchar diversos discursos podría decirse que la palabra normalidad tiene mucha anchura, pero es verdad que estamos en un clima de normalidad. ¡Qué mayor normalidad cuando vemos a la izquierda andaluza optar por este Estatuto, a la derecha de toda la vida negándolo y a una parte del nacionalismo andaluz que quiere más!.  Es un contraste legítimo de pareceres, pero al fin y al cabo de normalidad. Precisamente es lo que los catalanes durante los dos últimos años hemos envidiado: un clima de normalidad en el momento de discutir nuestra propuesta de Estatuto, nuestra reforma de Estatuto; un clima de normalidad que hoy contrasta con lo que fue en su momento el debate sobre el Estatuto catalán. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Felicidades al pueblo andaluz y a sus instituciones, que no han tenido que sufrir la amenaza, el insulto y las presiones que en su momento recibió el debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña;
presiones ?ustedes las recordarán?, algunas excepciones y, por suerte y felizmente, excepciones incluso de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de órganos judiciales como miembros del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, de algunos sectores ultramontanos de la Iglesia, de algunos sectores también ultramontanos de la patronal, de algunos medios de comunicación y una recogida de firmas absolutamente surrealista. Por cierto, no sé si el señor Rajoy después de este debate también va a intentar recoger firmas contra el Estatuto andaluz, pero tendría que ser coherente con ello. Repito, felicidades por este clima de normalidad que se ha otorgado al Estatuto andaluz. Hoy aquí constatamos el doble rasero con el que se juzga muchas veces a Cataluña. No se trata de instalarse en el agravio comparativo, al contrario. Se trata de denunciar el acoso permanente a todo aquello sospechoso de catalán. Y ya se sabe, estamos hoy debatiendo el Estatuto andaluz y nunca mejor dicha la cita de un nacionalista andaluz como Javier Pulido: Demasiadas veces el anticatalanismo es la ideología de masas del españolismo.

Una tercera reflexión es para posicionarnos a favor de este texto y de su toma en consideración. Este es el segundo proyecto de modificación de un Estatuto que no afecta al territorio catalán. Hemos discutido sobre el Estatuto de Cataluña y el del País Valenciano. El primero fue la modificación del Estatuto de Gernika. Esquerra votó afirmativamente porque era la voluntad mayoritaria del Parlamento nacional de Euskadi. Hoy se nos presenta la toma en consideración del nuevo Estatuto de Andalucía. Nuestra posición volverá a ser la misma: respetar la voluntad de la mayoría de los andaluces y andaluzas expresada a través de su Parlamento autonómico. Esta misma coherencia la mantendremos con todos y cada uno de los proyectos estatutario que lleguen a esta Cámara.

Hechas estas tres consideraciones previas y comprometido nuestro apoyo político y nuestra solidaridad activa con el pueblo andaluz, vamos a intentar demostrar cómo ustedes, los señores del Gobierno y del Partido Socialista han reeditado un café para todos en forma de molde, que es el que pactó el señor Rodríguez Zapatero con los dirigentes de su partido. Este molde se ha aplicado implacablemente sobre Cataluña, sobre su Estatuto, sobre su Parlamento y sobre la expresión mayoritaria que dio el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, cuando el 90% de la Cámara catalana respaldó una propuesta de reforma de Estatuto.

Es sabido que la Constitución española de 1978 no determina el tipo de Estado al cual responde su organización territorial. En ninguno de sus preceptos se dice si se trata de un Estado unitario, federal, regional o autonómico. El constituyente dejó abiertas diferentes alternativas y, entre ellas, la generalización o no del modelo a todo el territorio del Estado. Consiguientemente, el modelo se basa en el principio dispositivo y en la voluntariedad de los distintos territorios de acceder a su autonomía política, aunque en la práctica, con la creación de diecisiete comunidades autónomas, el denominado café para todos  que para muchos una victoria póstuma del Ortega y Gasset, su primer y principal teórico, resucitada precisamente por un andaluz, el que fue ministro para las Regiones de la Unión de Centro Democrático, el señor Manuel Clavero Arévalo. Se acabó
imponiendo este modelo, aunque en puridad los condicionantes del proceso autonómico se encuentran no solo en el carácter abierto del proceso, sino también en la sacralización de principios como el de unidad, solidaridad, igualdad, autonomía municipal y en aspectos como el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Así pues, la asimetría o heterogeneidad que estaba en el origen tanto del Estado integral de la II República como en la Constitución de 1978 se acabó diluyendo. Hago esta observación de entrada porque el Estado autonómico surge primariamente ante la necesidad de responder de forma más o menos equilibrada a las distintas tensiones que hacían insostenible el mantenimiento de un Estado centralista y unitario como el del régimen predemocrático y satisfacer las demandas de autogobierno de algunos territorios, como Cataluña, Euskadi y Galicia, que en el pasado habían dispuesto no solo de foros jurídicos públicos sino de auténticos estatutos en el periodo republicano.

La generalización, fragmentación e igualación del modelo autonómico no era, por tanto, la única opción constitucionalmente posible. En los sucesivos pactos autonómicos entre los principales partidos estatales desde 1981, fatídica fecha, se acabó por introducir posteriormente una nivelación entre territorios que marca el fracaso de los distintos intentos de una parte del catalanismo o del vasquismo, del nacionalismo vasco, de tener un reconocimiento específico del hecho diferencial de las naciones históricas y de acentuar la asimetría del modelo. Había base para ello, fundamentada en hechos tan diversos como la existencia de derechos históricos o de rasgos culturales y lingüísticos diferenciados. Pero las cosas son como son.

El catalanismo que representa Esquerra es consciente de que, hace más de un cuarto de siglo, el pueblo andaluz supo conquistar su derecho al autogobierno gracias a la movilización de toda la sociedad andaluza. Andalucía fue la primera en romper así con el molde diseñado por la Constitución cuando el 28 de febrero de 1980, a través del procedimiento del artículo 151 de la Constitución española, logró alcanzar el mismo nivel competencial que los territorios históricos, cerrando el hasta entonces claramente abierto e inacabado modelo de Estado. Por todo ello, quiero expresar en primer término nuestro más absoluto respeto hacia esta vocación de autogobierno, hacia la voluntad expresada muy mayoritariamente por el Parlamento de Andalucía a favor de la demanda de un nuevo Estatuto para el relanzamiento económico, social y cultural de Andalucía. Es más, ni la exigencia de los mismos derechos que vascos, catalanes y gallegos, ni la reivindicación de la deuda histórica son para nosotros ningún problema, no nos perturba lo más mínimo, porque aquí de lo que se trata es de que cada pueblo alcance el nivel de autogobierno que desee y de que se reconozca al Estado español como un Estado plurinacional en el que Andalucía ocupe un lugar con identidad propia.

Pero, en su momento, las rebajas en el pacto entre el señor Rodríguez Zapatero y el señor Mas desvanecieron el sueño plurinacional. Pasados más de 25 años de la formulación del Estado autonómico se ha avanzado en términos de descentralización, pero no se ha conseguido encauzar un modelo de organización territorial de carácter plurinacional. Por tanto, no es verdad, como a menudo se nos dice como consecuencia de nuestras demandas de autogobierno, que Cataluña esté ensimismada, que los catalanes estemos ensimismados. España es la que está ensimismada, ya que es incapaz de edificar un Estado que respete y reconozca las distintas y diferentes necesidades de los ciudadanos de cada territorio. Coincidimos con los que señalan que, a pesar de los avances del autogobierno experimentados durante un cuarto de siglo, no se ha avanzado lo suficiente en este terreno, en el autogobierno. Ha sido un periodo de contención de la autonomía debido tanto a los condicionantes impuestos por los sucesivos gobiernos estatales como al proceso de integración de la Unión Europea.

En el caso andaluz, como en el catalán, quedan importantes transferencias por parte del Estado que hay que asumir ?confederaciones hidrográficas, un Guadalquivir netamente andaluz, instituciones penitenciarias, parques nacionales, etcétera? y que han sido objeto de constantes reclamaciones por parte de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, Andalucía se ha visto afectada por la invasión de leyes estatales en su acervo competencial autonómico, distintas leyes que han oscurecido los objetivos marcados por el artículo 12.3 del vigente Estatuto, de forma que se registran incumplimientos en ámbitos tan importantes como el del pleno empleo, la reforma agraria o el aprovechamiento de los recursos de Andalucía. Los indicadores de empleo, del nivel de renta o de la convergencia real con Europa demuestran que Andalucía se halla todavía lejos de asegurar la prosperidad y la cohesión social necesarias.

Por todo ello es razonable que el nuevo Estatuto pueda servir a los objetivos de obtener el mayor nivel de autogobierno posible, la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas y la definición de nuevos hitos de cara al futuro. La propuesta de reforma presentada por el Parlamento de Andalucía, en esencia, pretende fortalecer las señas de identidad de los andaluces, aumentar el techo competencial de Andalucía, mejorar y modernizar las instituciones andaluzas, incorporar nuevos derechos, adecuar las instituciones andaluzas a la pertenencia de España a la Unión Europea y garantizar una financiación suficiente.

Son objetivos todos ellos que se asemejan a los presupuestos iniciales de la propuesta del nuevo Estatuto surgida del Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado. Paralelamente, es curioso señalar que un texto aprobado por el 90% del Parlament de Cataluña, una vez llegado a Madrid, se recorta en un 67% de ese contenido inicial y, en cambio, un Estatuto como el andaluz, que llega avalado por el 62% del Parlamento ?y digo, absolutamente legítimo? se presenta sin tijeretazos ni recortes. Con esto, señorías, no reclamo que el Gobierno tijera en mano apedace el Estatuto andaluz, sino que desde mi grupo, Esquerra, una vez más reivindicamos el respeto democrático a las voluntades y decisiones legítimas de nuestras instituciones. En ese sentido, es paradójico que el Gobierno español respete de manera inversa los diferentes niveles de consenso institucional.

Por otro lado, lo sospechoso no es que los objetivos de ambas propuestas estatutarias sean plenamente coincidentes, sino que finalmente la propuesta del Parlamento andaluz se parece a la catalana como si se tratase de dos gotas de agua. A la postre, el Partido Socialista ha impuesto un patrón, un cliché que ha servido primero para cepillar el Estatuto catalán ?esto no lo dice un servidor, lo dice Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional en esta Cámara? y luego para trasladar al Estatuto andaluz un contenido similar a lo que pone de relieve que ha sido un acuerdo entre Zapatero y los principales dirigentes territoriales del Partido Socialista el que ha diseñado la matriz de todas las reformas estatutarias. De modo que cuando el dirigente señor Artur Mas de Convergència i Unió, partido de la oposición en el Parlament de Catalunya, pactó en La Moncloa el Estatuto catalán no tuvo ninguna intervención decisiva, sino que Zapatero se limitó a endosarle íntegramente su pacto con algunos dirigentes del PSOE, importantes sin ninguna duda, como pueden ser el señor Chaves y el señor Ibarra, y él lo aceptó sin poner ninguna traba. De esta forma, Convergència i Unió selló su pacto con el PSOE con el afán de volver al Gobierno en Cataluña al precio que fuera, aceptando la desnaturalización del Estatuto y rompiendo un Gobierno en Cataluña, el primer Gobierno de izquierdas desde los años treinta. Ya se sabe que en el PSOE hay quien entre el centralismo y la izquierda se queda con lo primero, aunque haya que sacrificar un Gobierno progresista y un Gobierno leal. El centralismo prefiere un Gobierno de derechas en Cataluña porque siempre será más dócil que un Gobierno de izquierdas.

Esta tramitación pone de manifiesto un segundo turno del café para todos, un segundo turno más endulzado que podríamos bautizar como el café con sacarina para todos. Las esencias son las mismas, solo que alegradas con pequeñas concesiones y con capas de maquillaje. Desde nuestro punto de vista esta no es la dinámica correcta, ya que cada territorio tiene necesidades distintas.

En nuestro caso, Cataluña requiere un sistema de financiación que permita desarrollar un conjunto de políticas sociales que conformen un territorio equiparado socialmente en lo que se refiere a la protección y a su potencial productivo y económico. El Estatuto recortado de La Moncloa consolida un modelo de financiación desfasado con las tímidas mejoras de un regate en corto protagonizado por el Partido Socialista.

Y por si alguien alberga todavía alguna duda, no hay más que hacer una lectura comparada del texto final de la propuesta del Estatuto catalán que va a someterse a referéndum próximamente y el texto que hoy estamos debatiendo.

En primer lugar, empezando por los aspectos relativos al universo simbólico, a la identidad comunitaria de Andalucía, descrita como nacionalidad histórica, cuyos poderes emanan del pueblo andaluz, o lareferencia a los andaluces del exterior, o la referencia a los derechos en el artículo 9, que es una transcripción literal de un artículo idéntico que figuraba en la propuesta catalana redactada de puño y letra por Esquerra y que finalmente cayó en el trámite en el Congreso.

En segundo lugar, siguiendo con la incorporación de un título de derechos sociales, deberes y políticas públicas que contiene referencias idénticas en aspectos como la protección de la familia, los menores, las personas mayores, la muerte digna o la educación. Permítame que ilustre esta referencia a la educación prevista en el artículo 21, ya citado en esta tribuna, diciendo que en dicho precepto figura una referencia a la laicidad en la enseñanza pública en los mismos términos que figura en el Estatuto catalán. Por cierto, la similitud, que no el azar, ha hecho que este artículo también sea el 21 de la propuesta catalana.

En tercer lugar, tanto o mayor similitud se nos antoja en el título II relativo a las competencias. La propuesta examinada asume la misma tipología de las competencias hecha por el estatuyente catalán y le da parecido alcance a las materias submateriales competenciales, incluso adopta una cláusula de cierre del artículo 83 que permite a la Comunidad Autónoma de Andalucía asumir las facultades y funciones no expresamente contempladas y que resultan inherentes del ejercicio de las distintas competencias. Todo ello configura un diseño de competencias muy similar al que figura en el Estatuto catalán.

En cuarto lugar, lo mismo puede decirse del título III, relativo a la organización territorial e institucional, donde las principales novedades del Estatuto catalán han sido reproducidas miméticamente: el control de la legislación delegada, el decreto ley, las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno, el consejo audiovisual.

En quinto lugar, a su vez, el diseño del Poder Judicial evidencia no solo las mismas limitaciones del Estatuto catalán sino que previene las mismas competencias en materia de medios personales, materiales, justicia gratuita, demarcación y planta, justicia y paz, proximidad y cláusula subrogatoria.

En sexto lugar, el mayor exponente de tanto mimetismo es el capítulo relativo a la Hacienda de Andalucía, donde se pone de relieve lo que fue el pacto Zapatero-Chaves, al cual se añadió más tarde el señor Mas y pasó a conocerse como el pacto Zapatero-Chaves-Mas, y las escasas diferencias entre el caso catalán y el andaluz. La más destacada quizá sea la suficiencia financiera, atendiendo fundamentalmente a criterios poblacionales que benefician a Andalucía.

Por lo demás, se incorporan aspectos de organización de los tributos, se crea una comisión mixta de asuntos economicofiscales Estado-Andalucía y algunas otras cuestiones que plasman el mismo armazón del modelo de financiación catalán, que luego deberá extenderse a las comunidades de régimen común.

En séptimo lugar, respecto a las relaciones con el Estado, comisión bilateral, junta de Estado, instrumentos de colaboración, participación en instituciones estatales, así como en el resto de comunidades autónomas a través de convenios y acuerdos de cooperación o en todo lo relativo a las relaciones con las instituciones de la Unión Europea, las coincidencias son tanto o más abundantes.

En octavo lugar, si los proponentes son honestos, deberán reconocer que las únicas novedades en relación con el Estatuto catalán son la incorporación de sendos títulos relativos al medio ambiente y a los medios de comunicación social.

En todo lo demás, salvo algunos matices,  estamos ante dos auténticos clones que confirman lo que ya se ha dicho: que a pesar de que el PSOE y el señor Zapatero desecharon poner en marcha la fotocopiadora entre el alud de reformas estatutarias, finalmente han acabado haciendo lo contrario. Y es que el Gobierno ha instalado una copistería en La Moncloa.

Todo ello no va a ser óbice para que nuestro grupo dé apoyo a lo que el Parlamento andaluz y la mayoría de parlamentarios andaluces han expresado muy mayoritariamente.

Nosotros ya no participamos de lo que en su día se denominó la vía catalana. Nuestro grupo cree que, ante los recortes y laminaciones experimentados en el caso catalán, no queda otro remedio que el rechazo al texto aprobado por las Cortes Generales y situar nuestro horizonte más allá de lo que PSOE y Convergència en su día acordaron. Durante el debate de reforma del Estatuto en el Parlamento andaluz, un representante del Partido Andalucista manifestó que lo que el señor Zapatero hizo con el Estatuto de Cataluña en Andalucía no ha sido un punto de partida sino un techo, un nuevo capítulo de café para todos. La vía catalana, caracterizada por el diálogo y el consenso, ha desembocado después de los recortes en una plantilla de uso generalizado, renunciando de esta manera
a la negociación y al consenso en beneficio de las necesidades y particularidades de cada territorio para un encaje genérico de uso global.

Desde la izquierda nacional catalana defendemos el trabajo de sastre encada territorio frente a la homogeneización del bolilloZapatero-Chaves-Mas, de aplicación universal. El profesor Noam Chomskytilda de países díscolos a aquellos que son capaces de reparar lasnecesidades al resto del mundo, pero que a la vez son capaces de permitirla creación de un cuarto mundo en sus ciudades y pueblos. De esta maneracoexisten índices de bienestar elevados con bolsas de pobreza ypoblaciones especialmente desfavorecidas. Cataluña va camino de destacaren este ámbito y convertirse en unpaís díscolo, pero no por la vía directasino por la imposición externa de un nivel de solidaridad mal planteadoque arrasaría con las cuentas de resultados de cualquier país desarrollado. Con un encaje de bolillos muy ajustado estamos perdiendo la oportunidad de solucionar, de una vez por todas, un sistema de financiación injusto que no nos permite avanzar hacia la prosperidad, el bienestar y la inclusión social. De la voluntad de la vía catalana de superar este callejón sin salida hemos pasado a la hipoteca de un pacto de mínimos, muy por debajo del horizonte del 30 de septiembre que divisó el Parlament de Catalunya.

No creo que este vaya a ser un problema de los andaluces, ni tan siquiera creo que el rechazo del Partido Popular se exprese en los mismos términos furibundos y hostilesque en el caso catalán, que tanto daño ha hecho, hasta llevar a Rajoy a ganar esa batalla, aunque no lo parezca. Antes bien, lo previsible es que la tramitación de esta propuesta vaya a ser mucho más pacífica y sinceramente les deseamos la mejor suerte. Por todo ello, señorías, les anunciamos nuestro apoyo a la toma en consideración como signo de respeto a la voluntad del pueblo andaluz y de sus instituciones.

Quién hubiera dicho hace 20 años que el Estatuto de Andalucía contendría el concepto de realidad nacional y que hoy mismo los demócratas en general y los catalanes, una parte importante de catalanes, celebraríamos el nacimiento de un nuevo Estado en Europa, tutelado por la Unión Europea, Montenegro. Porque, señoras diputadas y señores diputados, las naciones, las regiones y los Estados no son inmutables, se mueven, mudan, cambian, evolucionan. En la Europa desarrollada, la Europa del primer mundo, se irá resolviendo el difícil encaje entre los Estados nación y las naciones sin Estado y España no va a ser una excepción, les guste o no.

Quiero terminar felicitando al Parlamento de Andalucía, a sus representantes, por su defensa de un texto que les puede suponer un salto cualitativo en la mejora de las condiciones de vida de todos los andaluces y andaluzas.

Y quiero acabar con la expresión de un nacionalista andaluz, con la expresión de un referente histórico para Andalucía, Blas Infante, un nacionalista andaluz que fue compañero y amigo de Lluís Companys, el que fue presidente de la Generalitat de Catalunya. Decía Blas Infante: Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumar definitivamente el acabamiento de la vieja España; declarémonos separatistas de este Estado que con relación a individuos y pueblos conculca sin frenos los fueros de la justicia y del interés, y sobre todo los sagrados fueros de la libertad de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros; y ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional.

Muchas gracias, señora diputadas, señores diputados.

(Aplausos.)

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 246-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de Expediente 127/000004.) pag.  10568

Aprobación 2 de noviembre de 2006

El señor PRESIDENTE:  El turno corresponde a Esquerra Republicana. Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías,

La ciudadanía andaluza representada por su Parlamento nacional puede sentirse satisfecha porque su legítima aspiración a dotarse de mayores capacidades de autogobierno ha encontrado en los representantes del Parlamento español comprensión y apoyos políticos suficientes, tal como quedó reflejado en la última sesión de la Comisión Constitucional celebrada hace pocos días. De hecho, excepto los dos únicos representantes andalucistas, la delegación andaluza mostró tanta satisfacción como votos afirmativos recibió el texto por parte de los miembros delegados de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Como quiera que el texto colma hoy por hoy sus aspiraciones, nos felicitamos por ello y nos congratulamos por haber contribuido a alcanzar su objetivo.

En consecuencia, el próximo mes de febrero el pueblo andaluz podrá refrendar una nueva carta autonómica clónica del Estatuto de Autonomía de Cataluña, gracias a los acuerdos previos pactados por los barones territoriales del Partido Socialista Obrero Español y, posteriormente, avalados por el señor Mas en La Moncloa, aval este último materializado de espaldas al Parlamento de Cataluña, priorizando así los intereses clasistas de Convergència i Unió por encima del interés patriótico.

Es bien cierto que a pesar de los progresos autonómicos experimentados durante un cuarto de siglo, no se había avanzado lo suficiente en el terreno del autogobierno a causa de la contención de los traspasos competenciales impuestos por los sucesivos gobiernos estatales o al mismo proceso de integración en la Unión Europea. En definitiva, quedaban competencias por asumir reclamadas insistentemente por la Junta de Andalucía, cuando no la misma Comunidad Autónoma andaluza se vio afectada por la invasión de leyes estatales.

En Andalucía se conoce la posición del independentismo catalán respecto al nuevo Estatuto desde el día en que el nuevo texto proveniente del Parlamento andaluz desembarcó en el Congreso de los Diputados. Entonces ya manifestamos nuestra voluntad de respetar la decisión de los legítimos representantes de la soberanía andaluza, es decir, la de su Parlamento, el de allá, no el de aquí.

Para Esquerra Republicana, la liberación nacional de los pueblos es inseparable de la consecución de una sociedad libre y solidaria, superadora de las injusticias sociales. Por eso, en este tránsito y para alcanzar dicho objetivo, la profundización en el autogobierno permitirá, por un lado, acelerar el proceso de fortalecimiento de la conciencia nacional, sin duda emergente, del pueblo andaluz y, por otro, fortalecer su democracia política y social y reparar los múltiples agravios históricos padecidos desde el Estado español y desde una españolidad rancia y explotadora, que había pretendido condenar a Andalucía a la condición de colonia interior de la España castellana. Y a nosotros, como republicanos, defensores del derecho a la autodeterminación, solo nos cabe defender un único criterio basado en el respeto a la decisión del Parlamento andaluz.

Hemos actuado, pues, en coherencia con nuestras ideas. Es más, permítanme que les manifieste con toda sinceridad que el valor de nuestro posicionamiento radica en esta consecuencia. No les quepa ninguna duda de que si el Parlamento español se hubiese pronunciado mayoritariamente en contra de su texto o hubiere decidido recortar sus aspiraciones de autogobierno, tal como ya se llevó a cabo con otros proyectos de reforma estatutaria debatidos en esta misma legislatura, nosotros, la izquierda nacional catalana, nunca hubiéramos avalado tal decisión, porque, repito, para Esquerra Republicana la soberanía andaluza recae en el Parlamento nacional andaluz. Dicho con otras palabras, las aspiraciones de autogobierno de Andalucía siempre encontrarán el apoyo y la solidaridad del independentismo catalán, en las verdes y en las maduras.

En el caso andaluz, además, todavía con más razones si cabe por el origen andaluz de una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de la Cataluña actual, todos ellos comprometidos con las aspiraciones de libertad de la tierra de sus padres o de sus abuelos. Pero hay más, en la Cataluña de los albores del siglo XXI el catalanismo sustenta la unidad civil de las clases populares de distintos orígenes, lo cual nos hace afirmar con orgullo que, a diferencia de la España conclusa, somos una nación en construcción, como lo es Andalucía que, tal como reconoce el texto que vamos a aprobar, halló su fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía expresada en las urnas mediante referéndum en el año 1980.

En la actual legislatura, en la que tantas confianzas se habían depositado para poder avanzar hacia el Estado plurinacional de corte federal, la coherencia ideológica de Esquerra Republicana va abriéndose camino en un barrizal de renuncias con tradiciones e hipocresías políticas protagonizadas por los dos grandes partidos políticos españoles. Detrás de esta afirmación existe, evidentemente, espacio para el matiz y para la diferencia entre una izquierda que, desgraciadamente, lastra modernidad por culpa del jacobinismo y la derecha reaccionaria y nacionalista instalada en la agresividad anticatalana. Evidentemente, nosotros sabemos distinguir los unos de los otros, pero no es menos cierto que los hechos son palmarios.

La voluntad del Parlamento de Euskadi no fue merecedora del mismo respeto que han gozado los representantes del pueblo andaluz, del mismo modo que, tal como he apuntado al inicio de mi intervención, tampoco lo fue la proveniente del Parlamento de Cataluña. El texto de modificación del actual Estatuto de Gernika, que fue presentado en esta Cámara por el lehendakari Ibarretxe, en nombre del Parlamento de Euskadi, ni siquiera fue aceptado a trámite y debate. Y en cuanto al texto estatutario catalán, como bien saben, aun cuando llegó con el apoyo del 90% de sus electos, fue notablemente recortado en el Parlamento español.

Es más, las dos fuerzas políticas mayoritarias, Partido Socialista y Partido Popular, como derivada del acuerdo entre los barones territoriales socialistas, pactaron en origen niveles de autogobierno de menor intensidad y profundidad para dos de los territorios nacionales de los Països  catalans con la pretensión de culminar una segunda fase en el diseño del Estado descentralizado administrativamente, pero que obvia la realidad plurinacional del Estado. Efectivamente, este mismo Parlamento que hoy dará satisfacción a sus aspiraciones mayoritarias ha aprobado un texto estatutario, el del País Valencià, que consagra el secesionismo lingüístico de nuestra lengua  nacional y otro, que pronto será aprobado con la bendición del Partido Popular y del Partido Socialista, que niega la igualdad en cuanto a derechos y deberes entre las lenguas catalana y española en Illes Balears, preámbulo de la minorización total y absoluta de su lengua propia, así como su progresiva sustitución por la lengua
castellana.

Desde la solidaridad catalana hacia Andalucía le reclamamos reciprocidad. Nos resistimos a aceptar que sea Andalucía uno de los graneros del anticatalanismo. Es vergonzoso que haya recaído en el Partido Popular de Andalucía ?quizás en el que más? la mayor beligerancia en contra de Cataluña y en contra de su reforma estatutaria elaborada y aprobada por su Parlamento nacional. El Partido Popular andaluz ha desplegado afán y voluntad para sembrar la discordia y el odio en contra de Cataluña, fomentando la mentira y la ignorancia a través de los medios de comunicación y la propaganda mediática e intentando, además, trasladar la animadversión política al terreno económico con el boicot a los productos comerciales catalanes. El Partido Popular a la manera goebbeliana utilizó, y sigue utilizando, el sustrato catalanofóbico existente en la sociedad española y andaluza para arremeter contra Cataluña y su Estatuto actual con la voluntad de laminarlo, incluso ahora, una vez plebiscitado, y posiblemente en un futuro inmediato intentará dificultar su despliegue tanto respecto a las intensidades como a los tiempos. Desde Cataluña tanto odio se vivió con dolor, sobre todo entre los catalanes de origen andaluz.

En los primeros años del posfranquismo, el nacionalismo español, llevado por la mala conciencia de la voluntad de genocidio de las culturas catalana, vasca y gallega, pareció querer enterrar y superar su carácter expansionista y castellanista que adquiría vida y fuerza en la negación de las otras realidades nacionales. Aun así, después de dos decenios de democracia, en los últimos años hemos vivido con perplejidad hasta qué punto en la sociedad española todavía era posible la movilización popular en contra de las pretensiones de autogobierno surgidas desde Cataluña, menospreciando las capacidades interpretativas de la propia Constitución española, rentabilizando electoralmente la catalanofobia y arrastrando al Partido Socialista hasta el límite de hacer incumplir al presidente español el compromiso de respetar la voluntad del Parlamento catalán.

A Cataluña, una vez más, le ha correspondido asumir un gran desgaste político y sacrificar incluso las potencialidades del primer Gobierno de izquierdas de la Generalitat, desde la recuperación de las libertades, para abrir una brecha en el inmovilismo del Estado de las autonomías, en beneficio de la sociedad catalana, ciertamente, pero también en beneficio de la sociedad andaluza, porque nadie puede negar el papel motor del catalanismo político. Decía el diputado de Izquierda Unida y amigo, Antonio Romero, en un alarde de pedagogía ?y lo cito textualmente?: Queremos estar en la escapada buena y, si hay un tirón del ciclista catalán, tenemos que ir a su rueda. Sin duda, esta es una gran verdad.

La estigmatización de Cataluña y lo catalán, los judíos de España en el maginario de tantos y tantos españoles de derechas, ya permitió reconvertir el nacionalismo español de cariz fascista, heredado del franquismo, en orgullo nacional constitucionalista español en la década de los años ochenta del siglo pasado, a costa de Cataluña, por supuesto. Recuerden, si no, la obsesión patológica del señor Guerra por encarcelar al presidente de la Generalitat de Catalunya, señor Pujol, y su afán por hacer cuajar la ecuación que igualaba lo catalán a lo burgués y lo local a lo retrógrado, frente a una hipotética modernidad socialista y, evidentemente, española. Este es el precio que debemos pagar los catalanes para seguir aspirando a alcanzar algún día la plena soberanía.

Frente a esta perversión, los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía deben saber que a Esquerra Republicana, al catalanismo político de izquierdas, no nos perturba lo más mínimo que otros pueblos alcancen el mismo nivel de autogobierno y libertades al que aspiramos nosotros, puesto que de lo que se trata es de que, finalmente, se reconozca el Estado español como un Estado plurinacional en el que Andalucía ocupe un lugar con identidad propia, aquella que su ciudadanía desee alcanzar.

Ahora bien, denunciamos el papel vergonzante del Partido Popular, instalado en la hipocresía política y en la catalanofobia que, después de haber arrastrado al señor Rodríguez Zapatero a incumplir los compromisos adquiridos, no contento con lo conseguido, anda empeñado en negar a Cataluña incluso el texto estatutario plebiscitado y refrendado por sus ciudadanos con un 74% de votos afirmativos. La presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional y su capacidad de contaminación de instituciones democráticas, como la del Defensor del Pueblo, beligerante, no en defensa sino en contra del pueblo catalán, fundamentados en razones que no son merecedoras de igual comportamiento ante el Estatuto de Andalucía, son buena prueba de ello. Sin duda, la falta de escrúpulos y de tradición democrática de los dirigentes del Partido Popular, les permite intercambiar principios formulados como irrenunciables en el caso catalán por pragmatismo en cuanto a Andalucía, en tanto en cuanto aspiran a poder ocupar algún día la Junta de Andalucía y esto les obliga a no volver a cometer los mismos errores que en 1980, cuando la izquierda andaluza, y solo la izquierda, logró alcanzar el mismo nivel competencial que los territorios históricos, a través del procedimiento del artículo 151 de la Constitución española, quedando la derecha al margen del proceso. Por ello, instamos a la sociedad andaluza a profundizar, en el marco de las potencialidades que contiene el nuevo texto estatutario, en el conocimiento de la realidad nacional catalana.

Para Esquerra Republicana, es un triunfo el reconocimiento de la realidad nacional andaluza en el texto que apoyamos hoy en esta Cámara. De igual manera, queremos manifestar que nos preocupa que este reconocimiento lleve parejo referencias a la indisolubilidad de España.

A nuestro entender, tan deficiente y estéril se demostró pretender formar conciencias nacionales andaluzas a partir del anticatalanismo ?recuerden como lo resumió don Javier Pulido en 1985, cuando hizo referencia al anticatalanismo andaluz, la conciencia nacional de los imbéciles?, como lastrar el tránsito, imperativo por razones de subsidiariedad, de cultura y de modernidad, hacia el reconocimiento de las naciones sin Estado en la Unión Europea con apelaciones arcaicas, arcaicas a la indisolubilidad de España. Según qué referencias a la indisolubilidad o indivisibilidad incluso pueden provocar cierta hilaridad, desde el recuerdo del propio texto de la

Constitución de Cádiz en referencia a la indisolubilidad de los territorios españoles de ambos hemisferios, hasta las grandes variaciones de fronteras acaecidas en los últimos años en Europa.

No obstante, lo cierto es que esta referencia podría esconder algo más preocupante si ustedes no se aplican a superar la catalanofobia que subyace en una parte del pueblo andaluz. Me refiero a la negación de las aspiraciones nacionales de los países catalanes. Sin duda nuestro pueblo, así como otros del actual Estado español, van a plantear en los próximos años, en la medida en que la correlación de fuerzas lo permita, la necesidad de ejercer el derecho a la autodeterminación o, dicho de otra forma, hacer realidad un proceso de libre decisión o de pacto con el Estado para establecer nuevas cláusulas de articulación. No nos cabe en la razón la constatación de que el pueblo andaluz o sus autoridades pudieran apelar, en base a la indisolubilidad de España que se consagra en el texto estatutario, en contra de Cataluña, en contra de Euskadi o en contra de otros pueblos ibéricos.

Por solo esta razón, hubiéramos podido abstenernos o votar en contra del texto, pero ello hubiera significado negar la capacidad de entendimiento entre los pueblos andaluz y catalán, y nos negamos a abonar este hipotético camino. Aún así, les instamos a superar cualquier atisbo de anticatalanismo, de agresividad con una nación catalana que tan solo aspira a su plena soberanía y se siente fraternalmente hermanada con Andalucía.

Cataluña y los países catalanes no vamos a renunciar a nada. El conflicto existe y, por decirlo de forma llana, la partida está abierta, como lo está en Québec, en Kosovo, en Flandes o en Euskal Herria. Esta es la razón por la cual se explica por qué se ha aceptado el artículo 9 del Estatuto de Autonomía referido a los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, justamente aquellos que establecen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero que fueron rechazados en la propuesta catalana a través de enmiendas del Partido Socialista y del Partido Popular.

Hoy por hoy, el caso andaluz no comporta riesgos para la unidad de la nación española y, por el contrario, se cree que en el caso catalán quizá sí. En consecuencia, constatamos la doble moral de algunos partidos políticos españoles a la hora de aceptar determinadas reivindicaciones o expresiones nacionales. Por otra parte, es evidente que detrás de este acuerdo alcanzado en el Estatuto de Andalucía se visualiza el compromiso del Partido Popular en las reformas estatutarias emprendidas por el Partido Socialista, que justamente marca el techo competencial máximo para las reformas siguientes; de ahí que nos preguntemos el significado y las consecuencias de tal acuerdo para con el nuevo intento de recorte, la segunda cepillada, dicho a la manera del señor Guerra, a la que no renuncia el Partido Popular. ¿Vamos a pagar los catalanes en el texto plebiscitado por nuestro pueblo el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español? Esta es la pregunta que el tiempo resolverá.

Termino, señor presidente, expresando el deseo de que esta nueva carta estatutaria pueda servir a los objetivos y obtener la mejora de la calidad debida de la ciudadanía andaluza y la definición de nuevos hitos de para el futuro. Es bien cierto que los indicadores de empleo, del nivel de renta o de convergencia real con Europa demuestran que todavía hoy día Andalucía debe asegurar la prosperidad y la cohesión social necesarias para sus clases populares. Por ello, celebramos su satisfacción de haber conseguido que el Estatuto reconozca el compromiso del Estado de utilizar como referencia inversora el criterio poblacional, por cuanto ello deberá beneficiar a Andalucía. De igual manera, celebramos que hayan conseguido, que hayamos conseguido ver reconocido, mediante asignaciones complementarias, el pago de la deuda histórica derivada del Estatuto de 1981, donde se preveían fondos excepcionales de financiación para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Andalucía.

Desde el republicanismo catalán queremos dejar constancia una vez más, de las mismas palabras que este mismo diputado pronunció en la Comisión Constitucional el pasado 13 de septiembre: Andalucía será lo que los andaluces y andaluzas quieran que sea y no nos incumbe juzgar su mayor o menor grado de intensidad nacional. Deseamos que el Estatuto de Autonomía andaluz sea una herramienta esencial para el progreso nacional y económico de Andalucía.

Este era el sueño de Blas Infante, a quien dedicamos nuestro homenaje emocionado cuando se cumplen 60 años de su asesinato en manos de los fascistas. Pasarán los Aznar, pasarán los Múgica, pasarán los Herrero Tejedor y toda la corte de discípulos nacionalistas españoles de la derecha extrema que hoy comandan el Partido Popular u ocupan instituciones al servicio del nacionalismo español. Pasarán los Guerra, los Bono, los Vázquez y tantos otros militantes del anticatalanismo. Todos ellos pasarán ineludiblemente, como también ya son historia aquellos fascistas que estuvieron a punto de culminar el genocidio cultural y lingüístico de nuestra nación catalana durante el franquismo, pero que no pudieron con nuestra voluntad de pervivencia.

Cataluña, los Països Catalans, plantearán al Estado español dentro de pocos años el derecho a decidir nuestro futuro. Cuando llegue ese día esperamos de Andalucía solidaridad y respeto con el pueblo catalán, de igual forma que los catalanes y las catalanas lo somos y nunca dejaremos de serlo con ustedes. Tarde o temprano tendrán que valorar si les merece mayor respeto la voluntad del pueblo de Cataluña a ejercer el derecho a la autodeterminación o su voluntad de mantener la patria española, su otra patria compartida, como una e indisoluble. Nosotros nos conformamos, nos comprometemos con la fraternidad de los pueblos.

Déjenme que les diga las últimas palabras en mi lengua:  ¡Visca Andalusia Lliure!