Miquel Roman

Es muy conveniente para entender el presente conocer el pasado. Particularmente cuando determinados hechos siguen siendo aún hoy -transcurrido un cuarto de siglo de aquellos acontecimientos- imprescindibles para entender la realidad y mantienen un carácter fundacional, tanto del régimen que soportamos como del discurso justificador de las fuerzas políticas que lo encarnan y vertebran.

Este conocimiento es particularmente necesario para poder establecer con rigor cuales son las reales -y no retóricas o genéricas- líneas de delimitación política entre quienes contribuyen a mantener la dominación de Andalucía y quienes andan comprometidos en conseguir su emancipación nacional y social.

Una forma de hacerlo es recuperar los pronunciamientos textuales de las fuerzas políticas en aquellos momentos claves. Es su propia voz la que los ubica en un sitio u otro y muestra en perspectiva sus limites, sus objetivos, sus prioridades; especialmente cuando se contrastan con la sensibilidad social contemporánea o con los discursos públicos de esas misma fuerzas en otros ambitos.

ANDALUCIA PERLAS ESTATUTARIAS
LA ESTAFA DEL ESTATUTO DE 1981

A continuación, algunos extractos de intervenciones, textos y propuestas suscitados en la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Asamblea de parlamentarios andaluces, que redactaba el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981.

*Preámbulo al Estatuto propuesto por el PSA-PA:

"El pueblo andaluz, en el ejercicio de su derecho a la plenitud democrática, ha luchado por conseguir el autogobierno cada vez que en la historia contemporánea de España ha habido una posibilidad para el ejercicio pleno de las libertades. Al amparo de la Constitución de 1978 ha tenido la oportunidad de expresar inequívocamente esa voluntad autonómica, mediante referéndum, en la memorable jornada del 28 de Febrero de 1980. Fruto de esta voluntad histórica, el Estatuto de Autonomía constituye la expresión de la identidad colectiva de Andalucía y es la vía institucional para la superación del subdesarrollo andaluz. Consecuentemente con su tradición solidaria, pese a las expoliaciones históricas a que se ha visto sometida, Andalucía exige ahora, en el marco de la unidad de la nación española, la solidaridad de los pueblos de España.  Al otorgarse el presente Estatuto el pueblo andaluz quiere rendir homenaje a Blas Infante y a todos los andaluces que, como él, supieron vivir y morir por una Andalucía libre. Por fidelidad a los principios expresados y para hacer realidad el indeclinable derecho a la autonomía, los parlamentarios andaluces proponen, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acuerda, el pueblo andaluz refrenda y las Cortes Generales ratifican el presente Estatuto de Andalucía". (Las negritas son nuestras). Rechazado.

*La redacción final del articulo 1.1. Definición de Andalucía

Corresponde a una propuesta del PSOE, que es quien introduce las referencias a la ‘nación española’ etc. La UCD no llegaba a tal nivel de claridad. La redacción es:

"1.1. Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles."

El PSA-PA proponía como formula alternativa, en principio: "El pueblo andaluz, como expresión de su nacionalidad y para alcanzar el autogobierno, se constituye en Comunidad autónoma". Ahora bien, como explicaba su diputado Arredonda (PSA-PA): "Nosotros dijimos que no teníamos ningún inconveniente en que en la formula propuesta por nosotros se añadiera un párrafo que fuera exactamente igual que la formula actual y que dijera a partir de la definición de Andalucía como nacionalidad, que en el marco indisoluble de la nación española. Curiosamente los partidos de estructura estatal han querido poner este párrafo aquí y no se ha puesto en otros estatutos"

Rodriguez de la Borbolla y Camoyan (PSOE), aclaraba el sentido y la entidad de la propuesta: "Nosotros pensamos que no es casualidad esta introducción. Y no es casualidad por dos razones. En primer lugar, porque se trata del primer Estatuto por la vía del 151 en el cual, serenamente, los partidos españoles han tenido un papel predominante en su elaboración (…) es lógico pensar que en este estatuto se haga un mayor énfasis en la idea de españolidad que el que se hace en otros estatutos.

En segundo lugar, es también este el primer estatuto por la vía del articulo 151 en el que los partidos representantes de la izquierda han tenido una mayoría predominante en su elaboración en sede andaluza. Esto nos ha hecho pensar con seriedad en la necesidad de recoger en el estatuto la referencia a la idea de Patria, a la idea de España como patria común de todos los españoles, superando los intentos -no eliminados todavía del panorama patrio- de secuestro de esa realidad común de todos por parte de una minoría."

*¿Una vía vergonzante hacia un Concierto económico andaluz?

El PSA-PA proponía como enmienda o voto particular, introducir en el texto estatutario una Disposición adicional que dijera: "La Comunidad autónoma, si así lo acordara su Parlamento, gozará de los mismos niveles de concertación con la Hacienda estatal que los establecidos en los Estatutos vigentes en el momento de culminación de la iniciativa autonómica andaluza".

En contra de la propuesta, argumentaba así el diputado Pérez Royo (PCE), ejerciendo de defensor de los intereses esenciales del Estado:  "Entendemos que eso no cabe fuera del País Vasco y difícilmente sería concebible una generalización del sistema de conciertos, que sería tanto como el despedazamiento del Estado a nivel económico o a nivel de Hacienda. Por esto no está tampoco en el caso de Cataluña; por esto no está en el caso gallego y por eso entendemos nosotros que está absolutamente fuera de lugar reclamarlo con un criterio emulativo incorrectamente entendido en relación a Andalucía".  Rechazada.

* La llamada Reforma Agraria

La redacción final que recoge el estatuto sobre la llamada Reforma Agraria proviene de una propuesta transaccional del PCE, leída por el diputado Soto que dice así: "12.11. La Reforma Agraria entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de una
política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales"

Prueba irrefutable de que todos los actores eran conscientes de lo que hacían -y de lo que no hacían- consta en la propuesta-voto particular al respecto que defendía el PSA-PA y que era formulada como la introducción de un nuevo articulo 17-bis en el texto estatutario del siguiente tenor: "17.1. El sector primario de Andalucía está al servicio de los intereses de la comunidad. 2. Por ley andaluza se establecerá el régimen de propiedad, utilización, explotación y disposición del suelo, agrícola o urbano, las aguas, la minería, los hidrocarburos y cualquier otra fuente de energía. 3. La Comunidad autónoma desempeñará en exclusiva las competencias de reforma agraria y las relativas a la mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La agricultura y en general todo lo referente a los recursos naturales de Andalucía, competen en exclusiva a
la Comunidad Autónoma en coordinación con la política económica general del estado. A tal fin, ejerce los poderes públicos conforme a lo establecido en los anteriores artículos de este titulo".

El PSOE decía claramente porqué no cabía esa propuesta y lo hacía por boca de su diputado Rodríguez de la Borbolla, que luego sería designado Presidente de la Junta tras la defenestración de Escuredo; para ser a su vez sometido a similar trato, dando paso a Chaves- : "Fundamentalmente, los motivos de la oposición se refieren al apartado 2 que dice: ‘Por ley andaluza se establecerá el régimen de propiedad, utilización, explotación y disposición del suelo…? etc etc, por entender que choca frontalmente con lo establecido en articulo 149 (de la Constitución española), entre otros, en los apartados 8, 18, en lo referente a la legislación básica sobre contratos y el 22 en lo referente a aprovechamientos hidráulicos, etc- Por tanto, sería una redacción, un comportamiento estrictamente anticonstitucional la inclusión de esto y atentaría contra la igualdad entre todos los españoles, sea cual sea el territorio en que residan, recogida en el articulo 139 de la Constitución".

Dandose por aludido, el PCE, nuevamente por boca de su diputado Soto -antecesor de Felipe Alcaraz, también presente en esa comisión, en el cargo de secretario general de su sucursal andaluza- aporta la siguiente aclaración de análisis, voluntades y proyectos: "Yo no defenderé este objetivo de la reforma agraria como si estuviese en la plaza de un pueblo o hablando con los campesinos o con los jornaleros andaluces; cada momento tiene su afán(…)

Yo quiero decir que lo que vamos a aprobar en el apartado 11 del numero 8 del articulo 12 es una voluntad política de que en Andalucía haya una reforma agraria y en cuanto a las competencias exclusivas de Andalucía hay que recordar que están totalmente mediatizadas por las leyes económicas, que son potestad del Parlamento central, del Estado y del Gobierno de la Nación (se refiere al Gobierno español). Pero creo que expresar en el Estatuto la voluntad política de los andaluces de ir a esa reforma es un punto importante que a nosotros nos permitirá defender con mucha más intensidad el Estatuto para Andalucía. Igualmente quiero dejar muy claro que no hay espantajos de reforma agraria, en el sentido del simple repartimiento de las tierras".

Cabe recordar aquí no sólo que todos los partidos presentes -UCD, PSOE, PCE y PSA- habían apoyado esa Constitución española a la que hacía referencia Borbolla sino que algunos de ellos habían identificado hipócritamente Autogobierno-Reforma Agraria (que incluía la expropiación) con Constitución española y Estatuto.

*Andalucía y las Colonias

1. Sobre Gibraltar En el Anteproyecto de estatuto de 1980, la Disposición adicional tercera establecía automáticamente la inclusión en Andalucía del territorio de Gibraltar, expresamente citado "sin perjuicio del estatuto personal de sus habitantes", una vez descolonizado. A través de diversos escalones, esto se transforma en una propuesta que presenta Soledad Becerril (UCD, ahora PP) que cuenta con el apoyo de todos los partidos presentes y que remite la decisión sobre la reunificación del territorio andaluz a una decisión de las Cortes españolas, quedando así: "La ampliación de la Comunidad Autónoma a territorios históricos no integrados en otra Comunidad autónoma se resolverá por las Cortes Generales, previo acuerdo de las partes interesadas, sin que ello suponga reforma del presente estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a la
soberanía española".

2. Sobre Ceuta y Melilla.  Paralelamente, hasta el tramite en Madrid, la UCD defendía que esas colonias pudieran optar tanto por constituirse en sendas comunidades autónomas (sic) españolas como por incorporarse a Andalucía, prefiriendo esta ultima opción para mejorar su encaje dentro del nuevo entramado institucional y dificultar la reivindicación marroquí.  Finalmente, el asunto quedó saldado a través de una propuesta de Rodríguez de la Borbolla (PSOE) que decía: "Disposición adicional Tercera.- La Comunidad autónoma andaluza podrá establecer con las ciudades de Ceuta y Melilla relaciones de especial colaboración".

Votada POR UNANIMIDAD, excluía del territorio andaluz a esas colonias españolas en Marruecos -en importante medida porque se preveían feudos electorales de la derecha-, pero, en compensación, las incluía con referencia expresa en el texto estatutario andaluz.

*El sistema electoral

El sistema electoral español vigente (Ley D´Hont con mínimos provinciales y umbral de acceso) es consecuencia de un pacto entre sectores del franquismo. Fraga, por un lado, defendía un sistema mayoritario que favoreciera el bipartidismo. Suárez, argumentaba, por su parte, que esta opción conllevaba el riesgo de otorgar en algunas naciones del Estado el monopolio de la representación a las fuerzas nacionalistas, con los consiguientes problemas políticos. El pacto Suárez-Fraga dio como resultado el RD de Normas electorales de 1977 en que se adoptó un sistema formalmente proporcional -que evitara el peligro de copo nacionalista- pero fuertemente corregido, de tal manera que a nivel estatal se favorecieran las hectáreas sobre las personas y se primara la
representación de las zonas más solidamente españolistas y socialmente conservadoras. Ese sistema se aplico en las primeras elecciones generales españolas de junio de 1977, a las que se permitió comparecer hasta al PCE, ya legalizado en Abril, pero no a las fuerzas situadas a su izquierda o independentistas, que continuaron ilegales hasta después de los comicios y hubieron de recurrir para presentarse al artificio de montar agrupaciones electorales con otros nombres. Este sistema electoral sigue hoy vigente.

A la hora de fijar el sistema electoral andaluz en el tramite estatutario, UCD y PSOE en un alarde de sucursalismo expreso y explicito, impusieron el siguiente redactado: "artº. 28.2: La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Se utilizará para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados"

Con ello, hurtaban a las instituciones andaluzas la posibilidad de establecer un sistema propio, actitud que no se atrevieron a mantener en los casos de la CAV, Cataluña, Galicia… Todas las fuerzas presentes estuvieron de acuerdo en mantener a la provincia -un engendro del centralismo decimonónico español- como circunscripción electoral.

En ese contexto, la derecha españolista -encarnada entonces en la UCD- planteo su batalla en pos de reducir al máximo la proporcionalidad, disminuyendo el numero de diputados y favoreciendo, mediante mínimos provinciales y una distribución desequilibrada, a las zonas menos pobladas y combativas en donde pensaba obtener mejores resultados. Los mismos españolistas que no hacía mucho habían intentado sin éxito escindir Andalucía, argumentaban que esta manipulación era necesaria para evitar los agravios comparativos internos. Compartiendo su filosofía -y una vez pactado el total nacional- el PSOE, nuevamente a través de Rodríguez de la Borbolla, aportó una enmienda que blindaría este desequilibrio, introduciendo en el artº 28.1 del estatuto la frase: "Ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra".

El correr del tiempo ha evidenciado la naturaleza falaz y tramposa de la justificación dada entonces a la manipulación de la representación parlamentaria. La distorsión de la composición del Parlamento no ha evitado en absoluto que, fruto de la política españolista y neo-liberal de la Junta, se hayan mantenido y aún rebrotado los localismos, consiguiendo tan sólo -lo que era obviamente su real objetivo- dificultar aún más el acceso al Parlamento de fuerzas políticas andaluzas realmente nacionales y alternativas. Puede medirse el alcance de la trampa, a través de la siguiente relación en donde se indica primero la representación proporcional, luego la concedida por el sistema estatutario y finalmente la diferencia existente entre ambas. Almería,  7, 11, +4; Cádiz, 17, 15, -2;Córdoba, 12, 13, +1; Granada, 13, 13, =; Huelva, 7, 11, +4; Jaén, 11, 13, +2; Málaga, 17, 15, -2; Sevilla, 25, 18, -7.

*El Voto Final. Los Argumentos

Dice el diputado andalucista Alejandro Rojas-Marcos y de la Viesca (PSA-PA), a la hora de fijar el voto final de su partido al texto estatutario: "Para terminar, Sr. Presidente, obviamente vamos a votar NO porque, insisto, con todo respeto a los restantes grupos parlamentarios, los andalucistas creemos que hemos perdido una gran oportunidad de conquistar poder andaluz; poder andaluz de verdad y vemos cómo, una vez más se ha caído en ese error, ya ancestral, de querer disolver lo andaluz en su identidad y en su entidad en eso que se llama el resto de España; querer restarle identidad, querer restarle entidad, poder, en definitiva.(…)
Nuestro voto es negativo, porque si fuéramos mayoría el estatuto que saldría sería otro. Como somos minoría queremos dejar testimonio de nuestra discrepancia.(…) Por tanto, sabemos y creemos que este estatuto es modificable y en esa batalla vamos a estar.

Nuestro NO de hoy no prejuzga nuestro voto en el Referéndum (Rumores). Evidentemente, resulta que en Andalucía creemos muchas cosas que solamente nos llegan a la mitad. Esa limosna vergonzante, por ejemplo, que significa el empleo comunitario, dinero inútil y dinero absolutamente insuficiente, los andaluces somos conscientes de que lo tenemos que aceptar, porque eso es mejor que nada. Somos conscientes de que este estatuto, como el empleo comunitario, tapa de alguna manera parte del hambre; puede tapar una parte, pero no toda la voluntad política del pueblo andaluz de hoy. En consecuencia actuaremos el día del referendum."

Dice Felipe Alcaraz, PCE: "Defender Andalucía y luchar por un estatuto con las máximas competencias supone al mismo tiempo defender a España y defender la unidad de España. (…) Hay que reconocer en el mismo camino la ausencia de Coalición democrática (AP, antecesora del PP). Nosotros vamos a votar SI de forma rotunda aquí en la Comisión mixta y naturalmente también de forma rotunda y con la pasión y la fuerza que nos caracteriza, pediremos el voto afirmativo del pueblo andaluz. No se pueden hacer nunca dos políticas, no se pueden mantener nunca dos caras y menos ante el pueblo andaluz que conoce o intuye los problemas de ambigüedad. El estatuto de Andalucía -y lo comprendimos desde el principio- o era un Estatuto de todos o no podría existir. Yo creo que el texto que se ha conseguido es absolutamente aceptable por todos, excepto por posturas aislacionistas (?), sin visión de Estado o que intenten vender pesimismo; e intentar vender pesimismo en Andalucía es peligroso.

Concluye Rodríguez de la Borbolla y Camoyan (PSOE) su parlamento, diciendo: "Y hemos querido hacer un Estatuto no solo para todos los andaluces, sino un Estatuto para España y pensamos que el texto del estatuto consolida definitivamente la unidad española. (…) Con este Estatuto se abre el camino definitivo, que seguirán sin duda, otros pueblos de España, para la configuración de un Estado, en el cual todos y cada uno de los pueblos tengan exactamente las mismas posibilidades; para que las diferencias entre los pueblos no estén basadas
en la desigualdad, sino en la capacidad de cada uno de ellos para expresar su propia personalidad. No quisiera acabar si hacer una cita de un poeta andaluz, quizá el más andaluz de nuestros poetas, Antonio Machado, quien por boca de Juan de Mairena, decía lo siguiente ‘De quienes se dicen gallegos, extrémeños, catalanes, etc antes que españoles, desconfiad siempre; son españoles incompletos; incapaces de ningún hecho importante’ ‘Según eso -respondía Tortolez en un bar de Sevilla- un andaluz andalucista será un español de segunda clase’. En efecto -afirmó Mairena- un español de segunda y un andaluz de tercera". Seamos andaluces de primera y españoles de primera haciendo una llamada unánime a todos los andaluces para que voten favorablemente este texto que significa una puerta abierta en su historia futura"

(Nota: A lo largo de los debates, desgraciadamente, ningún diputado hace ninguna propuesta o afirmación que cuestione la pretendida españolidad andaluza, con lo que la provocadora referencia de Borbolla usando la cretina sentencia de Machado -que demuestra, por cierto, que ser un gran poeta no impide ser políticamente un estúpido- ha de leerse en términos afirmativos, de meritoriaje ante las FFAA y preventivos) Textos reproducidos en Antonio Jiménez Blanco y Carrillo de Albornoz, Estatuto de Autonomia de Andalucía, Colección Monografías Parlamentarias, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial de las Diputaciones de Almería, Granada y Jaén – Delegación del IEAL, Granada, 1982

*El voto en el Referendum de octubre de 1981

A la hora del referéndum estatutario, este texto fue apoyado por UCD, PSOE, PCE, PSA-PA, que defendieron el SI. Se opusieron, con diversas formulas de voto, LCR, MCA y PAU-PTA. LCR y MCA hicieron campaña por el voto verdiblanco, que computaba nulo; modalidad propuesta por el MCA a la que terminó plegándose la LCR. El PAU-PTA pidió, por su parte, claramente el voto NO; signo de su evolución política y consecuencia de haberse emancipado del marco estatal del PTE.

Otros posibles asuntos llenos de ‘perlas’, omitidos en aras de la brevedad, son el papel de las Diputaciones Provinciales y todo lo relacionado con la articulación interna de Andalucía (relegación de las comarcas y preservación de las provincias) asunto muy vinculado con la pervivencia del localismo o todo lo relativo a las competencias, Etc.

Publicado en Andalucia Libre nº 120 – Gibraltar (II) – Memoria de
Andalucia – Aicha Embarek
Fecha:Sabado, 1 de Junio, 2002

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La victoria robada
Andalucia Libre

El 25 aniversario institucional y mediático de la gesta del 28-f ha
reproducido la tónica habitual de distorsiones y mentiras históricas de
todos los años. Los embustes de la Transición en general y de 1980 en
particular -con su desvergonzada serie de ocultaciones y
tergiversaciones o su generación de falsos héroes- repetidos hasta la
saciedad durante estos 25 años desde el Poder o sus aledaños, han
devenido en una suerte de interpretación oficial de la historia andaluza
elevada a la categoría de canon incuestionable; so pena de condena por
herejía política o cerco de silencio académico. En esta ocasión la
manipulación del pasado se ha hecho con el énfasis añadido de la
singular significación del lapso transcurrido -todo un cuarto de siglo
ya- y de la coyuntura política nacional y estatal en que se ha
celebrado, marcada por las diferentes demandas de reforma autonómica
gestadas en Euskadi y Cataluña y el incipiente procedimiento en curso en
Andalucía.

  Aunque haya muchos interesados en olvidarlo, el 28-f fue necesario
porque la discriminación y el engaño a las aspiraciones andaluzas
estaban inscritos expresamente en el texto de la Constitución española.

  A Andalucía no sólo se le negaba de entrada su derecho a la
Autodeterminación y a la Soberanía Nacional como al resto de naciones
del Estado español; además se le exigían condiciones adicionales para
dificultar su acceso al restringido autogobierno recogido en el Art.
151: 3/4 de pronunciamientos municipales (en lugar de 2/3) más un
referéndum previo que convertía las abstenciones y votos en blanco en
noes, exigiendo el sí de "la mayoría absoluta de los electores de cada
provincia" para que prosperara la iniciativa autónomica.

  La Constitución española eximía de estos requisitos a Cataluña y Euskadi
(y como añadido a Galicia); formalmente porque habían plebiscitado
estatutos autonómicos cuarenta años antes (el golpe de Franco se lo
impidió a Andalucía) y realmente porque allá existían fuerzas
nacionalistas e independentistas fuertes o significativas, con las que
el Régimen español quería bien pactar, bien disponer de instrumentos
para aislar.

  Las razones políticas que hicieron necesario el engaño eran fáciles de
ubicar: el 4 de Diciembre de 1977, millón y medio de andaluces habían
llenado las calles de Andalucía exigiendo el autogobierno -sorprendiendo
y asustando a la mayoría de las propias fuerzas convocantes- en una
movilización de alcance superior a todo lo visto en el Estado español y
además con unas aspiraciones objetivamente soberanistas.

  Ha de recordarse que, erróneamente, se entendía entonces popularmente
que la "autonomía" era ‘la capacidad política de resolver todos los
problemas andaluces atendiendo sólo a la voluntad mayoritaria del pueblo
andaluz’. Aunque en aquellas fechas ninguna fuerza política con eco
social significativo explicara que la "autonomía" demandada nada tenía
que ver con la ‘autonomía real’ que pensaba ofertar el Régimen español,
no por ello la presión social al respecto dejaba de ser constante y
fuerte, hasta el punto de que un cerrojazo explicito desde Madrid podía
abrir dinámicas de inestabilidad política serias en Andalucía.

  Explicitar entonces "la rebaja dentro de la rebaja" que llevaba
políticamente impreso el nuevo marco constitucional español podía poner
en riesgo el discurrir de la Transición pactada.

  De ahí el diseño de tan alambicado proceso y su inclusión en la
Constitución para evitar su rechazo en Andalucía. Se venia a decir a
Andalucía que tuviera la seguridad de que no iba a obtener ‘más’ que
Cataluña y Euskadi pero tampoco ‘menos’ y que eso ya sería suficiente
para colmar sus esperanzas.

  La responsabilidad política de esta estafa alcanzaba a todas las fuerzas
políticas que apoyaron el Sí a la Constitución (PSOE, PCE, PSA-PA,…) y
especialmente al entonces líder de la sucursal andaluza de UCD (la
derecha postfranquista) y ministro, Clavero Arévalo, redactor del art.
151.

  Al respecto, conviene recordar también que la otra vía pretendidamente
autonómica -la vía ‘fácil’ y ‘normal’ del art. 143- no sólo era
meramente en un principio una simple descentralización administrativa
sino que no incluía expresamente ni siquiera la posibilidad de dotarse
de Gobierno y parlamento autónomo propios.

  De hecho si finalmente se les otorgó desde Madrid esas instituciones a
los territorios implicados fue como consecuencia subsidiaria de la
victoria andaluza del 28-f para diluirla y del rechazo español
consecuente a admitir la singularidad andaluza (que terminaría
consumándose al asimilar años después los niveles competenciales de unos
y otros).

  El Pacto de Antequera ha de insertarse política y cronológicamente en
este contexto y entenderse como una consecuencia más de esa
discriminación originaria (tal y como reconocía y denunciaba incluso el
entonces principal ideólogo andalucista, José Aumente, pese a que su
propio partido era cofirmante).

  Las funciones políticas esenciales de este Pacto fueron, de un lado,
justificar la renuncia a repetir en 1978 la movilización producida en
1977 (que tuvo, no obstante, que reiterarse luego en 1979); de otro,
posicionarse a favor de la Constitución española (que se plebiscitaba
dos días después de su firma) y de la "indisoluble unidad de España",
vinculando de nuevo sus firmantes a esa Constitución la satisfacción de
las aspiraciones andaluzas. Además incluía el compromiso de elaborar y
defender un Estatuto consensuado con la derecha españolista, es decir,
implicaba reconocerle capacidad de veto. El tan mentado Pacto de
diciembre de 1978 -que algunos a posteriori han sobredimensionado y
embellecido- no incluía siquiera referencia expresa al art. 151,
limitándose a comprometer el apoyo a "la autonomía más eficaz en el
marco de la Constitución".

  Luego -a la hora de la verdad- cuando llegó el momento de recabar
pronunciamientos municipales favorables para iniciar el accidentado
camino hacia el autogobierno se comprobó que la clave de su obtención no
era el dichoso Pacto sino la iniciativa autónoma de las fuerzas de
izquierda con presencia municipal significativa más comprometidas con el
proceso (PTE, CUT…), el ambiente social autonomista que hacia inviable
a la derecha tergiversar y presionaba con suma eficacia para que no
obstaculizara las mociones y particularmente la agenda política del
momento, pues esas votaciones en ayuntamientos de pueblos y ciudades
andaluzas a lo largo de 1979 coincidían en el tiempo con el proceso de
elaboración y aprobación de los Estatutos vasco y catalán -considerados
claves para la estabilidad del Régimen- imposibilitando a UCD y PSOE
sacar a la superficie sus proyectos de "racionalización autonómica"
hasta concluir su tramitación en diciembre de aquel año.

  De ahí que llegada esa fecha y solventado el que entendían negocio
principal, UCD y PSOE defendieran y aprobaran conjuntamente en Madrid la
Ley de referéndum que preparaba la reconducción del proceso y facilitaba
la relegación de Andalucía al status del 143, implícita en el diseño
constitucional.

  Abundantes declaraciones periodísticas de la época de destacados
dirigentes del PSOE (Felipe González, Alfonso Guerra, Maria Izquierdo,
Peces Barba, Borbolla, etc) criticando el "desorden autonómico",
alertando sobre una pretendida "naturaleza intrínsecamente derechista
del autonomismo" y a la vez, contradictoriamente, afirmando lo
indiferente de optar por 143 o 151, abundan en la convicción de que esa
operación de rebaja contaba con el sostén conjunto de UCD-PSOE. Sólo
problemas de planificación de agenda por las razones antedichas habían
permitido que el proceso andaluz avanzara hasta el punto de estar
irreversiblemente comprometida la convocatoria y celebración del
referéndum.

  Lo que no estaba previsto era que el entonces presidente de la Junta
preautonómica, Escuredo (PSOE), tuviera su propia estrategia.

  Escuredo entendió que el futuro político del PSOE en Andalucía (y
particularmente el suyo propio personal) estaba en no cumplir en
Andalucía los compromisos adquiridos por el PSOE en Madrid y dejarle a
UCD en solitario el desgaste de asumir y respaldar el cambio de vía. A
Escuredo no se le pasó el importante dato del reciente éxito electoral
del andalucista PSA-PA en las elecciones generales de marzo de 1979 en
las que obtuvo 5 diputados para Madrid; que venía a expresar de alguna
manera el ambiente social dominante e indicaba con ello los riesgos y
potencialidades del momento. Así Escuredo defendió que si como era
previsible -según su análisis- el proceso no fructificaba, se le
endilgarían las responsabilidades a UCD y el PSOE quedaría libre de
culpa sin ofrecerle flancos fáciles al PSA-PA; si triunfaba -algo
entonces por lo que muy pocos apostaban- los meritos serian para el
PSOE, que encarnaría en su persona el sí y además sería quien, en
cualquier caso, daría la pauta al discurso autonomista ante la ausencia
de sólidos proyectos alternativos que pudieran cuestionarle su papel
hegemónico (tal y como se desprendía del curso de la Transición y se
había demostrado en el mismo Pacto de Antequera). Una vez situado
públicamente Escuredo en la postura de mantenerse en la vía del 151, al
PSOE no le quedó más remedio que jugar a dos barajas, eso sí, con la
tranquilidad de pensar que, fuera cual fuere el resultado, ganaría
siempre.

  Por su parte, el Gobierno derechista español de UCD, no obstante el
imprevisto descuelgue del PSOE, perseveró y anunció oficialmente su
cambio de posición, ahora favorable a situar a Andalucía en la vía del
143, defendiendo la abstención como medio para hacer fracasar el
referéndum. A juicio de los ‘clarividentes’ analistas de la derecha en
la Corte madrileña, el referéndum andaluz estaba ganado de antemano por
la inmensidad de obstáculos que conllevaba y que ellos se encargarían de
potenciar desde el Estado. A sus ojos -y con razón- nadie sensato y
serio habría admitido jugar en condiciones tan infranqueables y leoninas
si no fuera realmente indiferente ante el resultado. Además, en
concordancia con la consideración despreciativa de Andalucía tradicional
en la derecha española, no dejaban de afirmar: ‘¿Cómo iba a producirse
precisamente en Andalucía lo que no podía ocurrir en ninguna parte?’. El
descarte del PSOE de ultima hora -concluían- permitiría no sólo reubicar
a Andalucía "en su sitio" sino, además y como propina inesperada, hundir
al PSOE como oposición creíble. De ahí que la derechista UCD no tuviera
en adelante a lo largo de la campaña el menor interés en recordar el
cambio de postura del PSOE (hasta que ya fue tarde y no tenia
credibilidad alguna).

  Aparte y por su cuenta, sectores derechistas de la prensa -ejerciendo de
intelectuales orgánicos- situados por fuerza más cerca de la realidad
andaluza, también expresaban por entonces serías preocupaciones sobre
los peligrosos efectos de un giro copernicano tan notorio que pudiera
derivar en una crisis de representación si no existían formaciones y
dirigentes políticos de recambio de su confianza que pudieran embridar
la previsiblemente airada reacción popular, de lo cual se beneficiarían
al par Escuredo y Clavero. El escenario conjunto resultante tuvo como
consecuencia que al ministro Clavero Arévalo, sevillano, residente en
Andalucía y palmariamente desautorizado por su Gobierno, no le quedara
más salida que dimitir y pedir el SI, preparándose a postularse como
segunda marca de la derecha española en Andalucía en caso de necesidad.

  Con lo que ninguno contó -Escuredo incluido- fue con la increíble
indignación nacional que produjo la maniobra gubernamental y la masiva y
sostenida movilización popular que provocó, superando todas las
previsiones. Roto el consenso, entró Andalucía en escena. El desprecio
no generó abatimiento sino rabia. Las calles y balcones de los barrios
se poblaron de verdiblancas, tanto como las puertas de las fabricas.

  La derecha españolista tuvo para su sorpresa que replegarse a sus medios
de comunicación y ante el inmenso rechazo que mereció, pasar en
Andalucía a la ‘clandestinidad social’. Por ejemplo: comentar en voz
alta en un autobús urbano que no se iba a votar en el referéndum era
arriesgarse a ser arrojado del vehículo por el conductor -quizá para
evitar males mayores- entre aplausos de los usuarios e improperios
dirigidos al traidor y a su inocente madre (caso verídico); tirar desde
avionetas en Granada panfletos sin firma con la frase "Papá: ¿Andalucía
es Sevilla?", implicaba provocar el inmediato grito unánime de "¡Viva la
Giralda!", coreado con fervor (caso verídico) o hacer campaña
radiofónica por la abstención, seguro de eterna repulsión y fracaso
profesional (caso Lauren Postigo, la voz del lema español: "Andaluz no
votes; este no es tu referéndum").

  La tensión llegó al extremo de que la UCD -partido entonces en el
Gobierno español- hubo de recurrir a traerse sus interventores en
autobuses formados en convoy desde Castilla ante la imposibilidad de
conseguir que sus propios afiliados en Andalucía dieran la cara en las
mesas electorales. Otro ejemplo de esa presión social a la hora del
recuento fue que las papeletas en blanco superaran a los noes; votos en
blanco de quienes no se atrevieron a señalarse en sus pueblos y barrios
absteniéndose.

  El 28 de Febrero. a lo largo y ancho de toda la Nación, el pueblo
andaluz ganó. Le ganó al Gobierno, a la derecha españolista de UCD y AP,
a la televisión y a buena parte de la prensa, al trucado censo inflado,
con muertos y emigrantes, al alienante discurso del consenso…

  Ganó hasta el punto de provocar una pelea carroñera por los despojos de
su victoria que se prolongó durante meses y que, tras múltiples
avatares, terminó resolviéndose políticamente en beneficio del PSOE; más
por errores y carencias ajenos de sus competidores (PSA-PA, PCE,
Clavero) que nunca tuvieron ni la intención ni el valor de romper el
nudo gordiano de la cuestión -denunciando el modelo constitucional y a
su Régimen- que por meritos propios.

  Ganó hasta el punto de forzar un desbloqueo para darle cauce a la
demanda autonómica andaluza que era no sólo una descomunal aberración
jurídica sino a todas luces un acuerdo palmariamente anticonstitucional,
aun cuando se ejecutaba paradójicamente al amparo de la Constitución y
al objeto de preservarla (y ninguno de los implicados tenía interés en
reseñarlo, obviamente).

  Los limites de su victoria fueron también rápidamente evidentes. Aun
retumbando los ecos de la trifulca, PSOE, PSA-PA y PCE reintegraron a la
UCD al consenso estatutario para parir un Estatuto que defraudaba punto
a punto todas las aspiraciones sociales e ilusiones políticas que habían
conducido al 28 de Febrero y volvía a ubicar a Andalucía -aún dando un
rodeo- en aquel "sitio" vigilado, subordinado e impotente al que España
la había históricamente condenado y en el que se habían inspirado los
jerifaltes españoles de UCD-PSOE para elaborar su aparentemente
frustrada maniobra de reconducción.

  Quienes se opusieron a ese Estatuto salvaron la honra de la izquierda
andaluza pero ya no pudieron revertir una dinámica ya consolidada. Este
proceso abortado sólo dio como particular novedad la descomposición de
la UCD a escala estatal y la instauración de la hegemonía nacional del
PSOE, que aún dura; elevado a la condición de administrador de la
dependencia. La victoria se tornó en derrota.

  Hace 25 años Andalucía sufrió el control, encauzamiento y reintegración
políticas desde las fuerzas comprometidas con el Régimen español de un
proceso de afirmación nacional y reivindicación popular andaluza que
tendía a desbordar los márgenes políticos y sociales impuestos. Entonces
aprovecharon a fondo las debilidades de estructuración política de las
que adolecía aquel masivo movimiento popular, tan sobrado de esperanzas
y sueños como falto de programas y fuerzas políticas vertebradoras que
combatieran el discurso dominante. Los resultados de este robo histórico
están a la vista en las estadísticas andaluzas, en la realidad de la
izquierda y en la conciencia social.

  Hoy similares debilidades -aunque en un escenario distinto- facilitan a
los comprometidos con la "Andalucía Española" practicar no sólo un
desvergonzado y constante ejercicio de desposesión de la memoria
histórica y de alienación de la identidad andaluza sino también reiterar
una nueva versión de la instrumentación de las aspiraciones y
necesidades andaluzas para servir a España, en contra de los intereses y
derechos nacionales de Andalucía y nuevamente al amparo del discurso de
la "igualdad", el "agravio comparativo" y la lealtad constitucional. Los
que condenan a Andalucía a la humillación y el subdesarrollo se aprestan
a colocar un nuevo eslabón en la cadena que la aprisiona.

  Que la operación tenga eco y visos de éxito, ahora como entonces, sigue
derivando básicamente de las mismas carencias, que contribuyen en
conjunto al mantenimiento de una correlación de fuerzas favorable al
Poder.

  Primera, el dependentismo estratégico, estatalismo ideológico y
sucursalismo orgánico de la mayoría de las fuerzas políticas, sindicales
y sociales de la izquierda, instaladas en su condición de prolongaciones
andaluzas de formaciones españolas (incluidas aquí las que recurren
vergonzantemente a nombres específicos para esconder su dependencia o a
recubrirse con la verdiblanca para tapar su cosmopolitismo o su
españolismo de nuevo cuño), fenómenos que suelen justificar
prostituyendo la palabra "internacionalismo".

  Segunda, la falta de honestidad y coherencia políticas, ejemplificada en
quienes -por citar sólo algún caso- pretenden no darse cuenta, a estas
alturas, de que la lucha por la República Andaluza es incompatible y
contradictoria -tanto como objetivo como estrategia- con la demanda de
una ‘III Republica Española’ o de que la ‘continuidad entrista’ en IU o
la esperanza en una reconversión nacional del andalucismo hace años que
dejaron de tener otra justificación posible que la cobardía o la
preservación de cargos y sueldos.

  Tercera, aunque en menor medida, la falta de rigor y seriedad políticas
en la izquierda nacionalista o independentista, confundiendo radicalidad
con frivolidad o marginalidad, que convierte en crónica su debilidad y
la inhabilitan para actuar eficazmente como polo de influencia.

  Ahora no se trata como hace 25 años de desarrollar un movimiento popular
existente y llevarlo a la victoria o al menos situarlo en su senda, sino
de reconstruirlo al tiempo que se levanta un proyecto nacional. No
trabajamos con un 55,8% a la espalda como entonces, sino con un 4,7%*,
todo lo más, en un principio. Aún así, si tenemos voluntad de vencer
algún día y conquistar una Andalucía Libre y Socialista habremos de
afrontar y resolver las carencias apuntadas.

  Hasta que esto no ocurra no podremos como izquierda, como nación y como
clase, recuperar y hacer fructífera de verdad aquella victoria robada
del 28-f, que asombró al mundo.

  *4,7%, "en el Referendum sobre la Constitución europea el 11,64% del NO
en relación con los votantes se convierte en un modestísimo 4,7% del
total de población residente en Andalucía con derecho a voto. Es decir,
sólo el 4,7% del censo se identificó lo suficiente con el rechazo al
modelo neoliberal y dependentista y resistió presiones y adversidades
como para ir a las urnas a votarle NO", Andalucia Libre  nº 258 –
Referéndum: Ganó el Poder – Hipérbole del hambre, 21 de febrero de 2005

  Andalucía Libre nº 259, 2 de Marzo de 2005;

Sobre los engaños y estafas del primer proceso de elaboración estatutaria
durante la Transición (1977-1981) ver
  a.. 25 Aniversario del 4 de Diciembre [Cómo fue realmente el 4-D],
Andalucía Libre nº 147, 4 de Diciembre de 2002;
  b.. Ya pasó el 28 de Febrero [Cómo se llegó al referéndum de iniciativa
autonómica], Andalucía Libre nº 165, 4 de Marzo de 2003;
  c.. Memoria de Andalucía [Pacto Antequera, 1978; Pasteleos elaboración
estatutaria, 1981], Andalucía Libre nº 120. 1/6/2002;
  d.. 28-f: La victoria robada, Andalucía Libre nº 259, 2 de Marzo de 2005;
  e.. Historia del Proceso autonómico de Andalucía

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Dependencia

A modo de muestra, las ‘Series actualizadas de la Encuesta de población
activa-base 2001′, nos dicen que en 1996 el Estado español reconocía en
Andalucía una media de unos 900.000 desempleados -el 32,87% de tasa de
paro- en tanto la media española bajaba al 22%, diez puntos menos. Ahora,
en 2004, con una tasa de actividad media del 53,6%, recuentan en Andalucía
una media anual de unos 568.000 desempleados, el 17,06% (que sube al
22,86% entre las mujeres) mientras la media estatal baja al 11%. Para
hacerse una idea cabal de la situación andaluza conviene tener presente
que ese 17,06% nacional incluye picos provinciales como Cádiz, 21,30%;
Córdoba, 20,83%; Jaén, 18,40%; Huelva, 17,49% o Sevilla, 16,43% y comparar
ese resultado nacional de desempleo con los que fija la misma fuente para
Madrid, 6,63%; Baleares, 7,57%; Cataluña, 8,84%; Navarra, 4,68% o incluso
Galicia, 12,51%. De los nuevos empleos generados en Andalucía entre 1995 y
2002, el 24,4% están en la Construcción, que suben al 32,07% si incluimos
los adscritos al sector Inmobiliarias.

El empleo en Andalucía -como consecuencia de nuestra dependencia y
subordinación- es también de calidad cualitativamente inferior. La
precariedad es un rasgo nacional que permanece a traves de los diversos
regímenes españoles e impregna a la sociedad andaluza, con múltiples
consecuencias en todos los ordenes.

Así lo demuestra la misma EPA-2004 (INE) en su cuadro ‘Distribución de
asalariados por sexo, tipo de contrato y comunidades autónomas’ que
reconoce en Andalucía un 44,3% de empleo precario temporal -967.200
trabajadores- sobre el total nacional de asalariados, mientras la media
estatal desciende al 30,6%, es decir, hay un 13,7% más en Andalucía.

El dato de temporalidad en el empleo entre las mujeres andaluzas -para
aviso de las feministas no cooptadas por el Régimen- es aún más
estremecedor: están precarias el 47,6% (382.700), mientras la media
española baja al 33,5%.

Tampoco está de más realizar un mínimo recorrido comparativo estatal para
así situar en su justo alcance nuestra singularidad nacional. Así, en la
Corte de Madrid el empleo temporal es del 20,6%, un 23,7% menos que en
Andalucía o lo que es lo mismo: en Andalucía hay más del doble de empleo
precario que en la urbe creada y amamantada por España. En Cataluña, el
dato es del 21,9%, un 22,4% menos que en Andalucía; en Euskadi, el 26,9%,
un 17,4% menos; en Baleares, un 29,1%, el 15,2% menos; incluso en Galicia
con un 34%, hay un 10,3% menos y en Canarias, con un 39,1%, un 5,2% menos.

Tambien el salario medio distingue a los andaluces. Aun cuando es obvio
que estas medias son siempre engañosas, dan cierta idea de conjunto.

Así, según el estudio del INE, ‘Mercado de trabajo y pensiones en las
fuentes tributarias’ de 2002 y recordando que sustancialmente el coste de
la vida es similar a escala estatal, resulta que el salario medio anual
andaluz asciende a 11.428 euros, mientras la media estatal se ubica en los
14.370, es decir, los andaluces ganamos como media el 79,5% que los
españoles, 2.942 euros menos anuales.

Las mujeres andaluzas, nuevamente, están específicamente aún peor: su
media retributiva nacional es de 8.631 euros, 2.544 euros menos.

Si procedemos a algunas comparaciones a modo de ejemplo, el cuadro global
aún resulta más tétrico: en Madrid, el salario medio sube a 18.770 euros
anuales, 7.342 euros más que los andaluces o lo que es igual, los
andaluces ganamos como media sólo el 60,8% de lo que se paga en Madrid. En
Cataluña, se cobra una media de 16.042 euros, 4.614 euros más que en
Andalucía; en el País Valenciano, 13.285 o en Baleares, 13.590.

De todas estas magnitudes referidas se desprende también -entre otras
posibles consideraciones- el incuestionable fracaso, la demagogia
discursiva y el constatable carácter nocivo de todo el sindicalismo
español en Andalucía -sea en su versión neovertical (CCOO-UGT), sea en
otras que se presentan como más a su izquierda- y consecuentemente la
evidente necesidad para la clase obrera andaluza de dotarse de un
sindicalismo nacional de clase independiente, no sucursalista y de
construir un marco andaluz de lucha de clases, desde el que socavar
primero y destruir después el expolio y la discriminación españolas sobre
Andalucía.

En un plano complementario, la ‘Contabilidad Regional de España Base
1995/Serie 1995/2004′(INE), en su calificación por PIB per Capita en
Paridades de Poder Adquisitivo, tomando como base 100 la media de la UE a
25 Estados, sitúa a Andalucía en 2000 al 68,1% (Estado español, 91,7%, a
23,6 puntos por encima); en el Promedio 2000-2002, Andalucía se queda en
el 69,3% (Estado español, 92,9%, a la misma distancia).

Por contraste, la Corte de Madrid en similares fechas tiene
respectivamente el 122,9% y 124,7%; Cataluña, 110,2% y 110,9%; Baleares,
115,9% y 116%; el País Valenciano, 87,8% y 89%; Euskadi (sin Navarra),
115,6% y 115,2%; Canarias, 87,2% y 87,8% y Galicia, 72,8% y 73,4%. Con
estos datos, sólo Andalucía y Galicia (más un par de regiones españolas)
cumplen los requisitos que permiten acceder a los Fondos Europeos para el
periodo 2007-2013 (menos del 75%) aunque el llamado "efecto estadístico"
consecuente a la anexión del Este europeo adelanta -como ya avanza la
previsión de 2003- que este será, en todo caso, el ultimo. A titulo de
curiosidad, la CRE avanza que el PIB a precios constantes de Andalucía
ascendió en 2002 a 77.138.176.000 de Euros, mientras que el del Estado
español a 556.651.000.000, es decir, que el PIB andaluz supuso el 13,85%
del español.

Fragmento de Andalucía en Datos, Andalucía Libre nº 262, 20 de abril de 2005

A este respecto recordemos que Andalucía aportaba en 1800 el 25,7% del PIB
de la Monarquía española frente al 8,3% de Cataluña. Ahora, doscientos
años después, Andalucía sigue reducida -como hace décadas- al 13,6% del
PIB estatal, sustancialmente inferior a su peso demográfico mientras que
Cataluña está situada en torno al 18,36%. Para tener un cuadro general del
periodo, no dejemos de tener presente que la parasitaria Corte de Madrid
ha subido en este tiempo de un ridículo 2,7% al actual 17,35%, como
consecuencia de una constante y consciente política española de rapiña,
expolio y privilegio orientada a crearla y fortalecerla como centro
español. Una de las consecuencias de este proceso es precisamente la
Diáspora andaluza.

Andalucia Libre nº 290 – Cataluña y Andalucía (1) 1 de abril de 2006

Sobre la estafa estatutaria en curso, ver:
Andalucía: Un Estatuto para la Dependencia – La Segunda Estafa
http://www.elistas.net/lista/andalucialibre/archivo/msg/369/

El 2 de Mayo de 2006 el Parlamento andaluz aprobó el texto de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía con los votos del PSOE y PCE-IU y la
oposición ?desde posiciones políticas distintas- del PP y del PA. Aquí nos
vamos a dedicar a ubicar esta decisión en su contexto, describir la
situación y perfilar algunas de sus implicaciones presentes y futuras para
nuestra Nación.

ANDALUCÍA  LIBRE
– http://www.elistas.net/lista/andalucialibre
– http://www.andalucialibre.tk/
– http://andalucialibre.cjb.net/
* Alta: andalucialibre-alta@eListas.net
Independencia – República – Socialismo