Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Publicat el 24 de juny de 2008

Front a la crisi de l’Europa Social: europeisme crític

Després de molt de temps de gairebé només publicar articles laudatoris i acrítics amb la construcció europea, sembla que els diaris, alguns en particular, comencen a acollir signatures d’europeístes crítics. Poc a poc guanyen espai mediàtic arguments i propostes que fa tan sols uns mesos eren, sinó menyspreats i calumniats, sí ignorats. Però és que les evidències són cada cop més flagrants. La Directiva de l’ampliació de la setmana laboral (65 hores) ja ha desfermat una sèrie de mobilitzacions com feia temps que no es veia a escala europea. Així, per Internet fa temps que circula la campanya ¿65 horas? ni de coña, la qual també compta amb un grup específic a Facebook. Aquesta campanya és només un exemple que posa de manifest com, efectivament, el model social europeu està en crisi, i les fórmules proposades fins ara no només no són la solució, sinó que sovint són el problema. I els principals responsables, deixeu-m’ho dir, són els governs dels Estats, ancorats en una  (segueix…)

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imatge d’Europa que no s’ajusta ni de bon tros amb la realitat social,
econòmica i política actuals. De fet, la gran majoria d’aquests governs
estan dirigits per caps que ni es creuen ni, encara menys, volen
difondre els projecte europeu. El nacionalisme estatal i el clar domini
que tenen els grans actors econòmics sobre les decisions que es prenen
a escala europea els pot massa. I és que l’europeisme es demostra amb
fets, no amb campanyes publicitàries: i els fets que estan
protagonitzant els caps d’Estat i de govern europeus ho són tot, menys
europeistes. Un exemple, entre molts d’altres, són els continuats atacs
a l’Europa social. I una excel.lent descripció d’aquests problemes la llegíem ahir a El País en la Tribuna que publicava José Maria Zufiaur, Conseller del Comitè  Econòmic i Social: La Europa social, en
franca retirada
.

TRIBUNA: POR JOSÉ
MARÍA ZUFIAUR

La Europa social, en
franca retirada

Asistimos a la erosión
del modelo social europeo. Se imponen las tesis ultraliberales anglosajonas. La
decisión del Consejo de la UE sobre las 65 horas de trabajo semanales es un
suma y sigue

POR JOSÉ MARÍA
ZUFIAUR

, El País, 23/06/2008

La decisión mayoritaria
del Consejo de la Unión Europea del pasado 9 de junio sobre la revisión de la
directiva relativa al tiempo de trabajo no ha modificado el precepto básico de
que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas
extraordinarias, por cada periodo de siete días. Pero al mantener la
posibilidad de que por acuerdo individual entre el trabajador y el empresario
se pueda superar dicho umbral, y al cifrar esa excepción en un tope de 65 horas
a la semana, amenaza con vaciar de sustancia el límite legal de la jornada de
trabajo, debilitar y condicionar la negociación colectiva y establecer un nuevo
horizonte simbólico para la duración de la semana laboral.

El acuerdo del Consejo
de la UE “britaniza” el derecho europeo del trabajo. El eslogan de
Sarkozy, “trabajar más para ganar más”, toma el relevo en Europa a la
bandera sindical de “trabajar menos para trabajar todos”. Todo un
cambio de paradigma. Causa de enorme perplejidad y decepción para los que
tienen en el mundo el modelo social europeo como referencia. Y una profunda
incoherencia con el discurso a favor de la salud en el trabajo y de la
conciliación laboral y personal.

Lo peor es que éste
sólo es un síntoma más, que se añade a otros, en una Europa social que, en
expresión del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), John Monks, se “bate en retirada”. Y cuya superación depende
básicamente de un binomio de cuestiones hoy por hoy inexistente: un proyecto
político de Europa que prevalezca sobre las reglas económicas que rigen la vida
comunitaria y una coalición de fuerzas capaz de llevarlo adelante.

La actual regulación
europea de la jornada semanal ya es muy flexible. Establece que el periodo
obligatorio de descanso diario será de 11 horas y el semanal de 24, con lo que,
en realidad, se pueden llegar a trabajar 78 horas a la semana. La vigente
directiva permite, además, un descuelgue -opt-out- individual, pactado entre el
trabajador y el empresario, del máximo legal semanal. Y establece un
“periodo de referencia” de cuatro meses durante el cual se pueden
realizar más de 48 horas de trabajo a la semana, mediante una “ordenación irregular
de la jornada” a lo largo de ese periodo, pactada en convenio.

Como consecuencia de
todo ello, en el Reino Unido, principal valedor de los contenidos de la actual
norma, cerca de cinco millones de personas trabajan más de 48 horas a la
semana, y algunos centenares de miles llegan a las 78 con cierta frecuencia

Para evitar los abusos
a que ha dado lugar el opt-out se esperaba que la Comisión y el Consejo
derogaran el descuelgue individual de la jornada máxima semanal o, al menos,
establecieran un periodo transitorio al cabo del cual se procediera a su
extinción. Que ampliaran los tiempos de descanso obligatorio, diario y semanal,
y propusieran que la superación del límite máximo de tiempo de trabajo semanal
se acuerde exclusivamente por la vía de la negociación colectiva. Y adaptaran
la directiva a varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), cuyo
contenido determina inequívocamente que los tiempos de guardia forman parte del
tiempo efectivo de trabajo. Pero no ha sido así. El acuerdo del Consejo sigue
manteniendo la posibilidad de derogación individual, aunque limitada por nuevos
requisitos. En las guardias, se da carta de naturaleza a que los “tiempos
inactivos” no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en
contrario, y se establece la posibilidad, en uno de los supuestos sin acuerdo
colectivo, de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la
anualización de la jornada.

Todo ello implica una
potencial amenaza para la duración máxima legal de trabajo en cada Estado miembro
y para la regulación de las guardias de colectivos como médicos, bomberos o
cajeras de supermercado. Y de otros sectores laborales que, como los
trabajadores móviles del transporte por carretera, tienen reconocido, en otra
directiva comunitaria, el tiempo “de atención continuada” como tiempo
de trabajo.

Es previsible que el opt-out
británico se extienda a otros países, alimentando, de esa manera, el dumping
social. Y que la negociación colectiva sea marginada allá donde se pueda para
así establecer periodos de referencia más amplios y tiempos de trabajo
semanales desmesurados. Como se está intentando hacer ya en Francia, las 35
horas de trabajo semanal a tiempo completo pasarán al baúl de los recuerdos y,
en general, aumentará la discrecionalidad empresarial para flexibilizar aún más
la organización del tiempo de trabajo.

Es posible, y deseable,
que, no obstante, el Parlamento Europeo (PE) elimine, en el procedimiento de
segunda lectura, los elementos más negativos de la propuesta consensuada en el
Consejo. Pero salvo que se produzca una gran reacción social y política en
contra, no está claro que ello termine sucediendo, sobre todo tras el cambio de
posición de Francia e Italia. Y tampoco está garantizado que, incluso si eso
sucede, no termine acaeciendo lo que está pasando tras la profunda modificación
que realizó el PE del proyecto de la directiva “Bolkenstein”: algunos
de sus contenidos se están intentando reintroducir de nuevo, al amparo de la
revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores y de las sentencias
del TJE.

La parálisis
legislativa del último decenio en el campo social, la creciente sustitución de
los procedimientos obligatorios por los indicativos y voluntarios, el contenido
regresivo de las propuestas que terminan aprobándose, el drástico
endurecimiento de las políticas migratorias, las recientes sentencias del TJE
sobre los casos Laval, Viking y Rüffert son algunas de las manifestaciones que
indican que lo que está sucediendo con la directiva de tiempo de trabajo no es
un hecho aislado.

En realidad, estamos
asistiendo a la erosión progresiva del modelo social europeo. Las citadas
sentencias han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jurídico
comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestación de
servicios sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de
huelga. De esta manera, se ha legitimado la competencia desleal realizada por
empresas de unos Estados miembro en otros Estados miembro de la UE, al aplicar
a sus trabajadores desplazados menores salarios y peores condiciones de trabajo
que los que rigen en los países donde se localizaron esas empresas.

La política social
europea está dejando de ser parte de la solución para pasar a ser parte del
problema. Por ello, la CES ha propuesto que se incluya en el Tratado de Lisboa
un Protocolo de “progreso social” que asegure la prioridad de los
derechos sociales fundamentales sobre las libertades económicas y las normas de
competencia y evite que las directivas o reglamentos sociales europeos puedan, por
la vía de la ley o del convenio, empeorar los estándares nacionales. La
política social europea ha pasado de tener como norte, en los años 60 y 70, la
“equiparación en el progreso” a perseguir el establecimiento de
“prescripciones mínimas” en los años 80 y 90, y, actualmente, a
derivar hacia una especie de “competición entre modelos sociales
nacionales”. Un panorama que desgraciadamente no contribuye a aumentar el
entusiasmo de los ciudadanos europeos hacia la construcción europea. Y que reclama
con urgencia la reacción de un bloque de países que estén dispuestos a defender
el modelo social europeo. El encadenamiento en los próximos dos años de
presidencias europeas en las que se van a suceder Francia, Suecia, España y
Bélgica puede ser una buena oportunidad para ello.

Foto: campanya ¿65 horas? ni de coña



  1. Estimat Raül, sóc votant assidu d’iniciativa (no militant de carnet) i llegeixo sovint el teu bloc, sobre tot perquè la major part de les vegades “expliques” Europa. Europa s’ha tornat un monstre incomprensible, tu ajudes a fer-lo una mica més intel·ligible, gràcies.

    En canvi, trobo que Iniciativa no està jugant la carta que toca jugar. Hem de començar a parlar clar i sense embuts: el problema de l’Europa social és que resta captiva del model econòmic. Totes les (no)decisions que es prenen a Europa es prenen sota el mateix prisma: el de l’economia lliure.
    M’agradaria veure una Iniciativa més lluitadora. Per exemple, Olivier Besancenot està treballant a França, amb força èxit, la creació d’un partit anticapitalista. No sabem on arribarà, però el que si que està fent és apretar de debò el PS Francès cap a l’esquerra. Ell guanya i el conjunt guanya.
    Potser que comencem a dir les coses pel seu nom i agafem el toro per les banyes, no? Per quan un partit d’esquerres de veritat i no només un partit que està a l’esquerra dels socialsites?

  2. Benvolgut Raül,

    acab d’escriure un mail a tots els eurodiputats espanyols (bé, de fet només als que he pogut aconseguir-ne el mail, que tampoc han estat tants…) demanant-los que votassin en contra d’aquesta directiva. També te l’he enviat a tu, tot i que ja sé quina és la teva postura.

    Creus que s’aprovarà o el parlament ho aturarà? Podem exercir més pressió? Tu que ets allà, i no només t’ho deman per aquest fet en concret sinó per tot el que encara resta per ploure -llastimosament-, quines són les mesures a l’abast dels ciutadans per a influir en la presa de decissions en uns organismes tan llunyans com els europeus?

    Força des de Mallorca!

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