Raül Romeva i Rueda

Marisol, Imelda o Brenda iban todas las mañanas a trabajar a una fábrica maquiladora en las afueras de Ciudad Juárez. Un día no regresaron a casa. Semanas más tarde las encontraron asesinadas en un basurero, desfiguradas, torturadas y mutiladas. Como ellas, otras 400 chicas y mujeres han sufrido el mismo trágico destino en los últimos años. Un récord nada honorable para esa ciudad frontera entre México y Estados Unidos.

Son precisamente estos hechos ocurridos en Ciudad Juárez los que han inspirado el concepto de «feminicidio», que no es más que el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Aunque éste es el caso más conocido a nivel mediático, en otros lugares de éste y otros países del mundo se registran cifras más alarmantes, tal y como se pone de manifiesto en el informe de la Comisión Especial para Investigación del Feminicidio del Congreso Mexicano.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre La Violencia contra la Mujeres, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk, visitó México en febrero del año pasado. Fruto de este viaje es el informe en el que se constata que este país alcanza «niveles insoportablemente altos de violencia contra las mujeres». La misma afirmación la aplica al resto de países de América Central. En Honduras, por ejemplo, 437 mujeres fueron asesinadas en los últimos tres años, mientras que en Guatemala las organizaciones de defensa de derechos humanos hablan de 600 mujeres asesinadas en 2005.

La movilización creciente de los familiares de las víctimas, así como de organizaciones de mujeres y parlamentarias de distintos países que han dado la voz de alarma ante el aumento y la impunidad de estos crímenes, está permitiendo la toma de conciencia internacional.

Desde nuestro punto de vista es importante analizar tres niveles dentro de este complejo problema: la dimensión estructural, la tipología de los victimarios y las dificultades de las instituciones para hacer frente a la situación.

En primer lugar, para afrontar la dimensión estructural es preciso tener en cuenta el contexto socioeconómico. Tomando como ejemplo Ciudad Juárez, el aumento de los asesinatos de mujeres han coincidido con la proliferación de empresas maquiladoras (plantas de ensamblaje) a principios de los años 90. En una extensa investigación sobre este fenómeno realizada por Shae Garwood se revela que la imagen de mujeres como mano de obra barata, explotable e intercambiable debido a su bajo nivel de cualificación, hace que éstas sean consideradas trabajadoras sin valor y objetos de un intenso control físico por parte de los empleadores, lo que contribuye a crear un clima de la violencia y de abuso sexual. Ser mujer y, sobre todo ser mujer pobre, en ese contexto es sinónimo de peligro mortal. Por ello, parece pertinente plantear, como primera y principal forma de combatir el fenómeno del feminicidio, erradicar la pobreza.

En segundo lugar, la tipología de los victimarios es diversa. La periodista Diana Washington, que ha realizado una exhaustiva investigación del caso Ciudad Juárez, señala los siguientes tipos de autores: asesinos en serie, narcotraficantes de bajo nivel, pandillas extremadamente violentas que hacen del asesinato un ritual de iniciación para sus nuevos miembros, hombres poderosos, y finalmente imitadores.

Como último punto, es fundamental señalar los déficits de las instituciones a la hora de abordar esta cuestión. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Susana Villarán, pone el ejemplo de Guatemala, donde varios de los compromisos de los Acuerdos de Paz siguen pendientes, entre ellos, la tipificación del acoso sexual como delito de acción pública y la revisión de la legislación civil y penal para eliminar todas las formas de discriminación por razones de género. La primera comisionada especial para los crímenes de Ciudad Juárez, Guadalupe Marfín Otero, señaló directamente a funcionarios públicos y a altas esferas del poder mexicano como cómplices del feminicidio.

Desde la Unión Europea tenemos La responsabilidad de intervenir. De hecho, somos varios los diputados y diputadas que llevamos tiempo interviniendo en la Eurocámara para solicitar a la Comisión y al Consejo que inscriban este tema en las agendas de diálogo con los países donde existe este problema.