Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Atún Rojo (ICCAT, París): si no se castiga a los culpables, no hay solución

Empiezo esta nueva jornada de negociaciones sobre la gestión del Atún Rojo (y otras especies) en la ICCAT de París leyendo un artículo de Le Figaro
en el que se dice que 9 de cada 10 franceses, británicos, alemanes y
neerlandeses estan de acuerdo con imponer quotas a las capturas y
aumentar los controles en la pesca. Ello demuestra, a mi modo de ver,
que ésta es una cuestión que merece mucha más atención mediática,
social y política que la que le estamos concediendo en la actualidad.

Hasta el momento las discusiones en París se
han centrado en como de bien (o mal) los países respetan las propias
reglas que ellos mismo se imponen año tras año.

Y también por el momento constato que estoy
viviendo un ‘dejà vu’, en comparación con las reuniones a las que he podido
asistir en los años anteriores. Es decir, el incumplimento de las normas parece
más la norma que la excepción. Esto es, al menos, lo que se desprende de las
discusiones que desde el miércoles y hasta ayer han mantenido en el comité
sobre cumplimiento de ICCAT (conocido cariñosamente como el COC).

ICCAT tiene muchas reglas relativas a cuanto
pescado puede pescarse de las especies concernidas (túnidos, tiburones,
tortugas,…) y como está permitido hacerlo, y como no. Cada país (parte
contratante o CPC) envía informes explicando como de bien respetaron las reglas
así como datos sobre el tamaño de los pescados cogidos, el número de individuos que
pescaron, etc. El propósito del COC es examinar lo que ha hecho cada país, o no
hecho, y entonces proponer sanciones si no se han observado correctamene las
reglas. El sistema suena bien, y llevaría a pensar que si los países no
respetan las reglas que ellos mismos han convenido formalmente, entonces son
castigados, posiblemente incluso con sanciones. Sin embargo,
constato después de algunos años de seguir el asunto que se trata de una
cuestión más bien retórica que práctica.

ICCAT es una organización internacional, y sus
miembros son gobiernos. Y a los gobiernos no les gusta criticar a otros
gobiernos, puesto que tienen miedo a ser ellos a su vez tambien criticados. Yo
te cubro a ti, tu me cubres a mi. Como nadie está libre de culpa al 100%, nadie
osa lanzar la primera piedra.

Sí, hay excepciones, por supuesto. ¡Los grandes
no tienen ninguna dificultad en acusar a los países pequeños cuando éstos se
comportan mal – a menos que necesiten los votos de esos pequeños países- pero
nadie osa criticar a los peces gordos! Además, a veces ocurre que un país señala a otro
por resentimiento debido a lo que hubiera podido ocurrir en alguna edición
anterior. Así mismo, es más fácil criticar un país que no sea incluso un
miembro de ICCAT, porque éste no se puede defender. Pero, insisto, estas
situaciones son excepcionales. La norma es el encubrimiento mútuo.

En ese contexto, es fácil entender porqué las
sanciones son tan pocas.

Por ejemplo, las partes contratantes deben
mandar los datos sobre cuanto y de qué tamaño es lo que pescan, y existe una
fecha límite para mandar esta información. Estos datos son claves para poder
estimar el nivel de los estocs. Sin embargo muchos países esconden datos, no
envian la información completa, se retrasan y algunos directamente manipulan la
información. Todo ello dificulta el trabajo de los científicos.

Cuando se les insta, durante la reunión del
COC, a que den explicacions sobre ciertas inconsistencias, ausencia de datos o
retrasos, la parte afectada se excusa diciendo que es muy complicado, que no
tienen suficiente capacidad para hacer este trabajo. Entonces los demás le
riñen un poco y le piden que lo haga mejor la próxima vez.

Mientras tanto, año tras año los datos son
pobres y engañosos, y la calidad de los análisis científicos se resiente. Por
supuesto hay quien usa este hecho para decir que, si los análisis científicos
no se pueden hacer bien, para qué hacerles caso? Mi postura aquí és, sin
embargo, que si ni siquiera sabemos quál es la situación real, no deberíamos ser
mucho más precautorios? No deberíamos ser mucho más prudentes?

Otro ejemplo es la sobrepesca de las cuotas
autorizadas. En 2007 Francia capturó (oficialmente) casi el doble de la cuota
que se le habia concedido. Tanto según la ley europea como según las reglas
de la ICCAT, a Francia se le debería haber reducido la cuota acorde con esa
sobrepesca, pero la ‘realpolitik’ lo impidió. En concreto, la delegación de la
UE convenció a ICCAT de que la reducción (y por tanto el castigo) debería ser
menor del que se merecía.

Y así seguimos, año tras año, acercándonos
cada vez más hacia el abismo, en un suicidio consentido, silencioso y al que,
si no cambian mucho las cosas, probablemente seguirán otros.

Así pues, si las partes contratantes de ICCAT son incapaces de respetar sus
propias normas, y de castigarse mutuamente cuando las rompen, sólo veo una
solución para garantizar la supervivencia de la especie, así como del sector
que hace bien las cosas: el cierre temporal de la pesquería!
Font foto: WWF



  1. Entre el análisis del problema y las propuestas de solución debe existir una necesaria coherencia. Si ICCAT no funciona, se deberán tomar medidas para mejorar.
    En cambio, plantear el cierre temporal de la pesca del atún rojo (que entiendo que es lo que se propone) me plantea algunas dudas:
    .-Cerrar una pesca que supone el 4% de las capturas gestionadas por esta organización, ¿es una medida coherente para solucionar el problema global?.
    .-Esperar que tras el cierre temporal, ICCAT funcione correctamente por arte de magia, ¿es coherente? ¿No sería mejor proponer alguna medida para mejorar el funcionamiento?
    .-El cierre temporal de la pesquería supone la desaparación de muchas empresas y de centenares de puestos de trabajo en Catalunya, y en el contexto de Europa más de 8000. ¿Se han previsto los efectos?,¿cómo se tiene previsto compensar estos efectos, en la sociedad y en la economia?

    El estado de derecho tiene establecidos unos principios básicos que no deben ser jamás quebrantados.
    Pedir un cierre de una pesquería es un acto que afecta, que sanciona y sentencia a todo un colectivo de pesca, violando el principio constitucional de justicia. Hay que sancionar individualmente a aquel que ha infringido. En ninguna parte se sanciona a un colectivo por los supuestos hechos de uno o varios individuos. Derecho al principio de inocencia, derecho a un juicio justo, derecho a la defensa, …. todo garantías constitucionales, y democráticas que no deben olvidarse.

    Que estas propuestas salgan de algunos particulares no se puede evitar. Pero que estas propuestas salgan de gente con responsabilidad políticas, merece una sosegada reflexión, y a lo mejor, una rectifiación.

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