Tot és increïble

Tanto en Cataluña como en España, la principal distinción ya no es entre izquierdas y derechas, sino entre nacionalistas y demócratas. Pero como vamos a ver a continuación, se atribuyen significados opuestos, lo cual explica porqué la concepción de ciudadanía es incompatible y, por lo tanto, la convivencia bajo una misma ley resulta opresión.

En Cataluña, se considera demócrata aquél que considera que la nación está en las manos de la ciudadanía, mientras que se califica de nacionalista aquél que considera que la nación está por encima de la voluntad popular. Nacionalistas son aquellos que opinan que el territorio nacional no está sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que hay que defender la Constitución incluso cuando los poderes estatales han traicionado el pacto que la hizo posible, o que las instituciones españolas no están sometidas a las normas y pactos internacionales de derechos.

En España, la distinción utiliza los mismos términos para referirse a los bandos inversos. Se llama demócrata a quien identifica Constitución con democracia, como si el texto de 1978 redactado en un contexto de violencia política no pudiera mejorarse más adelante. Y a su vez, se llama nacionalistas aquellos que cuestionan la unidad de España, como si esta no fuera fruto del nacionalismo español y la nostalgia en un Imperio desaparecido.

Así pues, el núcleo del problema está en la tensión entre democracia y constitución. Y podemos aclararla en tres puntos:

1. La constitución fue posible en 1978 como un pacto entre franquistas y demócratas. Los primeros cedieron cuanto quisieron y los segundos aceptaron cuanto consideraron que abría una vía democratizadora que pudiera profundizarse con el tiempo. En 2010, quedó claro que la constitución era el tope de democracia admitida en España y el tapón que impedía la democracia en Cataluña.
2. El pacto constitucional es un juego de equilibrios. Las comunidades autónomas solo pueden aprobar su estatuto de acuerdo con las Cortes y en el marco de la constitución. Las instituciones españolas no pueden imponer su mandato sin el sufragio de la ciudadanía. Pues bien, desde 2010, Cataluña se rige por un estatuto no refrendado, sino cepillado primero por los partidos y fulminado después por un Tribunal Constitucional sin ninguna legitimidad, que ha anulado leyes del Parlament de Catalunya idénticas a las vigentes en otras comunidades autónomas.
3. La Constitución instituyó el Tribunal Constitucional como intérprete de la carta magna y, en consecuencia, como árbitro entre las instituciones. En 1978 se aprobó una constitución que permitía una interpretación amplia. La cerrazón de los miembros del Tribunal Constitucional ha aniquilado toda posibilidad de una lectura abierta y respetuosa con la diversidad. El problema no es lo aprobado en 1978, sino la instrumentalización de ese órgano durante 40 años a favor de las instituciones estatales y en detrimento de la ciudadanía. No basta cambiar el gobierno: hay que alcanzar mayores cotas de democracia.

Minado el pacto constitucional desde dentro, en España ya solo queda una dicotomía: se impone por la fuerza el orden constitucional unionista o se respeta la voluntad democrática y el derecho de autodeterminación de los pueblos según se formula en los dos Pactos Internacionales de Derechos que en su día España firmó. Dictadura o repúblicas. No hay más.

Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué los catalanes llaman demócratas a los nacionalistas y nacionalistas a los demócratas? Porque son dos países cuyas mayorías difieren completamente sobre qué es una nación y qué es una democracia. Mejor que cada uno se gobierne a si mismo para garantizar la convivencia social y la estabilidad política.