Xavier Jové Masana – Tarragona
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EL PAÍS – Opinión –
05-01-2008
Leo en Babelia (Nº 838; 15 de
diciembre de 2007) el precioso artículo de Antonio Muñoz Molina titulado El
libro ilimitado, una defensa de la lectura y un ataque a los falsos
expertos que controlan hoy el sistema educativo. La voz de escritores lúcidos y
valientes resulta actualmente del todo imprescindible en esta lucha contra la
ignorancia pedagocrática que muchos profesores venimos sosteniendo en
inferioridad de condiciones.
La clase
política hace años que contribuye claramente a la destrucción de la enseñanza
pública, pues encarga siempre la solución de los problemas a los mismos que los
van creando. La pedagocracia es como una hiedra voraz que medra precisamente a
costa de la cordura docente, de la transmisión de conocimiento, de los valores
educativos elementales. Sus huestes empezaron por desvirtuar la enseñanza
primaria, luego fueron desfigurando la secundaria hasta arrasarla, y ahora están
burocratizando la universitaria. Nadie sabe hasta dónde llegarán, en este
proceso de destrucción cultural en el que se han comprometido a fondo.
Como
apunta Muñoz Molina, en última instancia se trata de cercenar esa vía de
superación personal y de promoción social que la cultura representaba. Hoy el
entramado educativo está enteramente al servicio de las exigencias del mercado,
y eso impide el óptimo desarrollo de las potenciales (y diversas) facultades de
los discentes al tiempo que supone la alienación profesional de los docentes.
Es un proceso que ningún político muestra arrestos de querer entender e
intentar corregir.
PD: El segon el teniu si cliqueu més avall. Gràcies.
La lengua como arma arrojadiza
Distintas
formaciones políticas demandan la supremacía del castellano en todo el Estado.
Pero el multilingüismo no está reñido con la excelencia, como lo ilustra
Finlandia, a la cabeza del ‘Informe PISA’
ALBERT BRANCHADELL
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EL
PAÍS – Opinión – 05-01-2008
La andadura de la Constitución española como encarnación del
consenso que alcanzaron los españoles durante la Transición parece tocar
a su fin. En este momento el texto constitucional se halla bajo el fuego
cruzado de los que proponen superarlo en un sentido federalizante y de los que,
en sentido opuesto, más que una reforma constitucional postulan una contrarreforma
constitucional, que dé marcha atrás en el desarrollo del Estado autonómico,
reduciendo abiertamente la autonomía a la descentralización. Y todo ello sin
olvidar a los que, simplemente, ya no desean vivir bajo ninguna Constitución
española.
En fechas recientes se ha presentado
en sociedad un nuevo partido político que hace precisamente de la
contrarreforma constitucional su principal bandera. Si el posible impacto
electoral de Unión, Progreso y Democracia (UPD) es todavía una incógnita, su impacto
mediático y político son evidentes: acaso temeroso de la competencia que supone
UPD, uno de los dos grandes partidos españoles ya ha corrido a apropiarse tanto
de la filosofía del nuevo partido (donde UPD dice que la base de la ciudadanía
democrática es "la libertad en igualdad", el PP proclama que España
es una "nación de ciudadanos libres e iguales") como de la propuesta
de reforma constitucional como instrumento para el cierre definitivo del modelo
territorial.
Además de cerrar el modelo territorial,
la propuesta de reforma constitucional que preside el manifiesto de UPD se
centra en la "mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones
individuales, que deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos del
país". Al parecer, el artículo 139 de la Constitución es
insuficiente como garantía de esa igualdad: "Todos los españoles tienen
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del
Estado". Y probablemente es insuficiente porque el artículo 139 no ha
impedido que el Tribunal Constitucional, un órgano no precisamente
"sometido a constante desbordamiento por las pretensiones
nacionalistas", lo interprete de un modo que excluye la estricta
igualdad. En su sentencia 46/1991, el Tribunal Constitucional se pronunció
sobre la constitucionalidad de una ley del Parlamento de Cataluña según la cual
durante el proceso de selección los aspirantes a funcionarios autonómicos en
esa comunidad debían acreditar el conocimiento oral y escrito de la lengua
catalana. Pues bien, he aquí lo que dispuso nuestro Alto Tribunal al desestimar
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto: "El establecimiento de un
régimen de cooficialidad lingüística en una parte de territorio del Estado no
contradice el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio
nacional, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una
rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en
cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y
obligaciones". No se trata de un pronunciamiento aislado, sino toda una
línea jurisprudencial cuyo último reflejo es la reciente sentencia sobre el
Estatuto valenciano, según la cual "la pluralidad y la diversidad de
ordenamientos son rasgos consustanciales al Estado autonómico y su realidad no
puede, por definición, ser contraria a la Constitución, que es,
al cabo, la norma que la hace posible".
La referencia a cuestiones
lingüísticas por parte de UPD no es fortuita, porque en su propuesta de
estricta igualdad este partido reserva una posición crucial a la lengua
castellana, considerada imprescindible "como vehículo de entendimiento
general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad", bajo
la creencia de que una lengua común es el "instrumento político para la realización
dialéctica de la democracia". Este postulado niega implícitamente la
realidad de las democracias multilingües, como Bélgica o Suiza, que funcionan
perfectamente en ausencia de una lengua común. Lo de "perfectamente"
puede resultar chocante para Bélgica, que atraviesa una profunda crisis, pero
no debería serlo: la crisis belga no es causada por la ausencia de una lengua
común, y en cualquier caso ningún actor pone en duda el carácter trilingüe del
Estado belga, que además del neerlandés y francés reconoce el alemán como
lengua oficial. Si Bélgica no convence, piénsese en Suiza, una de las
democracias más antiguas, más estables y más prósperas del continente europeo,
donde el debate de las cuestiones que atañen a todos los suizos discurre en
tres lenguas oficiales (alemán, francés e italiano). Que el multilingüismo no
está reñido con la excelencia lo ilustra de manera certera Finlandia, que una
vez más encabeza con holgura el ranking del Informe PISA, con 63
puntos por encima de la media de la
OCDE y 15 más que en el año 2003. Pocos comentaristas del Informe
PISA han recordado que Finlandia reconoce dos lenguas nacionales (finés y
sueco): el hecho de hablar dos lenguas distintas no ha impedido a los
parlamentarios finlandeses debatir y aprobar la legislación en que se
fundamenta un sistema educativo que es la admiración del mundo entero. En fin,
el postulado de la lengua común también niega la realidad de nuestra Unión
Europea, para la cual el "instrumento político para la realización
dialéctica de la democracia" es precisamente el multilingüismo.
Pero lo más remarcable de este postulado no es que contradiga la actividad de
Rosa Díez o la de los actuales eurodiputados del PP, que debaten sobre
cuestiones que atañen a todos los europeos en ausencia de una lengua común
europea; lo más remarcable es que nos lleve sin demasiado disimulo de la
estricta igualdad entre los ciudadanos españoles a su estricta jerarquización.
En su manifiesto UPD propone "el
escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna,
atacado y negado en varias comunidades autónomas". Para empezar, la
propuesta supone otra reforma constitucional, aunque UPD se olvide de
presentarla como tal, porque nuestro Tribunal Constitucional también ha
declarado que del artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la
educación, no se desprende el derecho a recibir la enseñanza en la lengua
materna del interesado, lo cual faculta a los poderes públicos (en este caso de
Cataluña) las lenguas de comunicación en la enseñanza (STC 337/1994). El
problema de esta propuesta es que, aunque mencione la "lengua
materna", en realidad se refiere exclusivamente el castellano. (Si el
derecho se aplicara realmente a la lengua materna de cada cual, y los derechos
individuales "deben ser estrictamente iguales para todos los
ciudadanos", deberíamos encontrar a Rosa Díez defendiendo el derecho a
escolarizarse en catalán/valenciano, gallego o euskera a los españoles de esas
lenguas maternas residentes en Madrid -un derecho, por cierto, que hasta ahora
no había demandado nadie-). He aquí, pues, que UPD plantea una doble tipología
de ciudadanos en su marco de estricta igualdad: los españoles de lengua materna
castellana, que tendrán derecho a escolarizarse en su lengua estén donde estén,
y los españoles de otras lenguas maternas, cuyo igual derecho no se contempla.
Y si esto no es un síntoma inequívoco de jerarquización de los ciudadanos en
función de sus lenguas, véase la defensa de la prevalencia de la lengua
"común" sobre la "particular" (terminología
preconstitucional incluida), una prevalencia que conlleva descartar el
conocimiento de una lengua "particular" como requisito para ejercer
empleos públicos -en contra, una vez más, de la acreditada jurisprudencia
constitucional-. La doble tipología es inequívoca: habrá unos ciudadanos
españoles que siempre tendrán la garantía de poder comunicarse en su lengua con
los empleados públicos y otros ciudadanos, no menos españoles, privados de esa
misma garantía.
Lo inquietante de este asunto no es que
aparezca un partido nuevo con tan engañosos postulados. Es más inquietante que
uno de los dos grandes partidos de España, con posibilidades serias de
gobernar, los incorpore a su programa político. Y, puestos a concretar, lo más
inquietante de todo es lo que dijo Mariano Rajoy en la conferencia política del
PP del pasado mes de noviembre: "Si las autonomías defienden su lengua,
España tendrá que defender la suya". Disculpen ustedes: ¿España tiene una
sola lengua? ¿Acaso habrá que reformar también el artículo 2 de la Constitución, para
sustraer al catalán/valenciano, gallego y euskera su condición de lenguas
españolas?
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