Els Papers de Santa Maria de Nassiu

En cierto momento de su mandato, José María Aznar declaró que se veía a sí mismo como un nuevo Cincinato, aquel noble agricultor romano que fue requerido por sus compatriotas para salvar a la patria de la guerra civil entre patricios y plebeyos, y que luego, una vez cumplido su deber, volvió a su hacienda para empuñar el arado. Bien. Veamos lo que en la práctica hizo Aznar con este hermoso sueño catoniano. Cuando José María Aznar llegó a la política no era agricultor, sino inspector de Hacienda. En una democracia genuina, con una pensión vitalicia de 80.000 euros anuales como la que disfruta además de otras prebendas, un expresidente se dedicaría a las actividades humanitarias y de mediación (gratuitas, pero honrosas) que conocemos de otros países más al norte o al otro lado del Atlántico, así como a dar conferencias y, en su caso, a aprender inglés. O bien, si tenía añoranza de su empleo anterior, como Alfonso Guerra declaró añorar su puesto de profesor en la sevillana Escuela de Peritos, debería volver a ejercer su profesión (Guerra tampoco volvió a coger la tiza, descuiden; era sólo otro hermoso sueño catoniano). Al fin y al cabo, la inspección fiscal no es tarea tan exudatoria ni mal pagada como el trabajo de la tierra. Pero en esta sórdida partitocracia que padecemos en España, el expresidente se ha convertido en multimillonario pocos años después de abandonar el cargo sin que a nadie cause sorpresa. Así que, en vez de un Cincinato que vuelve al arado tras librar a la patria de una guerra civil, tenemos un Aznar que se hace rico tras haber apoyado una intervención militar de la cual resultó una guerra civil fuera de su país. La pregunta es: ¿quién diablos le contó a Aznar la historia de Cincinato? Porque se la contó al revés. 
La pregunta que se nos impone resulta, sin embargo, menos retórica: ¿Qué podemos hacer para evitar casos tan flagrantes? Aunque la vigente Ley de Incompatibilidades sólo dispone que las actividades empresariales privadas son incompatibles con los altos cargos durante el ejercicio político de estos, y permite por tanto prácticamente todo lo que un ex alto cargo pueda hacer a partir del cese en su responsabilidad pública (se prevén dos años de prohibición de actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo), a mi modo de ver, y en especial cuando afecta a miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, los cuales disfrutan en su mayoría de una holgada pensión de por vida, los casos de Javier Solana con Acciona, de Rodrigo Rato con Caja Madrid, de González y Aznar con Endesa y Fenosa, de Narcís Serra con la propia Fenosa, son moral y políticamente inadmisibles. En una realidad de crisis económica como la que vivimos, como mínimo es preciso que estos exgobernantes que reciben emolumentos monumentales de las empresas privadas renuncien a una pensión pública vitalicia que, careciendo en sí mismo de razón de ser, deviene un verdadero escarnio en un país asolado por un 20% de paro que ha visto reducidos todos los presupuestos públicos y las políticas sociales. Sería deseable que el Congreso de los Diputados se manifestara al respecto.
No hace falta ser directivo de Endesa o Telefónica para advertir que estos ingentes sueldos anuales podrían obedecer, más que a las luces naturales o a las habilidades empresariales de los interesados, a dos razones derivadas de su actividad política, ambas ilegítimas por muy legales que sean a día de hoy: el tráfico de influencias y la gratificación directa. 
La primera razón es la de que la empresa privada haga uso de información privilegiada que el exgobernante adquirió en el ejercicio de su función pública. No sólo de su red de contactos, cosa en principio aceptable, sino de información que el interesado obtiene durante su período de responsabilidad política, y que no debería utilizar para favorecer a esta o aquella empresa privada. Aludo a lo que antes se llamaba tráfico de influencias. 
La segunda razón, y más grave, es que la empresa privada, con estos sueldos astronómicos a cambio de un puesto más o menos inasible y volátil, podría estar en realidad devolviendo al exgobernante un favor político que éste le hizo cuando todavía podía hacerlo. La naturaleza del trueque parece palmaria en el caso de Eduardo Zaplana. Cuando Zaplana fue reducido por su partido a la condición de parlamentario raso, abandonó su escaño en el Congreso para fichar como delegado de Telefónica, una empresa que le paga 600.000 euros al año después de haber experimentado el proceso de privatización precisamente durante el mandato de Aznar en que Zaplana fue ministro. Ítem más. Jaume Matas, el presidente balear, fichó como ejecutivo del grupo hotelero Barceló tras perder las elecciones autonómicas, dándose la circunstancia, posible pero improbablemente azarosa, de que pocos meses antes su gobierno había adjudicado un gran proyecto urbanístico… al grupo hotelero Barceló. 
Este paso directo y descarado del ejercicio político al beneficio económico es legalmente inatacable, porque la incompatibilidad legal sólo se daba un día antes de dejar el cargo, no ya un día después. Al día siguiente del cese expiraba la incompatibilidad legal de Matas o Zaplana. Pero que un acción sea legal no significa que sea legítima. En un alto número de ocasiones estamos asistiendo a una suerte de devolución de favores a cargo del contribuyente que resulta incompatible con una ética de la función pública en un estado democrático. Se trataría de un quid pro quo sospechoso, y, probablemente, fraudulento de decisiones políticas favorables a cambio de dinero. No al mismo tiempo, pero sí en tiempo diferido. 
A fin de eliminar cualquier duda acerca de posibles intercambios de resoluciones administrativas por sueldos astronómicos, debe promulgarse una ley de incompatibilidades realista y, al mismo tiempo, estricta. Tal ley ha de prever un plazo razonable de, al menos, dos cambios de legislatura para que las informaciones derivadas del cargo que un dirigente obtuvo en su paso por la administración, o bien las actuaciones que realizó durante ese tiempo, no puedan utilizarse a favor de una empresa privada, o bien no puedan ser utilizadas por la empresa privada para el pago de favores políticos. Estos movimientos huelen mal, con independencia de que el efluvio lo produzca o no el semoviente, y el sentido común aconseja que el legislador los prevea, es decir, los restrinja por ley. Tal norma debe de-sarrollarse mediante el correspondiente reglamento. Y es preciso vigilar para que se cumpla ese reglamento. Nada de ello ha sucedido hasta ahora. Alfredo Timmermans, director de comunicación del último gobierno de Aznar, pasó a ser ejecutivo de Telefónica (otra vez Telefónica, empresa privatizada durante aquella administración) tras la derrota electoral del PP, y la Oficina de Conflictos de Intereses, que es la que entiende de estos casos, aprobó el fichaje tras la simple declaración de Telefónica de que Timmermans no intervendría en asuntos nacionales, sino sólo internacionales. Es el mismo argumento que valió también para la regalada transición de Zaplana. No seré yo quien ponga en duda el valor de la buena fe, pero aplicar la figura de la buena fe a ciertos arbitrios resulta un síntoma de degradación política. 
El oscuro túnel que lleva del cargo político a la bicoca privada tiene luz verde en nuestras leyes y reglamentos. Quizá haya llegado la hora de instalar un semáforo que también disponga del color rojo. Y de un control de velocidad cuando cambie al verde.”

PD: No us vull deixar amb un amarg gust de boca.