Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Aquest matí repassant la premsa he trobat un article de Josep Ramoneda. I me n’ha cridat l’atenció el primer paràgraf perquè ve a dir una veritat de les bones. Que si algun dia Catalunya arriba a la independència serà per qüestions econòmiques. I és que té més raó que un sant. Si la llengua fóra negoci ja estaria completament normalitzada. Sé que dir això és fort, però malauradament és la "trista" veritat. I si no, temps al temps. Us deixe el primer paràgraf de l’article a continuació, i el voleu llegir sencer pitgeu a continuació. Gràcies

Una ciudad averiada

El malestar de Cataluña

JOSEP RAMONEDA

EL PAÍS
 – 
España – 26-07-2007

Algo no funciona en Cataluña. Aeropuerto, cercanías, suministro
eléctrico, son muchas crisis acumuladas en menos de un año. El malestar
crece: hay un runrún de descontento en la sociedad catalana que tarde o
temprano alguien lo va a pagar. Repasando la prensa catalana, todas las
crisis llevan al mismo punto: Cataluña está abandonada en materia de
inversión y, por eso, las infraestructuras van estallando una tras
otra. Estos días los periódicos repiten unas cifras: Cataluña paga el
25% de la factura eléctrica y recibe el 15% del dinero destinado a
inversión en la red de distribución. Siempre he dicho que la
independencia de Cataluña nunca será por razones ideológicas o
identitarias sino por cuestiones de dinero y de sensación de trato
discriminatorio.

La electricidad es el servicio básico más importante y más complejo a
la vez. El vendaval ideológico de las últimas décadas, que ha hecho de
lo privado la panacea universal y de lo público el símbolo del
parasitismo, se ha estrellado en esta materia. Al tiempo que se ha
llevado por los aires a una figura muy importante de la cultura
democrática: el servidor público. Hay servicios esenciales para los que
la dependencia de la cuenta de resultados no parece la mejor garantía.
Y más aún cuando las compañías operan en régimen de monopolio -como es
el caso de Red Eléctrica Española-, o casi -las distribuidoras- sin
posibilidad alguna de que los ciudadanos opten por buscarse la vida en
otro lado. El resultado es que, cuando se produce la situación de
crisis, inmediatamente se entra en el carrusel del traspaso de
responsabilidades; de una empresa a otra, de las empresas a la
Administración pública y de la Administración pública a las empresas, y
de una Administración a otra. Lo cual sólo sirve para aumentar la
confusión, en un régimen ya de por sí confuso, gestionado por empresas
privadas pero con tarifas fijadas por el Gobierno. En este surrealista
panorama, en unos tiempos en que los dirigentes políticos se han
convertido en el chivo expiatorio universal, son ellos los que
acostumbran a llevarse la mayor parte de los palos, cuando muchos de
ellos, en este caso, deberían caer sobre las empresas responsables del
suministro.

Las responsabilidades parecen bastante claras. El problema es
imputable, en grados distintos que ya delimitará la autoridad
competente, a las dos empresas privadas: Red Eléctrica Española y
Fecsa-Endesa. Y es a ellas a quienes los ciudadanos deben dirigirse
para defender sus derechos lesionados. Sería un buen signo que los
ciudadanos apretaran las clavijas a quienes deberían tener la red
energética en condiciones y no la tienen, en claro incumplimiento de
sus obligaciones.

Después de las responsabilidades empresariales vienen las políticas,
que también existen. Primero, por falta de autoridad sobre las
empresas. ¿Por qué no exigen una segunda red de emergencia? ¿Por qué no
vigilan el estado de la red? Segundo, por la eficacia en la atención y
ayuda a los ciudadanos cuando la crisis se produce. Y aquí es donde
llueve sobre mojado. La ciudadanía vive con la sensación de que algo
falla en el mando, independientemente de la responsabilidad concreta de
cada momento, cuando se repiten las crisis con tanta frecuencia.

Y es entonces, cuando la gente hace la amalgama y el cabreo se traduce
en malestar político. En la sensación de que el árbitro no es
imparcial. Lo cual no deja de ser una consecuencia de la peculiaridad
del sistema autonómico español. El Estado de las Autonomías está muy
descentralizado en el gasto. Pero lo está muy poco políticamente: las
principales decisiones todavía se siguen tomando en Madrid. Como
consecuencia de ello, lo simbólico y lo identitario pintan poco. Mucho
ruido y pocas nueces. Al fin y al cabo, la fuerza de la tan pregonada
nación catalana depende fundamentalmente de una cosa: de que el número
de diputados catalanes que haya en el Parlamento español sea
imprescindible para formar una mayoría de Gobierno. Así las cosas, no
es extraño que el caos se convierta fácilmente en malestar político. Y
el malestar proporciona, a veces, sorpresas electorales.