Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Los problemas de la sequía
Manipula y humilla

FERRAN BONO

EL
PAÍS – 20-04-2008

El agua como bandera

JOSEP TORRENT

EL
PAÍS – 20-04-2008

La peor argucia

J. J. PÉREZ BENLLOCH

EL
PAÍS – 20-04-2008

La renta por habitante valenciana se
sitúa 9 puntos por debajo de la media española

I. Z. – Valencia

EL
PAÍS – 20-04-2008

Los problemas de la sequía
Manipula y humilla

FERRAN BONO

EL PAÍS – 20-04-2008

“No voy a permitir la
humillación a los valencianos”. “No”, se reafirmó Francisco
Camps. Nadie humilla a los valencianos, un pueblo que no se doblega ante nada
ni ante nadie, y menos ante José Luis Rodríguez Zapatero, vino a reiterar el
presidente valenciano en un tono aparentemente airado e indignado. Nada dijo
Camps de que los barceloneses no tendrán agua para beber en unos meses si no se
encuentra una solución rápida a su imprevisión. Nada dijo de que el aporte del
agua del Ebro (50 hectómetros en total) desde Tarragona a Barcelona será
transitorio y se realizará por una tubería de un metro de diámetro, a lo largo
de 62 kilómetros
de autopista, sin destruir a su paso el entorno natural; ni que la compra de
los derechos a los regantes de Tarragona es una práctica idéntica a la que ha
permitido llevar agua a Benidorm o Valencia desde el Júcar en momentos de
extrema emergencia. No. Sólo le interesaba volver a la carga en su particular
batalla del agua y de paso, sacar la cabeza a flote de las turbulentas aguas
por las que navega su partido, el PP. Y ya se sabe que en las guerras todo
vale, siendo la manipulación una de las armas de destrucción masiva.

Apenas le
faltó tiempo a Camps para comparar la medida del Gobierno con el derogado
trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba abrir una
canalización permanente de 21
metros de ancho y 914 kilómetros de
largo a través del territorio catalán, valenciano, murciano y andaluz. Una
cicatriz sin cauterizar por la que discurrían 1.050 hectómetros de agua todos
los años. A Barcelona sí, y a nosotros no, repite Camps, a pesar de que los
valencianos no hemos sufrido restricciones en medio de una brutal sequía. ¿Por qué
si tanta agua nos hace falta, la
Generalitat no realiza campañas serias de concienciación
ciudadana (los valencianos consumimos 170 litros por persona,
mientras que los barceloneses, 110) o se plantea subir el precio de un bien tan
escaso (0,6 euros el metro cúbico de agua en Valencia, y 1,2, en Barcelona)?

Claro que
el problema del agua es muy complejo. Las contradicciones se suceden. No hay
una solución ideal que contente a todos. Las diferencias se producen en el seno
de la misma familia, de los partidos, de dos poblaciones vecinas, de dos
comunidades. Por ello resulta de sentido común apostar por la mayor autonomía
hídrica posible en todos los territorios. Un objetivo en el que se enmarca el
uso de desalinizadoras, sin menoscabo de otras vías. No hay más remedio que
llegar a encuentros, a acuerdos, pese a los réditos electorales que reportan
los enfrentamientos por una materia tan común al ciudadano como el agua.

Pero es
tan sencillo manipular repitiendo que el agua del Ebro se tira al mar… Es tan
sencillo como comerse unas sardinas que difícilmente servirían de sustento para
los pescadores y alimento para los ciudadanos sin los aportes del agua dulce de
los ríos, como se ha demostrado, por ejemplo, en la desembocadura del Nilo.

Da igual.
Estas cosas no importan. Importan las audiencias. Marcar músculo facial y
asegurar que nadie humillará a los valencianos. Palabra del presidente de la Generalitat que se
negó a recibir a víctimas del mayor accidente del metro en España, causante de
43 muertos pero de ninguna dimisión; del presidente de la comunidad autónoma a
la cola en camas hospitalarias por habitante; del presidente que boicotea la Ley de Dependencia que
favorece a los que no se valen por sí mismos; del presidente que ha promovido
una de las óperas más caras del mundo y no ha dado explicaciones por su
escandalosa inundación; del presidente que rechaza explicar el coste de la
visita del papa y la promoción de su arzobispo, y que asiente cuando Rita
Barberá pide al “santo padre” que “rece por España”; del
presidente de una televisión autonómica que se explaya en las relaciones de un
gobernador americano con una prostituta y no informa del gasto de 50.000 euros
públicos en prostíbulos de ambiente gay de un concejal mallorquín del PP y
activista ultracatólico. En fin, del presidente que no permitirá que nadie
humille a los valencianos. Él se ocupará de eso.

El agua como bandera

JOSEP TORRENT

EL
PAÍS – 20-04-2008

El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón,
reconoce en público, sin ambages, que la Comunidad Valenciana,
“salvo algún caso puntual”, no tiene problemas de abastecimiento de
agua. La ausencia de los mismos, sin embargo, no le impide la exigencia de
soluciones. ¿Cuáles? “Las que (el Gobierno) da a los demás”, dice
refiriéndose a la prolongación del minitrasvase del Ebro que desde 1989
abastece a Tarragona hasta Barcelona. La diferencia, hasta el consejero lo
asume, es que la capital de Cataluña tendrá a partir de este otoño
restricciones en el consumo y la Comunidad Valenciana
-“salvo casos puntuales”- lleva años sin sufrir cortes de agua. ¿Se
pueden pedir soluciones idénticas a problemas diferentes? En la política
valenciana, sí. Un alto cargo del Consell, a cuenta de la nueva guerra del
agua, reflexionaba en voz alta: “No sé si conseguiremos recuperar el
trasvase del Ebro, ni tan siquiera sé si lograremos una gota de agua más; pero
manantiales de afecto nos van a llegar de todas partes”. Tradúzcase
“manantiales de afecto” por votos y se entenderá perfectamente por
qué se reclaman los mismos remedios a situaciones distintas.

La primera legislatura de Rodríguez
Zapatero arrancó con la decisión de suprimir el trasvase del Ebro. Acuerdo que
se tomó sin ninguna medida alternativa y se visualizó con la prepotente imagen
de la ministra Cristina Narbona brindando con cava en el Delta del Ebro. Ni en
sus ensoñaciones más optimistas hubiera imaginado el presidente de la Generalitat un regalo
electoral tan generoso. Francisco Camps levantó la bandera del victimismo y
alcanzó dos objetivos increíbles: Convertir el agua en una seña de identidad
social y materializar un problema donde no lo había. Los socialistas
valencianos se limitaron a contemplar el prodigio abandonados por los suyos en
el Gobierno de la Nación,
huérfanos de iniciativas y farfullando abstrusos y confusos discursos. Los
resultados de tanta incapacidad política han quedado contrastados
fehacientemente. La última vez el pasado 9 de marzo.

El arranque de la segunda legislatura
socialista con Zapatero al frente se asemeja demasiado a la primera. Da no sé
qué ver a los socialistas haciendo juegos malabares con el término trasvase
para intentar negar lo que es una obviedad, y agota la demagogia y el populismo
del Consell. El presidente Camps y su consejero García Antón deberían responder
a algunas preguntas muy sencillas. ¿Caso de que se hubiera mantenido el Plan
Hidrológico Nacional diseñado por el Gobierno de José María Aznar, cuándo
hubiera llegado el agua a la Comunidad Valenciana? ¿Cuál hubiera sido el coste
de esa agua sin el concurso de los usuarios de Barcelona y su área
metropolitana? ¿Por qué se pretendía -y se pretende- trasvasar el agua de
escasa calidad del Ebro hasta el pantano de Tous para solucionar el déficit
hídrico que sufriría La Ribera
tras la transferencia de caudales del Júcar, de mucha más calidad, desde el
Caroche hasta Alicante? ¿Cómo habrían solucionado el problema del agua en la Comunidad Valenciana,
Murcia y Almería hasta que hubiera llegado el agua del Ebro? ¿Qué métodos
tendría que haber utilizado el Gobierno para sofocar la inevitable rebelión
civil de los habitantes del Delta si se hubiera llevado a cabo el trasvase?
¿Por qué las desaladoras, según y dónde, son “nucleares del mar” y en
otros puntos imprescindibles para conceder licencias a macrourbanizaciones?

Son preguntas sin respuesta. La
paradoja del agua reside en el hecho de convertir en un problema la ausencia
del mismo. Un diputado del PP aseguraba no hace mucho que en Murcia, donde sí
que hay un serio problema, su presidente, Ramón Luis Valcárcel, había decidido
arriar la bandera del trasvase y apostar claramente por las desaladoras porque
era consciente de que, más pronto que tarde, sus ciudadanos iban a exigirle
soluciones y no retórica. Pero no es el caso de la Comunidad Valenciana,
donde Camps ha logrado una combinación letal para los socialistas consecuencia
de unir modernidad, medievo y sentimientos. Elementos básicos de ese cóctel son
el agua, convertida en seña de identidad, y la diferenciación del otro, viga
maestra de todos los nacionalismos que en el caso del presidente de la Generalitat adquiere
visos de chovinismo risible cuando se sitúa frente a José Luis Rodríguez
Zapatero y Cataluña.

El discurso identitario de Camps en la Comunidad Valenciana
tiene inconvenientes comunes a algunos nacionalismos. Entre otros el de olvidar
los asuntos que realmente conciernen a los ciudadanos. Si Barcelona y su área
metropolitana tienen problemas de abastecimiento de agua, como los tiene de
infraestructuras, es porque sus políticos han dedicado más tiempo a consolidar
sus hechos diferenciales que a buscar soluciones. Los líos internos del
tripartito tienen mucho que ver con el retraso de la puesta en marcha de la
desaladora del Llobregat.

Los valencianos sabemos mucho de cómo
construir un “nacionalismo” fomentando el odio hacia el otro. Más
anticatalanistas que valencianistas, Unión Valenciana, antes, y el PP ahora han
“fabricado” un hecho diferencial de indudable rentabilidad electoral.
Pero los “antis”, a menudo, acostumbran a ser recíprocos. Cataluña es
el mercado interior más importante de la Comunidad Valenciana.
Cualquier movimiento antivalencianista en Cataluña dañaría, y no poco, los
intereses de sectores industriales situados al sur de Tortosa, entre otros al
agroalimentario. No es de extrañar que cunda el alarmismo entre el empresariado
menos obsecuente con el presidente. La Generalitat no tiene un euro y las inversiones
públicas dependen del Gobierno de España. José Vicente González, presidente de
la patronal valenciana, y Francisco Pons, responsable de AVE, ya se han
pronunciado a favor de la colaboración entre ambas administraciones; pero
Francisco Camps sigue a la suya. Ahora ha reabierto el frente del norte y
empresario hay que no sabe cómo decirle que con las cosas de comer no se juega.

Pero el presidente está feliz. Ha
hecho del agua una senyera.

La peor argucia

J. J. PÉREZ BENLLOCH

EL
PAÍS – 20-04-2008

Nadie puede cuestionar que hoy el titular de la Generalitat, Francisco
Camps, es una figura política con dimensión estatal, a lo que han contribuido
dos hechos principales: en primer lugar, la preeminencia electoral de su
partido desde 1995, que él mismo ha acrecentado y con lo cual se ha investido
de un poderío tan sólido como decisivo en el seno de su partido. Y de otro
lado, la insólita aptitud -y descaro- que ha revelado para agitar el victimismo
mediante la bronca permanente por supuestos desaires, discriminaciones o
incumplimientos de los Gobiernos centrales socialistas. Ejemplos de ello son la
batalla demagógica por el agua que nunca ha faltado, o por las infraestructuras
que el mismo Consell no resuelve en lo que le concierne, o el sempiterno
lloriqueo (José María Aznar dixit) por la financiación cuando más
abundantes son los recursos transferidos.

Ese es sumariamente el trazo grueso
de su política que tan buenos resultados le ha propiciado en las urnas y tan
tibia e inoperante respuesta ha provocado en la oposición, cautiva de su propio
enervamiento y problemas internos, pero también desarmada mediáticamente para
cuestionar y sacudir aquellas parcelas que la administración oculta o manipula.
En tal aspecto hemos llegado en este país valenciano a unos extremos en los que
la apatía social debido a la opacidad de los asuntos públicos y la indiferencia
que de ello se decanta se solapa con el incivismo. Da la impresión de que la
inmensa mayoría del vecindario se da por complacida con el presunto glamour
de unas regatas que han sido flor de un día, el estrépito de unos bólidos u
otros fastos semejantes con los que se arguye que sitúan Valencia en el mapa.

Repetimos: tal es la práctica
política conservadora, legitimada por los votos y eso resulta inobjetable. Pero
éstos no pueden ser una franquía para demorarse en falacias con graves
consecuencias sobre segmentos de población que, a mayor abundamiento, son los
más desfavorecidos. Nos referimos al boicot (uno más) que el Consell viene
aplicando a la Ley
de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de
2007, sumariamente conocida como ley de dependencia. Del mismo título de la
norma se colige que sus beneficiarios son personas discapacitadas con distintos
grados de severidad, incluidos los enfermos mentales. Esta ley establece ayudas
económicas para que los dependientes puedan ser atendidos por familiares o terceras
personas. ¿Por qué no se aplica en esta comunidad, o se aplica con tanta
parsimonia y trabas que supone una vulneración?

Al decir del diputado socialista
Antonio Torres hay 61.000 ciudadanos valencianos que han instado las ayudas y
que esperan una respuesta. La
Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ya ha apremiado a la Consejería de Bienestar
Social por las demoras en la tramitación de instancias. Asombra que el
responsable de este departamento, Juan Cotino, de tan pía sensibilidad, haya de
ser señalado con el dedo por esas dilaciones, que en realidad responden a un
propósito flagrante de frustrar el fin social de la ley. Abona este juicio el
hecho de que el Consell haya pretendido asimilar el silencio administrativo a
la denegación, vulnerando lo establecido por la ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, de 1992, que dictamina lo contrario. No es menos
significativa la dificultad con que tropiezan las personas dependientes para
que se valore su grado de discapacidad, pues únicamente se cuenta con menos de
40 expertos cuando los fijados en función de la población son 140.

¿Cómo habría que interpretar esta
actitud del ejecutivo autonómico? ¿Acaso le tiene ojeriza a este colectivo de
personas con discapacidad? No es eso, obviamente. Más cierto parece que, al
margen de hostigar por inercia a Rodríguez Zapatero, el Consell no tiene un
céntimo para financiar la parte que le incumbe de esta prestación social que en
su mayor parte corre a cargo del Gobierno central. Sus opciones han sido otras
y en ellas se ha empeñado hasta las cejas. Tan es así que hoy le echaría mano
al platillo de un ciego mendicante, del mismo modo que se ha apropiado de los
millones de euros -2l en 2007 y 80 en lo que llevamos de 2008- que ha recibido
para subvenir la ley. Suerte tendrá el PP de que los aludidos damnificados no
pidan en la calle lo que el molt honorable les niega con argucias desde
los despachos.

La renta por habitante valenciana se
sitúa 9 puntos por debajo de la media española

I. Z. – Valencia

EL
PAÍS – 20-04-2008

La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero,
comparó ayer las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la
desaceleración con la “ausencia de políticas” no ya industriales sino
económicas que en su opinión han caracterizado a la presidencia de Francisco
Camps. La diputada socialista utilizó datos del Instituto Nacional de
Estadística para sostener la tesis de que la Comunidad Valenciana
desaprovechó los años del boom de la construcción para situarse entre
los territorios que más crecieron (en el periodo 2003-2007 fue la quinta que
menos lo hizo). Y de que debido a su dependencia del ladrillo (que corrió en
paralelo a la agudización de la crisis industrial) se encuentra más expuesta
que la media a las consecuencias de la mala situación del sector.

“La diferencia de la renta por
habitante respecto al resto de España se ha multiplicado por dos en cinco años
debido a la ausencia de políticas activas que aprovechen el crecimiento de la
población para lograr el crecimiento productivo”, afirmó.

En 2003, la renta por habitante
valenciana (17.571 euros) representaba el 94,27% de la media española (18.639
euros). El año pasado, en cambio, la renta por habitante valenciana (21.239
euros) representaba tan sólo el 90,7% de la española (23.396 euros). Según
Rodríguez-Piñero, la
Comunidad Valenciana ha visto aumentada considerablemente su
población en ese periodo (lo que podría apuntarse como causa del descenso de la
renta media), pero eso también ha ocurrido en territorios como Madrid, Murcia o
Cataluña sin que hayan perdido posiciones (aunque la diputada no ofreció datos
sobre esas comunidades).

No es la única luz roja que se ha
encendido en el cuadro de mandos de la economía autonómica. Desde el primer
trimestre de 2007, los aumentos del paro han tendido a doblar a los que se
registraban en el conjunto de España. En febrero y marzo de este año, cuando
las subidas medias en el Estado se situaban en torno al 10%, las valencianas
alcanzaban primero y superaban después el 21%.

Algo similar ha sucedido con la
industria. El valor añadido bruto del sector creció en 2007 un 0,2% en la Comunidad Valenciana
frente al 3,1% que lo hizo en el conjunto de España. Y el peso de la industria
en la estructura del Producto Interior Bruto ha caído en los últimos cinco años
el doble (un 2,49%, pasando de representar el 17,16% a sólo el 14,67% del PIB)
que la media española, que ha retrocedido un 1,20%.

La vocal de la gestora del PSPV
reclamó a Camps que ponga en marcha una “política económica que priorice
la inversión en infraestructuras, investigación y desarrollo, innovación y que
estimule la industria”.