Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Els dimecres tindré enguany poc temps per al bloc. Així que, si no ho demana l’actualitat, el que faré és penjar algun dels articles de la xarxa. Ací en teniu algun:

FRANCISCO BAZAGA CALDERÓN  –  Madrid

EL
PAÍS  –  Opinión – 18-10-2008

Hipocresía y moralina

PEPA CEFERINO  –  Valladolid

EL
PAÍS  –  Opinión – 18-10-2008

Salvados por la campana

ÁNGEL LÓPEZ G. MOLINS

EL
PAÍS – 18-10-2008

El día histórico

MANUEL RIVAS

EL
PAÍS  –  Última – 18-10-2008

¡Vaya ESO!

SANTIAGO MARTÍNEZ GARRIDO  –  Avilés, Asturias

EL
PAÍS  –  Opinión – 10-10-2008

EL ESBIRRO DE FRANCO
El cazador de rojos

Pedro
Urraca dirigió en Francia una red de agentes para perseguir a líderes
republicanos huidos tras la
Guerra Civil. Él fue quien detuvo y trasladó a Lluís Companys
a España, donde fue fusilado. Su hoja de servicios será inaccesible para los
historiadores hasta el año 2021

LUIS GÓMEZ

DOMINGO
– 28-09-2008

Apuntes
Las chapuzas del arzobispo

JOPEP LLUÍS BARONA

EL
PAÍS – 03-10-2008  

EL PAÍS  –  Opinión –
18-10-2008

Hace ya meses que vengo sintiendo
pena y vergüenza ajena por la falta de respeto de las autoridades autonómicas
hacia la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Asignatura
que, por cierto, es perfectamente legal.

No
entiendo cómo la autoridad educativa evidencia tal falta de civismo al amparar
una objeción a la asignatura mediante el sabotaje esperpéntico de impartirla en
inglés, cuando no dispone ni tan siquiera del personal que tal iniciativa
requiere. Es más, la instrumentalización de la educación para la zancadilla
política revela un profundo y radical desprecio de la acción educativa y de la
dignidad de los que participan de un servicio tan esencial para la sociedad.

Puede que
algún día el conservadurismo valenciano, carente de complejos y de otras
virtudes, se arrepienta de tan flagrante promoción de la desobediencia civil a
la legislación educativa. Se darán cuenta de que fueron ellos los que sentaron
en su día este patético precedente.

EL
PAÍS  –  Opinión – 18-10-2008

Hace un tiempo, cuando estrenaron la película 300, a la cual no voy
a descalificar por supuesto, me sorprendió ver a críos, solos o con sus padres,
viendo esta cinta, en la que había una enorme violencia; como esta cinta,
cientos de ellas, Batman, Spiderman, etcétera, incluso especifican
“para todos los públicos”, y me pregunto: ¿dónde están los
responsables de velar por los pequeños? Y ahora ya sé dónde están… Los
responsables de velar por la protección moral están en la política de la Comunidad de Madrid…
Ahí sí que velan por la moral de sus conciudadanos.

Pueden comprar las revistas de sexo
que quieran, en cualquier quiosco, a la vista de todo el mundo, pueden ver las
películas que quieran alquiladas en un videoclub, de violencia, sexo, y demás
pueden verse anuncios de chicas y chicos en ropa interior de cualquier marca
cara, pero… un cartel en que no se ve nada, aunque eso sí, se lee la palabra
“ninfómana”, les hiere la moral y, señores, eso no se puede
permitir… Hasta ahí podríamos llegar.

A este paso, entre unas cosas y otras
acabamos como hace 50 años.

EL
PAÍS – 18-10-2008

En el boxeo esa expresión alude a la campana que, al cerrar el
asalto, libra a un boxeador de ser noqueado. Por lo general, la campana no hace
sino dilatar la agonía hasta el siguiente asalto, en el que el boxeador,
tocado, se derrumbará inevitablemente. Pero en la vida diaria no es así. Todos
hemos tenido la experiencia escolar de ser salvados por un timbre. Acuérdense
del profesor que pregunta por orden alfabético, la lista que se aproxima
peligrosamente a nuestro apellido, las manos que nos sudan, el corazón agitado
y, cuando ya parece que nuestra ignorancia en cuestión de derivadas o de ácidos
grasos o de escritores románticos nos va a conducir a la debacle, un timbrazo
salvador acaba con la hora de clase y nos devuelve la tranquilidad.

Algo de esto está pasando con la
crisis financiera mundial. Hace sólo un mes, la Comunidad Valenciana
se enfrentaba a un desastre económico sin paliativos como consecuencia de la
apuesta exagerada por el ladrillo, de la depredación del territorio y del
hundimiento de los valores morales ocasionado por la cultura del pelotazo y de
la especulación. En este carnaval de disparates había culpables directos e
indirectos. Entre los segundos, las distintas administraciones entregadas
alegremente al baile de los PAI, entre los primeros, conocidos sinvergüenzas
con nombres y apellidos a los que los escándalos y los juicios habían
convertido en personajillos de papel couché, pero -curiosamente- tan
apenas en objeto de reprobación social. Ahora resulta que, como el desastre es
mundial y los villanos han pasado a tener nombres exóticos -Fortis, Lehman
Brothers, AIG, etc.-, de nuestros especuladores ya no se acuerda nadie y dentro
de poco los tendremos otra vez campando a sus anchas, elogiados por los poderes
públicos en calidad de padres de la patria valenciana. En definitiva, que les
ha salvado el timbre, aunque la campana que cierra la sesión bursátil no
consiga sacarlos del atolladero.

Se habla mucho de la necesidad de
recuperar la confianza para salir de la profunda crisis económica en la que nos
hallamos. Es verdad, hace falta confianza. Pero la confianza no sólo hay que
tenerla en las entidades, pues detrás de ellas siempre están las personas. No
sería la primera vez que personajes de dudosa honradez dejan caer unas siglas
para reaparecer poco después bajo un pendón diferente con sus prácticas
inmorales de siempre. Y si las personas han defraudado nuestra confianza, la
única solución para recuperarla estriba en su deslegitimación social. No se
trata de abrir una caza de brujas, se trata de que la actividad económica
futura no se realice ya nunca más bajo sospecha. La gente no entiende ahora
mismo que los estados se propongan usar su dinero para salvar bancos que
dilapidaron lo que también era su dinero. Como si dijéramos: te robo cien
euros, pero te los repongo con otros cien que tomo de tu cartera. Lo mismo
ocurre a nuestra modesta escala local. Cuando se pasen las ondas de la
campanada de estos días, los valencianos llegarán a extrañarse de que los
desaprensivos que han dejado miles de personas en el paro, miles de pisos
hipotecados sin posibilidad de pagarlos y cientos de paisajes devastados para
siempre sigan pavoneándose con el beneplácito de nuestros gobernantes. Zapatero
y Rajoy acaban de ponerse de acuerdo sobre la base de dos palabras mágicas,
transparencia y control. ¿Y en esta tierra de nuestros pecados? Pues qué
quieren que les diga. Para variar, acaba de reactivarse el pelotazo de
los terrenos del Valencia CF. Vamos, que no aprendemos y que, por lo visto, la
catarsis social no tiene nada que ver con nosotros.

EL
PAÍS  –  Última – 18-10-2008

Hemos abusado mucho, en el periodismo, de la expresión “día
histórico”, hasta el punto de que, en España, los días más históricos,
inolvidables, son aquellos en los que no pasa nada. Nada histórico, quiero
decir. Somos muy generosos. Todas las faenas son históricas. Todos los goles
son históricos. E incluso, según Telemadrid, Esperanza Aguirre es un personaje
histórico que hizo majas en 1808. El paroxismo de lo histórico, sin embargo, lo
alcanzó el dictador con su Manifiesto Cerrajero: “Todo queda atado y bien
atado”. El futuro también pertenecía a la historia. La prolongación
metafísica de la ruindad. La frase parece incluso demasiado inteligente,
destila una alegría maliciosa. Como quien dice: “Españoles, ¡mi
maldición!”. Pero todos los bellacos tienen días brillantes. A la muerte
de Stalin, Vasili Grossman, el escritor judío y héroe soviético, tiene
esperanzas de publicar al fin Vida y destino, escrita con la valentía
que le dio una frase de Chéjov: “Ya es hora de que cada uno de nosotros se
deshaga del esclavo que lleva dentro”. Eleva una carta: “Le ruego que
le devuelva la libertad a mi libro”. La respuesta es: “Sólo será
posible publicarlo dentro de 250 años”. El auto de Garzón tiene el valor
impagable de desatar, desde la justicia, una forma de cautividad permanente. Al
fin, un juez se acerca en comisión de servicio al corazón de las tinieblas. El
pastor que sabe quién es Edipo exclama: “¡Ay, de mí, que estoy a punto de
decir lo más terrible!”. Y Edipo, en lugar de acallar la memoria,
responde: “Y yo a punto de oírlo, pero hay que oírlo”. Los que
arremeten ahora contra Garzón, conocido el auto que ubica al franquismo en su
sitio, en la historia del Crimen, debieran tener el valor de Edipo en este
verdadero día histórico: “¡Hay que oírlo!”. Y dar un ejemplar paso
adelante. Pronunciar el auténtico juramento: “Mi patria es la
justicia”.

EL
PAÍS  –  Opinión – 10-10-2008

Has empleado, Elvira Lindo, la palabra precisa. La ESO descolocó a niños
al sacarlos de colegios y llevarlos a institutos. La EGB llenó los colegios
públicos de adolescentes controlados. La libertad se logra de forma espontánea
con la responsabilidad que proporciona la etapa juvenil por la mera ley del
desarrollo intelectual. Alguien se inventó ese engendro de la ESO, que sustrajo infantes del
colegio para echarlos al circo del instituto, como cristianos a los leones,
suponiéndoles personas formadas y lanzándolos al disfrute de una libertad de
ficción.

Si es que se quería acabar con el
paro al que se veían abocados tantos universitarios bien preparados y para
subsanar la cacareada pobreza intelectual del Magisterio, se podía haber
llevado a los licenciados a los colegios. Por eso, el día 8 de octubre de 2008,
después de leer el último rincón de EL PAÍS, se me ocurrió escribir este
corolario a tus atinadas columnas. Se puede titular De aquellos polvos
vienen estos lodos. La escuela no se merecía aquel desgaje ni semejante
desprecio por parte de los planificadores de la enseñanza. Desde su triste
condición de maestros -según una desafortunada descripción de un reputado
miembro del Congreso, Herrero de Miñón por más señas-, éstos se figuraron el
papel que sus pipiolos de 6º podrían representar en la cafetería del insti,
en el intermedio entre la clase de mate y la de soci, que no
fuera lanzar vasos, envoltorios y hasta sillas para animar el cotarro. Tal como
niños.

DOMINGO
– 28-09-2008

No fue un simple policía de la represión franquista. El agente
Pedro Urraca Rendueles convirtió en una pesadilla el exilio de destacados
dirigentes republicanos huidos a Francia después de la Guerra Civil. Con
ayuda de la Gestapo,
los hostigó, persiguió y terminó apresando. No se detuvo hasta detener al
presidente de la
Generalitat, Lluís Companys, y conducirlo a España para que
fuera ejecutado tras un sumario consejo de guerra. La pista del agente Urraca
se pierde a su regreso a España. Su historial posterior es un misterio que
tardará al menos 13 años más en resolverse. Su hoja de servicios será
inaccesible hasta el año 2021.

Su identidad tardó en ser conocida por
aquellos historiadores que empezaron a investigar en las alcantarillas del
franquismo. Nadie le molestó. Nadie llamó a su puerta. Nadie pudo interrogarle
por su actuación en Francia tras la Guerra Civil. Un historiador llegó a localizar un
teléfono a su nombre en una guía telefónica de Madrid en los años noventa, pero
no llegó a marcar ese número. Ni siquiera en el archivo del Ministerio del
Interior consta la fecha de su presunto fallecimiento (de seguir vivo tendría
104 años), un dato que no es anecdótico: la ley impide acceder a su historial
hasta pasados 25 años de su muerte.

El historial policial de Urraca es
todavía secreto. ¿Tiene algún sentido que la actuación de este personaje y de
los policías a los que dirigió esté vetada al escrutinio de los historiadores?
Es un ejemplo más de la memoria imperfecta de España. Este periódico intentó el
acceso a su ficha personal, pero en aplicación de la ley, su expediente no será
accesible hasta octubre de 2021, dado que el último documento (un reconocimiento
de trienios) data de 1971 y han de pasar 50 años o 25 desde su muerte. Se
jubiló en 1969. No consta fecha de su fallecimiento. Los datos más elocuentes
sobre sus actividades están en los archivos franceses, entre ellos su condena a
muerte en 1948 por el Gobierno democrático acusado de colaboración con los
nazis y persecución de exiliados españoles. Urraca pudo sortear esa condena.
Desde los años cincuenta ha sido un funcionario especialmente escurridizo.

¿De qué fue responsable? Pedro Urraca
fue el personaje central de una red de policías que el régimen de Franco
distribuyó por Francia tras la guerra para perseguir, y en algunos casos
detener, a las principales autoridades de la República Española
en el exilio. No fue una actividad secreta, sino una operación de represión en
territorio extranjero en colaboración con la Gestapo y el régimen de Vichy. Existe
documentación sobre el envío de agentes policiales, en diciembre de 1941, con
destino a Marsella, Perpiñán y Toulouse para investigar y perseguir a “los
jefes rojos”. Paralela a esta operación policial fue la actividad de la Comisión de Recuperación
de Bienes Españoles en el Extranjero, dirigida por el coronel Barroso, agregado
militar en París. Esta red no se limitó a vigilar y perseguir a republicanos: se
incautó de dinero, joyas y documentos en los domicilios donde residían los
exiliados.

No hace mucho tiempo que se pudo
verificar que fue Pedro Urraca el autor, el 13 de agosto de 1940, de la
detención de Lluís Companys, presidente de la Generalitat durante la
guerra. Fue también quien primero le interrogó en París y quien finalmente
ejecutó su entrega en Irún a las autoridades españolas, que lo fusilaron
semanas después (15 de octubre). El caso de Companys fue similar al de Julián
Zugazagoitia (ministro de la
Gobernación con Negrín, detenido en París, entregado y
fusilado en Madrid). Detuvo e interrogó a decenas de personalidades relevantes
de la República,
como Manuel Portela Valladares (ex presidente del Consejo de Ministros), Josep
Tarradellas, Juan Morata (subsecretario de Gobernación) o Mariano Ansó
(ministro de Justicia). La lista de perseguidos es muy extensa.

También vigiló de cerca las
actividades del presidente Manuel Azaña, a quien no pudo detener por las
presiones que ejerció en aquel momento el Gobierno mexicano. Pero Azaña estuvo
entre sus objetivos: le vigiló hasta el mismo día de su muerte (de hecho, fue
quien informó a Madrid de su fallecimiento y entierro en Montauban, en una nota
que se guarda en el Ministerio de Asuntos Exteriores). La red que dirigió este
policía despojó de sus bienes y de documentos a muchos refugiados y trató de
impedir que algunos de ellos pudieran embarcar a México (entre ellos, la viuda
de Azaña).

Su nombre comenzó a salir a la luz en
algunas memorias de refugiados españoles en Francia. Se trataba de referencias
aisladas, carentes de apoyo documental. Posteriores investigaciones (las más
importantes arrancan del año 2000) fueron colocando en su lugar a este
personaje y documentando su actividad. Pedro Urraca no ha dejado de ser, aún
hoy, un personaje un tanto enigmático, insuficientemente estudiado porque sigue
siendo difícil el acceso a ciertos archivos españoles. El historiador Josep
Benet lo cita de una forma expresa en su investigación sobre Lluís Companys como
el policía que interviene en su detención y su posterior traslado a España,
pero es en 2006 cuando el círculo se cierra con la tesis doctoral de Jordi
Guixé Corominas (Diplomacia y represión: la persecución hispano-francesa del
exilio republicano), que aún no tiene editor. Jordi Guixé, formado en la Universidad de La Sorbona, tuvo la
oportunidad de investigar durante varios años en los archivos franceses. Y allí
encontró, entre numerosos documentos, el informe elaborado por Pedro Urraca
sobre el primer interrogatorio de Lluís Companys en la prisión parisiense de La Santé, cuya dirección
correspondía a la
Gestapo. Urraca fue no sólo quien le detuvo, sino quien le
interrogó en primera instancia, quien le comunicó el funesto destino que le
esperaba y quien le acompañó, junto con un oficial alemán, a la frontera con
Irún.

¿Cómo era Pedro Urraca? ¿Cuál es el
origen de este personaje? ¿Qué otras actividades realizó en Francia durante la
guerra y con posterioridad? A falta de la documentación protegida, de
Pedro Urraca Rendueles existe al menos una imagen fotográfica. La foto
pertenece a una ficha del Ministerio de Exteriores. Es una pose de perfil; el
rostro de un hombre de frente ancha, pelo corto cepillado hacia la nuca, mirada
al frente y gesto relajado, seguro de sí mismo. En otros documentos consta su
fecha de nacimiento (22 de febrero de 1904, en Valladolid). Están sin verificar
datos anexos, como su trabajo en un banco antes de formar parte de la policía
de la República,
función que abandonó en fecha indeterminada para incorporarse al bando de
Franco y trasladarse a Francia antes de acabar la guerra.

De sus funciones en Francia consta su
cargo como “agregado policial” en la Embajada de España en
París. Buena parte de sus actividades están documentadas; pero la pista se
pierde, casi irremediablemente, meses antes de que Francia comience a ser
liberada por los aliados. Es evidente que regresó a España (entre otras
cuestiones, para evitar que se ejecutara su condena a muerte), pero se
desconoce en qué otras actividades estuvo involucrado desde entonces. El
historiador Jordi Guixé sospecha que trabajó en Bruselas para la Embajada española durante
los años sesenta; también pudo documentar las gestiones realizadas, ya en 1974,
para que el expediente de Urraca fuera incorporado a los beneficiarios de la
ley de amnistía promulgada por el Gobierno francés el 6 de agosto de 1953. Un
último documento aparece en los archivos franceses el 5 de noviembre de 1982
referente a la concesión de un permiso para entrar en Francia que no podía
exceder de los tres meses de estancia.

“Las actuaciones de Urraca y
otros agentes franquistas destinados a Francia han supuesto un escollo difícil
de investigar”, escribe Jordi Guixé en su tesis doctoral. “La
documentación policial y secreta todavía está mal localizada (voluntaria o
involuntariamente, dependiendo de los casos) en los archivos españoles. La
identidad de represores y torturadores todavía nos es camuflada bajo leyes de
protección, a falta de una regulación legal de los archivos españoles y una
necesidad de democratizar los archivos de ministerios como Interior y
Exteriores”.

Un policía francés del régimen de
Vichy describió a Pedro Urraca en un informe como “un policía de gran
clase, lleno de habilidades e incisivo, que nos ha sido de gran utilidad”.
Alguna otra referencia personal sobre Urraca (ésta procedente de un exiliado
español) le describe como una persona que “maltrataba” el francés.
Sea como fuere, el policía en cuestión tampoco desaprovechó el tiempo para enriquecerse.
Residía en París y se apropió del piso de su vecina, una mujer de origen judío
que había escapado de las garras de la Gestapo. Urraca
actuaba para la Gestapo
con el alias de Unamuno. También actuó para el régimen de Vichy.

Este episodio consta en el expediente
que determinó su condena a muerte en 1948. Otros españoles fueron igualmente
condenados. ¿Quiénes? Quizá algunos colaboradores de Urraca: sus nombres están
en los archivos policiales franceses.

El personaje ha salido a la luz. Fue
un funcionario protegido durante décadas por el Estado español. Es posible que
disfrutara de una cómoda jubilación. Nadie le molestó en su vejez. No ha estado
obligado a escuchar preguntas incómodas. No parece justo que la España democrática deba
esperar hasta 2021 para conocer respuestas sobre hechos sucedidos 80 años
antes.

EL
PAÍS – 03-10-2008

La creación de centros y titulaciones universitarias no es
discrecional, sino que se encuentra perfectamente regulado por normas que
garantizan los requisitos mínimos de calidad en el contexto europeo. Es una
responsabilidad del Estado y son los órganos técnicos competentes quienes deben
dictaminar, aceptar o rechazar las propuestas. Cualquier ciudadano entiende que
la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento y las
técnicas requiere, hoy más que nunca, infraestructuras, laboratorios, equipos y
material de investigación, espacios docentes adecuadamente dotados con
tecnologías innovadoras, espacios asistenciales, grupos de investigación
potentes y profesorado con experiencia y altamente cualificado de acuerdo con
criterios de selección homologables internacionalmente. Todo ello no se
improvisa y ese conjunto de factores es el que ha colocado a las universidades
públicas valencianas entre las más prestigiosas de España y eso,
afortunadamente, lo saben bien nuestros paisanos.

La mayoría de los ciudadanos entiende
que una universidad no es una academia, un simple espacio docente, ni un
negocio y que el Estado es responsable de garantizar la calidad, una correcta
planificación y distribución de las ofertas docentes universitarias, y unas
tasas que no vulneren el derecho fundamental de los ciudadanos a la educación y
la cultura. Muchas de las universidades españolas, públicas y privadas, han
visto frustradas sus expectativas de implantar estudios universitarios debido a
carecer de los medios adecuados o a la innecesaria proliferación de ofertas.
Hace décadas que, por ejemplo, la Universitat de les Illes Balears reclama sin
éxito la implantación de los estudios de Medicina. Las universidades privadas,
en este contexto, gozan de ciertos privilegios que, a mi entender son
cuestionables, en relación con las tasas académicas, la calidad y las
condiciones laborales del profesorado; gozan de cierta autonomía en tanto que
privadas pero, obviamente, el Estado no puede renunciar a exigir unas
condiciones mínimas de calidad: deben cumplir los parámetros establecidos por
la legislación.

Por otra parte, el sistema público
universitario español posee una larga tradición y unos índices de calidad
perfectamente homologables a escala europea, especialmente si se compara su
financiación o coste/beneficio. Aulas, laboratorios, instrumentos científicos y
equipos de investigación, salas hospitalarias, bibliotecas, parques
tecnológicos o aulas informáticas son espacios socialmente rentables que
contribuyen ampliamente al desarrollo y la modernización de nuestro país,
incluso cuando los gobiernos que las financian no les dan el apoyo necesario
para que mejoren.

La Iglesia ha ejercido
tradicionalmente en nuestro país una función social subsidiaria del Estado y
subsidiada por el Estado y por la filantropía de las clases dirigentes en
aspectos de la asistencia social, la educación y la sanidad; de ahí que su
posición institucional haya sido habitualmente reacia al desarrollo de un
sistema público estatal que le restara hegemonía en esas esferas. También tiene
una larga tradición de ejercicio de su poder espiritual sobre una población
católica, ha sabido repartir indulgencias y ocupar directa o indirectamente
esferas del poder político que le han aportado un alto grado de impunidad
frente a las normas sociales que rigen para el conjunto de la sociedad. Su
situación privilegiada a lo largo de casi todo el siglo XX representa hoy un
modelo anacrónico y premoderno de relaciones con el Estado democrático, que
hunde sus raíces en el nacional-catolicismo implantado por el franquismo desde
su victoria tras el golpe militar de 1936. La insistencia en ese modelo por
parte de la jerarquía eclesiástica es lo que sigue planteando tensiones, debido
a la postura de la jerarquía eclesiástica española, muy lejos del talante
abierto que mostró nuestro paisano el cardenal Enrique y Tarancón durante los
primeros años de la transición democrática.

El arzobispo de Valencia denuncia una
persecución contra su universidad por el simple hecho de que para implantar los
estudios de medicina se le exige que cumpla las normas establecidas para todos
los centros universitarios. Su queja resultaría delirante si no conociéramos
los antecedentes mencionados y la reiterada vulneración de las leyes y de la
cortesía que viene practicando: su universidad ha inscrito estudiantes en
titulaciones que no estaba autorizada a impartir y ha utilizado públicamente
argumentos sibilinos para desprestigiar la honorabilidad de los profesionales
de las instituciones públicas cuestionando su talante moral.

Nuestra sociedad necesita centros de
excelencia, privados o públicos y las leyes deben aplicarse por igual para
todos y no es aceptable la postura teocon, cuyo objetivo es minar los
fundamentos del estado democrático de derecho. La Iglesia católica posee
cierta tradición universitaria que, si bien es minoritaria, posee centros
prestigiosos, como en Deusto o Navarra. Sin embargo, en nada benefician a la
sociedad valenciana los proyectos oportunistas e improvisados, las chapuzas que
sólo buscan la rentabilidad económica y el desprestigio de los centros
públicos. En una sociedad abierta, quien quiera ganarse el prestigio lo tendrá
que hacer con recursos intelectuales y materiales, y eso exige inversiones y
tradición que no pueden eludirse con apoyo político y poder espiritual. Estoy
convencido de que en las actuales condiciones de nuestro país y en el contexto
internacional cualquier proyecto universitario que sólo busque la rentabilidad
económica tiene un futuro muy difícil. Mis principios me dicen que no aceptar
la legalidad y manipular a la opinión pública es moralmente reprobable. Creo
además que uno lo acaba pagando, no sé si con el infierno, pero sí con el
desprestigio y la pérdida de clientes.