21 de febrero de 2012
Ante la respuesta policial a las manifestaciones estudiantiles en
Valencia
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que el
uso de fuerza es el último recurso para garantizar el
orden público, no el primero
Madrid.- Ante las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía
como respuesta a las manifestaciones estudiantiles en Valencia, y la previsión
de que tengan lugar más protestas, Amnistía Internacional quiere recordar a
las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las
medidas más extremas que el Estado puede tomar, y que por ello deben
ser el último recurso para garantizar el orden público. Para ello, las
fuerzas de seguridad deben seguir escrupulosamente los criterios de
legalidad y proporcionalidad.
“El derecho a la reunión pacífica es un derecho reconocido en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” ha recordado Virginia Álvarez,
portavoz de Amnistía Internacional. “La utilización de la fuerza puede ser
legítima por motivos de orden público, pero siempre mediante la
adopción de los métodos menos lesivos”.
“Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego
de Naciones Unidas recuerdan que la fuerza debe emplearse sólo cuando los
medios no violentos hayan resultado ineficaces, debe ser proporcional y
legítima y debe reducirse al mínimo requerido por la situación. Tenemos
dudas razonables de que este principio se haya aplicado en este caso”,
ha añadido Álvarez.
El artículo 20 de estos mismos principios invoca la necesidad de buscar una
solución pacífica de conflictos, y usar técnicas de persuasión, negociación y
mediación. Asimismo, la policía debe contar con medios que le permitan
resolver tensiones de forma pacífica, y contar con un alto grado de formación
sobre cómo evaluar una situación y reaccionar de la forma más
proporcionada.
Tanto las manifestaciones de estudiantes como la actuación policial se
han intensificado en los últimos días en zonas de Valencia. Según la
información disponible, los altercados del 20 de febrero se saldaron con al
menos 17 personas heridas o contusionadas de diversa consideración,
incluyendo también agentes de policía, y al menos 26 personas detenidas.
La presencia de fuerzas de seguridad antidisturbios ha sido requerida por la
policía local al producirse cortes de tráfico por parte de los manifestantes
durante una sentada pacífica de la calle Xátiva, frente al Instituto Público Lluís
Vives.
El despliegue policial y la detención de menores ha provocado una oleada de
protestas a las que se han sumado diferentes organizaciones estudiantiles.
Diversas imágenes recogidas por algunos medios de comunicación
muestran como algunos agentes de la unidad antidisturbios hacen un Por los derechos humanos en todo el mundo
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)
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uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes, viandantes y
periodistas.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional se está dirigiendo al Ministerio del Interior y a la
Delegación del Gobierno de Valencia para que realicen una
investigación de todas las alegaciones de uso de fuerza excesiva, y la
adopción de medidas disciplinarias y penales si procediera.
“Además de una valoración de la actuación policial y la exigencia de
responsabilidad a los mandos policiales, los agentes también deben rendir
cuentas a título individual y demostrando que la fuerza empleada fue
necesaria y proporcionada” ha declarado Virginia Álvarez.
El origen de las protestas y la respuesta de las autoridades
Las protestas estudiantiles tienen lugar en respuesta a los recortes
presupuestarios en la Comunidad Autónoma Valenciana que afectan a los
centros educativos públicos.
Dichos recortes han provocado el consiguiente impago de los centros a
proveedores y que, en consecuencia, algunos estudiantes hayan tenido que
acudir a clase con mantas por la falta de calefacción, que escasee el material
escolar o que no se contraten servicios básicos de limpieza.
Las manifestaciones se originaron cuando los estudiantes del Instituto
Público Lluís Vives de Valencia protestaron frente al instituto para
denunciar los recortes en educación que se están produciendo en esta
Comunidad.
Según ha podido saber AI a través de medios de comunicación, el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado esta mañana que ha podido
darse “algún exceso” y que ha podido haber alguna “actuación
desproporcionada” por parte de la policía ante las manifestaciones
estudiantiles en Valencia, si bien ha limitado los excesos a “alguna actuación
individual”.
El ministro ha asegurado que se estudiarán los casos y que actuará en
consecuencia. La delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de
León, ha comunicado que va a “abrir una investigación” para aclarar posibles
“extralimitaciones” por parte de la Policía.
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