Els Papers de Santa Maria de Nassiu

El maquiavélico sistema electoral
español

JORGE URDÁNOZ GANUZA

EL
PAÍS – Opinión – 16-02-2008

El sistema electoral español es infinitamente más original de lo
que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico". Quien así habla
no es ni un desinformado ni un antisistema resentido, es Óscar Alzaga, uno de
los padres del propio sistema. Los dos adjetivos que utiliza describen a la
perfección la criatura que él y otros miembros de la UCD alumbraron durante la Transición y que todavía
perdura.

Su originalidad es tal que los
especialistas no acaban de catalogarlo. Aunque la Constitución habla de
"representación proporcional", lo cierto es que las desproporciones
en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se
garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es
que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes
colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir
más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran
proporcional sino mayoritario atenuado.

Pero un sistema mayoritario se
caracteriza por sobrerrepresentar al partido ganador facilitando así que forme
gobierno. Y nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido: en 2004 las
elecciones las ganó el PSOE, pero el más beneficiado fue el PP. Mientras los
votantes socialistas recibieron un 3.3% de escaños por encima de lo que hubiera
sido proporcional, los populares se vieron agraciados con un 3.7%. De hecho,
con el actual empate técnico puede suceder que el PP quede segundo en votos
pero primero en escaños, perdiendo y ganando a la vez las elecciones (¡!). Las
más elementales leyes de la semántica impiden denominar "mayoritario"
a un sistema que posibilita semejante resultado.

Entonces, ¿qué es? Bien, ya se ha
dicho: es original. De hecho, lo es tanto que puede afirmarse que su esencia
consiste en su inexistencia. El "sistema electoral español" es una
construcción meramente verbal que carece de una realidad empírica a la que
aplicarse con sentido. Lo que hay son 52 sistemas electorales (50 por provincia
más Ceuta y Melilla). Los sistemas en los que se eligen muchos escaños son
proporcionales. Los sistemas en los que se eligen 3, 4 o 5 escaños no. La
ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos
"mayoritarios", algo que a mi juicio no merece el noble principio de
mayoría. Por eso, si me permiten la licencia, yo les voy a denominar
"distorsionantes". Porque lo que hacen esos sistemas es distorsionar,
y por partida doble y superpuesta.

Pensemos en Teruel, con 3 escaños. Un
sistema así distorsiona en primer lugar el propio voto de muchos ciudadanos. Un
voto útil no es otra cosa que una emisión de preferencias distorsionada:
"Yo prefiero A, pero he de votar por B". Y distorsiona, en segundo
lugar, los resultados. Porque el reparto de escaños va a ser prácticamente
siempre de 2 a
1 -aunque el partido vencedor lo sea sólo por un voto- y porque todos los votos
a terceros partidos se quedan sin representación.

Conviene entonces no claudicar ante
la magia de las palabras: no hay "un sistema electoral español", y es
preferible hablar, como empiezan a hacer los especialistas, de "los
sistemas electorales para el Congreso". La imagen mental adecuada no es la
de una entidad más o menos unívoca, sino más bien la de una escala. Una escala
en la que se sitúan 52 posibilidades y cuyos límites son por un lado la
distorsión y por otro la proporcionalidad.

Soria, con 2 diputados, es un extremo
de esa escala; Madrid, con 35, es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo
a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones de
10 escaños o menos, por lo que saben que si su primera preferencia no supera
aproximadamente el 10% de los votos, su voto será electoralmente inútil.
En ellas se impone a fuego el bipartidismo, ya que sólo el PP y el PSOE pueden
en la práctica verse representados (o, en su caso, los nacionalistas). En las
cinco provincias en las que habita el 38% de españoles restante serían a
priori posibles nuevos partidos e iniciativas, pues la proporcionalidad es
elevada. Pero recordemos a Alzaga: no sólo original, también maquiavélico.

Como en un taller de alquimia, la
escala que acabamos de describir se encuentra salpicada con unas cuantas gotas
de sufragio desigual. Las provincias más pequeñas eligen más escaños de los
debidos, disfrutando así de un poder de voto mayor. En las últimas generales el
precio del escaño basculó desde las 20.000 papeletas de Soria hasta las 100.000
de Madrid. Tenemos así dos escalas que corren paralelas pero en sentido
contrario. La primera nos divide en 52 grupos de acuerdo a nuestra mayor o
menor proporcionalidad (sistemas electorales diferentes). La segunda nos divide
en otros tantos grupos de acuerdo a nuestro mayor o menor poder de voto
(sufragio desigual).

Maquiavelo habría tomado apuntes: los
electores cuyos votos son fuertes se hallan en los sistemas
"distorsionantes" y por tanto presionados para votar útil o,
lo que es lo mismo, a los dos grandes; los votantes eximidos de esa losa
psicológica son libres, pero sus votos son débiles. En cifras: en Teruel bastan
25.000 votos para alcanzar un escaño, pero es que eso es un 33% de los votantes
turolenses y por tanto sólo el PP y el PSOE pueden permitirse tales escaños de
saldo. En Madrid un 3% de los votos suponen 3 escaños, pero es que eso
equivale nada menos que a 300.000 votantes.

Aunque centrarse sólo en ellos
es ya a mi juicio parte del problema, los efectos del entramado son obvios. Por
un lado se impone el bipartidismo y se fomenta la polarización, siendo casi
imposible que surja un partido de centro que pueda ejercer un factor moderador.
Por otro, la única alternativa para pactar la ofrecen los nacionalistas.

¿Qué hacer? La decisión sobre el
sistema electoral configura una situación en buena medida excepcional desde el
punto de vista de la filosofía política. Nadie defiende, por ejemplo, que sean
las empresas las que redacten las leyes anti-monopolio: esa labor ha de
corresponder a instituciones que, situadas por encima de ellas, vayan
más allá de sus intereses. Pero el sistema electoral lo deciden los partidos y,
¿qué hay por encima de ellos? "La ley y el Estado de Derecho", se
dirá, pero es que la ley y por tanto el derecho son, empezando por la propia
Constitución, creaciones suyas.

Si hay otro cuerpo en el Estado que
comparte esa situación soberana de los partidos es el militar. El ejército no
tiene por encima nada que pueda controlarlo, lo que explica el destacado papel
que el honor y la obediencia han desempañado siempre en su código moral: son
nuestra única garantía. De ahí que, de la misma manera que la democracia sólo
germinó cuando las cúpulas militares interiorizaron de verdad su acatamiento al
poder civil, compartieran o no sus designios, la regeneración de la democracia
sólo será posible cuando las cúpulas partidistas asuman ciertos principios,
convengan o no a sus intereses.

Por eso, a pesar de que de ellos no
se escuche ya últimamente ni el más leve susurro, resulta fundamental volver a
hablar de principios. Cuando uno lee a los viejos defensores del ideal de la
proporcionalidad descubre los valores que la nutren: a los electores les
garantiza libertad; a los resultados, justicia. Y cuando uno
vuelve a los clásicos de la democracia, recuerda que hay un valor que bajo
ningún concepto puede claudicarse: la igualdad del voto. Son las élites
de los grandes partidos las que han impedido que esos tres valores sean hoy y
ahora una realidad entre nosotros. Llevar los principios al centro del debate y
recordar lo que significa "inalienable" es el primer paso para evitar
que puedan seguir haciéndolo.