Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Ahora se ha puesto de moda el movimiento de los escraches y los políticos han puesto el grito en el cielo. Como políticos que son, les presupongo la capacidad de empatía y les emplazo a ponerse en el lugar de las familias que han sido desahuciadas —presuntamente de forma ilegal según la sentencia de Luxemburgo— y que verdaderamente han sido víctimas de brutalidad policial en presencia de menores.

¿Acaso la violencia denunciable se mide basándose en un estatus social? ¿Quién es más importante: el ciudadano o el político que le representa?— Eduardo Cassano. Barcelona.

Estamos acostumbrados a aquel afortunado eslogan que inauguró el “una imagen vale más que mil palabras”. Craso error. Es incomparable el poder de la palabra, en ella se sustenta el Derecho, la filosofía, las religiones, el pensamiento todo, la vida diaria, la democracia. La palabra es ley; antiguamente se bastaba a sí misma, no necesitaba ser ratificada por signo alguno. He conocido personas a las que una palabra despectiva hundió en la depresión más absoluta; de todos es conocido el poder destructivo de la maledicencia. Traicionar “la palabra” es traicionar desde la raíz el sistema en que nos desenvolvemos.

Por todas estas razones, siento una enorme indignación ante las palabras pronunciadas por la delegada del Gobierno en  Madrid, Cristina Cifuentes, con respecto a los ciudadanos que se manifiestan contra los desahucios.

Comparar su reciente táctica de protesta —que ciertamente es cuestionable— con el terrorismo etarra es innoble, abuso de poder, mentira, irresponsabilidad absoluta y sin duda un juicio partidario.

Si continuamos tergiversando las palabras, es decir, prostituyéndolas, envileciéndolas en definitiva, el caos está asegurado.— Carlos Ruiz de Alegría. Bilbao.

 González Pons ha vuelto a sentar cátedra pidiendo la dimisión de José Antonio Griñán, proclamando que mientras eso no suceda, el PSOE no está legitimado para pedirle explicaciones al PP sobre los casos de corrupción que están siendo investigados. ¿Cuándo se darán por enterados en el PP que a quien tienen que dar explicaciones no es al PSOE sino a los ciudadanos de este país?— José Manuel Pérez Pena.

 ¿Imaginan ustedes que un profesor adoctrinara a su alumnado con mensajes como que sufrir abusos y vejaciones en silencio es una prueba de amor? Sería inadmisible. Una apología de la pederastia constitutiva de delito que haría que el perverso docente diera con sus huesos en la cárcel.

Sin embargo, si hablamos de una universidad privada, la cosa cambia. Alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han denunciado que una profesora que imparte Doctrina Social de la Iglesia en 3º de Periodismo realizó en plena clase afirmaciones como estas: “Las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor” o “el aborto en el caso de violación no es tolerable porque dentro de lo terrible de la violación sacas algo bueno, que es un hijo, un don de Dios”.

No puedo adivinar en qué oscura mazmorra estudió la carrera esta señora. Ni el lavado de cerebro al que ha sido sometida para odiar tanto a su propio género. Tuvo que ser un trabajo fino de destrucción de la autoestima femenina. Una especie de lobotomía del raciocinio que le impide entender que el amor es incompatible con los palos. Lo preocupante del caso es que una persona abducida ideológicamente por un credo machista y pernicioso pueda dar lecciones de “anti-ética” a futuros periodistas. ¿Qué valores transmite a su alumnado? Mientras no la desprogramen, no debería volver a pisar un aula.— Ana Cuevas Pascual.

 La máxima autoridad en educación de la Comunidad Valenciana, la consejera Catalá, dice que aun “no compartiendo algunas afirmaciones” de las vertidas en su aula por la profesora Casanova de la Universidad —privada y católica— Cardenal Herrera (“las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor”, entre otras), las define y respeta como libertad de cátedra.

Me pregunto por qué no trata de explicarles a los jóvenes de su propio partido en Castellón, esos que van lanzando denuncias anónimas desde la campaña “me quieren adoctrinar”, el asunto tal y como ella lo ve.—Dino Salinas Fernández. Vicedecano de la Facultad de Magisterio. Universitat de València.

 Declaraciones como las realizadas por la señora Cifuentes acerca de las vinculaciones de las PAH con el terrorismo e insinuaciones de intereses ocultos de sus dirigentes, exigen una condena inmediata por parte de aquellos que dicen representar en el Parlamento a las capas más desfavorecidas de la sociedad y que a su vez soliciten su dimisión.

Permitir estos juegos florales es el caldo de cultivo de la perversión del lenguaje que últimamente es un hecho cotidiano, además de un insulto a la inteligencia humana. La sociedad necesita moralidad y esta solo se consigue con la praxis diaria de la honradez y la transparencia. La señora Cifuentes debería abandonar la actividad política para la que no está suficientemente capacitada, no sin antes pedir perdón a los ciudadanos.

Las responsabilidades políticas no se dirimen ni se saldan con perdones, sino con dimisiones.— Miguel Graña Gómez.

Ellos y nosotros (Gabriela Cañas, El País) 

 El frentismo está de vuelta. Se percibe de manera especial en ese nuevo fenómeno llamado escrache, las protestas de los activistas contra los abusos hipotecarios, consistentes en acosar (sin violencia) a los dirigentes del partido gobernante, que se resiste, una vez más, a atender las demandas sociales. Ya se sabe que los políticos tienen una piel muy fina cuando son ellos los interpelados. Recuérdese al Gobierno catalán aterrizando en el parlamento en helicóptero para evitar al gentío o a los diputados, nerviosos ante el movimiento Rodea el Congreso. Ahora, el escrache ha vuelto a ofenderles. “Es una actitud absolutamente antidemocrática”, ha llegado a decir la diputada popular Beatriz Rodríguez Salmones.

Vivimos tiempos turbulentos en los que empiezan a tambalearse los principios sobre los que se sostenían nuestra convivencia democrática. Los partidos conservadores, hegemónicos en Europa y España, se han lanzado en tromba hacia una obsesiva ortodoxia económica que está empobreciendo a la población a ritmo acelerado. Y para defender los intereses del sistema financiero, convertido ya sin tapujos en su auténtico amo, no dudan en cargar el peso de los sacrificios en los electores, seguros, quizá, de que estos no tendrán muchas más opciones de cambiar el rumbo de las cosas ante las próximas citas electorales.

700.000 afectados por las preferentes están viendo cómo pierden parte de sus ahorros, casi 200.000 personas y/o familias están comprobando cómo pierden su vivienda (o su nave o su segunda residencia) quedando endeudados casi de por vida por culpa de unos contratos ilegales que vulneran la legislación europea y millones de depositantes temen que, en cualquier momento, también ellos (como los chipriotas) se vean obligado a una quita y pierdan parte de sus ahorros para salvar a las entidades financieras que tanto dinero ganaron y gastaron en beneficio de sus directivos y accionistas.

No es grave que los políticos tengan la piel muy fina. Lo grave es que no estén a la altura de las circunstancias y, sobre todo, que no velen por los intereses de la gente. Aún esperan los españoles una explicación convincente acerca de aquel bochornoso acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del sábado 16 de marzo consistente en arrebatar a todos los depositantes chipriotras, sin distinción de renta, una parte de su dinero. ¿Cómo pudo el ministro Luis de Guindos, representante de un país sangrado por el paro y la desigualdad, apoyar dicho acuerdo? En términos generales, es legítimo preguntarse qué es exactamente lo que defienden los políticos españoles en Bruselas, que es donde se trazan las grandes líneas económicas. Cabe preguntarse por qué callan tanto (somos el cuarto país de la eurozona, la quinta economía de la UE) y por qué solo se movilizan por el rescate bancario y por conseguir un poco más de tiempo para equilibrar las cuentas públicas.

En sentido contrario, sí parece evidente lo que algunos políticos pretenden de la población: que sufra calladamente. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lograron casi 1,5 millones de firmas para que se cambie el marco jurídico español (declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE) y se acepte la dación en pago. El PP está dispuesto a aceptar ciertas mejoras a la situación actual, lo que no es muy difícil, pero se niega a admitir los cambios que pondrían en pie de igualdad a las entidades de crédito con sus consumidores (los que piden dicho crédito). Pero protestar por todo ello es “profundamente antidemocrático”.

Por el bien de nuestras democracias, más bien habría que decir que menos mal que existen estos movimientos sociales que convulsionan el tranquilo discurrir del trabajo de nuestros políticos. Quizá sus acciones resulten tan disuasorias que estos decidan abandonar la política y dejar sitio a los profesionales de verdad, a los que consideran que su trabajo es defender los intereses de sus representados y a los que, cuando se vean acosados por sus decisiones, mediten acerca de ellas y no se rasguen las vestiduras por el ataque a las instituciones que ellos gestionan por considerar que se ataca a la soberanía nacional. La deshonestidad de muchos en el uso de tan rimbombantes conceptos es una herida más para la convivencia colectiva.

Ellos, esos malos profesionales de la política, son los que se están distinguiendo del resto; de nosotros. Necesitamos políticos de verdad.