Els Papers de Santa Maria de Nassiu
EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)
23 de febrer de 2008
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En campanya electoral (II)
Diumenge dia 9 de març estem cridats totes i tots a dipositar el nostre vot a les urnes que tenim assignades (bé, dipositar és un dir perquè el diposita el o la president/a de la mesa electoral). I durant aquests dies us vaig a penjar (intentaré no abusar-ne massa) articles apareguts en premsa i que hem d’haver llegit per saber a qui no s’ha de votar. I també, és clar, a qui s’ha de votar. El de hui és de Javier Marías, d’EL PS de diumenge, Una historia de vilezas. Gira al voltant de qui són el PP i com es comporten (arran del cas Lamela). Llegiu-lo. És molt il.lustratiu de com entén aquest partit la política.
LA ZONA FANTASMA
Una historia de vilezas
JAVIER MARÍAS
Una historia de vilezas
JAVIER MARÍAS
Si hay algo que me parece despreciable son los anónimos y pseudónimos, y esa
es una de las razones por las que nunca navegaré mucho por Internet. No dudo de
su incomparable utilidad para hallar datos, pero siempre que he caído en algún
foro, chat, blog o como se llamen esas tertulias –en mis muy escasas
incursiones, de prestado–, me he topado con tal cantidad de pseudónimos soltando
sandeces o brutalidades, que la impresión que he tenido es que meterse ahí
equivale a entrar en contacto con demasiada gente a la que uno jamás trataría.
Gente a menudo cobarde, como lo es toda aquella que a lo largo de mi vida me ha
enviado anónimos, insultantes o en los que se me acusaba de delitos atroces sin
que yo pudiera responder. Hace años, por tanto, que no abro un sobre sin remite
claro. Van todos a la basura, tan cerrados como llegaron.
PD: La imatge l’he treta d’una pàgina web i duu per títol: Los iconos del PP en la cárcel.
Esa es la primera vileza de esta historia, la de la denuncia y persecución de
los médicos de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por parte de
Esperanza Aguirre, Presidenta de Madrid, y de su antiguo Consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, quienes dieron crédito a una acusación anónima de etrema gravedad
contra esos médicos: la de haber causado la muerte, con sedaciones indebidas, a
nada menos que cuatrocientos enfermos. En su día, Aguirre lo justificó de manera
ridícula: “Es cierto que no lleva firma, pero tiene los nombres y dos apellidos
de los pacientes y una serie de datos sobre las historias clínicas. No tengo más
remedio que dar traslado al fiscal”. Tan ridícula como si yo recibo un día una
carta anónima en la que se acusa a Esperanza Aguirre de haber envenenado a
alguien (con su nombre y apellidos y su oscura historia clínica), y sólo por eso
considero que no me queda más remedio que “dar traslado al fiscal”.
El resto es conocido: ese fiscal iba a archivar el caso, pero Aguirre, a
través de su Viceconsejero de Sanidad, que presentó una denuncia en mayo de
2005, hizo intervenir a un juez y la cosa prosiguió, mientras varios periodistas
devotos de la Presidenta tildaban a los médicos de “asesinos”, “homicidas”,
“terminators”, y a su jefe, Luis Montes, de “Doctor Muerte”. Bien, todo ha
quedado en nada una y otra vez, hasta la reciente sentencia de la Audiencia de
Madrid, inapelable y definitiva, que incluso ha suprimido la “mala praxis
médica” mencionada en algún fallo anterior.
Pero la mayor vileza ha venido después. Desde el 2003, con Bush, Cheney y
Rumsfeld, cierta derecha ha ido mostrando cuál es su idea de la justicia. Y ésta
no es otra que la que tuvieron todas las dictaduras totalitarias, desde la
cercana de Franco hasta la lejana de Stalin, y que consiste en la indecente
inversión y subversión del fundamento mismo de la justicia. Para que la haya, y
eso lo saben hasta los peores estudiantes de Derecho, es el acusador el que debe
demostrar su acusación. A él le toca probar lo cierto de sus graves palabras, y
en modo alguno al acusado probar su inocencia, por la sencilla razón de que esto
último es imposible. Si yo doy crédito a esa hipotética carta anónima y acuso a
Esperanza Aguirre de envenenamiento, ella no puede, no está capacitada para
demostrar que no es culpable de él. Lo mismo le sucedía en el 2003 a Sadam
Husein, que no podía demostrar no poseer armas de destrucción masiva. Les tocaba
a Bush, Cheney y Rumsfeld probar que sí, pero no lo hicieron, como tampoco Blair
ni Aznar. Más adelante, una vez ocupado Irak, y mientras los norteamericanos se
afanaban en encontrarlas, tuvimos que oír de boca de Rumsfeld y de Aznar cosas
totalmente contrarias al derecho, del tipo: “Que no hayan aparecido no significa
que no existan”, olvidando que, mientras algo no aparece, no existe en el ámbito
judicial, y que era a ellos a quienes correspondía poner las armas sobre la mesa
y decir: “Voilà, helas aquí”. Nunca hubo tales armas, y por fin se ha enterado
hasta Aznar.
Pues bien, Aguirre y los suyos se están comportando como la
Administración Bush y, lo que es peor, como Franco y Stalin. El actual y servil
Consejero de Sanidad, un tal Güemes, ha declarado la siguiente vileza a la vez
que mentecatez: “Que no haya podido probarse y se haya archivado la acusación no
excluye que se hicieran prácticas inadecuadas”. Es como si yo dijera: “Que no se
haya probado que Esperanza envenenó no excluye que le pusiera cianuro a un
individuo”. Lamela, el antiguo y servil Consejero, se ha mostrado orgulloso de
su actuación, esto es, de haber acusado en falso y sin base a unos médicos a los
que ha destrozado la carrera y la vida, y de haber intimidado a todos los demás.
Zaplana ha agregado: “Los tribunales han fallado de una forma pero no dicen si
se hacían mal las sedaciones, sino que no se puede acreditar cómo se hacían”. De
nuevo, como si yo dijera: “Han fallado que no hay pruebas de que Aguirre
envenenó, pero no se han pronunciado sobre si tenía cianuro en casa” o algo así.
Son argumentos propios de la consideración de la justicia franquista y
stalinista, sólo que bajo aquellos regímenes los acusados, por el mero hecho de
serlo, acababan en el paredón. Ahora y aquí “sólo” pierden sus puestos, se ven
difamados y nadie les pide perdón, sino todo lo contrario. Los obispos han
instado a sus fieles a tener en cuenta, a la hora de votar, “el aprecio que cada
partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida”.
Ya ven cuál es el que otorga el PP.
los médicos de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por parte de
Esperanza Aguirre, Presidenta de Madrid, y de su antiguo Consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, quienes dieron crédito a una acusación anónima de etrema gravedad
contra esos médicos: la de haber causado la muerte, con sedaciones indebidas, a
nada menos que cuatrocientos enfermos. En su día, Aguirre lo justificó de manera
ridícula: “Es cierto que no lleva firma, pero tiene los nombres y dos apellidos
de los pacientes y una serie de datos sobre las historias clínicas. No tengo más
remedio que dar traslado al fiscal”. Tan ridícula como si yo recibo un día una
carta anónima en la que se acusa a Esperanza Aguirre de haber envenenado a
alguien (con su nombre y apellidos y su oscura historia clínica), y sólo por eso
considero que no me queda más remedio que “dar traslado al fiscal”.
El resto es conocido: ese fiscal iba a archivar el caso, pero Aguirre, a
través de su Viceconsejero de Sanidad, que presentó una denuncia en mayo de
2005, hizo intervenir a un juez y la cosa prosiguió, mientras varios periodistas
devotos de la Presidenta tildaban a los médicos de “asesinos”, “homicidas”,
“terminators”, y a su jefe, Luis Montes, de “Doctor Muerte”. Bien, todo ha
quedado en nada una y otra vez, hasta la reciente sentencia de la Audiencia de
Madrid, inapelable y definitiva, que incluso ha suprimido la “mala praxis
médica” mencionada en algún fallo anterior.
Pero la mayor vileza ha venido después. Desde el 2003, con Bush, Cheney y
Rumsfeld, cierta derecha ha ido mostrando cuál es su idea de la justicia. Y ésta
no es otra que la que tuvieron todas las dictaduras totalitarias, desde la
cercana de Franco hasta la lejana de Stalin, y que consiste en la indecente
inversión y subversión del fundamento mismo de la justicia. Para que la haya, y
eso lo saben hasta los peores estudiantes de Derecho, es el acusador el que debe
demostrar su acusación. A él le toca probar lo cierto de sus graves palabras, y
en modo alguno al acusado probar su inocencia, por la sencilla razón de que esto
último es imposible. Si yo doy crédito a esa hipotética carta anónima y acuso a
Esperanza Aguirre de envenenamiento, ella no puede, no está capacitada para
demostrar que no es culpable de él. Lo mismo le sucedía en el 2003 a Sadam
Husein, que no podía demostrar no poseer armas de destrucción masiva. Les tocaba
a Bush, Cheney y Rumsfeld probar que sí, pero no lo hicieron, como tampoco Blair
ni Aznar. Más adelante, una vez ocupado Irak, y mientras los norteamericanos se
afanaban en encontrarlas, tuvimos que oír de boca de Rumsfeld y de Aznar cosas
totalmente contrarias al derecho, del tipo: “Que no hayan aparecido no significa
que no existan”, olvidando que, mientras algo no aparece, no existe en el ámbito
judicial, y que era a ellos a quienes correspondía poner las armas sobre la mesa
y decir: “Voilà, helas aquí”. Nunca hubo tales armas, y por fin se ha enterado
hasta Aznar.
Pues bien, Aguirre y los suyos se están comportando como la
Administración Bush y, lo que es peor, como Franco y Stalin. El actual y servil
Consejero de Sanidad, un tal Güemes, ha declarado la siguiente vileza a la vez
que mentecatez: “Que no haya podido probarse y se haya archivado la acusación no
excluye que se hicieran prácticas inadecuadas”. Es como si yo dijera: “Que no se
haya probado que Esperanza envenenó no excluye que le pusiera cianuro a un
individuo”. Lamela, el antiguo y servil Consejero, se ha mostrado orgulloso de
su actuación, esto es, de haber acusado en falso y sin base a unos médicos a los
que ha destrozado la carrera y la vida, y de haber intimidado a todos los demás.
Zaplana ha agregado: “Los tribunales han fallado de una forma pero no dicen si
se hacían mal las sedaciones, sino que no se puede acreditar cómo se hacían”. De
nuevo, como si yo dijera: “Han fallado que no hay pruebas de que Aguirre
envenenó, pero no se han pronunciado sobre si tenía cianuro en casa” o algo así.
Son argumentos propios de la consideración de la justicia franquista y
stalinista, sólo que bajo aquellos regímenes los acusados, por el mero hecho de
serlo, acababan en el paredón. Ahora y aquí “sólo” pierden sus puestos, se ven
difamados y nadie les pide perdón, sino todo lo contrario. Los obispos han
instado a sus fieles a tener en cuenta, a la hora de votar, “el aprecio que cada
partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida”.
Ya ven cuál es el que otorga el PP.
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