Si hubiera que resumir en una factura el coste que el hospital de la Ribera ha tenido para la Generalitat Valenciana en los 15 años de la concesión que caduca el próximo 1 de abril, superaría los 2.000 millones de euros. Precisamente ese día, el centro hospitalario y todo el departamento de salud de la comarca valenciana, que atiende a unos 250.000 habitantes, dejará de ser gestionado por la empresa Ribera Salud para pasar a la gestión pública. Será el primer rescate de un hospital privatizado.

De acuerdo con los datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, el pago a cuenta de la cápita por paciente, a la que se sumaba o restaba posteriormente la liquidación anual resultante de otro tipo gastos de la concesionaria y de la Administración, asciende desde abril de 2003 a la actualidad a 2.104,9 millones de euros. Una cifra provisional, dado que la Generalitat reclama 105 millones a su favor de la liquidación pendiente de los años 2013, 2014 y 2015 y todavía está por hacer la liquidación de 2016, 2017 y los tres primeros meses de 2018.

La concesión a la gestión privada que ahora caduca fue la primera del denominado modelo Alzira, que impulsó el PP de Eduardo Zaplana y que a lo largo de los años se extendería a cinco hospitales (Alzira, Torrevieja, Elche, Dénia y Manises). Tras la fallida experiencia inicial del propio hospital de Alzira, que perdía dinero, en todos los casos se entregó también a la gestión privada la atención primaria en los respectivos departamentos de salud.

De hecho, el modelo Alzira fue reformulado por el gobierno valenciano del PP cuando en 2002 se resolvió de mutuo acuerdo el contrato inicial vigente los cuatro primeros años y la Generalitat compró las instalaciones del hospital a Ribera Salud por 43,9 millones de euros y le abonó además 26,3 millones por un “lucro cesante” que, como ha resaltado la Sindicatura de Comptes, no estaba previsto en ningún sitio y era imposible de justificar porque la concesionaria estaba, de hecho, perdiendo cinco millones anuales. A continuación, convocó un nuevo concurso que se llevó otra vez Ribera Salud, con nuevas condiciones y toda el área sanitaria bajo su gestión.

Nunca pudieron aclararse del todo, durante el periodo de gobierno del PP, los costes que el modelo tenía para las arcas públicas. El actual gobierno surgido del Pacto del Botànico, con el PSPV-PSOE y Compromís al frente y el apoyo parlamentario de Podemos, ha tratado de ponerlos en orden para hacerse cargo de la gestión.

Las cifras reflejan que en 2003 se produjo un pago a cuenta de 66,1 millones de euros, que una vez efectuada la liquidación se quedaron en 58,6 millones. En 2004 el pago a cuenta fue de 88,2 millones y el precio final de 82 millones. En 2005, el pago a cuenta fue de 101,5 millones y el precio final de 92 millones. En 2006, la Generalitat Valenciana pagó a cuenta 112 millones y, tras la liquidación, la cifra se redujo a 104,7.

Esa tendencia a que la liquidación restaba del dinero inicial pagado a cuenta se invirtió en 2007 y hasta el año 2010 siempre resultó favorable a Ribera Salud, que recibió ese primer año 108 millones a cuenta y 112 al final; en 2008 125 a cuenta y 129 al final, en 2009 122,8 a cuenta y 130 millones al final, y en 2010 141 millones a cuenta y 144 tras la liquidación.

Desde 2011, las liquidaciones resultan de nuevo favorables a la Administración y, si en 2011 el pago a cuenta de 149 millones se redujo a 146 en el precio final, en 2012 el pago de 163 millones pasó a 144 tras la liquidación.

En los años 2013, 2014 y 2015 las cantidades a cuenta para Ribera Salud fueron de 164, 178 y 183 millones, respectivamente. La Generalitat reclama la devolución de 105 millones en concepto de liquidación por ese trienio. Finalmente, en 2016 el pago a cuenta fue de 191,7 millones, en 2017 de 191,8 millones y por los tres primeros meses de 2018 de 49 millones de euros.

Aunque el precio final de los 15 años de concesión supera los 2.000 millones, no es todo el coste que el departamento privatizado de la Ribera ha tenido para la Generalitat Valenciana. De acuerdo con el contrato, Ribera Salud (empresa participada al 50% por la estadounidense Centene y por el Banco Sabadell, que la heredó de la CAM) no asume los costes de farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública.