Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Lo que se oculta a los ciudadanos

ROSARIO G. GÓMEZ

EL
PAÍS  –  Sociedad – 03-05-2008

Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo
que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación
pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la
velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los
hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de
una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el
Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la
información.

Junto a Grecia, Chipre, Malta y
Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que
carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados
miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones
públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar
información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del
secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo.
“Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la
información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que
manejan, que es también de los ciudadanos”, comenta Diego López Garrido,
ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis
defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la
información. Convencido de que será “revolucionaria”, resume su
esencia: “Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los
ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información
que esté en su poder”.

El corresponsal de un periódico
alemán ilustra lo necesaria que es una ley de este tipo. “Como norma
general, en España todo se considera información reservada, por si acaso”.
Los periodistas no sólo se enfrentan al histórico secretismo de los
funcionarios, a la endémica falta de transparencia de la Administración y al
oscurantismo de los gabinetes de comunicación. Tienen que hacer frente a la
cada vez más frecuente moda de las conferencias de prensa sin preguntas.
Empezaron los políticos y ahora la costumbre se ha extendido a entrenadores de
fútbol, cantantes o personajes del mundo de la farándula.

Problemas añadidos tienen los medios
audiovisuales. Las televisiones pelean contra el veto de los partidos
políticos, que les impiden grabar imágenes durante los mítines. Estas
prácticas, que han sido moneda común del PSOE y del PP en la pasada campaña
electoral, “deterioran la calidad de la democracia y perjudican a los ciudadanos”,
se quejan los responsables de los principales periódicos y entidades
profesionales.

El derecho a saber no es
monopolio de los periodistas. El acceso a la información pública es un derecho
universal. Aunque es cierto que no toda la información puede ser desclasificada.
La ley británica, una de las más avanzadas en este campo, establece 23
exenciones: actas de juicios, secretos comerciales, seguridad nacional o
prevención de actividades criminales. Y, por su puesto, la Ley de Protección de Datos.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM),
Fernando González Urbaneja, coincide en calificar de “revolucionaria”
una ley de estas características. “Acabaría con el secretismo y la
filtración”, dice, pero se muestra cauto ante los posibles efectos
colaterales. “Hay que tener mucho cuidado si no se hace bien. Las
consecuencias pueden ser muy corrosivas: nos llevaría a la desaparición de las
fuentes”. Urbaneja pone el ejemplo de la información económica y
financiera. “Con las exigencias de la democracia mercantil, los gabinetes
de prensa carecen de sentido. Si te cuentan algo antes que a la autoridad
financiera cometen un delito”. De hecho, las sociedades cotizadas en Bolsa
están obligadas a notificar cualquier hecho relevante a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Desde los años sesenta, Estados
Unidos cuenta con una ley que vela por la transparencia informativa. Urbaneja
recuerda que la
Reserva Federal publica las actas de sus reuniones pasadas
unas semanas. “Es la manera de que el ciudadano conozca sus razonamientos
en la toma de decisiones”. El presidente de la AMP se pregunta si no se
podría aplicar la misma teoría a las reuniones del Consejo de Ministros en La Moncloa.

Para evitar el clásico de Larra
“vuelva usted mañana”, la ley de acceso a la información regularía el
tiempo máximo que puede tardar una administración en suministrar a los
ciudadanos los papeles solicitados. López Garrido se inclina por poner
el tope en un mes, si bien algunos países han acotado el plazo a 15 días. En
Suecia se exige que los documentos reclamados se presenten “inmediatamente
o lo más rápidamente posible”, mientras que en Irlanda y Canadá el tope es
un mes. En el caso del Reino Unido, la
Ley de Libertad de Información establece 20 días. Durante los
dos primeros años de aplicación de esta norma -en vigor desde 2005- se
presentaron 120.000 solicitudes de documentos. Los británicos supieron así los
verdaderos ingresos de su familia real. Hasta el último penique. Se enteraron,
por ejemplo, de que la reina Isabel y el príncipe Carlos recibieron durante dos
años ayudas agrícolas de la UE
de casi 1,5 millones de euros.

Una veintena de organizaciones pelean
desde hace dos años para que el colega germano, tan crítico con el
comportamiento de las autoridades españolas y con el miedo de los burócratas a
facilitar datos, cambie de opinión. Son los creadores de la Coalición Pro
Acceso, un foro que ha fijado un catálogo de principios para acabar con el apagón
informativo en los organismos públicos.

Participan en esta entidad
organizaciones como Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace o
Transparencia Internacional. La coalición defiende que “cualquier persona
puede solicitar información a cualquier organismo o entidad pública o privada
que realice funciones públicas” y plantea que los funcionarios “deben
responder de forma inmediata o en un plazo razonable”. La abogada de
Access Info Europe, Eva Moraga, sostiene que una ley de este tipo “debe
ser prioritaria para todo partido político que esté verdaderamente comprometido
en la lucha contra la corrupción”.

El PSOE ya lo llevaba en el programa
electoral del 2004. Pero no movió un papel en su favor. El plan del Gobierno es
ahora sacar adelante en esta legislatura un proyecto de ley en este sentido.
Los socialistas aspiran a trasladar a la legislación española una ley similar a
la que impulsó Tony Blair. Creen que es un elemento de modernización y
profundización democrática. En vigor desde 2005, la norma británica reconoce el
“derecho a saber” y su punto de partida es el derecho de cualquier
persona a acceder a información (sea personal o no) que esté en poder del
sector público. De esta manera, todos los datos pueden ser divulgados a menos
que se le aplique una exención. Y si la documentación es denegada, se puede
reclamar al Tribunal de Información.

Suecia es el espejo en el que han
mirado todos los países y el que también sirve de referencia a España. Tiene
regulado el derecho al acceso a la información desde hace más de dos siglos. En
1766 publicó una ordenanza pionera, la primera del mundo sobre libertad de
prensa y el sueño de todo reportero. El nivel de salvaguarda de las fuentes es
tal que Suecia protege incluso al funcionario que suministra información a un
periodista. Prohíbe a los órganos estatales y municipales tratar de establecer
la identidad de personas que hayan suministrado información a los medios de
comunicación. Todo lo contrario de lo que ocurre a menudo en España, donde más
de un ministerio ha abierto una investigación para averiguar el origen de una
filtración que no le beneficiaba.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que
se celebra hoy, la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
insta a políticos y gobernantes a someterse regularmente a “los
procedimientos clásicos en las democracias mediante conferencias de prensa con
preguntas y repreguntas de periodistas profesionales”. Y aboga por
“la transparencia en sus actuaciones públicas, a la no discriminación en
sus procedimientos informativos, campañas publicitarias y concesión de
licencias”.

La cuestión es convencer a los
ayuntamientos, por ejemplo, de que faciliten los contratos urbanísticos cuando
los solicita cualquier ciudadano. Pero para que la ley sea eficiente es
necesaria una autoridad (independiente y con capacidad ejecutiva) que obligue a
las administraciones a facilitar la documentación solicitada. Una autoridad que
sea “una especie de Defensor del Pueblo de la información libre”,
señala López Garrido, “con un estatuto propio y encargada de examinar los
recursos que puedan presentar los ciudadanos”.

En un reciente foro sobre el acceso a
la información pública organizado por la
APM, la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire,
recordó que en el mundo existen 76 leyes específicas. “En algunos países
que la tienen hay problemas de aplicación, pero en general funcionan”. El
Consejo de Europa recomendó en 2002
a los Estados miembros que adoptaran leyes encaminadas a
asegurar la transparencia en las administraciones públicas. El clamor es tal
que existe una asociación denominada Transparencia Internacional. Su presidente
en España es el catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid Jesús Lizcano Álvarez, que en el último número de la revista Cuadernos
de periodistas escribe: “Dentro de los desafíos éticos a los que se
enfrenta nuestra sociedad se encuentra, por una parte, la transparencia
social, como elemento que garantiza el derecho a la información del
ciudadano, esto es, el derecho a saber, como un factor fundamental para
la lucha contra la corrupción”.

Pero la UE tampoco quiere que sus ciudadanos sepan
demasiado. La
Comisión Europea ha demandado a Suecia por difundir datos
sobre otros países cuyas autoridades les han puesto el sello de
“secreto”.