Els Papers de Santa Maria de Nassiu

Apenas habíamos asimilado las
manifestaciones callejeras de cardenales y obispos por las más diversas
reivindicaciones cuando nos llega el último acuerdo de la Conferencia Episcopal,
leído, sin rubor aparente, por un portavoz recientemente elevado a la dignidad
episcopal. Y resulta que, como diagnosticó en su día el incombustible ministro
demócrata-cristiano Giulio Andreotti, a la política española le manca
fineza, le falta estilo y cultura democrática.

La letanía de la jerarquía española
es la habitual: aborto, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo,
laicismo, educación para la ciudadanía, nacionalismo y terrorismo… con una
apostilla inédita: no es moral conversar con los terroristas.

A nadie puede extrañarle la posición
de la Iglesia
Católica sobre el aborto y la eutanasia. Personalmente, sigo
sin entender su rechazo a la homosexualidad masculina. En cuanto a su oposición
al divorcio, resulta jurídicamente surrealista. No lo admite, pero favorece las
nulidades de los matrimonios canónicos con una flexibilidad y ligereza que
desborda todas las posibilidades que establece la legislación civil. Se acuerda
la nulidad, previo costoso proceso canónico, si los contrayentes son inmaduros,
no creían en el carácter sacramental de la unión o no la han
"consumado". Se admite también la nulidad cuando los cónyuges lo
hayan contraído con el propósito deliberado de no tener hijos o no guardarse
fidelidad.

Pero la cúpula episcopal ha dado un
paso adelante con su última declaración. Lanzada directamente a la arena
política en pleno periodo electoral, ha roto todos los cánones de imparcialidad
y equilibrio, pronunciándose a tumba abierta sobre el sentido que debe tener el
voto del que comulga con sus creencias, ritos y ceremonias, y advirtiéndole del
grave peligro de ganar el mundo y perder su alma.

Así que la nota emitida por la Comisión Permanente
de la
Conferencia Episcopal (formada por 18 obispos) desprecia su
condición de parte que actúa en función de los Acuerdos Internacionales entre
el Estado español y la
Santa Sede, y se pone por solideo las normas,
internacionalmente admitidas, sobre el derecho de los Tratados (Viena, 23 de
mayo de 1969). Cabe recordar que las obligaciones contraídas lo son para las
dos partes, con arreglo a su contenido y a los principios de lealtad recíproca
y buena fe.

Los obispos sugieren que su nota sólo
pretende meditar de nuevo sobre la Instrucción Pastoral
aprobada el 23 de noviembre de 2006 por la Asamblea Plenaria
de la Conferencia
Episcopal bajo el título Orientaciones morales ante la
situación de España. Pero lo cierto es que, vulnerando de forma explícita
su posición en el marco de los acuerdos jurídicos con el Estado español, han
abandonado su condición de parte institucional para expresarse como
beligerantes ciudadanos implicados hasta el cuello de la sotana en la contienda
electoral.

La trampa es muy burda. Conservan
intacta su condición de parte contratante de un Tratado Internacional y al
mismo tiempo se disfrazan de su condición de españoles para disparar contra los
programas de determinados partidos políticos. Nos dicen que no pretenden que
los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica, pero al mismo
tiempo sostienen que esta moral es el mejor medio para mantener el vigor y la
autenticidad de las instituciones democráticas.

En esta línea, no consiguen separar
el trigo de la paja, y por ello reconocen la legitimidad de las posiciones
nacionalistas no violentas, para, en el renglón siguiente, invocar la autoridad
de Juan Pablo II y denunciar "los peligros del separatismo". Una vela
a Dios y otra al Diablo.

En el rosario interminable de
agravios contra el Gobierno, lo verdaderamente novedoso de la declaración
electoral de los obispos es alguna precisión sobre el terrorismo. No les mueve
la lógica condena de esta actividad, algo que compartimos los que sabemos que
gracias a los asesinos terroristas estuvo a punto de volver el
nacionalcatolicismo el 23 de febrero de 1981. No, ahora perfilan más su posición
partidista. Empiezan añadiendo la obviedad de que una sociedad que quiera ser
libre y justa no puede reconocer a una organización terrorista como
representante político de ningún sector de la población. Y luego, decididos a
introducirse por terrenos pantanosos y oscuros, afirman dogmáticamente que
nunca se puede tener a los terroristas como interlocutores políticos. Manipulan
así la
Instrucción Pastoral al omitir las referencias a las medidas
de indulgencia en el caso de renuncia definitiva al uso de las armas. Esta
aportación, por cierto, no tiene nada que ver con la moral católica,
históricamente tan acomodaticia a toda clase de situaciones terrenales.

Señores obispos, termino como ustedes
en su nota: que el Señor les ilumine y fortalezca para que se den cuenta del
daño que están haciendo a la convivencia entre los españoles.