POM D’ARTICLES (21)

Arran de la vaga general als centres educatius públics del PV per al pròxim dimecres us vull deixar algun article dels que he pogut llegir recentment a la premsa. Cal fer aquesta vaga… i serà un èxit (encara que Cèsar Forense i Ricardito Costa diguen que no).


En primer lloc, us deixe un reportatge d’EL PAÍS de diumenge sobre el procés de Bolonya. Aquest és l’enllaç.

 

I a més podreu llegir els articles següents:
La estafa del
enseñar a enseñar
ANDRÉS DE LA OLIVA,

EL PAÍS – 08-12-2008 


MIGUEL FUSTER, LA EDUCACIÓN VALENCIANA, AL
BORDE DE LA QUIEBRA
(LEVANTE-EMV)

 Respuesta a Julián
Moreiro, 
RICARDO MORENO CASTILLO  –  Madrid 

EL PAÍS  –  Opinión – 09-12-200

 

La estafa del
enseñar a enseñar
 


ANDRÉS DE LA OLIVA 

 


 

EL PAÍS – 08-12-2008

La publicación en EL PAÍS de un Manifiesto Contra el Nuevo
Máster de Formación del Profesorado (ECI/3858/2007) ha sido respondida en estas
páginas por algunos pedagogos que lo defienden. Las pretendidas evidencias con
que argumentan son, sin embargo, falsas. La tesis principal es que un profesor
no sólo debe conocer su materia, sino que debe también aprender a enseñarla.
Esto parece muy de “sentido común”, pero es un sofisma con el que los
“expertos en educación” llevan muchos años abduciendo a las
autoridades ministeriales. Los futuros profesores, se dice, deben
“aprender a enseñar” y los alumnos “aprender a aprender”.
Para conseguirlo, existe un cuerpo de especialistas (con sus propios intereses
corporativos), cuya función es “enseñar a enseñar”. Ahora bien, para
ello precisamente se confió a los pedagogos el curso del CAP (Certificado de
Aptitud Pedagógica). Este curso jamás se ha sometido a una evaluación objetiva
entre los profesores de secundaria y bachillerato. Se sabía de sobra que los
profesores no sólo no avalarían su utilidad, sino que lo valorarían como una
estafa o una impostura. ¿Qué solución propone el ministerio? Nada menos que
sustituir el quinto año de preparación disciplinar específica por un Máster de
Formación del Profesorado que no es más que un CAP más largo y más caro.
Cualquier cosa menos preguntar a los profesores sobre la utilidad en las aulas
de la formación pedagógica. Por lo visto, los únicos que saben lo que se
necesita en las aulas son los que jamás han pisado un aula. Por lo mismo, los
únicos que saben cómo se enseña matemáticas, gramática o historia, son los que
no saben ni matemáticas, ni gramática, ni historia (pero son, en cambio,
expertos en enseñar a enseñar cómo se aprende a aprender).

 

¿Por qué el CAP
ha sido una estafa y una vergüenza todos estos años? No porque fuera muy corto,
sino porque es falso que quien no sabe matemáticas pueda enseñar a enseñar
matemáticas. Y todavía es más falso que haya un saber que no sea ni física, ni
latín, ni geografía, y cuyo contenido sea el enseñar en general para cualquiera
de esas disciplinas. Un profesor debe saber captar la atención de los alumnos
enseñándoles a amar el conocimiento, y para lograrlo no hay otra garantía que
su propio amor por el conocimiento. Las matemáticas, la historia o el derecho
procesal son apasionantes y la obligación de un profesor es saber transmitirlo
a sus alumnos. Ahora bien, su mejor arma, en realidad su única arma, es saber
matemáticas, historia o derecho procesal. ¿Saber historia no significa saber
enseñar historia? Cualquier docente experimentado diría que la cosa es
exactamente al revés: la mejor prueba de que algo que uno creía saber no lo
sabe en realidad es que fracasa al enseñarlo. Si no se sabe cómo enseñar algo
es porque no se sabe suficientemente, y la consecuencia es que hay que
estudiarlo más y mejor. Estudiar más física, matemáticas o latín, no pedagogía.
Por supuesto que siempre habrá grandes investigadores muy sabios que no amen la
enseñanza y se nieguen a ejercerla. La figura del buen investigador y mal
docente no cesa de blandirse como un argumento incontestable, pero es una
falacia: los investigadores que no aman la enseñanza enseñan mal, no porque no
sepan, sino porque no quieren hacerlo, y ningún curso de formación del
profesorado les hará cambiar de opinión. Por otro lado, licenciados que nunca
han enseñado no saben enseñar, pero no porque les falte teoría pedagógica (o
psicopedagógica), sino porque les falta práctica docente. El acceso a la
profesión de profesor, como a la de juez o a la de médico, no debería hacerse
sin haber superado un periodo de prácticas seriamente concebido, tutelado, y
remunerado. Y por cierto que sólo una vez acreditada una formación no básica y
generalista, sino avanzada y específica en un campo determinado de conocimiento.
Es lo único que solicita el denostado Manifiesto. Eso, y que se deje de tomar
el pelo a la sociedad mientras se desmonta pieza a pieza el sistema de
instrucción pública.


MIGUEL FUSTER, LA EDUCACIÓN VALENCIANA, AL
BORDE DE LA QUIEBRA (LEVANTE-EMV)

 

 

Les ruego que me perdonen, pero la frasecilla
del título no es mía. Me la he apropiado, verbatim, de un artículo publicado
por el diario El Mundo en septiembre del año en curso, que a su vez cita a la
revista Magisterio, pe ro el tono alarmista tiene credibilidad. El sistema
educativo valenciano lleva años cosechando resultados horrorosos a escala nacio
nal, y la escala Europa me la ahorraré de momento.

Recordaremos que hace casi una década, junto al
resto de miembros de la Unión Europea, España subscribió el compromiso de
apostar por la calidad educa tiva. La intención no era otra que la de educar a
todos, sin exclusión, y que de la mano de ésta entráramos en la nueva economía
del conocimiento, la cual, a su vez, debía traducirse en mejores oportunidades
de crecimiento y empleo. En esta línea de actuación, los Estados miembros se
compro­metieron a reducir a su mínima expresión las cifras de fracaso. La cifra
de fracaso en la enseñanza secundaria obligatoria, la que se cursa hasta los 16
años, debía aproximarse a cero, pero imponién dose el realismo se acordó
recortar la pretensión al diez por ciento. ¿Cuál es nuestra realidad a las
puertas de 2010? Se sabe que España se sitúa por debajo de la me dia europea, y
que le será imposible alcanzar este objetivo; cierto es también que los datos
se prestan a una interpretación en clave doméstica. A estas alturas a nadie se
le escapa que los gobier nos autónomos tienen la educación como una de sus
competencias transferidas. Pues bien, las cifras revelan diferencias notables
entre lo que hacen unos y otros. Las divergencias llegan a ser incluso
abultadas: unas autonomías parecen bien encaminadas, otras no tanto… y hay
otras, como la valenciana, que han descarrilado. Así, pongamos por caso,
mientras que el fracaso escolar asturiano, con datos de 2006 (últimos
publicados por el ministerio), era del 16%, o el del País Vasco un 17%, ambos
envidiables, ya que técnica mente pueden lograr el objetivo europeo, la
Comunitat Valenciana va a la deriva, alcanzando la peligrosa cifra del 39,7%,
siendo superada en su inoperancia por Ceuta, con un fracaso superior al 50%, si
bien estaremos de acuerdo en que Ceuta merece mención aparte. Es decir, a fecha
de hoy, cuarenta de cada cien valencianos son expulsados del sistema educa tivo
sin haber conseguido siquie ra el título de graduado escolar.

Estas cifras son menos optimistas que las
ofrecidas por la Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic, firmada por
padres y profesores, todos hasta el mismísimo pirri de tanto plan experimental
y de las absurdas ocurrencias del incombustible señor Font de Mora, pero que,
sin embargo, cuentan con el respaldo del Gabinete Camps. Aquí inclui ríamos la
caótica puesta en marcha de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Como
todos saben, no hay pedagogo que avale su impartición en inglés del mo do que
se hace con alumnos de ESO. Quizás seamos la risa de me dia España, aunque a
nosotros no nos haga ni pizca de gracia.

Pero ahondemos en el tema que nos preocupa: la
falta de inversión y/o pésima gestión de la Generalitat Valenciana provoca que
de cada 100 jóvenes que estudian en centros públicos, nada menos que entre 40 y
60 abandonen las aulas sin lograr la titulación educativa más elemental del
siglo XXI, la del graduado escolar. En efecto, como reza el título, la
enseñanza pública valenciana es tá en quiebra. Claro, esto es una conjetura, pero
no infundada, que debería ser corroborada por los analistas de la Conselleria
de Educación, cuando buenamente quieran, pues entre sus competencias está poder
hacerlo. Por ahora se niegan a airear este feo asunto, a proporcionar cifras
actualizadas de fracaso al Consell Escolar Valencià, a las directivas de los
centros públicos, a los ayuntamientos. Del mismo modo rechazan participar en
PISA, que habría evaluado con rigor y fiabilidad la calidad de las enseñanzas
básicas impartidas en la Comunitat Valen ciana. Y sin un diagnóstico concreto
que parta de cifras objetivas y (re)conocidas por los responsables educativos
en cada uno de nuestros centros y municipios, además de un presupuesto
infinitamente menos rácano, estamos condenados a seguir sufriendo, junto con
nuestros barracones, estas alarmantes cifras de fracaso escolar por muchos
años.


* Departament de Filologia Anglesa i Alemanya.
Facultat de Filologia. Universitat de València.

 

 Respuesta a Julián
Moreiro
 

 

 



RICARDO MORENO CASTILLO  –  Madrid 

 

 

EL PAÍS  –  Opinión – 09-12-2008

En una carta al director publicada en EL PAÍS del 6 de este mes,
Julián Moreiro sostiene que en mi artículo del día 4 sobre los males de nuestra
educación ha quedado en entredicho la capacidad autocrítica del profesorado.
Lamento parecer tan poco autocrítico, pero cada palo ha de aguantar su vela, y
la responsabilidad de la delirante ley de educación que soportamos corresponde,
única y exclusivamente, a los políticos que la elaboraron y a los legisladores
que la votaron (muchos de los cuales, por si acaso, llevan a sus hijos a
colegios privados: los experimentos pedagógicos son muy divertidos siempre que
se hagan con los hijos de los demás). Tampoco es responsabilidad de los
profesores la cancha que hoy día tienen quienes viven de la jerga pedagógica.
Colega Moreira: si una ley obligase a los cirujanos a entrar esposados en el
quirófano, la responsabilidad del aumento de operaciones fallidas sería
exclusivamente de esa ley, y no valdría decir que los cirujanos tienen que
hacer una autocrítica. 

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