Raül Romeva i Rueda

Em trobo a Honduras, formant
part d’una delegació del Parlament Europeu que està visitant el país en el marc
de l’Acord d’Associació UE-Amèrica Central.

Arribar-hi, ahir al
matí, ja va ser complicat, degut a que un temporal en el petit aeroport de
Tegucigalpa va impedir que l’avió que ens havia de dur diumenge al vespre
arribés a enlairar-se. Vàrem haver de passar la nit a Costa Rica (San José). El
temps va millorar ahir i finalment vàrem poder arribar.

Només aterrar ens va
rebre el delegat UE a Amèrica Central: ‘Muy buenas. Bienvenido al país con
más muertos del mundo. Hace pocos días secuestraron a un miembro de la
Delegación, le robaron todo y lo dejaron desnudo en el monte. No se preocupe,
está vivo. Pero le recomiendo que no salga del hotel solo. Suele haber tiroteos
por las calles, cuando no secuestros exprés.‘. Com a rebuda no està
malament, vaig pensar.

Al vespre vaig tenir la
primera reunió (aquesta personal, fora del marc de l’agenda oficial) amb
diverses ONG de drets humans que em van exposar la situació del país, i que em
van deixar força més preocupat del que ja estava: situació crim generalitzat i
impunitat total. Persecució de dirigents sindicals, periodistes, ong, dones,
persones LGBT, opositors,…

Aquest matí, ja dins el marc
oficial, hem tingut un intercanvi d’impressions amb els representants de la UE
al país, una reunió amb representants de sectors empresarials i de negocis, una
llarga trobada amb diversos ministres i el president mateix del país, Porfirio
Lobo. Durant els intercanvis d’opinions he pogut plantejar diverses de les qüestions que les ONG em van fer arribar, i que de fet adjunto més avall en forma de versió resumida. 

Òbviament els punts de vista
d’uns i altres divergeixen sensiblement. Però la qüestió és: qui és que
realment porta el país? És el govern? O és més aviat la mateixa oligarquia que
ja als anys 80 va ser responsable d’impulsar les desaparicions i el clima
persecutori a les veus crítiques del país? La mateixa oligarquia, recordem-ho,
que va instar el cop d’estat de fa dos anys, i que l’actual govern simplement
s’ha encarregat de legitimar? No és per casualitat que quan fan referència a
aquell atemptat contra la democràcia parlen simplement de ‘los
acontecimientos’, enlloc d’anomenar-lo pel seu nom: cop d’estat. Valgui com
exemple el fet que la policia està totalment controlada pel crim organitzat i
són, juntament amb l’exèrcit, els principals responsables de les nombroses
víctimes i desaparicions que es produeixen al país.

I és que tot el que he vist
i escoltat em ratifica en l’opinió que ja tenia, molt crítica amb l’Acord
d’Associació, i em deixa més convençut encara que en aquestes circumstàncies
l’Acord només beneficiarà a determinats sectors oligarques del país (així com a
determinades empreses multinacionals europees que cauran sobre el país amb els
ullals inversors ben afilats).

Un cas més en què el business
as usual pot acabar legitimant règims repressors que probablement acabem
lamentant algun dia. Trista política, aquesta, que tants nefastos resultats ha
donat al llarg de la història, i de la que, malauradament, no sembla que n’haguem tret les conclusions que pertoca.

Demà, en qualsevol cas,
farem una visita a Danlí, i dijous ens reunirem amb diferents personalitats del
poder legislatiu, del Parlacen i, fins i tot, amb el president derrocat Manuel
Zelaya. Serà interessant conèixer els seus punts de vista.

MECANISMOS DE REPRESIÓN EN CONTRA
DEFENSORES DDHH, ACTIVISTAS Y PERIODISTAS EN HONDURAS DESDE 28 JUNIO DE 2011
HASTA LA FECHA (ESPACIO ACI-DDHH, OXFAM INTERNACIONAL)

CONCLUSIONES

1)   
El contexto refleja un ambiente de deterioro de las condiciones para
el ejercicio de la defensoría incluidos obstáculos de políticas públicas en
materia de seguridad y defensa, legislaciones que restringen libertades civiles
o criminalizan a los defensores/as, constriñen su libertad de asociación, reunión e incluso el derecho a
defender los derechos humanos, hasta situaciones extremas de ataques a la
libertad, seguridad y a la vida.. 

2)   
La implementación de políticas de seguridad del Estado y seguridad pública
ha limitado la vigencia de las libertades fundamentales consagradas constitucionalmente
y en los tratados internacionales; manteniendo la militarización del país y aumentando
el poder discrecional y falta de control en las fuerzas de seguridad del
Estado.

3)   
Un factor
asociado al ejercicio pleno de la defensoría de derechos humanos es el
acceso  a la justicia independiente,
igualitaria, pronta e imparcial. Existe en Honduras una alta propensión a la
impunidad de las violaciones a derechos humanos, donde se refleja una deuda
histórica desde los crímenes de la Doctrina
de la Seguridad Nacional hasta los cometidos por la aplicación de mano dura o cero tolerancia a partir de
mediados de los años 90s y la primera década de este siglo[1].
La impunidad está afectando incluso la falta de implementación de medidas
cautelares de la CIDH, sentencias de la Corte Interamericana y recomendaciones
de otros mecanismos de protección internacional. 

4)   
El estudio arroja que existe un contexto donde los
defensores/as de los derechos económicos y sociales son sujeto/as de especial
vulnerabilidad, sobre todo comunidades originarias y afro descendientes, organizaciones
campesinas y defensores ambientalistas que deben reclamar sus derechos frente a
grandes empresas, guardias de seguridad privadas, empresas trasnacionales,
industrias extractivas en especial la minería, terratenientes y el propio
Estado. Particular atención demanda la situación en las comunidades garífunas,
la conflictividad en el Bajo Aguán, Zacate Grande y en los territorios donde se
han concesionado suelos para minería y empresas hidroeléctricas.

5)   
Después del Golpe de Estado del 28 de junio de
2009 Honduras figura, de acuerdo a
la CIDH, como uno de los cuatro
países del continente sujeto a atención
especial. A partir de la ruptura Constitucional se destaca
acá el especial riesgo de algunos grupos de defensores como los dirigentes de
pueblos indígenas, de grupos LGTBI, periodistas, dirigentes gremiales y
sindicalizados, organizaciones de mujeres. 

6)    Del
análisis de casos emblemáticos se observa que el defensor/a en Honduras es
sujeto de varios mecanismos de agresión: 1) Atentados físicos a los defensores/as: que
incluyen ejecuciones extrajudiciales, lesiones y atentados a la integridad
física, detenciones arbitrarias; 2) Atentados contra su estabilidad emocional
que incluyen amenazas, intimidaciones por medio directos o indirectos,
estigmatizaciones; 3) Atentados contra su actividad, que contemplan
allanamientos ilegales, destrucción de propiedades, robos de información,
judicializaciones, legislaciones de control y criminalizante, medidas
administrativas del poder público y la impunidad como mecanismo de agresión.

7)    A pesar de la
identificación de una amplia gama de mecanismos de represión contra los
defensores en el país, existe dificultad para el registro de los casos y para
conocer la magnitud y características de las violaciones reportadas. 

8)    La represión no
discrimina el ser actor nacional o internacional, pues incluso miembro/as de la
Comisión de Verdad han sufrido represión con ataques graves.

9)    Los mecanismos de
agresión identificados obedecen a un patrón donde se identifica tanto al Estado
como actor directo de los ataques a raíz de la aplicación de políticas
expresamente dictadas para limitar o criminalizar la defensoría de derechos
humanos; o como parte de  agresores
invisibles pertenecientes a grupos ilegales, paramilitares y/o sicarios
alentados presuntamente pos actores privados, grupos facticos y posiblemente
órganos estatales, lo cual amerita profundizar en la investigación de estos
vínculos. 

10)Falta de investigación y sanción
frente a las violaciones a derechos humanos que acompañan los defensores/as y
frente a los propios ataques que sufren ellos mismos.

11)El marco
jurídico nacional pese a contener disposiciones generales sobre la obligación
del Estado y los particulares de respetar y promocionar los derechos humanos,
en general resulta ineficaz e insuficiente para garantizar el pleno
desenvolvimiento de los defensores/as. 
No existen siquiera mecanismos de protección ante amenazas y otros
ataques a su vida, libertad, seguridad, incluidos el desenvolvimiento libre de
su actividad. 

12)Se observa un marco legal que
tiende a limitar, vigilar, controlar y criminalizar el trabajo de los
defensores de derechos humanos como ser el artículo 332 que facilita acusar de
asociación ilícita a defensores principalmente de los derechos sociales en sus
actividades de protesta, y otros delitos como rebelión,
terrorismo, manifestación ilícita; Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley sobre la Privación del Dominio de Bienes de Origen
Ilicitito,  Ley de
Ongs, Decreto de Amnistía 2010, Ley de Policía y Convivencia Social.

[1] Particularmente en los
asesinatos por “limpieza social” contra adolescentes y jóvenes, etiquetados
como “supuestos delincuentes”; pero también existe una falta de juzgamiento
para los crímenes de “odio” por razones género (femicidios), asesinatos contra
miembros de la comunidad LGTBI, casos de tortura, trato cruel y asesinatos por
las fuerzas de seguridad del Estado, la violencia carcelaria, entre otros

Foto: Porfirio Lobo
durant la seva presa de possessió, acompanyat pel general colpista Romeo Vásquez