Raül Romeva i Rueda

Cerrar el grifo público a la tortura
Por Raül Romeva, eurodiputado per ICV (Verdes/ALE)

Cada año, cuando votamos en el Parlamento Europeo el presupuesto de la UE, algunos diputados y diputadas del Grupo Verdes/ALE presentamos una enmienda en la que solicitamos de forma explícita que la UE no contribuya a financiar la masacre inhumana de los Toros (aquello que algunos y algunas todavía llaman eufemísticamente la Fiesta). Solemos perder esta enmienda, pero cada vez perdemos por menos votos y de hecho alguna vez incluso la hemos ganado.

El caso es que el movimiento pro-toros (eso es, a favor de los derechos del animal) y anti-tortura gana cada vez más adeptos en la arena europea, y donde antes habia una cierta indiferencia o un cierto respeto a la ‘diversidad cultural’, o incluso ‘al principio de subsidiariedad’, hoy hay incomprensión, indignación y una ascendente oposición.

Por otro lado, es también una obviedad que el apoyo popular y la llamada ‘afición’ está claramente de caída (una encuesta de Gallup de 2006 revelaba que sólo el 7% de la población española se consideraba ‘fan’ de la Fiesta, y que el 82% de la población española entre 15 y 24 años no está para nada interesada en ella), lo que conlleva que se trate de una actividad fuertemente dependiente de las ayudas públicas. En España estas ayudas proceden de todos los niveles institucionales y se estiman en unos 530 millones de Euos que las y los contribuyentes debemos abonar anualmente a tal efecto. Los destinos de dichos fondos son diversos: escuelas de toreo, clubs de fans, crianza, matanza de toros, compra de toros para fiestas populares, promoción, márqueting e, incluso, derechos de televisón.

Saber exactamente la parte proporcional que corresponde a los fondos europeos no es senzillo. De forma agregada sabemos que los subsidios de la UE a la crianza de Toros de Lidia en sistemas extensivos suponen unos 220 euros por cabeza de res y año que deben añadirse al dinero proporcionado a escala estatal y regional (lo que supone al menos 20 millones de euros anuales).

Por otra parte, cada vez que pregunto a la Comisión sobre la coherencia de dichas subvenciones (cosa que he hecho en numerosas ocasiones) me responden lo mismo: “La Unión Europea se muestra muy activa al respecto del bienestar animal, y concretamente en el caso de los animales de granja, el transporte de animales y su protección en el momento de su sacrificio o matanza. Sin embargo, por lo que se refiere a las corridas de toros, hay que tener presente que el protocolo (nº 33) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, relativo a la protección y el bienestar de los animales, dispone que «al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Asimismo, el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 98/58/CE del Consejo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, dispone que la Directiva no será aplicable a «animales destinados a participar en competiciones, exposiciones o actos o actividades culturales o deportivos». “

El problema de fondo aquí doble: primero, en lo conceptual, es necesario sumar cada vez más apoyos a la redefinición de lo que signfica ‘eventos cultural y tradicional’ de modo que ambos términos no den cabida a prácticas como la tortura o la banalización de la violencia hacia los animales. Y segundo, en lo práctico, urge modificar la Directiva para que se prohíba de forma explíctiva la actividad del Toreo (así como cualquier otra forma de maltrato animal disfrazado de ‘evento cultural o tradicional’) en todo el territorio de la UE.

Es más que evidente que si no fuera por la subvenciones públicas, la Fiesta dejaría de existir. Es legítimo que para que una minoria (los promotores) se enriquezcan se gasten tantos recursos públicos en mantener una práctica a todas luces rechazada por la mayoría de europeos y europeas? Es más, como puede ser eso compatible con las medidas de austeridad que requiere un período de crisis como el que estamos viviendo?

Los defensores de la Fiesta han perdido ya la batalla de la rentabilidad, de los argumentos, del apoyo social, y de la credibilidad. Ahora sólo queda que las instituciones (y por tanto los partidos políticos) tengan la valentía y la voluntad
política para hacer lo que hace tiempo debíamos haber hecho: cerrar el grifo público.