Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Publicat el 10 de maig de 2007

Llei d’armes: manca d’ambició i de voluntat de lideratge

En el marc del debat que tindrà lloc avui al Congrés sobre la Llei d’Armes, adjunto un article que vaig escriure fa unes setmanes i que no ha trobat espai en els mitjans de comunicació (cosa que, per altra banda, posa de manifest la dificultat per tal que aquestes qüestions aconsegueixin l’atenció mediàtica que malauradament es mereixerien, tenint en compte les nefastes conseqüències que comporta un comerç d’armes irresponsable)

 

Ley de armas: falta de ambición y de voluntad de liderazgo

El Proyecto de Ley sobre Transferencia de Armas presentado por el Gobierno a petición del Congreso de Diputados y de las ONG que hace años que la reclaman ha resultado ser una gran decepción. A la espera de que concluya el periodo de enmiendas por parte de los grupos políticos, el texto presentado es, fundamentalmente, un texto en la lógica de los departamentos de Industria, Comercio y Economía (segueix…)

con el único objetivo de adecuar la actual legislación española al contexto europeo e internacional de las normas ya aceptadas. Cierto es que el proyecto de ley incorpora las armas de caza y de tiro deportivo, así como sus municiones, a la lista de material sujeto a control, lo que significa una interesante novedad, como también lo es la obligación del Gobierno de informar sobre la naturaleza del usuario final de las armas exportadas. Sin embargo, el conjunto de la propuesta peca de poca  ambición y escasa voluntad de liderazgo a escala mundial lo que entra en manifiesta contradicción con el discurso mantenido hasta la fecha por el Gobierno.

Recordemos la mayor: el principal objetivo de una Ley española sobre transferencia de armas no debería limitarse a alinearse al mínimo común denominador de la legislación europea con objeto de garantizar que las empresas de armas españolas sean más competitivas a escala internacional, sino que de lo que se trata es de que la reforma sirva para impedir que armas españolas (u otros componentes) acaben siendo responsables directas de vulneraciones de derechos humanos, de torturas, de alimentar conflictos vigentes o latentes, de alimentar tensiones regionales o de socavar el desarrollo de comunidades y países enteros, entre otros. Y es que entre los recientes compradores de armas y equipos militares españoles encontramos destinos tan preocupantes como Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, Iran, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Sudán o Venezuela, todos ellos cuestionables.

Además, tal y como llevan años denunciando Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace, promotoras entre otras de la campanya ?Armas bajo control?, en la actualidad no es posible saber qué se ha vendido exactamente desde España a un determinado país, cuál será el uso final del producto exportado, ni cómo se interpretan los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos, en situación o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo de desvío, entre otras situaciones. Tampoco es posible saber con qué garantías cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que la misma no tendrá un impacto negativo en el país de destino o en un país tercero, y por qué se deniega una licencia de exportación. Además, las actas de las reuniones de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo interministerial que decide sobre las transferencias de armas, continúan siendo secretas. Todos ellos son aspectos que la ley debería mejorar y sobre los que el borrador actual es, cuando menos, ambiguo.

Así mismo, aunque es evidente que el redactado de la Ley debe ser eminentemente técnico, el fondo de la misma debería mostrar mucha más ambición y valentía política por parte del Gobierno. No se trata de que la ley sea un instrumento de promoción de los intereses industriales españoles, sino de que el Gobierno deje claro que dichos intereses están supeditados a la responsabilidad política de impedir que las armas españolas vulneren los criterios tan básicos y fundamentales como, por ejemplo, los establecidos en el Código de Conducta de la UE sobre exportaciones de armas.

Es por ello que las ONG impulsoras de la campanya ?Armas bajo control? llevan años reclamando que la Ley española sirva, como mínimo, para igualar la situación española a las mejores prácticas existentes en estos momentos en el resto del mundo. Así, por ejemplo, la ley española debería igualarnos a Italia o Reino Unido en cuanto al rigor en la implementación del Código de Conducta de la UE, a Italia en cuanto a la información requerida para otorgar licencias a la exportación, al Reino Unido, Bélgica, Suecia e Italia en cuanto a la exigencia de un certificado de uso final de las exportaciones, a EEUU, Alemania, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Holanda o Suecia en cuanto a la transparencia de las exportaciones, a Suecia o Reino Unido en cuanto al control parlamentario de dichas exportaciones, o a EEUU, Bélgica, Finlandia, Alemania u Holanda en cuanto al control de los intermediarios. En otras palabras, se trataria de que, tras la aprobación de la Ley, España apareciera en todas las dimensiones de las mejores prácticas internacionales en términos de control de las exportaciones de armas, algo de lo que el borrador actual está bastante lejos.

Asimismo, otro de los marcos de referencia europeo y mundial sigue siendo el Parlamento Europeo, institución que siempre ha sido la vanguardia de las demás instituciones europeas a la hora de reclamar más y mejores prácticas en cuanto al control de las exportaciones de armas. Así pues, seria deseable que la Ley española incorporara, al menos, los acuerdos adoptados por la Eurocámara, siendo el informe sobre la aplicación del Código de Conducta aprobado en Estrasburgo el pasado 18 de enero, informe del cual tuve el honor de ser ponente, el texto más ambicioso de los que se ha aprobado hasta ahora. Sólo a guisa de ejemplo, fue el Parlamento Europeo quien ya en 1994 reclamaba un Código de Conducta de la UE sobre transferencias de armas, que fue finalmente adoptado por el Consejo en 1998 aunque sin caràcter jurídicamente vinculante, por lo que ahora sigue siendo el Parlamento Europeo quien reclama que el Código se convierta en una Posición Común y adquiera, en consecuencia, ese estatus de instrumento jurídicamente vinculante tan reclamado por la sociedad europea.

En otras palabras, si el gobierno español quiere mostrar verdadera ambición y voluntad de liderazgo, al menos a escala europea, seria más que razonable que en lugar de limitarse a copiar aquellos aspectos ya consensuados asumiera las propuestas del Parlamento Europeo y las mejores prácticas existentes con objeto de situarse en la vanguardia de la responsabilidad internacional en cuanto al control de las exportaciones de armas.

No es aceptable continuar con la estrategia a la que tan acostumbrados nos tiene el gobierno cuando afirma que en realidad querría ir más lejos pero que, como otros no quieren, no podemos hacer nada. Y es que, tal y como llevan años reclamando a los sucesivos gobiernos españoles amplios sectores de la sociedad liderados por las ONG de la Campaña Armas Bajo Control, estamos ante una gran oportunidad para que España se convierta con relación al control de las transferencias de armas en el Canadá del Tratado Internacional contra las Minas o Tratado de Ottawa, o en la Costa Rica europea del incipiente Tratado Internacional de Armas. La Ley española de transferencias de armas marcará cuan cerca o cuan lejos estamos de hacer realidad esta aspiración.

Font foto: Amnistia Internacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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