Raül Romeva i Rueda

Crònica de El Mundo en relació amb l’actual debat sobre els despropòsits urbanístics a l’Estat espanyol, tal i com s’està plantejant des de les institucions comunitàries, a Brussel.les:

La UE denuncia que el urbanismo de España «sobrepasa todos los límites»

Alerta de que los abusos cometidos, sobre todo en la costa, son los más graves de Europa, por Juan Pedro Manzano, especial para El Mundo/Bruselas.

El modelo de desarrollo urbanístico «masivo» que se ha venido practicando en España en los últimos 15 años causa «estupor» en Bruselas, según reconoce una fuente de la Comisión Europea. (segueix…)

Tanto el Ejecutivo comunitario como el Parlamento Europeo consideran que «se están cometiendo múltiples abusos» y que reciben «numerosas quejas en este sentido, tanto de ciudadanos españoles como no españoles». En especial, la Comisión considera que son los residentes del litoral mediterráneo los que, por este motivo, sufren «la mayor indefensión» de toda Europa de cara a las administraciones locales y que «se han sobrepasado todos los límites».

La situación actual ha llevado a las dos instituciones comunitarias a abrir un frente común para «poner coto» a los planes de estrategia urbanística desarrollados fundamentalmente en el litoral español, aunque existen otras zonas, como la Comunidad de Madrid, que también han sido colocadas en el punto de mira de la Comisión y el Parlamento, donde se admite que se desea «tomar el caso español como ejemplarizante para lanzar un mensaje de aviso al resto de países miembros».

Primeros avisos

Los dos primeros pasos ya se han dado. Por parte del Ejecutivo de la Unión, el comisario europeo de Mercado Interior, Charly McCreevy, denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que «vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública». Y por parte del Europarlamento, la pasada semana se votó a favor de una resolución de condena contra el urbanismo en España.

Critica Bruselas especialmente «la forma» en que se conceden las licitaciones por parte de las autoridades locales y «las relaciones» que éstas mantienen con las empresas constructoras, al «carecer de las necesarias transparencia y publicidad que impone la normativa comunitaria» en materia de contratación pública. El Ejecutivo de la UE identifica en su denuncia «la situación de los promotores que piden el inicio de un plan de actuación integral, el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato y la posibilidad de modificar partes del mismo o del proyecto seleccionado después de su adjudicación». Estima además que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a la que sustituyó en diciembre de 2005.

Hasta el momento, la vertiente legislativa que ofrece el PE ha sido la más combativa y, desde luego, la más dura en sus comentarios y calificativos. Según el documento aprobado en la Eurocámara, «a menudo» las promociones de proyectos urbanísticos se han realizado bajo la sombra de «casos de corrupción», que han terminado en la detención y condena de «funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales». Insiste además en que estos macroproyectos de urbanización masiva resultan «innecesarios» y «no responden» a las necesidades de los ciudadanos, además de resultar «insostenibles» en el plano medioambiental y tener un impacto «desastroso» en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas. Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de planes urbanísticos que luego son declarados ilegales.

En Bruselas se es consciente de que, a día de hoy, «poco o nada» se puede hacer para abortar las políticas urbanísticas en España desde el punto de vista de las leyes que regulan la compraventa y la regulación del suelo, porque estas competencias son exclusivas de las autoridades locales y no existe legislación posible que las abarque desde el ámbito comunitario. Sin embargo, «la estrategia ahora pasa por hacer una presión política desde el Parlamento y por abrir una nueva brecha judicial ateniéndonos a las repercusiones medioambientales y de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a su derecho de propiedad, ámbitos en los que sí tienen competencias las instituciones comunitarias», señaló a EL MUNDO el eurodiputado Raúl Romeva.

Ésta es la importancia de la condena del Parlamento y de la denuncia del comisario McCreevy. Si finalmente el Tribunal europeo da la razón a la Comisión se crearía jurisprudencia y se sentaría un precedente que podría ser esgrimido en otros casos por Bruselas para oponerse a proyectos urbanísticos planteados en estados miembros.

Foto: Obres a Benidorm. Font: El Mundo