El famoso “derecho a decidir” es una trampa, otra más, en la que caemos como principiantes, como niños inexpertos. Como en un juego en el que participas con los ojos vendados mientras el contrario los tiene bien abiertos y además marca sus reglas. ¿Qué es el “derecho a decidir”? ¿Votar en una consulta? Una consulta, de acuerdo, pero, ¿organizada por quién?, ¿sobre qué territorio?, ¿con qué garantías?, ¿qué autoridad respalda su cumplimiento?, ¿sobre qué población, qué censo? Y ¿sobre qué tema?, ¿con qué pregunta? Además, ¿cuántas consultas habría? ¿Tantas como administraciones campean sobre nuestro país? ¿Una por cada Estado? ¿Una por cada autonomía española? ¿Una por provincia? ¿Una para todo el departamento de Pirineos Atlánticos?
El “derecho a decidir” no es una figura contemplada en el Derecho público internacional. Es una figura testimonial que expresa un anhelo democrático, pero que no tiene ningún valor constituyente. En el campo Internacional lo único que tiene valor es el “derecho a la libre disposición”, más conocido como “derecho de autodeterminación”.
En el manifiesto “Gure esku dago” no aparece quién es el sujeto de la acción. A quién se refiere el “gure”. Se plantea un totum revolutum de “independentistas” y “demócratas”. El núcleo del proceso de emancipación es la propia nación vasca. Sin ese requisito, no hay proceso como tal. No se puede poner en el mismo lugar ni, por lo mismo, en el mismo plano, a quienes son nacionalmente vascos, que a quienes se sienten “españoles” o “franceses”, aunque se digan, en segundo lugar o como adscripción regional, “vascos”. Quien lleva la iniciativa de este proyecto histórico –y no puede ser de otra manera– es la sociedad civil de nuestra propia nación. Es ella la que debe marcar la hoja de ruta para llevar a buen término este proceso.
Desde el manifiesto se quiere involucrar precisamente a quienes están en contra de la independencia. Esto resulta de una ingenuidad absoluta; más si tenemos en cuenta la hostilidad que se está viviendo en otros procesos próximos, como es el caso de Cataluña. Frente a esta candidez, el objetivo, pensamos, debería ser ganar a la gente para un proceso real hacia la independencia, incorporar al sujeto a quienes no lo tienen claro o no saben que lo es. La campaña debería ir dirigida a este fin; y no a devaluar unos objetivos que responden a las necesidades democráticas del país. En la situación actual no tiene el mismo valor la posición de quienes aspiramos al logro de nuestro Estado propio que la de quienes quieren seguir manteniendo a nuestro país sujeto a los estados español y francés. Eso es alimentar la confusión. Es lo que ellos llaman “juego democrático”, cuando en realidad no lo es. Seguir manteniendo a Vasconia bajo los estados español y francés es un acto básicamente antidemocrático.
El objetivo a proclamar en nuestro país es, sin duda, la independencia. Mientras Escocia o Cataluña avanzan directamente en este sentido, aquí damos un paso atrás muy claro y, además, hacemos alarde de ello. El “derecho a decidir” real o es el “derecho a la autodeterminación”, o es papel mojado. No son dos fases, primero “democracia” y segundo votar si quieres “ser independiente”. No existe democracia si no se ejerce la autodeterminación. Y la autodeterminación no pasa, en primera instancia, por los sistemas de votación de los imperios a los que estamos sometidos. Los sistemas políticos español y francés están perfectamente diseñados para evitar que desde su interior y respetando sus reglas se pueda conseguir nada relativo a este punto. En un manifiesto al conjunto de la sociedad vasca debería quedar claro que el derecho a la autodeterminación, a tener un Estado propio, independiente, es el primero de los derechos humanos, ya que es el que garantiza la ciudadanía y el ejercicio real de los demás.
En este sentido se debe plantear y debatir una hoja de ruta y se debe hacer contando con la realidad concreta del momento histórico en que vivimos, en el que prima como elemento de primer orden la crisis de todo tipo que sufre el Estado español: económica, de legitimidad, de corrupción estructural, el envite catalán, etc. Dentro de la misma, conscientes de que su única finalidad debe ser la consecución de la independencia, se podrán establecer caminos, vías, formas de lucha, pero siempre encaminadas a ella. Cualquier otro objetivo no puede ser aceptable más que como concesión de los estados dominantes durante el camino y sin que sea aceptado nunca como meta final.
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