El proppassat 5 d’aqueix mes vaig participar a Iruña en una taula rodona organitzada per la societat d’estudis Iturralde sota el lema “Las naciones del eje pirenaico en la Europa del siglo XXI”. Aqueixa és la transcripció de la meva comunicació “Catalunya y Andorra en la encrucijada de los ejes pirenaico y mediterráneo occidental”:
Las consideraciones siguientes son una ampliación de mi sucinta aportación al texto “Una propuesta relacionada con Navarra, el derecho y las naciones pirenaicas” suscrito por los organizadores de esta mesa redonda Anastasio Agerre Herrero, Humberto Astibia Aierra y José Miguel Martínez Urmeneta, de la sociedad de estudios Iturralde: “Renyer plantea la cuestión de quién podría liderar este eje económico y político pirenaicos. Por ahora ni los gobiernos autonómicos vasconavarros, ni la Generalitat de Catalunya miran en esta dirección. El Gobierno de Aragón insiste en la conexión central pirenaica desde una perspectiva básicamente franco-española. Toulouse-Tolosa está en vías de convertirse en la segunda ciudad de Estado francés y solo participa de la conexión ferroviaria con Barcelona, ajena a toda dimensión estratégica euro-regional. A día de hoy, es más que evidente que no existe un motor político de esta iniciativa transfronteriza, capaz de asumir el reto de definir un interés común a todos los componentes potenciales de un eje pirenaico.”
Miraré de ampliar algunas de estas afirmaciones ya apuntadas en dos comunicaciones a las jornadas sobre Derecho Pirenaico organizadas por la fundación Nabarralde: “Actualidad del Derecho pirenaico: Catalunya, Andorra y Aran” (2016) y “La propiedad de la tierra en el Pirineo y su aprovechamiento transfronterizo: repensar el comunal del siglo XXI” (2022).
1.- La obsolescencia del interés por el Pirineo como origen común de los pueblos que lo integran
En la Renaixença iniciada a mitad del siglo XIX el redescubrimiento de los Pirineos como origen simbólico y identitario de la catalanidad ocupa un lugar central que se va diluyendo hasta llegar al papel residual que tiene en la actualidad. Historiadores, poetas, lingüistas y antropólogos ensalzaron mitos ancestrales que contribuyeron a nuestra autoestima como pueblo. El lema “Catalunya endins” en boga hace un siglo tenía este significado, recuperado posteriormente por Jordi Pujol en su etapa como presidente de la Generalitat. Esta vuelta a las raíces también desveló la presencia euskaldún en la toponimia, el subconsciente étnico-lingüístico y el pasado compartido con Navarra y Aragón. Los juristas defendieron la foralidad del derecho ancestral autóctono frente a la codificación civil española. Pero este interés común que podría haber servido de fundamento para otras reivindicaciones compartidas entre estos territorios no se concretó en el primer tercio del siglo XX, posteriormente su evolución divergente la ha descartado completamente sobre todo con la sistemática animadversión de Aragón hacía cualquier propuesta compartida con Catalunya. El caso de la autoextinción de la nacionalidad aragonesa en aras de la españolidad superpuesta merece un estudio específico por su singularidad en el contexto peninsular.
El ensayo de Josep Maria Guilera, “Unitat històrica del Pirineu”, (Editorial Aedos, 1964), explica la penetración del orden estatal español y francés a partir del siglo XVIII desarticulando las relaciones entre los valles, imponiendo la división fronteriza y un derecho ajeno que va cuarteando y debilitando la unidad histórica del Pirineo.
El recurso a los estudios pirenaicos en general, no solo jurídicos, fue el punto de encuentro dentro de los condicionamientos de la legalidad franquista para los intelectuales vascos y catalanes en la inmediata posguerra. Así en el año 1942 se crea la Estación de Estudios Pirenaicos (transformada en Instituto de Estudios Pirenaicos en 1948 pasando a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta la actualidad) que atrajo entre otros al eminente innovador de la historiografía catalana contemporánea Jaume Vicens Vives. El Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos se celebra en Donostia en 1950 con una participación multidisciplinaria que se mantendrá hasta entrados los años setenta del pasado siglo cuando languidece su contenido para centrarse hoy en día el IEP en materia de estudios medioambientales y geológicos estableciendo su sede entre Zaragoza y Jaca.
No existen proyectos compartidos entre los gobiernos subestatales a ambos lados de la frontera franco-española que abarquen globalmente este espacio territorial multicultural, ni tiene la consideración de unidad geoestratégica. Sobre los Pirineos pesa de manera determinante la noción de frontera interestatal, aunque la efectiva barrera política, socioeconómica y cultural sea la delimitada per los bordes de la Unión Europea.
Los estados-nación español y francés mantienen plena vigencia y una prevención agresiva ante todo planteamiento nacional catalán o vasconavarro que cuestione su hegemonía. Además, cuenta con la complicidad militante de Aragón en su papel de baluarte del hispanocentrismo al precio de la autoextinción de su propia identidad.
No existe un proyecto nacional catalán para la construcción de un estado propio, el fallido proceso independentista acabó en 2017 pero los efectos negativos del mismo se perciben en la acelerada degradación de Catalunya a todos los niveles y no se perciben síntomas de recuperación a medio plazo. Por consiguiente, la Catalunya autonómica se limita a la gestión de la dependencia económica y política del orden estatal español, sin planteamiento geoestratégico digno de este nombre, ni respecto del eje pirenaico, (la propuesta fallida de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 fue puramente coyuntural) ni del mediterráneo (aunque en 2019 se aprobara una agenda 2030).
A pesar de esta triste constatación conviene analizar las causas y la realidad presente en ambos frentes.
2.- Andorra, geoestrategia del estado pirenaico
El Principat d’Andorra es el único estado pirenaico subsistente, nacido de una singularidad histórica: el Pareatge de 1278 entre el conde de Foix y el obispo de la Seu d’Urgell. Los ocho siglos de historia son poco conocidos (1), así como la excepcionalidad de su sistema jurídico (2), ejemplo vivo del Derecho Pirenaico. Entre los euskaldunes el historiador José Luis Orella Unzué recordaba recientemente que la actual bandera de Andorra tiene todavía en su escudo el de Foix y las vacas del Bearne: “Cuando el condado de Foix entró a formar parte de los señoríos del reino de Navarra, sus reyes desde Francisco Febo I (1479-1483) se intitulaban como rey de Navarra, vizconde de Bearne, conde de Foix y por lo tanto copríncipe de Andorra. Y este protocolo se mantuvo en el reino de Navarra hasta su incorporación al reino de Francia. Enrique III de Navarra y IV de Francia emitió en 1607 un edicto estableciendo que el jefe del reino de Francia y el obispo de Urgell eran copríncipes de Andorra” (3).
Por influencia de los cambios políticos en los estados vecinos y la necesidad de adaptar sus Instituciones a las de un estado democrático moderno se iniciará a partir de 1975 un proceso de reforma que culminará en la Constitución de 1993 cuando se consolidará su ancestral sistema jurídico en un compendio de breve formato (107 artículos) conforme a la tradición catalana de crear Derecho con normas claras y expresivas. He aquí los apartados del artículo primero:
El artículo segundo establece que la lengua oficial del Estado es el catalán. Y, el artículo séptimo, significativamente excluye la doble nacionalidad de sus ciudadanos, una cautela imprescindible para mantener la identidad nacional en un estado con tan baja densidad demográfica (son menos de cuarenta mil los habitantes con nacionalidad andorrana).
La mentalidad andorrana no es la misma que la existente en el Principado de Cataluña aun cuando comparten la catalanidad como identidad cultural común a todos los territorios catalanoparlantes. Sin llegar al punto de autoproclamarse nación, el pueblo andorrano tiene un estado propio que al cabo de siglos de independencia ha preservado el sistema jurídico autóctono de carácter consuetudinario, columna vertebral de la idiosincrasia de las gentes andorranas. Salvando las distancias, la foralidad navarra quizás es también un elemento configurador de una identidad colectiva. Este vínculo entre derecho y sujeto político contrasta con la divergente evolución de los territorios catalanohablantes incorporados a los estados español y francés, basados en ordenamientos jurídicos ajenos a la mentalidad autóctona a la que han acabado por transformar a su semejanza.
En el panorama electoral de Andorra ha hecho irrupción un nuevo partido denominado Concòrdia, (en alusión a la antigua forma de resolver conflictos), evita el dilema izquierda/derecha, pudiendo ser catalogado como de carácter identitario adaptado a la modernidad. Formado en 2022 con el objetivo de presentarse a las elecciones parlamentarias de 2023 alcanzó la segunda posición con cinco escaños. Declara como sus principales objetivos: la mejora de la calidad de vida; el respeto al territorio y al patrimonio natural y cultural; la equidad (el principio esencial del derecho catalán), la igualdad de oportunidades y de genero; el espíritu empresarial y el fomento de una economía innovadora, harmoniosa y prospera. Proponen frenar la inversión extranjera en el sector inmobiliario y racionalizar los precios de la vivienda, y han sido críticos con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, exigiendo que Andorra permanezca fuera del mercado único europeo.
Concòrdia defiende el estado de derecho y la democracia como sistemas de gobierno, y la sostenibilidad medioambiental, económica y social como ejes fundamentales a partir de los cuales ejercer la acción política. Su ámbito de actuación es el Principat d’Andorra. No obstante, reconoce que el país forma parte del entorno pirenaico con el que comparte una realidad económica, geográfica y cultural. La juventud y el dinamismo de sus componentes permiten abrigar esperanzas de un futuro liderazgo político y electoral a corto plazo. El carácter no dogmático de sus planteamientos y su pragmatismo constituyen un referente para la renovación de la anquilosada clase autonómica catalana.
El mismo año en que se aprobó la Constitución se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. Andorra participa en la Unión Aduanera de la UE desde 1991, gracias a un acuerdo de 28 de junio de 1990. En 1995, el Acuerdo fue enriquecido con la libre práctica aduanera por la que Andorra se constituía en aduana exterior de la UE y el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra de 2004 y el Protocolo por el que se amplían las medidas de seguridad aduaneras con entrada en vigor el 01/01/2012. Todos los bancos de Andorra son de propiedad local, dispone de un marco fiscal competitivo y un sistema económico atractivo para los inversores extranjeros.
La posición geoestratégica de Andorra en el corazón de los Pirineos, pero entre dos macro-estados de naturaleza integrista hace que su proyección exterior tenga un perfil discreto, obviando toda intromisión durante el fallido proceso independentista en Catalunya o esquivando la integración plena en la Unión Europea, ya que comportaría la oficialización de la lengua catalana con todas las repercusiones políticas que ello podría conllevar. Siendo un estado, no participa de los organismos transfronterizos pirenaicos integrados por entidades subestatales. Participa plenamente en los grandes organismos internacionales, las Naciones Unidas y todos sus derivados, evitando siempre toda colisión con los intereses de la República francesa, el Reino de España y el Vaticano.
Por su parte el gobierno de Catalunya mantiene una delegación a Andorra dependiente del Departament d’Acció Exterior. Trata Andorra, por tanto, como un país extranjero, a diferencia de la época en que Josep-Lluís Carod-Rovira era conseller en cap, cuando la Casa de la Generalitat a Perpinyà o la de l’Alguer dependían orgánicamente de la presidencia por la simple razón que se trata de ciudades catalanas. La relación económica con Catalunya es intensa, más que con Francia. Existen servicios públicos compartidos, como la incineración de los residuos municipales de las comarcas del norte de la provincia de Lleida en la planta de Andorra, pero se trata de casos excepcionales. En los ámbitos culturales y deportivos la integración con Catalunya está plenamente normalizada.
3.- Cataluña en el espacio Mediterráneo Occidental
El otro gran eje sobre el cual se ha proyectado la catalanidad originada en el Pirineo es el Mediterráneo. La evolución histórica a base de conquistas y alianzas entre condes soberanos (del Pallars, de Barcelona…) y reinos (de Aragón, de Valencia, de Mallorca) dio lugar a un sistema político basado en la agregación en la diversidad y la limitación del poder ha dado lugar a una comunidad cultural nacional, diversa en su composición institucional y complementaria en lo que respecta a las actividades económicas. Estos territorios, más las islas Baleares, tienen como elementos comunes unas condiciones climáticas óptimas des del punto de vista del binomio trabajo-ocio, un elevado nivel de diversificación del tejido industrial y de servicios, así como un cierto equilibrio respecto del sector productivo primario. Pero sobre todos persisten en la mentalidad social colectiva unos valores culturales compartidos en relación, por ejemplo, con el trabajo como elemento básico de la prosperidad individual y de la comunidad.
A lo largo de los años numerosos estudios han tratado esta realidad cultural y económica en sus múltiples dimensiones, por citar dos de ellas: “La España del Este”, de Pierre Deffontaines (Editorial Juventud, 1958) y “La Commonwealth catalanovalenciana. La formació de l’eix mediterrani al segle XX”, de Josep Vicent Boira Maiques (Editorial Columna, 2011). Esta realidad se proyecta en el espacio Mediterráneo Occidental, que abarca los territorios costeros de los actuales estados de España, Francia, Italia, Túnez, Argelia y Marruecos y las islas comprendidas (Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Malta), todas ellas vinculadas antiguamente al sistema confederal catalano-aragonés-valenciano. Actualmente la división norte/sur y la fragmentación estatal, -clara hostilidad en algunos casos (Francia/Argelia, Marruecos/Argelia, Marruecos/España)-, impiden la más mínima articulación económica y política. Únicamente se da en el seno de la Unión por el Mediterráneo.
La Unión por el Mediterráneo
La única organización internacional que los estados han creado para promover la cooperación regional es la Unión por el Mediterráneo (UpM). Desde 2008 reúne todos los miembros de la Unión Europea y quince estados de la orilla Sur y Oriental. La UpM fue creada después del proceso de Barcelona el 1995, y todavía tiene su sede en la capital catalana, cuando parecía que se podía dar un enfoque regional al conflicto árabe-israelí pero la segunda intifada palestina vino a abortarlo. Actualmente no es un fórum relevante, emite recomendaciones y ofrece programas económicos, pero el grado de capacidad per implementarlas es prácticamente nulo. Como nula es la incidencia del gobierno catalán.
A parte de la Unión por el mediterráneo, Barcelona es también la sede de otra institución transestatal creada en 1985, el Centro de Estudios de Transporte per al Mediterráneo Occidental (CETMO) para promover el avance del transporte y la logística. Carece de relevancia política.
Eje Mediterráneo, libertad de mercado y integrismo de estado
La principal vía de comunicación, flujo de personas y transporte de mercancías es la ancestral que transcurre por la costa oriental de la península ibérica, básicamente, los actuales territorios de Andalucía Oriental, la región de Murcia, el País Valenciano, Cataluña (incluido el departamento francés de los Pirineos Orientales) y que se prolonga hasta el valle del Ródano. A pesar de la insuficiencia de las infraestructuras la vitalidad del tránsito -incluso el ilegal- emerge y fluye al margen de disposición reticente de los poderes estatales implicados. Frente a los planteamientos favorables a la libre circulación de personas, bienes y servicios en el marco de una economía de libre mercado se contrapone la dinámica política que ha constitucionalizado el integrismo de estado para la autoprotección del dominio que ejerce dentro de sus límites territoriales. El mercado interior se basa en la centralidad impuesta desde Madrid en todos los órdenes, como se pone de manifiesto a la hora de planificar las grandes infraestructuras de comunicación, ya sea por satélite, por ondas terrestres, por ferrocarril o por autopista, buscando con ello homogeneizar un territorio y la población que se asienta sobre el mismo. Esta peculiar forma de integrismo de estado a la española se ha impuesto también en el momento de la integración en el mercado común europeo.
El trasvase del Ródano a Cataluña y el trazado del AVE como paradigmas
La adopción de un ámbito de análisis y planificación a escala regional europea susceptible de articular el eje mediterráneo potencialmente contradictorio con los intereses estatales de Francia y España se ha puesto de relieve en el frustrado el trasvase de agua del Ródano al área de Barcelona para paliar el déficit de recursos hidráulicos en esta zona densamente poblada. Esta opción, promovida por el presidente Jordi Pujol, era una alternativa real de cooperación transeuropea que obviamente por motivos políticos los sucesivos gobiernos de Madrid no han visto con buenos ojos y la han rechazado imponiendo un Plan Hidrológico Nacional limitado a los recursos disponibles dentro de las actuales fronteras estatales a sabiendas que serán insuficientes en un futuro inmediato.
Otro ejemplo lo tenemos en el transporte ferroviario de alta velocidad, cuando el gobierno español priorizó en 1992 el trazado Tren de Gran Velocidad, (rebautizado pomposamente Alta Velocidad Española), Madrid-Sevilla dejando en un segundo término la conexión de Cataluña con el resto de Europa, lo que suponía enlazar el eje mediterráneo con el valle del Ródano para empalmar, a través de Baden-Württemberg, con el área centro-europea de mayor dinamismo económico. Este proyecto no se declaró prioritario en el momento de la aprobación de la Red Transeuropea de Transportes (2004) pues los estudios iniciados en 1993 se hicieron al margen absolutamente de los datos reales de los flujos existentes y previsibles. El dogma del “kilómetro cero” desde Madrid lo bloqueó sin miramientos. Con posterioridad el Tribunal de Cuentas Europeo en el informe de 8 de diciembre del 2010 alertó de las flagrantes insuficiencias en la justificación de la selección de los proyectos.
Es más, los sucesivos gobiernos de Madrid han intentado insistentemente priorizar la Travesía central del Pirineo (TCP), un proyecto que consiste en unir las redes ferroviarias de Francia y España a través de un nuevo corredor de altas prestaciones que atraviese el Pirineo, basado en un túnel de gran longitud. Formó parte del Eje 16 de la Red Transeuropea de Transporte desde 2004 a 2011. El 19 de octubre de 2011 fue revisada, y la TCP ya no figura como eje prioritario. En la actualidad no existe una previsión clara sobre su viabilidad.
La idea del eje mediterráneo tiene un siglo de antigüedad (el empresario valenciano del sector ferroviario privado Ignasi Vilallonga fue antes de la guerra del 1936-1939 uno de los primeros promotores) y en las últimas décadas ha sido planteado como prioridad por todos los gobiernos autonómicos catalanes (y en algún momento también los valencianos). En 2013 se creó en Cataluña l’Observatori del Corredor Mediterrani, en 2022 se aprobó la Agenda del Corredor Mediterrani, sin resultados efectivos. Del lado valenciano, el Movimiento #QuieroCorredor es una iniciativa empresarial y social impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios desde 2016. Su objetivo es reivindicar la culminación del Corredor Mediterráneo en 2025, informando puntualmente sobre el estado de la infraestructura, revisando sus avances y compromisos pendientes.
Según Josep Vicent Boira, actualmente coordinador del Comisionado del gobierno español para el desarrollo del Corredor mediterráneo dependiente del Ministerio de Fomento: “El Corredor Mediterráneo avanza decididamente” (4). Más prudente en sus previsiones es Joan Amorós, “El corredor mediterrani, un corredor de segona ?” (5), presidente de FERRMED, una asociación internacional de carácter multisectorial y grupo de presión, creado en 2004, liderado desde Cataluña, que tiene como objetivo principal la impulsión de un gran eje ferroviario de mercancías que debe unir el sur y el norte de Europa, con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad, la obtención de una mejor conexión de los puertos y aeropuertos con sus hinterlands y la promoción de un gran eje ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Rodano-Mediterráneo Occidental. Pasados veinte años, no crece la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías (18% UE, 4% España). Sin duda, una de les causas es que se invierte en trazados sin una prioridad económica bien establecida.
En estos casos, al plantearse el dilema entre el dogma político de la unidad estatal y las consideraciones de tipo económico los estados que se asientan sobre un sistema de dominación política sobre minorías nacionales, como es el caso español, optan siempre por la propia supervivencia estatal, aunque sea antieconómica (6). En este sentido cabe recordar como en julio del 2004 se firmó en Palma de Mallorca por parte de tres presidentes autonómicos del Partido Popular el denominado “eje de la prosperidad, Madrid, Baleares y Valencia”. Francisco Camps, Esperanza Aguirre y Jaume Matas anunciaban las sinergias económicas entre estas regiones que buscaba reforzar la geopolítica de la España radial y central frente al arco mediterráneo y, en especial, contra Catalunya. La corrupción y la debilidad política han hundido a los protagonistas del “eje de la prosperidad”: Jaume Matas, (caso Palma Arena), Francisco Camps, (caso Gürtel), Esperanza Aguirre (caso Púnica), pero las infraestructuras estatales lo han materializado aun cuando los resultados económicos no lo justifiquen. Esta iniciativa del PP respondía a la Declaración de Valencia de febrero del 2002, Pasqual Maragall y sus homólogos socialistas de Baleares, Aragón y el País Valenciano firmaron un manifiesto que proponía el cambio de la visión centralista del estado en favor de una concepción de España plural y respetuosa con su diversidad identitaria. A pesar de estos propósitos el PSOE han mantenido el centralismo infraestructural compartido con el PP.
La Eurorregión Pirineos Mediterráneo
Desde el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya en 1977 los sucesivos gobierno han impulsado una política de obertura transfronteriza hacia el Mediterráneo Occidental en el marco del fomento de los espacios regionales europeos. Así, la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, nacida el 29 de octubre de 2004, es un proyecto de cooperación política entre Cataluña, Baleares, Aragón, y Occitania. En 2006 Aragón suspendió su participación. Su objetivo es formar un polo de cooperación basado en la innovación, el desarrollo sostenible y la integración territorial, con voluntad de aumentar la incidencia en la UE.
El 2009, la EPM se constituyó como una agrupación europea de cooperación territorial (AECT) a partir de una hoja de ruta política, 2021-2030, con cuatro prioridades estratégicas que se concretan anualmente en planes de acción: 1) responder a las urgencias climátiques y medioambientales y acelerar la transformación ecológica y energética; 2) promover una economía innovadora y resiliente, circular y neutra en carbono, con el soporte de la transición digital; 3) mejorar la inclusión de los ciudadanos facilitando su participación promoviendo la diversidad cultural, 4) responder a la ambición mediterránea de los territorios miembros.
El balance de la presidencia catalana de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, correspondiente al período febrero 2023 – abril 2025, ofrece un resultado modesto.
Espacio Catalán Transfronterizo
La Generalitat de Cataluña, la Diputación de Girona y el Département des Pyrénées-Orientales son los promotores del Espacio Catalán Transfronterizo (EsCaT), una de las áreas funcionales creadas en el marco del programa europeo de cooperación transfronteriza POCTEFA 2021-2027.
El Programa operativo de cooperación territorial España-Francia-Andorra (INTERREG POCTEFA) es un programa europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo. En el periodo 2021-2027 prevé una dotación FEDER de 243 millones de euros para cofinanciar proyectos de cooperación diseñados y gestionados por actores de ambas vertientes de los Pirineos. El nuevo periodo de programación de la cooperación territorial europea presenta como novedad un objetivo político para acercar las políticas a la ciudadanía fomentando el desarrollo integrado y sostenible de los territorios y las iniciativas locales en materias como la artesanía, el deporte, la universidad.
Iniciativas públicas y privadas desde Cataluña
En el terreno específicamente político los resultados tampoco han sido exitosos. L’Institut Europeu de la Mediterrània, una institución creada por el parlamento de Cataluña en 1989 con la denominación de Institut Català d’Estudis Mediterranis, que cambió de nombre y contenido en 2004 cuando el gobierno presidido por José María Aznar forzó su entrada y la simultánea transformación en consorcio entre Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. De esta forma se abortó una plataforma pensada para promover una agenda regional mediterránea centrada en los intereses nacionales catalanes.
En el ámbito privado, l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME), una iniciativa de la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona del año 1982 que ostenta la sede y agrupa veintitrés cámaras de comercio de ambas orillas. La asociación ha estudiado la posibilidad de crear el Centre d’Arbitratge Mediterrani (CAM)en el cual las partes privadas en desacuerdo se someterían voluntariamente a un proceso de negociación extrajudicial para resolver sus diferencias. Actualmente las resoluciones de litigios alternativos se canalizan a través de organismos específicos en los respectivos estados. La creación del CAM permitiría que las disputas comerciales privadas intramediterráneas fueran tratadas mediante procedimientos civiles, lo cual mejoraría el papel de las cámaras de comercio. Actualmente tiene pocas posibilidades de prosperar y está en estudio el traslado de la sede a Beirut.
La Agenda MedCat 2030 al rescate del espejismo autonómico
Fallido en el 2017 el denominado proceso independentista de Cataluña, el retorno al estadio autonómico por parte de los mismos partidos que lo impulsaron a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 (que liquidaba substancialmente las reformas del Estatuto del 2006) se ha basado en la ficción de creer que por esta vía también era posible alcanzar los objetivos a los que se aspiraba con un estado catalán.
En el ámbito de la proyección exterior, por parte del gobierno catalán presidido por Joaquim Torra y integrado por Junts per Catalunya y ERC se ha elaborado en 2019 un documento titulado “l’Estratègia Mediterrània de Catalunya, MedCat 2030”, con la pretensión de “dotar-se d’un full de ruta al servei del desplegament de l’acció exterior catalana a la Mediterrània”. Sobre el cual, Miquel Vila, analista del Catalonia Global Institute, publicó en el portal de este observatorio el 2 de diciembre del 2022 este demoledor comentario, “Per què Catalunya no té estratègia Mediterrània?”: “El problema essencial del document no és tant quines de les seves propostes específiques poden ser adequades i quines no, sinó el fet que malgrat que aquest porti el terme “estratègia” al seu títol, no és possible considerar-lo un document estratègic com a tal.
La lectura del document no permetrà distingir què és important per a Catalunya en relació amb la Mediterrània, ni quines són les seves prioritats a la regió. A l’elaborar la MedCat 2030 no va existir en cap moment la vocació de guiar el futur de Catalunya en el context Mediterrani. En cap cas existeix un full de ruta creïble, una identificació de recursos ni una temporització clara dels passos necessaris per a dur a terme l’execució del projecte. Perquè, per començar, els objectius plantejats no només es troben fora de l’abast de la Generalitat, sinó de qualsevol estat sobirà present o futur de la regió.
Podríem dir que la lògica del conjunt del document s’emmarca en la idea que la projecció de béns i virtuts morals al món és la principal tasca de Catalunya. Això és confondre l’acció exterior del país amb una ONG. Hi ha un motiu de fons, que s’explica per la total abdicació del lideratge del país per a construir una política exterior –o ja posats en qualsevol altra matèria de polítiques públiques– efectiva per part de la Generalitat, després de la seva submissió total a l’estat central, d’ençà de l’octubre de 2017”.
Retomando el legado de Pasqual Maragall, la Fundación Catalunya Europa pretende actualizar sus objetivos con estudios como el subscrito por Òscar Monterde Mateo, “Barcelona, capital del Mediterrani. Democràcia local i combat per la pau”, (2012), partiendo del municipalismo como elemento esencial de círculos concéntricos de intereses compartidos (regionales, estatales e internacionales). Pero sus planteamientos hacen abstracción del conflicto Cataluña/España, desactivado pero latente, y de los otros que emergen en el Mediterráneo Occidental derivados de la inmigración masiva ilimitada, el trafico de drogas a gran escala, el choque civilizacional del islamismo contra las sociedades abiertas occidentales y el gihadismo subyacente, más el antisemitismo y la perversa deslegitimación del estado de Israel.
En otra perspectiva se sitúa el Catalonia Global Institute, (entidad creada en 2021 para el análisis de asuntos internacionales con el objetivo de dotar a la sociedad catalana de pensamiento propio en política global), publicó en noviembre del 2022 un dossier titulado “Reptes per a Catalunya en el nou context geopolític de la Mediterrània”, en las conclusiones del cual se recomendaba:
Este diagnóstico -que comparto plenamente- describe en sus términos reales la situación socioeconómica y política de la Cataluña retro autonómica y demuestran el magro balance de cuatro décadas de gestión de la cosa público dentro de los estrechos límites del orden estatal español, al cual no se vislumbra a medio plazo ninguna alternativa superadora centrada en los intereses geoestratégicos de la comunidad nacional catalana.
Notas
(1) El portal digital Relat històric d’Andorra, (www.historia.ad) activo desde 2019, ofrece un amplio abanico de materias multidisciplinares desde los orígenes a la actualidad. Para una lectura crítica de les singularidades andorranas es de lectura imprescindible el ensayo de Àlvar Valls i Oliva, “Andorra entre l’anacronisme i la modernitat”, (Pagès Editors, 2009).
(2)El sistema constitucional andorrano ha despertado poco interés entre los juristas catalanes, obcecados en el constitucionalismo español, ignorando esta joya del derecho autóctono plenamente adaptada a la modernidad. Excepcionalmente Manuel Maria Vicens i Matas publicó en la Revista Catalana de Dret Públic, Núm. 24, Junio 1999, paginas 523-551, el articulo “La constitución andorrana y la ordenación territorial del poder público”. Siendo José Maria Magán Perales, un juez y profesor universitario español natural de Barcelona conocido por su pública hostilidad a la normalización de la lengua catalana, el autor del estudio “Andorra, estat de dret. El model de govern, dret públic i administración dins l’actual sistema normatiu del Principat d’Andorra. Perspectives de futur al primer decenni de Constitució”, (Editorial Atelier, 2004).
(3) José Luis Orella Unzué, “Referentes navarros de la independencia de Andorra“, Nabarralde, 9 de marzo de 2023.
(4) El 6 de junio de 2024 el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, concede una entrevista al Movimiento #QuieroCorredorpara actualizar la situación, avances y retrasos de la infraestructura. Resume que ésta “avanza decididamente” y que “se puede comprobar cómo la logística en el Corredor Mediterráneo está a las puertas de una revolución”. Anuncia, también, que se van a recuperar las reuniones con Francia para desatascar compromisos. Pero su optimismo se transforma en prudencia al hablar de fechas de finalización de las obras: “El Corredor Mediterráneo no tendrá una fecha de inauguración, no habrá un día en el que las autoridades competentes corten la cinta y se abra la obra y el servicio
(5) Entrevista a Joan Amorós, Vilaweb, 2 de marzo de 2025.
(6) Jaume Renyer Alimbau, “Regionalismo e integración europea: una visión desde Cataluña”, Eusko Ikaskuntza, Domnostia 1998, publicada en Cuadernos Azpilikueta, nº 16, 2001.
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