Per urnes no quedarà

Dimarts passat, dia 6, va entrar en vigor el nou Estatut d’Autonomia de les Canàries, substituint el que estava vigent des del 1982. En consonància amb el que s’estila en aquest tipus de lleis, el nou estatut és un excessivament llarg (202 articles) i meticulós text que presenta, no obstant, algunes novetats importants.

A més d’ampliar-se el catàleg de competències, l’estatut canari consagra la separació del règim econòmic i fiscal de Canàries (el REF) del finançament autonòmic. El REF, reconegut a l’actual Constitució espanyola i als tractats de la Unió Europea, es justifica tant per raons històriques (com passa amb els règims forals basc i navarrès, amb els quals presenta diferències importants) com geogràfiques (estatus de regió ultraperifèrica), i té com a trets definitoris la llibertat comercial d’importació i exportació, la no aplicació de monopolis, les franquícies estatals sobre el consum, una política fiscal diferenciada i una imposició indirecta singular (IGIC enlloc d’IVA).

El nou estatut fixa també una antiga reivindicació: la demarcació de les seves aigües territorials. Amb la denominació d'”aigües canàries”, s’institueix un àmbit marítim (esquerra) delimitat pel contorn perimetral entre els punts més extrems d’illes i illots, on, amb condicions, la comunitat autònoma podrà exercir les seves competències. Per exemple, el transport entre illes, fins ara reservat a l’estat.

Una altra novetat estatutària, aquesta de rabiosa actualitat, aboleix els aforaments dels càrrecs públics. Una mala notícia per a l’actual president Clavijo (a sota), que veurà com el cas Grúas, en el qual està imputat, serà instruït per un jutjat ordinari (en aquest cas el de La Laguna), com li passa a la resta de mortals.

Però potser el canvi més cridaner i que ha provocat més polèmiques i discussions entre les forces polítiques d’aquelles illes és (oh, sorpresa!) el nou règim electoral del Parlament. Per tal de minimitzar la injusta desproporció a favor de les illes petites, a partir d’ara hi haurà dues llistes electorals, una per illa (com fins ara) i una altra d’autonòmica, amb un llindar del 15% i el 4% de vots respectivament per obtenir representació parlamentària. De manera que el proper 26 de maig els amics canaris es trobaran amb cinc urnes diferents a l’hora d’exercir els seus drets ciutadans (Ajuntament, Cabildo, Parlament europeu i les dues llistes al Parlament de l’arxipèlag).

Per sort, no els caldrà amagar-les els dies precedents…

[Imatges: eldiario.es i atelierlibros.es]

 

 

De veritat és preferible un mal acord a un bon plet? (Procés constituent, i IV)

[Concloem la sèrie d’articles de Jorge Stratós sobre un procés constituent canari, publicats al setmanari digital canari Tamaimos]

Preferencias irracionales. La indefinición cultural canaria podría expresarse a partir del añejo refrán “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Me lo decía hace no mucho un joven amigo (Edmundo Ventura se llama). Opinaba, con razón, que es un dicho profundamente interiorizado en las Islas, que solo se usa por corrección política y por conservadurismo, por calculada ambigüedad y por miedo… En el fondo —me decía con coraje— es un lema que arrastra una torpeza suicida, porque la actitud de consentir malos acuerdos no se pueda sostener a lo largo del tiempo, más allá de que sea inevitable en algunos momentos. Así es, no puedo estar más de acuerdo.

Los “malos arreglos” —tanto como los “malos pleitos”, claro está— traen de suyo consecuencias muy negativas de largo recorrido. La componenda de un sistema electoral cuya base sea continuar con la desproporción existente es un ejemplo de mal arreglo apoyado por la mayoría parlamentaria canaria*. La bronca entre elites insularistas para garantizarse prebendas es un ejemplo de mal pleito impulsado por poderes fácticos divisionistas. Ambos casos ilustran bien lo que siempre serán pactos desventajosos y pugnas dañinas, preferencias irracionales donde las haya.

En las Islas los malos arreglos están destinados —no nos engañemos— a bloquear la posibilidad del proceso constituyente e instituyente de la imprescindible soberanía democrática canaria. Están destinados al conformista y sumiso mantenimiento del statu quo impuesto por el bloque de poder hegemónico, esto es, están orientados a que —a cambio de unas pocas migajas y algunos platos de lentejas— no se pueda decidir en democracia, con cultura y libertad, según el interés del bienestar para las mayorías sociales isleñas.

La maldición de los malos arreglos. De ninguna manera dice verdad aquel refrán reaccionario que afirma que “no hay mal que por bien no venga”. Y tampoco su variante retrógrada que cree que “cuanto peor, mejor”. Lo malo es malo por definición (igual que lo peor es peor por lo mismo) y no hay dialéctica seudohegeliana que pueda “arreglar” que lo malo se convierta en bueno y lo peor en mejor. Estamos en plena ideología de la resignación, al estilo de esas insensatas bienaventuranzas que prometen toda clase de bienes a los que lloran, a los que pasan hambre y son pobres, a los que son perseguidos e injuriados, dicho sea al estilo de Lucas el Evangelista (que fue discípulo de Pablo de Tarso, mi “santo” preferido, no es por nada).

La injuria y la persecución, la pobreza y el hambre son males incuestionables que no se pueden convertir por arte de magia (humana o divina) en bienes, en “panes y peces”, por ejemplo. Así, la persona o el pueblo que libremente prefiere arreglos desventajosos, por costumbre o por cobardía, está poniendo su vida entera proa al marisco. De nada sirven los adormecedores cantos de sirenas, las falsas promesas políticas de los nuevos escribas conservadores y también progresistas, que presentan los malos arreglos como importantes avances. Saben que buscan objetivos —como los de la mal llamada “agenda canaria”— que resultan insuficientes e inocuos, máxime cuando los presentan como claves para “los próximos treinta años” nada menos.

¡Tres décadas más sin derecho a decidir sobre nuestro modelo de sociedad, de economía, de cultura y de territorio; sin un concierto económico fiscal y una hacienda propia; sin unas instituciones más democráticas, más pluralistas, más participativas; sin una ley electoral justa; sin unas prestaciones laborales, educativas y sanitarias adecuadas (sobre todo para la infancia, los jóvenes, los mayores y los dependientes)! En definitiva, otros treinta años sin soberanía democrática nacional ciudadana. Con esa irracional preferencia los portavoces de la insignificancia, con todos los instrumentos del poder a su disposición, están apostando por convertir a quienes les escuchan en seres dóciles y sumisos, dependientes y colonizados para el resto de sus vidas. Y fingen no saberlo.

El valor de los buenos pleitos. La pretensión de que sea preferible un “mal arreglo” antes que un “buen pleito” se convierte de esta manera en el colmo de la irracionalidad, que es el presupuesto básico de la interiorización de toda esclavitud, mental y física. De una parte, aceptar malos arreglos implica claudicar, asumir que la condición canaria está condenada a partir siempre en desventaja hacia un destino de injusticia. Pero de otra parte, rechazar buenos pleitos —que es la síntesis de la historia de Canarias resumida en tres palabras— conlleva el considerarse de entrada derrotados, tirando la toalla desde el primer momento, de modo que parezca que de nada sirve plantar cara y rebelarse.

Me gustaría que el lector y la lectora pensase por un instante en el antes y el después de la vida de esos mayores en lucha por sus pensiones y esas mujeres en lucha por sus demandas que, en un momento dado, después de la discriminación y humillación de toda una vida esforzada, han decidido reivindicar con dignidad sus pisoteados derechos. Pregunto: ¿se equivocan, acaso? ¿Deben volver a sus hogares, a rumiar sus penas con amargura? ¿O, al contrario, deben mantenerse a cualquier precio en el pleito por la dignidad? La respuesta parece obvia. Pero no lo es, sin embargo, para aquellos mansos a los que se promete (Mateo 5:5) que poseerán la tierra, en otro ejemplo bíblico de confluencia en las mentalidades mainstream del tradicionalismo religioso con el conformismo político.

No obstante, la preferencia por los “buenos pleitos” resulta ser una elección sensata y racional desde el punto de vista individual. Y una elección razonable y equitativa desde el punto de vista societal. Una opción de un gran valor poli(é)tico, no me cabe duda alguna. Un valor de justicia y de legitimidad, un valor de democratización y de autodeterminación de las personas y las comunidades. Porque un buen pleito no es más que una lucha (moral) obligada que se basa en una demanda (política) necesaria porque denuncia una situación (social) injusta. Por todo esto, el gran pleito que tenemos pendiente es precisamente el de la apertura contra viento y marea de un proceso constituyente democrático que reconozca la soberanía nacional a la ciudadanía canaria, su capacidad de decidir en todos los órdenes de la vida..

Para terminar sin acabar. Se trata de rebelarse hoy ante la injusticia terrenal, dejando al margen la promisoria justicia divina del mañana. Rebelarse contra los que se erigen en guardianes de esta oligárquica “jaula de hierro”, contra esos que protegen los privilegios de la minoría de poder y deciden en las instituciones siempre a favor de esa casta, contra aquellos que encubren sus engaños a la vez que les halagan… Planteémonos la siguiente cuestión: ¿por qué debemos apoyar sine die un statu quo de desigualdad e inequidad? ¿Por qué hemos de defender un modelo de sociedad que —por ejemplo— mantiene a una cuarta parte de la población sin ingresos suficientes para vivir más allá de un mes, con más del cuarenta por ciento de las personas en situación de pobreza, con el abandono sistemático de las personas dependientes? ¿Por qué, después de casi cuarenta años de régimen unionista autonómico?

Al término de esta serie de artículos sobre Canarias (que más pronto que tarde verán la luz como libro) queda abierta la cuestión de cómo avanzar desde lo inmediato hacia la articulación de un bloque de poder contrahegemónico y decolonial. Una Canarias democrática, pluralista e inclusiva habrá de contemplar la diversidad sociopoli(é)tica como normal, tanto en las esferas en movimiento del poder como en las de la ideología y la identidad. Y a partir de este supuesto, luchar por el “buen pleito” constituyente de convertir en hegemónico a un canarismo soberano y democrático que hoy no existe. Que desde el ejercicio del derecho a la autodeterminación no excluya ni al unionismo autonomista, ni al separacionismo independentista, y tampoco a cualesquiera otras formas histórico-políticas que la nación ciudadana canaria decida darse para sí, en “buenos arreglos” con los poderes intra e interestatales.

Tal vez haya otra ocasión para abordar esta compleja cuestión —la cuestión de cómo construir el núcleo hegemónico del imprescindible tercer relato de una Canarias menos dependiente e injusta— a partir de sus metafóricas y conceptuales coordenadas espaciales, es decir, desde la abscisa de la ideología (con su bipolaridad discursiva izquierda-derecha), desde la ordenada del poder (con su bipolaridad disposicional los de arriba-los de abajo) y desde la cota de la identidad (con su bipolaridad territorial islas-archipiélago), todo ello junto a la unidimensional coordenada temporal, esto es, desde la dimensión del movimiento (con su doble bipolaridad ahora-antes y ahora-después). Pero esto quedará para otro momento.

* En diferentes ocasiones he planteado que se defienda un sistema electoral menos injusto que el que proponen los partidos parlamentarios de Canarias. ¿Por qué no una circunscripción nacional que alcance al cincuenta por ciento de la Cámara canaria? ¿Por qué no una cuádruple paridad (por ejemplo, 30 o 35 diputados más otros 30 o 35 a distribuir entre Islas), con la flexibilidad y las correcciones que se hagan convenientes?

‘Destruam et aedificabo?’ (Procés constituent, III)

[Tercer lliurament de l’article ¿Un proceso constituyente canario?, del politòleg Jorge Stratós, publicat a Tamamos. Semanario Crítico Canario; anteriors capítols publicats el 24 de març de 2018 i el 14 d’abril de 2018]

Lo material y lo formal. En sentido material, la constitución democrática canaria debe surgir de forma ascendente desde la nación soberana hacia el ordenamiento institucional de la ciudadanía. La sociedad nacional canaria solo será soberana —es decir, libre— si puede ejercer su capacidad de decidir y de instaurar el orden político al que aspire. El ordenamiento político de las relaciones de poder canarias solo será cívico —esto es, civilizado— si el diseño institucional se constituye de forma pacífica, pluralista y democrática. Mientras que la ciudadanía canaria ejerza sus derechos nacionales con toda garantía —con información, deliberación y participación— la nación canaria se expresará en su ciudadanía. Estamos, pues, entremedio y muy retrasados en la tarea democratizadora, que hay que impulsar y acrecentar, siendo como es, además, una tarea siempre —por definición— deseable y a la vez inacabable.
En sentido formal, la constitución canaria debe recoger el conjunto posible y necesario de normas e instituciones democráticas que satisfagan las demandas soberanas de la ciudadanía nacional. Toda democratización soberana se sustenta en dos principios, el de igual libertad para toda la ciudadanía y el de autogobierno de la comunidad nacional. El principio de legalidad no es fundacional, sino derivado, puesto que procede de ambos. Es decir, este último no puede eliminar ni sustituir a los dos primeros. Los cuarenta años de la actual Constitución del Estado español, parece ser que fácticamente irreformable, y los treinta y seis del actual Estatuto de la nación canaria, pendiente de un nuevo maquillaje embaucador, nos han situado al inicio de la tarea democratizadora. Porque el escenario socio-político ha ido degenerando, en su diseño y práctica institucional, convirtiéndose ambos elementos en obstáculos para una mejor convivencia y bienestar.

Un bloque bloqueado. La norma constitucional que Canarias necesita con urgencia no puede surgir como mera derivada del bloque constitucional-estatutario de 1978 y 1982. El pacto constituyente-estatuyente de entonces fue en realidad un acuerdo entre la oligarquía española —con sus casposos poderes económicos, militares y religiosos de entonces— y sus reivindicativas fracciones catalana y vasca. Que por allí pasasen también las élites subordinadas de otras nacionalidades, como la gallega y la andaluza, que fueron aupadas al artículo 151.1, después de que sus pueblos se lo trabajasen y sus élites se subiesen al carro a última hora, no las incluye como protagonistas de aquel pacto. Menos aún lo fueron otras élites sometidas, como la valenciana o la canaria, que aceptaron lo que se les daba y como se les daba sin siquiera haberlo demandado, para su vergüenza. Estas élites no pactaron; simplemente consintieron y se adhirieron. En Canarias fueron muchos los democonformistas que se lo tragaron sin casi rechistar.

De ahí la congénita debilidad reivindicativa de la sociedad canaria comandada por esa casta isleña, muy valiente hacia dentro (para fortificar la desigualdad) y muy cobarde hacia fuera (para no rechazar la dependencia). Así se ha evidenciado de forma penosa hasta estos mismos días en la reciente historia, década tras década. No en vano, el arco parlamentario canario se dispone ahora, de forma tibia y cansina, a solicitar en el Parlamento español, una vez más de espaldas a la población, que se embellezcan el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal, bajo la promesa fáctica de que todo lo que importa seguirá igual por estos pagos de “autonomía ultraperiférica” nacional colonial. Estando así las cosas, siendo tan grave la claudicación de ambos Parlamentos, el del Estado plurinacional español y el de la nación canaria, que bloquean cualquier reforma seria del bloque normativo, el necesario proceso constituyente canario —señores demócratas de la pleitesía apoltronada— habrá de surgir de una ruptura, al menos parcial, del bloqueado bloque constitucional-estatutario, partiendo de las exigencias nacional populares canarias.

Lo intraestatal, lo estatal y lo interestatal. Un inciso: nuestro problema, el de una comunidad nacional canaria que sea democrática y que se guíe por los principios fundamentales de igualdad política y de autogobierno soberano, y de la legalidad derivada, no se circunscribe —como tantas veces he argumentado— al territorio de las Islas. En efecto, la esfera básica de la cuestión canaria es archipielágica, incluyendo el mar adyacente del que hoy nos privan. Pero sus dimensiones geopolíticas son también más amplias en su escala, pues se proyectan hacia la esfera de la dominación estatal y la esfera de la dominación global. Lo diré de forma sintética puesto que seguir argumentándolo quedará para otro momento: la cuestión canaria es un problema de poder intraestatal plurinacional y un problema de poder estatal español, y además un problema de poder interestatal global. Los simplismos solo sirven para el autoengaño, el peor de los males del pensamiento: la ausencia de autocrítica en el pensar.

Uno, siendo como es Canarias una de las naciones que conforman la territorialidad del actual Estado plurinacional español, su presente y su futuro político están muy condicionados por una intraestatalidad que es políticamente asimétrica no solo en la diferencia geográfica, sino también en la histórica, económica y cultural respecto a las demás naciones de la España-Estado. Porque la nación canaria, a diferencia de las demás, no es la “exótica región de sol y playa” que plantea la mirada displicente y el puño de hierro del Estado, sino, por el contrario, una nación colonial. Con incuestionable derecho a decidir. Lástima que los tabúes mentales presentes en nuestro medroso sistema parlamentario de partidos no les permitan asomarse siquiera a este balcón para contemplar la realidad sin obtusa distorsión. Prefieren incluso la ceguera, que facilita mejor la rendición a los poderes oligárquicos (¡votemos juntos el presupuesto del Estado!). Todo al servicio del más descarado electoralismo (como de nuevo comprobamos a más de un año de las convocatorias electorales). Incluso han renunciado en los últimos lustros a explicar y reivindicar nuestra auténtica situación en la gran metrópoli madrileña y en las avasalladas metrópolis vasca y catalana. La sumisión ideológica, por lo que se ve, no da para tanto (pero a Fitur ni me la toquen).

Dos, siendo Canarias una nación colonial que además tiene fuertes relaciones geopolíticas con Europa, Latinoamérica y África, y teniendo encima como tenemos la permanente mirada con lupa de la superpotencia mundial USAmericana, junto a la de las potencias rusa y china, no se puede olvidar que nuestro presente y futuro están muy condicionados también por el logro de un tácito acuerdo estatal y global: que se nos reconozca el derecho democrático a la autodeterminación para un régimen de autogobierno soberano nacional popular canario. Así es y así será. Porque aunque esta dificultad determina también en parte la solución democrática del problema, para nada justifica las vanas huidas hacia atrás, ni hacia delante (sin exagerar los paralelismos, hasta Nueva Caledonia ha logrado el reconocimiento de su derecho a decidir). Sirva para reflexión de realistas claudicantes y de irrealistas extraviados, que se mueven como pollos descabezados sin saber a dónde van o como ratones enjaulados que corren en sus respectivas ruedas giratorias, hacia atrás y hacia delante, sin avanzar un milímetro, y dejando las cosas del querer y del poder como están: predican que nos dobleguemos ante unas Islas Canarias-Destino turístico, es decir, ante una sociedad de malestar en crecimiento.

Dos elementos constituyentes irrenunciables. Volviendo entonces al argumento inicial, cabe ahora hacer la pregunta que algunas lectoras y lectores perspicaces esperan que haga: ¿por qué motivos una constitución democrática canaria que diseñe un autogobierno soberano con igual libertad para la ciudadanía no puede surgir como una simple continuidad jurídico-política del actual bloque constitucional-estatutario? O formulado de otra manera: ¿por qué lo que debe recoger una constitución canaria, para que sea democrática e impulse el bienestar ciudadano, no es admitido por el bloqueo de los actuales textos jurídico-políticos? ¿Tanto asusta la democracia real, legítima y efectiva? Dejo a un lado ahora las recientes experiencias vasca (de 2004 y 2005) y catalana (de 2016 y 2017), que siguen siendo experiencias nacionalitarias abiertas, como es obvio no solo en Catalunya, sino también en Euskadi. No deben ser olvidadas, porque son una adecuada ilustración de cómo las más corrompidas fuerzas de la derecha autoritaria del Estado españolista (junto a parte de las izquierdas, aunque con otros procederes), en colusión todas con los poderes fácticos interestatales, bloquean el más mínimo avance en las libertades nacionales (marchitadas, además, por las meteduras de pata que conocemos de parte de los otros nacionalismos excluyentes).

Nuestra constitución, es decir, nuestra constituyente, no puede dejar de recoger dos elementos políticos fundamentales en la tarea democratizadora: primero, la definición de la sociedad canaria como una nación soberana de origen colonial y, segundo, el reconocimiento del derecho de la ciudadanía canaria a decidir de forma pacífica, democrática y pluralista el régimen de su autogobierno soberano y su relación con el Estado español y la Unión Europea. Quiere esto decir que nuestra constituyente debe facultar el poder de elegir de modo democrático entre un ramillete plural de opciones políticas, revisables y renovables en períodos de tiempo acordados, que se mueven a lo largo de la combinación de dos ejes, cuyos extremos son: dependencia versus no-dependencia y unionismo versus separacionismo. Son muchos los formatos viables para las opciones mayoritariamente preferidas, más allá del unionismo que tenemos y del separacionismo conocido, ambos formando el consabido bucle retroalimentado que soportamos. Destruam et aedificabo. Esto es, punto y aparte y suma (¡y resta!) y sigue.

Coda. Hay ya propuestas sobre la mesa. Como propuestas, en democracia son legítimas. Pero su imposición las hace ilegítimas. Sin ir más lejos, cada uno de los partidos parlamentarios de las Islas tiene en este momento su propia “Constitución” canaria, que no es otra que el Estatuto de Autonomía enmendado que han depositado en las Cortes madrileñas, para someter allí sus enmiendas a debate, votación y aprobación, sin consulta ni antes ni después a la ciudadanía canaria. Una maravilla. Porque una cosa es proponer… y otra imponer. Imponer su entreguismo —zurcido a base de realismo claudicante—, con la única voluntad de legitimar de nuevo el dependentismo unionista, no es ya una política legítima. También hay otros partidos no parlamentarios que han puesto sobre la mesa por su cuenta y riesgo una Constitución separacionista, separacionista y dependentista, que recoge sus aspiraciones exclusivistas y excluyentes. Otro prodigio. Pura ensoñación, cargada de irrealismo extraviado que, además, genera dudas sobre su voluntad de que los canarios transitemos únicamente por el camino democrático para mejorar nuestra existencia. Por tanto, lo dicho: destruam et aedificabo. Crítica valorativa de lo que hay y reconstrucción hacia el logro de una sociedad canaria de bienestar.

[Continuarà]

El misteri del canonge

Hi ha alguna manera de relacionar les Canàries, Catalunya, el carlisme i uns fets misteriosos, dignes de “Cuarto Milenio”? Recargolant una mica les coses, sí. Presentarem avui la biografia d’un singular català que va fer bona part de la seva carrera eclesiàstica a les Canàries: Josep Roca Ponsa. Nascut a Vic el 1852, ingressà al seminari d’aquesta ciutat, però ben aviat (1872) passà al de Canàries, on seria ordenat de sacerdot, on exerciria la docència en diferents càtedres i d’on seria nomenat rector (1890). Canonge de la catedral (1876), presidí l’any següent, en nom del bisbe Urquinaona (que ho seria després de Barcelona), una peregrinació a Roma dels eclesiàstics canaris. El 1892 passà a Sevilla i l’any següent guanyà les oposicions de canonge magistral d’aquella arxidiòcesi andalusa, funció que exerciria fins a la seva mort, esdevinguda a Las Palmas el 1938.

Més interessant que el seu aparatós currículum eclesiàstic és la seva posició ideològica i el seu activisme polític, i és que Roca era un destacat tradicionalista, un carlí del morro fort. Entre el 1873 i el 1888 publicà articles en diversos periòdics de Las Palmas (El Triunfo, La Tregua, El Gòlgota, EL Faro Católico de Canarias Revista de Las Palmas), on defensava vehementment l’Església catòlica i els seus pontífexs. El 1878 publicà un llibre per refutar els errors racionalistes de pamflets que en aquell moment corrien per la capital canària, en la línia antiliberal del papa Pius IX, que llavors acabava de morir.

A la seva arribada a Sevilla es manifesta ja obertament tradicionalista, continuant amb el seu zel propagandista i incorporant-se a l’activitat política (articles a El Correo Español, fundació del setmanari El Radical, director espiritual de la Juventut jaumina sevillana, participació en assemblees tradicionalistes i en el Consell de Cultura que presidí Víctor Pradera. El 1919 participà, convocat pel pretendent Jaume de Borbó, a la Junta Magna de Biarritz (a la imatge, tercer per l’esquerra de la primera fila).

Indiscutiblement havia de ser un home de fortes conviccions i d’excepcional caràcter. Es parlava d’ell en aquests termes: “Gusta de recias lides y las decisivas batallas, a las que aporta todo el fuego de su corazón y toda la poderosa energía de su inteligencia, formada al calor de los grandes maestros de la escolástica cristiana, con quienes ha convivido y convive en larga e íntima familiaridad. Es un gigante al que no sabrían rendir ni vencer los más fieros golpes de los enemigos, y que aun lleno de heridas se levantaría de nuevo abrazando su escudo y corriendo a probar una vez más sus armas con los que le hubieran derribado por tierra“. “Vibrante, enérgico, fogoso, sus palabras tienen sonoridades de clarín de guerra, y su voz estampidos como de ametralladora o de cañón. Al hablar, su alma entera asoma a sus labios y se derrama sobre el auditorio, comunicándole sus estremecimientos y poderosas palpitaciones”. Déu n’hi do, especialment això de les sonoritats de clarí de guerra i l’ànima vessant sobre l’auditori…

Falta lligar aquest personatge amb els misteris a què fèiem referència al principi de l’apunt. Roca Ponsa, una vegada destinat a la seva plaça de canonge magistral de Sevilla, s’instal·là a la Casa Santa Justa (que després seria coneguda precisament com la Casa del Magistral, imatge de la dreta), una hisenda de dues plantes situada a Villanueva del Ariscal, a 15 quilòmetres de la capital andalusa. Allí vivia amb una serventa, de nom Dolores Sánchez, que un dia desaparegué misteriosament sense deixar cap rastre. Les xafarderies de la gent, que sempre posa més formatge que pa, parlaven d’una relació sentimental entre ells dos i van concloure que el primer féu emparedar la segona, potser per gelosia, en una cambra secreta del soterrani de l’edifici. Molts anys després, a la dècada dels 70 del segle passat, els nous estadants de la casa van començar a referir estranys fenòmens: sorolls, presències paranormals, moviment d’objectes… L’aura de misteri que envoltava aquell lloc va fer que es tingués per encantat i que les mares amenacessin els nens que no es portaven bé dient-los “et tancaré a la casa del magistral”, com si fos l’home del sac. Avui en dia, l’edifici està semiabandonat amagant, qui sap, algun secret inconfessable d’un capellà, vigatà, carlista i canari, tot a l’hora.

[Informacions extretes de Viquipèdia i de josemanuelgarciabautista.wordpress.com; imatges: Viquipèdia (1), sevillaciudaddelembrujo.blogspot.com (2 i 4) i everipedia.org (3)]

 

 

El Valtonyc canari

Els atacs a la llibertat d’expressió a l’estat espanyol continuen a cor què vols, i no distingeixen persones, territoris ni ideologies. Potser no ha transcendit a Catalunya el cas del canari Roberto Mesa, detingut per una sèrie de comentaris penjats al seu compte de Facebook contra Felip VI i M. Rajoy, i que han estat considerats injuriosos. Jutgeu: “ALERTA TERRORISTA !!!!!!!!!!!! Mañana domingo 4 de marzo a las 12:30 estará M. Rajoy en el Recinto ferial en S/C de Tenerife“, El miércoles 7 de marzo también tendremos la oportunidad de ver al LADRÓN (21.000€ diarios que nos roba) del Rey Felipe VI heredero del fascismo en el estado espanyol“, “No queremos mafiosos en nuestro archipiélago. FUERA DE CANARIAS !!!” o “En serio vamos a dejarle pasar por nuestras islas sin hacer nada??? Yo me cago en el hijo de putero este y voy a ir a dejárselo bien claro. Que se busque un trabajo el vividor éste“.

Roberto Mesa es un activista tinerfeny vinculat a col·lectius socials com Sahara Acciones o el Centro Social Taucho (un edifici okupat). La seva germana va explicar com va ser detingut per la policia espanyola, “a patada limpia” i dut a comissaria esposat, confiscant-li el mòbil i l’ordinador. Una mostra de la dramàtica escalada de repressió i censura a l’estat espanyol, va afegir. L’advocada de Mesa, Alicia Mújica, ha declarat que el seu client es troba bé però intranquil per les incerteses del cas. En les properes hores (aquest apunt està redactat el dijous 19 d’abril) passarà a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife, acusat d’un delicte d’injúries a la Corona.

Aquest noi no està sol. Una cinquantena de persones s’han acostat a la comissaria Tres de Mayo, de la capital tinerfenya, per protestar i mostrar-li suport (imatge). També s’hi han acostat els regidors Pedro Fernández (Podemos) y Ramón Trujillo (IU) i el diputat regional Francisco Déniz, també de Podemos.

Les similituds amb els nostres Valtonyc o Hassel son ben evidents. Cançons, versos, tuits, comentaris a la xarxa proferits contra representants del poder són posats rere la lupa i exhibits com a prova per detenir i si és el cas engarjolar els seus autors, autèntics caps de turc com a escarment per a la resta de la població, a veure si així ens estem ben calladets.

Com amb els rapers nostrats, també em solidaritzo amb Roberto. No és que trobi bé el que va dir, potser es va passar de rosca amb els seus comentaris, potser eren de mal gust, però la seva difusió també va ser molt limitada i, en conseqüència, la desproporcionada actuació policial i els possibles càstigs severs no tenen raó de ser. I en tot cas hi ha la llibertat d’expressió, per damunt de moltes altres consideracions, a defensar sempre i en tot lloc.

[Vinyeta de J. Padilla, Informació i imatges extrets de La Provincia, 19/4/2018]

 

 

Un procés constituent canari? (II)

[Continuem la reproducció de l’article del politòleg Jorge Stratós, publicat originalment per la fundació canària Tamaimos]

Requisitos para un futuro de bienestar. Demandar la apertura de un proceso constituyente canario no es recurrir a una llave mágica que abra todas las puertas que a la ciudadanía se le pongan por delante. Máxime cuando algunas están cerradas a cal y canto. Un proceso constituyente canario no puede garantizar de forma ineluctable un futuro de bienestar para las Islas. En cambio, sí puede garantizar —y no es poco— que nuestro mañana deje de ser el futuro de malestar al que hoy nos está abocando la irresponsable y corrupta oligarquía dependentista canaria. Porque si a esas élites se les consiente seguir manteniendo e incrementando el desigual statu quo interno y externo del Archipiélago (que no es otro que el de una sociedad colonizada y minorizada que se deja engañar con una ingenuidad política digna de mejor causa), entonces los problemas se agravarán hasta extremos desconocidos. Es en este sentido en el que decía anteriormente que la urgencia ética (de impugnar la dependencia) debe ligarse a la prudencia política (de hacerlo de modo democrático) pero acudiendo a la razón comprometida (como materia de ese vínculo).

La conquista de una sociedad de bienestar en Canarias se deriva por entero de que se den tres requisitos y un prerrequisito implícito. Primero, la existencia de un sujeto agente adecuado a esa realidad posible; segundo, con la voluntad de lograrla; y tercero, a partir de los principios que de suyo exige. Concretando, el sujeto no puede ser otro que el que resulta de la conversión de las mayorías sociales de las Islas en pueblo canario soberano. La voluntad no puede ser otra que la de dotarse de la capacidad de luchar por un mayor bienestar para toda la sociedad isleña. Los principios no pueden ser otros que los de la democracia como modo de ejercer esa voluntad popular. Pero para que se den estas tres condiciones se necesita satisfacer el ineludible requisito de que ese sujeto-con-voluntad-y-principios exista en sentido político —que es algo que ahora no ocurre en Canarias—, es decir, se necesita que la mayoría social canaria se autoconstruya como pueblo en la demanda y ejercicio de la soberanía nacional canaria. Sin esa lucha política la población no puede ser pueblo, no puede ser sujeto político activo, tan solo será (seguirá siendo) pasivo objeto político.

La constitución como objetivo político. Un proceso de demanda y ejercicio de la soberanía nacional canaria como el recién citado —en el que simultáneamente nuestro pueblo se ha de construir a sí mismo de forma democrática— debe orientarse hacia la constitución de las personas que habitan nuestra comunidad a partir del reconocimiento tanto de sus derechos y obligaciones ciudadanas como de su identidad y pertenencia nacional. Esa constitución, en sentido material, no es ni más ni menos que el ordenamiento político de las relaciones sociales de poder de los individuos/personas que viven en nuestra sociedad/comunidad.

El momento constituyente debe ser entendido —según ha señalado Maurizio Fioravanti— como el “fundamento más auténtico de la constitución a emanar, en el que se determinan sus caracteres primordiales, a través de la proposición de una serie de normas fundamentales de principio”. Como apunta este pensador, “son estas normas, en su conjunto y con sus equilibrios internos, las que determinan los contornos de la constitución en sentido material, que bajo esta perspectiva coincide, por tanto, con el núcleo fundamental de la propia constitución escrita”, la constitución democrática. Desde este punto de vista, una constitución así no solo se basa en procedimientos, sino también en “principios irrenunciables que representan su núcleo esencial”.

Con principios y procedimientos democráticos que guíen la acción voluntaria de la ciudadanía nacional canaria, erigida en pueblo soberano, la constitución se nos presenta como el modelo de vida y la aspiración de futuro más deseable para la convivencia; en definitiva, como el ideal civilizador y la carta de navegación que debemos querer, tal como piensan los grandes teóricos del Derecho, empezando por Luigi Ferrajoli. Por eso hay que hablar tanto del proceso constituyente como de la norma suprema que ha de regular y garantizar un buen orden de vida ciudadana y nacional. Y hay que hacerlo antes de hablar del diseño institucional, funcional y competencial que debe incorporar el texto de la constitución.

La constitución como política vivida. Por proceso constituyente canario hay que entender entonces el curso democrático de formación de un poder soberano, un poder nacional autocentrado que surja de la ciudadanía empoderada de las Islas. Este proceso habrá de ser contingentemente abierto y deberá luego continuar como curso democrático de realización de ese poder soberano en un segundo proceso, el proceso constituido canario, que igualmente habrá de ser abierto. Así, la constitución democrática ha de ser la bisagra entre los dos procesos, cierre del primero en tanto que su determinada consecuencia y apertura del segundo en tanto que su causa determinante. Sin pasar todavía a analizar con detenimiento el primer curso (la fase constituyente) de ese macro proceso general de la política vivida —de abierta naturaleza histórica, jurídica y moral— que se ha de convertir en constitución democrática, conviene precisar el principal aspecto material a tener en cuenta, su anclaje social.

La constitución no es solo un corpus formal. No solo comprende “los principios jurídicos que designan los órganos supremos del Estado y establecen las pautas para su propia creación, sus relaciones recíprocas, su esfera de acción y, asimismo, la posición fundamental del individuo frente al poder estatal”, como diría Georg Jellinek para definirla desde el positivismo jurídico clásico, presuponiendo la existencia previa de un Estado. Porque no es así. Como argumenta Fioravanti, “un conjunto de individuos puede darse un Estado sólo si ya es un pueblo, es decir, si ya está, en sí mismo, ordenado. Y la medida del orden es la constitución en sentido material”.

En efecto, lo que une y vincula a los individuos —y los ata mucho más que cualquier contrato— es precisamente la articulación conforme a la constitución material. De ahí que la constitución democrática pueda ser considerada, a mi juicio, como política vivida, como proceso político y no solo como estructura jurídica, un proceso y una estructura que conforman las relaciones sociales de poder según el ideal democrático de la igual libertad ciudadana. Es decir, debe haber la conciencia subjetiva de un orden objetivo dado por la experiencia social, que se halle presente en la constitución en sentido material, para que haya leyes constitucionales en sentido formal. ¡Atención, jueces del Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, que parecen ignorarlo! ¡Atención, asimismo, policías y fiscales de las altas instancias judiciales españolas, que no parecen tenerlo en cuenta cuando con pretextos arbitrarios reprimen y encarcelan a su antojo a ciudadanos no-violentos!

La constitución como aspiración política. ¿Acaso podemos los canarios prescindir de constituirnos como poder soberano? ¿Cómo, si no, vamos a afrontar los graves retos del presente? Estoy refiriéndome a la necesidad de fundar un patriotismo constitucional republicano que (al margen de la vacía instrumentalización que se hizo de la idea de Dolf Sternberger, divulgada —y en parte modificada— por Jürgen Habermas) nos permita romper con el actual rumbo al abismo y avanzar en una nueva dirección. Avanzar como ciudadanía nacional no-dependentista que lucha —en tanto que pueblo— para construirse, constituirse e instituirse, con el objetivo político vivido de una constitución democrática reguladora y garantista. Y entendiéndola como nuestro ideal civilizador a la vez que como la carta de navegación hacia un futuro de bienestar. El empoderamiento soberano canario es la condición necesaria, aunque —¡ay!— no suficiente, para hacer frente a los retos de los tiempos actuales. De ello también es imprescindible hablar.

El que esto escribe, que sobrevive entre esos retos y medita sobre cómo abordarlos, no llegará a vivir el acceso a una sociedad canaria de bienestar. Nada, pues, de esperanza banal. Todo, sin embargo, de entusiasmo comprometido. Porque hablar de constitución democrática como ideal civilizador y como carta de navegación significa preocuparse y ocuparse de lo que realmente es posible: una mejor sanidad y educación, sobre todo para los niños y mayores de Canarias, al borde de un abandono cada vez más indigno; una formación, trabajo y vivienda que no existen para los sectores adultos más discriminados de la población isleña; una mejora del urbanismo y el medio ambiente, degradados desde lo publico y lo privado; una reversión del desequilibrio y extraversión económica, el histórico lastre dependentista que nos han impuesto las élites de poder; un freno de la colonización cultural…

[Continuará]

 

Un procés constituent canari? (I)

[Sens dubte, el procés sobiranista català estimula el debat més enllà de les nostres fronteres. La fundació canària Tamaimos ha publicat el següent article sobre conceptes com sobirania i procés constituent; n’és l’autor el politòleg Jorge Stratós]

Ante la claudicación política. Desvincular lo real de lo posible, encogiendo y congelando la realidad, es un vicio muy extendido en la política canaria. Conviene alejarse todo lo que se pueda de ese reduccionismo a lo fáctico, por sus nefastas consecuencias. Dicho sea en general y en particular. En general, porque esta no es la vida que realmente queremos (como canta Robert Waters en “Is this the life we really want?”), y necesitamos saber los motivos. En particular, dado que estas no son las Islas que realmente queremos (como muchos pensamos), y precisamos comprender el por qué. La desigualdad social que define a Canarias solo la desea una poderosa minoría ávida de dinero, privilegios y distinción. Es cierto que a su alrededor se acomoda un amplio bloque de poder, canario y no-canario, pero si se descuenta el miedo y la ignorancia inducida, la inmensa mayoría de la población de las Islas no desea tantas arbitrarias desigualdades en todos los terrenos, porque las sufre. Amplios sectores de mujeres y de mayores lo han mostrado recientemente, sin que quepa la menor duda.

Desvincular la mirada a lo logrado por la sociedad canaria (el “recipiente medio lleno”: lo que tenemos) de la mirada a lo deseado por la mayoría de sus ciudadanos (el “recipiente medio vacío”: lo que queremos) es resignarse a que Canarias vaya a la deriva, perpetuando el dominio que le impone esa minoría oligárquica que todo lo controla a su antojo, con mayor o menor consentimiento-y-engaño. Por eso me pronuncio contra el “realismo claudicante”, ese que pretexta que “otra Canarias no es posible”. Porque es la gran opción ideológico-política desde la que ciertos españolismos y canarismos camaleónicos ceban y cimentan al bloque de poder, mientras fingen que se le oponen (de la misma manera que, entre paréntesis, también me declaro contra las seudoalternativas que rechazan ese colaboracionismo desde un “irrealismo extraviado”, que anda siempre perdido y engañado entre dogmas obtusos sobre la buena canariedad).

Hartos del tacticismo conformista. En concreto, el unionismo autonomista realmente existente es una opción de esas características, siendo como es una preferencia legítima desde el enfoque democrático, pluralista e incluyente que suscribo (al igual que también lo es, por cierto, el separacionismo independentista). En Canarias, la gran opción unionista que ocupa el Gobierno y todo el Parlamento tiende a devaluar valores democráticos como son la participación y la deliberación honesta y transparente para la toma de decisiones en los asuntos públicos. Incurre en el tacticismo, que no es más que un minimalismo partidista, ciego, falto de estrategia de transformación social, es decir, carente de perspectiva emancipadora de largo plazo, como se ha evidenciado en el penoso último “debate de la nacionalidad” (el estrategismo, por el contrario, es el yerro inverso, igualmente rechazable, un maximalismo intransigente, vacío, desprovisto de táctica, esto es, incapaz de comprometerse en la unidad de acción para el cambio real de corto plazo).

Por eso mucha gente, entre la que me cuento, está harta de que solo se le ofrezca —como ciudadanía de una democracia supuestamente avanzada— apoyar el conformismo cortoplacista y electoralero de las instituciones y partidos del actual régimen autonomista canario o adherirse a una quimérica separación canaria del Estado español (pace Catalunya, convertida por el Leviatán españolista en “una especie de protectorado” —según el penalista Joan J. Queralt—, aunque sea una nación objetiva y subjetivamente madura para luchar en la actualidad, entre errores e irresponsabilidades políticas múltiples, por incrementar su autogobierno y soberanía, si es que democráticamente su pueblo lo sigue demandando).

En Canarias, hoy por hoy (y hoy por ayer), los poderes fácticos —no se olvide, intraestatales e interestatales: gubernamentales, económicos, militares, religiosos y mediáticos— convergen sin ninguna dificultad en su negativa voluntad de modificar las injustas desigualdades del statu quo. De forma taimada, y de forma bestial, si se tercia. Muchas lecciones son las recibidas de la dictadura franquista pasada y de la democracia posfranquista actual. Retocar solo lo que haya que retocar para que todo siga como está. Y, erre que erre, esa minoría de poder oligárquico plantea y replantea siempre el mismo chantaje emocional y discursivo: que la ciudadanía canaria se someta al dilema trucado de elegir el “orden” unionista presente si no quiere un “caos” separacionista futuro, dilema maniqueo y prefabricado cuyos extremos se retroalimentan en un continuo bucle paralizante (que al menos se remonta a dos siglos atrás).

Un vínculo político que se llama soberanía. La gente feminista (entre la que, no obstante, se echa de menos una mayor presencia de varones) o la gente pensionista (en cuyo apoyo todavía escasean los jóvenes) es la última en denunciarlo, en Canarias y fuera de Canarias, movilizándose —lo reitero— en proporciones muy estimables. Lo que mujeres y mayores con sus respectivas demandas están planteando es precisamente la necesidad improrrogable de vincular lo que tenemos y lo que queremos, lo real y lo posible, lo logrado y lo deseado, el corto y el largo plazo. En fin, amarrar la política táctica a la política estratégica al materializar la política estratégica en la política táctica, como única manera democrática de acabar con las respectivas brechas, desde ahora y para después. Ese vínculo político se llama soberanía. Soberanía feminista y soberanía pensionista, en los casos citados. Se llama también soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía turística… en los demás frentes cruciales. En resumidas cuentas, soberanía contra todas las brechas de desigualdad. Y generalizando, soberanía política, tanto individual (personal y ciudadana) como societal (comunitaria y nacional). Apliquémoslo a Canarias.

Recuerdo aquí que la soberanía no es más que poder autocentrado (descendente o ascendente) cuya principal facultad es la de constituir e instituir a un sujeto (a una persona o a una comunidad) como autoridad política. Cuando surgió la variante democrática de la soberanía en la Modernidad, se caracterizó por la voluntad de empoderar a los individuos (constituyéndolos en ciudadanos nacionales) y al tiempo empoderar a la sociedad (instituyéndola como nación ciudadana). Como poder democrático ascendente, de abajo arriba, les otorga derechos (y obligaciones) junto a pertenencia (e identidad) de ciudadanía y de nación. Por eso la soberanía ciudadana empodera de forma democrática a todas las personas de un ámbito nacional, al tiempo que la soberanía nacional empodera de manera democrática a toda comunidad de condición ciudadana. La soberanía democrática implica entonces —en tanto que vínculo político entre lo real y lo posible— un proceso histórico-social y ético-jurídico abierto y orientado a la constitución e institución de la ciudadanía nacional y de la nación ciudadana. En síntesis, un proceso constituyente.

Proceso constituyente de una Canarias soberana. Esto es, un proceso constituyente e instituyente de las “las Islas que tenemos” en dirección a “las Islas que queremos”. Porque una Canarias soberana no es una utopía paradisíaca. Es tan solo la construcción decolonial de una nación que pueda autodeterminarse democráticamente para empoderar de forma pacífica, libre e igualitaria a sus ciudadanas y ciudadanos. Que pueda autogobernarse para reequilibrar y desarrollar nuestra economía, para aumentar el bienestar popular y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de protección, participación y prestación a todas las personas de Canarias, sin indignas brechas de clase, de género, de etnia, de cultura y de ideología. Un proceso de lucha democrática contra la exclusión, en primer lugar, pero también contra la discriminación, la explotación y la opresión que aguanta la población de las Islas. Es decir, un proceso constituyente e instituyente canario contra la dominación y la dependencia. Si el que esto escribe fuese tan solo un desapegado lector, estaría tal vez preguntándose con impaciencia por el cómo, el cuándo, el quién, etcétera, de este proceso en la práctica. Es entonces cuando me contesto que si la urgencia ética se ha de combinar con la prudencia política, también hay que llamar a este cónclave a la razón comprometida.

[Continuarà]