Josep Arasa i Ferrer

L’octubre del 2007 vaig escriure un post sobre un home molt important de la vida política i econòmica del nostre país: Carles Vilarrubi. L’home invisible de CiU.
Secretari de “de la Rosa” i amic personal de totes les grans fortunes de l’estat -inclòs el Borbó- xofer de Jordi Pujol i amic del seu fill, ex-directiu de Catalunya Radio i creador de la Loteria Catalana; sembla que hagi estat involucrat en mil casos foscos i mai ha estat jutjat per rés.
En el post referit, en Rafael del Barco Carreras fa alguns comentaris molt crítics amb la justícia espanyola, amb la resolució del cas Gran Tibidabo i amb la corrupció existent a Catalunya.

JUICIO GRAN TIBIDABO, SENTENCIA TRES AÑOS

Rafael del Barco Carreras

Si hace veinticinco años, 1983, después de los tres años de prisión preventiva por el caso Consorcio de la Zona Franca, me convencí que lo visto en las películas y mi culturilla por estudios bancarios y experiencias en el campo del Derecho, por mi profesión de empresario, nada tenían que ver con la realidad de la JUSTICIA EN ESPAÑA, pasados estos veintiocho años la situación aun me parece peor.
Lo del “cachondeo” del Alcalde de Jerez es de párvulos. Y esta semana, si no había bastante con una taza, DOS, De la Rosa sale casi de rositas y con   30.000 MIL MILLONES  para él y sus “cómplices” (que no son el resto de acusados), y sus ex socios LOS ALBERTOS, consiguen consolidar otra estafa de varios miles de millones de los 90 sin ni siquiera pisar prisión, y la pregunta sería ¿Cuánto dinero les ha costado?.

Ya no es que los jueces, fiscales o secretarios sean o no decentes, es que el Sistema es una pura degeneración histórica. Diría que la DICTADURA DEL FUNCIONARIADO durante todos los siglos de historia de nuestro País ha adaptado el Derecho Romano y los Códigos Napoleónicos al total albedrío de unos cuerpos funcionariales y de una profesión imposibilitando cualquier acercamiento al Liberalismo Democrático. El “vosotros hacer las LEYES, que yo redactaré los REGLAMENTOS”, y los “reglamentos” encajan como un guante a los “profesionales del Derecho y la Justicia”.

Ya no es ni culpa de nadie, este engendro que entre corruptos y de “buena fe” permite que un CASO se pierda durante CATORCE AÑOS y que llegado el momento unos pactos escenifiquen una farsa donde parece que se juzgue GRAN TIBIDABO, y lo que se oyen son sandeces de si ha debido pagar unas cantidades o no a la HACIENDA PÚBLICA, no es que sea un cachondeo, es simplemente una injuria no solo a las víctimas estafadas sino a la SOCIEDAD, a la que de entrada le dicen que un reducido número de profesionales, los abogados y fiscalía, han pactado. O sea, las diferentes reformas posfranquistas no solo se lo han puesto más fácil a los profesionales del Derecho y la Justicia, pareciendo que la democratizaban a la altura de lo exigido por los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que han convertido en ridículas aquellas mil o cinco mil pesetas entre escritos de los tiempos de Franco, generalizadas y consentidas.

Pero no es eso lo peor. La adaptación de un sistema impresentable solo ha complicado el panorama. Unas pocas consideraciones tópicas. El DOLO no existía,  la voluntad o no de delinquir  la decidían los jueces. Cualquiera era culpable si no demostraba la inocencia. La presunción de inocencia, otra entelequia. El ingreso en prisión sin argumentar. La prisión preventiva ilimitada. Nada de “vistillas” reconsiderando el recurso al auto de prisión. Jueces especiales, nombrados a dedo para casos concretos. El juez que instruía o la Sala que decidía los recursos juzgaban, el “yo me lo guiso y me lo como”. El DESACATO base de toda ARBITRARIEDAD, y por tanto prepotente injusticia. El derecho al “silencio” o no declarar contra si mismo,  no existía, y se interpretaría a favor o en contra a criterio del juez. Incluso los obligados libros registros de entrada, inexistentes. Como gran concesión, se ha ampliado el poder del TRIBUNAL SUPREMO sobre la SOBERANÍA TOTAL de la Sala de Justicia convirtiendo la llamada ÍNTIMA CONVICCIÓN en prueba irrebatible. Un recurso, el de casación ante el Supremo, lejos de la obligada SEGUNDA INSTANCIA de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que por ello ya ha condenado a España. Y ni comentario sobre la Ley de Vagos y Maleantes, donde tanto pobre diablo, y no tan pobre, pagó por lo que no había hecho. Si por si solas estas deficiencias jurídicas, por llamarlas suavemente, no anulan cualquier sentencia dictada a su amparo, solo se debe al empecinamiento de un Sistema Injusto para continuar en el machito del Poder. “Los errores antiguos dejan en pos, por desgracia, huellas del pasado”, decía un maestro del Derecho, y entre las huellas y la corrupción, la Justicia Española es un desastre. Y nadie quiere hincarle el diente.

En España no tiene predicamento lo de generalizar los Jurados, ni siquiera MIXTOS, transformando los jueces en árbitros y técnicos, y menos desmontar la burocrática institución de la Fiscalía, eligiendo por votación entre profesionales del Derecho a quienes deban defender al Pueblo y la Ley, y que por cierto las nuevas leyes democráticas les ha convertido en decisorios por pactos en el 45% de los casos MENORES, en este caso MAYORES. El Pueblo Español en esto, y más, demuestra su histórica sumisión y hasta miedo al Poder, y sus políticos, mayoría abogados, que tanta saliva gastan con la palabra DEMOCRACIA no tienen absoluta voluntad de enderezar sumisiones tan aceptadas, como tampoco las tienen de suprimir listas cerradas y cotos impermeables.”