Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Economia, Europa social, Joves, Crisi (Respostes) i Green New Deal

Sarkozy ja és aquí, i es vol fer sentir

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En la més pura línia dels anomenats economistes de l?oferta (els qui van inspirar les polítiques de Reagan, Thatcher i, ara, Bush), Nicolás Sarkozy porta a la reunió dels ministres d’economia de l’Eurogrup la seva proposta de limitar la contribució fiscal al 50% de les rendes a través d’eliminar l?impost de solidaritat sobre les fortunes, suprimir el 95% el dret de successions i permetre la deducció d?interessos dels préstecs immobiliaris. Tota una declaració d?intencions en favor dels més rics. El debat ja no és francès, sinó europeu, i són precisament els seus socis europeus els qui l’esperen a l’Eurogrup per demanar-li com pensa justificar aquestes mesures tenint en compte que les experiències similars en altres països han comportat un increment del dèficit i, en el cas francès, això equivaldria a vulnerar el Pacte d’Estabilitat. Ho explica Andreu Missé, en la seva crònica a El Pais:

Bruselas plantará cara a la embestida fiscal de Sarkozy. El presidente francés abre un debate sobre la independencia del Banco Central Europeo (per Andreu Missé, El Pais, 9/7/07) (segueix…)

La batalla está servida. Los ministros de Economía del Eurogrupo no permanecerán con los brazos cruzados a la embestida fiscal que hoy expondrá el líder francés Nicolas Sarkozy, que supone "un serio riesgo para la estabilidad del euro", según fuentes comunitarias. De entrada, Sarkozy propondrá aplazar hasta 2012 la consecución del equilibrio presupuestario, es decir, dos años más tarde de lo que acordaron los ministros de Economía de los 13 países del euro el pasado abril en Berlín. Pero la propuesta del presidente francés tiene mucho más calado y plantea una revisión a fondo del diseño de la política monetaria europea.

En la reunión participan también el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, que ha expresado "su profunda preocupación" por las consecuencias que puede acarrear el abandono de los esfuerzos para sanear las cuentas públicas, y el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que siempre ha defendido con extremo celo sus competencias.

Durante la última semana, ambas partes han tomado posiciones. La Comisión Europea y Portugal, que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, han mantenido contactos con varios ministros de Economía para que den "la réplica" conveniente al líder francés.

El titular de Economía de Alemania, Peer Steinbrück, y el ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeira dos Santos, serán los más activos. Steinbrück cuenta con la autoridad de haber reconducido las cuentas públicas alemanas con la subida fiscal de tres puntos del IVA, lo que permitirá un aumento de la recaudación de 20.000 millones de euros. Berlín ha presentado, además, un plan para alcanzar el equilibrio presupuestario, que permite hasta un máximo del 1% de déficit público, en 2009.

Aunque el acuerdo del Eurogrupo del pasado abril es político y no implica obligaciones jurídicas, Teixeira dos Santos insistió el pasado 1 de julio en Lisboa, el primer día de la presidencia portuguesa, "en la necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario para mantener la estabilidad". Recordó que "fijar los objetivos presupuestarios era una competencia nacional", pero añadió que, "si un país rompe un compromiso que ha aceptado, plantea un problema político".

Fuentes comunitarias han señalado "los riesgos que supone para la estabilidad del euro que dos países como Alemania y Francia no vayan de la mano en sus ajustes presupuestarios". Sin el consenso de Berlín y París el euro no existiría. Ahora, el problema está en que mientras Alemania anticipa un año el logro del equilibrio presupuestario, Francia lo retrasa dos.

Una presencia insólita

Con independencia del desaire que supone para la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, la participación del presidente de la República en el Ecofin es un hecho insólito, cuyo único antecedente comparable ocurrió en 2004, cuando el primer ministro italiano Silvio Berlusconi acudió al consejo porque entonces llevaba también la cartera de Economía.

El propósito de Sarkozy es explicar su plan de "choque fiscal", que en esencia es rebajar los impuestos, para estimular el crecimiento, lo que en su opinión redundará a la larga en una mayor recaudación fiscal. Por esto pide tiempo, dos años más. Es la conocida retórica de los economistas de la oferta que en su día practicaron Ronald Reagan, Margaret Thatcher y ahora George W. Bush, de resultados conocidos y que en algunos casos sólo ha significado más déficit.

El plan de Sarkozy es un regalo a los más ricos al limitar la contribución fiscal al 50% de las rentas, lo que supone la práctica eliminación del impuesto de solidaridad sobre las fortunas, suprimir en un 95% el derecho de sucesiones y permitir la deducción de intereses de los préstamos inmobiliarios.

Todo ello, junto a la supresión de las cotizaciones sobre las horas extra, eleva la factura a unos 11.000 millones de euros, según el Gobierno, y a 15.000, según la oposición. Pero la Comisión "no ve ninguna relación entre las rebajas fiscales y el aumento de la producción".

La paradoja de Sarkozy es que, a pesar de esta discrepancia real de la política fiscal entre Francia y Alemania, propone una mayor coordinación de la política económica de la zona euro. Todo ello con el objetivo de participar en el diseño de la política monetaria que, en su opinión, no puede dejarse sólo en manos del BCE.

La estrategia de la Comisión es ganar tiempo: escuchar al líder francés y esperar a que presente formalmente su propuesta a finales de septiembre. "La batalla será larga y no ha hecho más que empezar", aseguran en Bruselas. Pero todo no ha sido mal visto en la propuesta francesa.

Un celo excesivo

Varios países están molestos por el excesivo celo de Trichet en la interpretación de "la independencia del BCE". "Con el tratado en la mano, los ministros de Economía podrían participar más en definir la estrategia de la política monetaria, aunque la última palabra la tome el banco", señalan.

El desdén de Trichet a una iniciativa del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, a avanzar hacia algún tipo de participación fue muy mal recibida. El presidente del BCE también deberá mover ficha si quiere el apoyo de la Comisión.

Font foto: AFP/BBC

 

 

Vivenda i Unió Europea (per Salvador Milà, publicat a El Pais el 15 de juny de 2007)

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Publicat el 18 de juny de 2007

Adjunto l’article de Salvador Milà, ex-conseller de Medi Ambient i Habitatge i actualment diputat al Parlament de Catalunya sobre la qüestió de la vivenda en el marc de la UE.

LA VIVIENDA: POLÍTICA EUROPEA, SIN TRATADO, por Salvador Milà (El Pais, 15 junio 2007)

La construcción de la unidad europea, a lo largo de más de cincuenta años, se ha basado no sólo en aportaciones institucionales ?tratados, organismos, directivas y reglamentos- sino también en la incorporación de nuevas políticas para abordar nuevos problemas comunes a los ciudadanos de la Unión, ampliando así los ámbitos de competencia en los sucesivos Tratados. Me atrevo a afirmar que (segueix…)

la utilidad de la Unión Europea, entendida como conjunto de demandas sociales y acciones concertadas para resolverlas, ha salido reforzada cuando ha surgido de abajo arriba, como es el caso de la lucha contra el cambio climático y ahora con las políticas de cohesión urbana y de vivienda.

Hasta ahora los temas urbanos y de vivienda no se contemplaban como políticas comunes de la Unión, si bien el proyecto frustrado de Constitución Europea colocaba el objetivo de la cohesión territorial al mismo nivel de los objetivos de cohesión social y económica. Pero la movilización social por una vivienda digna y unas ciudades habitables ha llevado al Parlamento Europeo a adoptar resoluciones reclamando acciones de la Comisión Europea y de los Consejos de ministros de la UE, al constatar que la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad, a la vez que numerosas ciudades europeas padecen problemas relacionados con la vivienda: oferta insuficiente o excesiva, subidas de precios, viviendas vacías, mal estado de los inmuebles, degradación de determinados barrios, los sin techo, sin olvidar la incidencia de los problemas de salubridad y de degradación medioambiental.

Los problemas de la vivienda se hacen más complejos en la medida que casi siempre van asociados a las deficiencias en el espacio urbano, a la falta de equipamientos y a la exclusión social y cultural de determinadas zonas urbanas, ya sean centros históricos degradados o determinados barrios periféricos, con problemas de convivencia. De otra parte, se constata como los ejes principales de las políticas ambientales de carácter global sólo tienen éxito si se basan en una gestión urbana que haga de la sostenibilidad un factor de calidad de vida de sus ciudadanos, como en el caso de la lucha contra el cambio climático, por la preservación de la biodiversidad y del buen estado ecológico de las aguas, el ahorro y eficiencia energética o la recuperación de residuos.

Es así como las políticas de cohesión urbana y de vivienda se han hecho un hueco en las repletas agendas de las instituciones comunitarias; el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores ha declarado prioritario el problema de las personas sin hogar y de la exclusión vinculada a la vivienda en el marco de la estrategia europea de inclusión y protección social, en tanto que los ministros de Ordenación del territorio y Desarrollo Urbano, en su reunión informal del pasado mes de mayo en Leipzig, han solemnizado que las ciudades europeas son la expresión del modelo económico, social y cultural al que aspiramos, a la vez que expresan la diversidad de las regiones europeas.

Más allá de declaraciones y buenos propósitos, es de destacar que por primera vez una parte sustancial de los fondos estructurales europeos – trescientos ocho mil millones de euros en el período 2007-2013, se destinaran a las ciudades directa o indirectamente, tanto en aspectos de rehabilitación y mejora del espacio físico urbano como a las políticas sociales. La Comisión Europea debe tener cada vez más en cuenta los aspectos territoriales y urbanos al evaluar las políticas de integración económica y cohesión social, en tanto que las ciudades europeas han de saber integrar sus estrategias de desarrollo en el contexto de la construcción de un modelo europeo avanzado.

Ahora que nuestras ciudades inician una nueva andadura política, un factor determinante para recuperar el interés y la participación ciudadanas en la vida política es que se apliquen soluciones efectivas a las problemáticas derivadas del acceso a una vivienda digna y asequible, a la calidad del medio ambiente urbano y la mejora de los servicios públicos de carácter social y ambiental. Conviene, por tanto, dar a estas políticas una dimensión europea, hacer que el proceso de construcción de la Europa social y política tenga a los pueblos y ciudades como protagonistas.

Salvador Milà i Solsona, Diputado de ICV-EUiA, Parlament de Catalunya

Font foto: Dibuix de Forges, El Pais

Andorra i la llei sindical: hi té alguna cosa a dir la UE?

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Publicat el 30 d'abril de 2007

En el marc de les celebracions de l’1 de maig he presentat les següents preguntes a la Comissió i al Consell relatives a la pol.lèmica sobre la Llei Sindical a Andorra, tema, per altra banda, que els amics i amigues dels Verds d’Andorra fa temps que reivindiquen. Tant la Comissió com el Consell acostumen a respondre les preguntes sobre qüestions andorranes argumentant, de manera evasiva, que Andorra no pertany a la UE (veure alguns exemples aquí). Tanmateix, donat que la majoria de treballadors i treballadores d’Andorra provenen d’Estats membres de la UE, penso que tant la Comissió com el Consell haurien de tenir alguna cosa a dir-hi, especialment en el marc de l’Acord de Cooperació UE-Andorra en vigor desde 2005. Així doncs, en la pregunta plantegem el següent: (segueix…)

Pregunta (al Consejo y la Comisión) sobre la Ley sindical presentada en el Principado de Andorra

El Principado de Andorra cuenta con una población muy importante de  
ciudadanos y ciudadanas de países de la Unión Europea, la mayoría de  
los cuales son trabajadores y trabajadoras. Recordemos que aproximadamente sólo el 20% de los ciudadanos del Principado son  
nacionales y el 80% provienen de España, Portugal, Francia, etc.

Durante el mes de abril del presente año 2007 el Ejecutivo de Andorra  
ha presentado, tras 14 años de la aprobación de la Constitución, la  
primera Ley Sindical tras varios años de peticiones de elaboración,  
puesto que el derecho a la libertad sindical está reconocido por la  
Carta Magna en su artículo 18 del Título II. No obstante, en la ley  
presentada no se contempla  el derecho a huelga, sigue vigente el  
despido libre y calibra el número de representantes sindicales de las  
empresas en una proporción que no se corresponde con la realidad  
laboral.

Ante este hecho resulta evidente que según esta Ley Sindical es  
impracticable poder ejercer el derecho del sindicalismo en Andorra.  
Como también es obvio que los ciudadanos andorranos que vayan a  
trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea donde se  
garantiza el ejercicio del sindicalismo y los ciudadanos y ciudadanas  
de la Unión Europea que se desplazan a Andorra para trabajar se  
produce una desigualdad de derechos.

A tenor de dichas consideraciones, ¿qué opina el Consejo de la UE  / Comisión Europea sobre la ley sindical andorrana presentada?

Teniendo en cuenta que desde el 1 de julio de 2005 entró en vigor el  
Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Principado de  
Andorra ¿tiene previsto el Consejo alguna medida para que el Gobierno  
de Andorra modifique la ley para que sí garantice el libre derecho del  
sindicalismo?

Teniendo además en cuenta que en el marco de dicho convenio bilateral  
se establece la reciprocidad de derechos entre sus ciudadanos y  
ciudadanas, ¿qué mecanismos piensa usar el Consejo para garantizar los  
mencionados términos reciprocidad?

Foto: manifestació del 1er de maig de 2006, a Andorra, amb Juli Fernández i Isabel Lozano, entre d’altres, a la capçalera. Font: Verds d’Andorra.

En favor d’una Directiva Marc de Serveis Públics

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La Confederació Europea de Sindicats se suma a la petició de reclamar a la Comissió Europea i al Consell de la UE l’el.laboració d’una Directiva Marc de Serveis Públics. Des d’ICV hem defensat sempre que liberalitzar el sector serveis sense comptar amb una Directiva Marc de Serveis Públics era posar en risc la qualitat d’aquests serveis, i la seva condició de serveis públics, amb caràcter universal. Així doncs, donem suport a aquesta iniciativa impulsada per la CES (enllaç per signar la petició) l’objectiu de la qual consisteix a evitar que els serveis públics es vegin perjudicats per les sovinte implacables lleis del mercat.

L’accés universal als serveis públics de qualitat és un dret bàsic que cal (segueix…)

preservar, ara ja a escala europea. Sectors fonamentals com la salut, l?educació, o l?accés a l?aigua són sectors que no poden quedar sotmesos a un mercat sense regles que sovint no prima la qualitat ni la universalitat del servei sinó els beneficis econòmics.

Tot això té a veure amb un dels temes que he comentat en anteriors apunts (Estrasburg (novembre 06): directiva de serveis, estratègia marina, dones i política, multilingüisme,…) en els quals recordava com l’antiga Directiva Bolkestein va ser finalment adoptada pel Parlament Europeu ara fa unes setmanes (i amb el nostre vot contrari), si bé fortament modificada en el marc d’un acord de la gran coalició PSE-PPE. Tanmateix, si bé el resultat final de la votació modifica substancialment la proposta inicial de l’ex-Comissari Bolkestein, però no evita els tres riscos fonamentals: el dumping social, el dumping ambiental, i el dumping normatiu.

Tal i com posàvem de manifest en la presa de posició de maig de 2006: ‘els serveis públics són clau per al desenvolupament sostenible. Només una Directiva Marc permetrà definir els criteris i els objectius del serveis públics, limitar l’impacte de les regles de la competència sobre els serveis, garantir el dret i la capacitat dels poders públics locals, regionals i nacionals de finançar i de gestionar aquests serveis de tal manera que puguin garantir els objectius de la cohesió social i territorial, la protecció del medi ambient o la diversitat cultural.

En absència d’una Directiva Marc, és la Directiva sobre el Mercat Interior que va ser recentment adoptada al Parlament Europeu la que servirà d’instrument horitzonatol pel conjunt dels serveis d’interès general. Per altra banda, el procés que no s’atura de les liberalitzacions sectorials com la dels serveis postals suposa un risc afegit als Serveis públics.

Tant des d’ICV com des del Grup Verds/ALE al Parlament Europeu esperem que la iniciativa de la CES compti amb un gran suport de part dels/de les treballadors/es i, en general, de la ciutadania europea. Així mateix, demanem una avaluació profunda dels actuals processos de liberalització, i reiterem la nostra demanda a la Comissió Europea per tal que aquesta proposi finalment un text legislatiu fort sobre la protecció i el desenvolupament dels serveis públics.  

Trobareu aquí una explicació de la postura del Grup Verds/ALE i propostes en relació al debat sobre el sector serveis a escala europea.

Foto: La famosa campanya del ‘lampista polonès’. Font: BBC