La contrarreforma de la Ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria del embarazo que presenta el PP, en España, es un menosprecio a los derechos de las mujeres con una fuerte carga ultraconservadora y reaccionaria que se convierte en una imposición de corte machista que supone la restricción más dura del aborto en la época democrática.
La limitación del aborto en dos supuestos , el riesgo grave de la vida o la salud física o psíquica de la mujer y el de embarazo consecuencia de un delito de violación , sitúa el marco legal de España lejos de los tratados internacionales, las resoluciones europeas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de derechos sexuales y reproductivos , relegando los derechos de las mujeres a la cola de Europa al nivel de países que no suscriben los tratados internacionales y vulneran los derechos humanos.
La base ideológica de la contrarreforma concibe a las mujeres como sujetos sin derechos que hay que tutelar y donde su voluntad queda relegada por una supuesta defensa de los derechos ” del concebido ” . Este fundamentalismo misógino nos devuelve a los tiempos donde el aborto era privilegio de las clases altas ejerciendo así la discriminación por razones económicas que verterá las mujeres a aborto clandestinos aumentando el riesgo sobre la vida y la salud de las mujeres.
Es, por tanto, una ley, inecesaria, inoportuna, machista, clasista, retrógrada, anacrónica, improcedente e impropia de los tiempos que vivimos.
Y por ello insto a la Comisión Europea, a hacer todo lo posible para evitar que tenga lugar tal despropósito.
El derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo queda transferido a la tutela de los médicos o médicas a las que , a su vez , se les somete a una mayor presión y amenaza penal basada en criterios morales retrógradas que poco tienen que ver con la ética y los criterios científicos.
Las leyes más restrictivas como la aprobada por el PP han demostrado inútiles para reducir los embarazos no deseados . Los datos demuestran que la tasa de abortos es menor en aquellos países donde las leyes son más permisivas . Es, por tanto , una ley que no afronta las soluciones efectivas para reducir el número de abortos , sino que es fruto de la hipocresía y doble moral con la que se impone el machismo institucional que promueve la derecha reaccionaria.
La promoción de la salud y la educación sexual son las medidas que las instituciones públicas deben priorizar y reforzar para garantizar los derechos sexuales y reproductivos . La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos deben ser derechos garantizados desde las redes públicas de salud.
El movimiento feminista continuará la lucha , no sólo para evitar cualquier paso atrás , sino para hacer todos los pasos que quedan para avanzar en los derechos de las mujeres aquí y en el mundo .
On no ha de tenir dret és a decidir sobre la vida o la mort del ser humà encara no nascut (que no vol dir que sigui “inexistent”) que porta dintre seu.
Atentament