Avui repassava el document base del programa electoral que presentarem a les properes eleccions municipals, i que estem treballant a partir de l’anàlisi de diversos tècnics i de les aportacions fetes per comercians, autonoms, entitats socials i el document "Iniciatives per a l'equilibri local" elaborat per estudians de Ciencies Polítiques .
Un dels eixos bàsics de la nostra proposta serà garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans, condicionada cada vegada més per l’encariment de l’habitatge.
Òbviament, des de la política local podem fer poques coses per atacar als grans interessos econòmics que hi ha darrera els moviments especulatius que ens estan asfixiant. No obstant això, l’habitatge és un dels pilars del nostre programa.
I, en aquest sentit, el Secretari de Política Municipal del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha avançat ja les tres accions que impulsarem des del Partit Popular de Catalunya:
- L’elaboració d’una nova Llei de Rehabilitació Integral d’Habitatges.
- Creació de Consells Territorials d’Habitatge, per l’impuls i la coordinació de programes de nova construcció d’habitatge de promoció pública.
- Demanar al govern espanyol l’adaptació de la Llei d’empadronaments que pugui evitar la massificació i la sobreocupació dels habitatges.
Com que aquesta és una qüestió que ens preocupa al 99% de la població, aprofito aquest article per convidar-vos a fer-me arribar les vostres opinions sobre els motius i vies de solució que veieu a aquest problema.
El Partido Popular presentó en Madrid el 'programa marco' con el que
concurrirá a las próximas elecciones de mayo y que, entre otras cosas,
apuesta por desarrollar en sus autonomías iniciativas de 'hipoteca joven e hipoteca familia' para
que los jóvenes menores de 35 años y las familias numerosas puedan
acceder a préstamos con interés preferencial, 'con ayudas y avales de
las administraciones públicas'.
En
dicha propuesta electoral, se recoge también que este partido publicará
en Internet un mapa nacional del suelo con información completa sobre
el estado de su desclasificación y que destinará a la construcción de
viviendas de protección pública entre el 25 y 50 por ciento del
aprovechamiento del suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos,
'teniendo en cuenta las circunstancias de cada ayuntamiento'.
Se
aboga, al tiempo, por incentivar la vivienda de alquiler promoviendo
medidas fiscales que favorezcan este mercado y los juicios rápidos
civiles en materia de desahucios. 'Favoreceremos el desarrollo de
seguros que cubran el impago de alquileres y daños que pueda causar el
inquilino. Extenderemos la promoción de viviendas protegidas en régimen
de arrendamiento con opción de compra para jóvenes menores de 35 y
familias numerosas'.
'Adecuaremos los requisitos para la
compra de vivienda protegida para facilitar el acceso de las familias
con rentas. Llevaremos en las comunidades autónomas un archivo de las
viviendas calificadas con alguna forma de protección pública y de sus
adquirientes o beneficiarios para luchar contra en la fraude en este
tipo de vivienda', añaden.
Señalan en su programa que
rebajarán la carga que grava la constitución de hipotecas y la compra
de vivienda habitual y reducirán la imposición indirecta de la
constitución de hipotecas, además de reducir el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales.
El PP se compromete, asimismo,
a reforzar la legislación urbanística de las comunidades con el
objetivo de 'liberalizar suelo, abaratar su precio y aumentar la
transparencia y la seguridad jurídica', además de poner 'a disposición
del ciudadano' tanto suelo como requiera a través de un planteamiento
'abierto, transparente, ágil y que se adelante al crecimiento de la
ciudad'.
Además, apuntan que establecerán mecanismos que
'simplifiquen' la tramitación de la gestión del suelo y, al tiempo,
incrementen su transparencia. 'Reforzaremos el control sobre la
aprobación y seguimiento de convenios urbanísticos y disciplina
urbanística, creando servicios autonómicos y municipales de inspección
con personal cualificado -aseveran--. Implantaremos auditorias
especiales sobre gestión urbanística, que permitan conocer los hechos
más relevantes derivados de la planificación urbanística local'.
Poco importa si el suelo se liberaliza o se restringe, los
promotores encuentran solares incluso en lugares donde no cabría
imaginar que se levantara el ladrillo.
Acabo
de oír en la radio a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y
no he podido menos que lanzar una estruendosa carcajada (por no
llorar). Mañana sin falta, publicaré en esta misma entrada el número de
viviendas protegidas construidas desde el año 1990. Así nos podremos
reír todos.
En cuanto al cambio de orientación —que desaparezca “poco a poco la vivienda protegida en propiedad para primar la vivienda protegida en alquiler”—
supone, otra vez, un intento de cambiar la sociedad a golpe de ley, de
imponer sus creencias sobre lo bueno y lo malo. En un país como España
donde la movilidad laboral es mínima, ¿por qué potenciar el alquiler?
¿dónde queda la libertad individual? Asignada la vivienda, ¿tan
complicado es preguntar a los propietarios si desean alquilar o
comprar? Pues no, oigan. Lo que diga la ministra y punto.
Creo que el gráfico habla por sí mismo y no necesita comentario alguno.
Nota: año 2006 ponderado de acuerdo a los datos de los nueve primeros meses.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
existencia de un parque público de viviendas sociales en alquiler y en
nuestro país no?¿Están hechos de otra pasta los ciudadanos y los
gobiernos de estos países y esto les hace comportarse de otro modo?¿A
quién beneficia la no existencia de esa oferta pública de vivienda en
alquiler, en España, para los sectores que realmente la necesitan?¿Por
qué no se puede aplicar la ley con el mismo rigor en caso de impago de
un alquiler que en el de impago de una hipoteca? La realidad es que la
desidia en esta materia, de los sucesivos gobiernos (nacionales,
autonómicos y locales) ha beneficiado extraordinariamente a las
inmobiliarias, constructoras, bancos, etc. últimos beneficiarios de el
aumento desorbitado del endeudamiento hipotecario de los españoles. Y
claro ahora no se puede improvisar en cuatro años la creación de este
parque de miles de viviendas, incluidos minipisos, que la sociedad
demanda y que la oferta privada, inexistente y abusiva, no alcanza ni
de lejos a cubrir.
Por otro lado cabría preguntarse dónde queda la responsabilidad del
ciudadano. Bien está que a determinados sectores se les ayude con
vivienda social o protegida, pero esa ayuda debe ser temporal y
condicionada a resolver la situación que creó su necesidad.No veo por
qué el estado, la sociedad, ha de tener la obligación de incrementar el
patrimonio de algunos ciudadanos en detrimento del resto. Dado que por
limitaciones económicas este tipo de vivienda social y protegida sólo
puede cubrir las necesidades de un sector limitado de la población que
la necesita, ¿dónde quedan los derechos del resto de ciudadanos que no
han sido suficientemente afortunados para que salga su bolita en el
sorteo?
Según el ministro de Economía, Pedro Solbes, las viviendas en España se venden sin ninguna dificultad.
Y no le falta razón: a pesar de sus elevados precios, la mayor parte de
las viviendas que salen al mercado son adquiridas rápidamente. Desde
finales de la década de los noventa, asistimos a un encarecimiento
continúo que pone en un brete a muchos jóvenes que desean adquirir una
vivienda. Al margen de la corrupción y la especulación, que afectan más
a la calidad urbanística que al precio, la razón fundamental de este
problema radica en que las compras de viviendas con fines de inversión
son altísimas. De ahí que la construcción de viviendas supere la
demanda generada por la creación de nuevos hogares. El círculo vicioso
se cierra con las facilidades dadas por los bancos —plazo de las hipotecas
y desaparición de los límites de endeudamiento requeridos— y los bajos
tipos de interés de estos últimos años. A tal punto ha llegado la
situación que la OCDE, en su último informe anual sobre España, afirma que el precio de la vivienda se encuentra sobrevalorado en un 30%.
Ninguna de las medidas tomadas por populares y socialistas en los
últimos años ha frenado la escalada de precios. La desaceleración
actual se explica más por las reglas de la oferta y la demanda que por
las iniciativas gubernamentales. La futura Ley del Suelo
podrá, en el mejor de los casos, combatir eficazmente la corrupción
pero no rebajar sustancialmente los precios de las viviendas. Aun
cuando, por ejemplo, las plusvalías generadas por la venta de suelo
urbanizable se reduzcan y el peso de éste disminuya en el coste de
construcción, los promotores seguirán vendiendo al precio que pueda
asumir el mercado. Ni más, ni menos.
Propuestas como las expropiaciones o el tratamiento fiscal
diferenciado no son sino medidas electoralistas de muy dudosa legalidad
y efectividad. La realidad es otra: en los seis primeros meses del año
2006 se construyeron en España 325.000 casas, de las que únicamente
28.800 (el 8,86%) eran protegidas. El porcentaje para años anteriores
es similar: 9,55% en 2003; 9,76% en 2004; y 10,51% en 2005 (Fuente: INE).
Por ello, los jóvenes se ven obligados a acudir al mercado libre donde
los precios superan su capacidad de endeudamiento razonable. Datos, por
cierto, que contrastan con los de hace quince años: el porcentaje de
casas protegidas alcanzó el 21,7% en 1990 y el 17% en 1991. Disparar
contra quien legítimamente ha adquirido una propiedad privada y, al
mismo tiempo, ocultar su escasa preocupación por facilitar la
construcción de viviendas de protección oficial indica claramente la
demagogia en la que caen quienes las proponen.
¿Cuál es la solución? Si cada año igualamos o aproximamos el número
de viviendas protegidas disponibles al número estimado de nuevos
hogares, el precio de la vivienda libre ya no tendrá tanta importancia
pues quienes de verdad las necesiten tendrán a su disposición casas
dignas a precios asequibles y justos. De paso, se desincentivará la
compra de viviendas como inversión al restar a la demanda los que
adquieran aquéllas.
Les notícies que ens arriben des dels mitjans de comunicació sobre
temes urbanístics no ens poden animar gaire: per una part, ens trobem
amb els nombrosos casos de corrupció urbanística que ens afecten; per
altra banda , Espanya ha construit en un any més habitatge que Alemanya
i França juntes ; i en tercer lloc, ens trobem amb l'escalada
desmesurada del preu de l'habitatge.
Això està clar que no funciona.
De culpes n'hi ha per tots i també tinc clar que des de la política
local no es poden solucionar problemes que abasten l'economia estatal i
,també, internacional.
Però en aquestes eleccions els temes
urbanístics seran protagonistes. I seran protagonistes perquè els
pobles ens hi juguem molt si volem que el nostre entorn no es degradi
de manera irreversible. Caldrà preguntar-se en primer lloc el perquè de
tanta edificació, quina estructura de poble volem, amb quins recursos
comptem, si cal ampliar el poble indefinidament, si ens ho podem
permetre,...
No vull ser tremendista ni tampoc sóc una persona que
cregui que el creixement sigui negatiu , però penso que cal repensar la
nostra idea de poble, la notra aposta de futur i tenir clar cap a on
hem d'anar.
Passejant pel poble hi veig construccions més altes
del permès, obres noves amb vorera estreta, pals de la llum en mig de
voreres, poca previsió d'accessibilitat als passos de vianants,... Això
s'ha de repensar i quan dic repensar no vull dir limitar permisos ni
fer un Pla Urbanístic que permeti construir el que ara no és permès
construir. Quan dic repensar vull dir fer un poble pel ciutadà, uns
habitatges pels joves , esponjar el que es pugui i crear una estructura
urbanística sostenible que ens ajudi a millorar el nostre benestar com
a canetencs.
Segur que urbanisme donarà que parlar, però cal estar
ben atents a les propostes i no deixar-se portar pel fum que es ven a
les campanyes electorals.
El
portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Pablo
Matos, ha apostado por fortalecer la seguridad jurídica de los
arrendamiento y la agilización de los procesos judiciales por los
conflictos entre dueños e inquilinos para mejorar la oferta de vivienda
en alquiler. Matos considera que sería mejor solución que la planteada
por el Ministerio de Hacienda de imponer un recargo de el 50 por ciento
del IBI para las viviendas desocupadas. Esta declaración se produce
cuando se ha sabido de la intención de la Generalidad de copiar el plan
de la Consejería vasca de Vivienda de imponer un canon de 9 euros
diarios para las casas desocupadas.
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Mablo Matos considera
prioritario que el Gobierno garantice la seguridad jurídica del negocio
del alquiler. Matos ha concretado su propuesta, en declaraciones a la
agencia Europa Press, reclamando la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y la creación de un juzgado dedicado a
conflictos en materia de Vivienda, dos iniciativas 'populares' que el
Congreso ha rechazado hasta el momento.
El portavoz del PP ha reaccionado así ante la posibilidad de que
el Ministerio de Economía y Hacienda desarrolle el reglamento necesario
para poder aplicar un recargo de hasta el 50 por ciento sobre el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), contemplado en la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, en el caso de las viviendas que se encuentren
desocupadas, según informaron fuentes ministeriales. En este contexto,
el diputado popular recalcó que desarrollar la mencionada ley, aprobada
por el Gobierno-Aznar en el año 2002, supone definir "qué es una
vivienda vacía", para poder aplicar correctamente el recargo, lo que en
su opinión, es una labor compleja.
Vacío legal
Matos ha explicado que muchos propietarios renuncian a obtener una
renta por su propiedad debido "al vacío legal existente en materia de
arrendamiento de viviendas y a la fuerte inseguridad jurídica que se
mantiene hasta ahora". "Si un inquilino no paga pasan meses hasta que
se procede a un desalojo" dijo. A estas razones, añadió que tampoco se
protege a los propietarios de los daños que los arrendatarios puedan
provocar en sus viviendas.
Aunque el portavoz del PP opinó que "está bien que Hacienda opte
por considerar como vivienda vacía aquella que esté totalmente
desocupada", hizo hincapié en la importancia de "remover primero los
obstáculos del arrendador, agilizando los procesos judiciales para
resolver rápidamente los conflictos y garantizando seguridad jurídica".
Canon de 9 euros diarios
Precisamente este lunes la secretaria de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Carme Trillam, ha hecho suya la propuesta política del Gobierno vasco de imponer un canon diario de 9 euros para las casas que lleven al menos un año desalojadas.
La iniciativa de los gobiernos vasco y catalán de gravar con nueve
euros diarios a las viviendas desocupadas abre una senda peligrosa, de
consecuencias impredecibles, para el sector inmobiliario español. La
medida, de llegar a aprobarse definitivamente, constituye un
despropósito completo porque ignora tanto la naturaleza del problema
como sus consecuencias.
A estas alturas es evidente que España tiene un serio problema con
la vivienda, tanto por su elevada carestía como por el incremento de
precios de la misma, muy superior al del nivel de renta de los
españoles. Desde esta óptica, para muchas personas la vivienda se
convirtió en un bien de inversión que ha venido registrando fuertes
revalorizaciones desde 1997. Por ello, muchos ciudadanos han adquirido
casas con el único fin de venderlas con el paso del tiempo y obtener
con ello importantes plusvalías. Esas viviendas, por supuesto, han
permanecido vacías porque la finalidad de su adquisición no era la de
ser ocupadas o alquiladas, sino, simplemente, la de constituir un
objeto de inversión sumamente rentable. Pero quien tiene la culpa de
esto son las propias comunidades autónomas.
En 1997, el Tribunal Constitucional reconoció que las competencias
en materia de urbanismo correspondían a las comunidades autónomas, tal
y como se recoge en su sentencia sobre la ley del suelo de 1989. Son
ellas, por tanto, las encargadas de articular y ejecutar las políticas
de vivienda y, por tanto, son las responsables de su encarecimiento al
no haber actuado como debían, ejerciendo esas competencias que el
Constitucional les reconoció en su momento. Ahora, Cataluña y el País
Vasco pretenden arreglar el problema por la vía menos adecuada, esto
es, imponiendo ese canon de nueve euros diarios a las viviendas
desocupadas para que salgan al mercado y se abaraten tanto su precio
como los alquileres. Esto es un error.
Desde hace tiempo se sabe que la naturaleza del problema de la
vivienda en España reside en el régimen de intervención administrativa
sobre el suelo, a través del cual se financian los ayuntamientos. Las
corporaciones locales, por tanto, restringen su oferta con el fin de
obtener más dinero y, de esta forma, se encarece la vivienda, mientras
se da lugar a la aparición de la corrupción relacionada con el
urbanismo. Lo que tendrían que hacer el País Vasco y Cataluña, por
tanto, es liberalizar el suelo para resolver el problema. Por supuesto,
enseguida aparecerá quién se pregunte por las finanzas municipales si
no pueden contar con los ingresos procedentes de las recalificaciones.
Pero nuevamente la pelota vuelve al tejado de los gobiernos regionales,
puesto que las corporaciones locales dependen orgánicamente de ellos.
Es a las autonomías a quienes corresponde el solventar los problemas de
las Haciendas locales y son quienes, en realidad, no lo están haciendo
pese a contar con recursos más que de sobra después de las últimas
transferencias de ingresos impositivos procedentes del Estado que se
les hicieron a través del último sistema de financiación autonómica.
Las autonomías han fallado en la gestión de la vivienda y, por lo se
deduce de las intenciones de catalanes y vascos, van a volver a
hacerlo. En lugar de actuar por las vías anteriormente señaladas, o en
vez de aprobar una legislación sobre alquileres que proteja al
propietario de la vivienda para permitir su salida al mercado de
alquileres, en lo que se quieren embarcar los gobiernos catalán y vasco
es una suerte de expropiación del derecho de propiedad, que es, en
última instancia, en lo que consiste ese canon de los nueve euros. Por
supuesto, siempre habrá quien diga que no es justo que exista en España
un importante parque de viviendas desocupadas mientras su precio está
por las nubes, pero cuando hay otras soluciones reales y eficaces para
resolver el problema, pretender transitar por la vía de la tributación
es una confiscación deliberada del derecho de propiedad y de las rentas
de quienes poseen un bien solo por el mero hecho de poseerlo.
Liberalicen el suelo, reformen la ley de alquileres y verán como todo
se resuelve sin tener que acudir a la creación de nuevos impuestos.
Por último, tanto catalanes como vascos, como cualquier otra
autonomía que pretenda imitarlos, debería tener en cuenta que, con la
creación del canon de nueve euros sobre la vivienda desocupada, que
supone el pago de 270 euros mensuales o 3.285 euros anuales, pueden
desencadenar un peligroso proceso de venta masiva de viviendas con el
fin de evitar el pago de esas cantidades que desemboque en un desplome
de los precios. Es decir, pueden provocar el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria y, con él, originar muchos y serios problemas económicos
no solo a sus regiones sino al conjunto del país. Por todo ello, la vía
emprendida por los Ejecutivos vasco y catalán es sumamente peligrosa y
deberían rectificarla cuanto antes, sin esperar a la resolución de los
previsibles recursos en los tribunales que la aprobación de semejante
canon sin duda traerá.
TANTO EL ESTADO DE LAS VIVIENDAS, COMO SU PRECIO EN FUNCION DE VARIOS
PARAMETROS ( CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, ANTIGUEDAD DEL INMUEBLE
ETC...) TODO ELLO EN ESTRECHA COLABORACION DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA. Y A NIVEL MUNICIPAL CREAR UN CENSO DE VIVIENDAS
TANTO EN PROPIEDAD COMO EN ALQUILER O VACIAS. Y SI UNA FAMILIA TRABAJA PARA
DEJAR UN PISO A SU HIJO SON CASOS MUY PUNTUALES Y POCO FRECUENTES Y SINO QUE
SE DEMUESTRE.......
INSPECCION TECNICA DE INMUEBLES, INVOLUCRANDO VARIAS ADMINISTRACIONES, COMO
ATUNTAMIENTO, API, COLEGIO APAREJADORES, SANIDAD, REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD ETC... UN CENSO DE INMUEBLES CON CRUCE DE DATOS, EVIDENTEMENTE EN
UN DIA NO SE HACE PERO HAY QUE TRABAJAR EN ELLO. TOMAR NOTA DE ELLO.
IGUALDAD PARA TODOS Y NO PUTEAR A LOS RICOS PORQUE SI.
Toni Romero
Hablándolo con un subdirector de un diario importante de la
Comunitat Valenciana llegamos a la conclusión que parece que no.
Sobretodo cuando se llega al partado de comentarios de los lectores, y
mi blog es un ejemplo. Por no decir la práctica totalidad son insultos o
descalificaciones, tanto personales o no, casi siempre sin ningún tipo
de argumentación y, claro está, escondiéndose en el anonimato que te
ofrece el espacio virtual.
Visto lo visto el blog es una
válvula de escape para la expresión del todo vale y resulta
paradigmático que el no respeto campe a sus anchas cuando das la
oportunidad ,en un blog "en abierto", de que cualquier
persona de su opinión sobre la infinidad de temas que se exponen. La
libertad de expresión es siempre un derecho mientras no se falte el
respeto a los demás.
Los blogs deben seguir su camino y la
libre información nunca es del gusto de todos pero ahí nace la
pluralidad, eso sí dentro de una sociedad madura.
A los
bloggers ánimo y a seguir trabajando y a los lectores de los blogs por
favor que sigan colaborando con nosotros desde el argumento y la
reciprocidad.
un saludo
Martin Garciaenaltecimiento o el desprecio público (según mercado) de los foros
anónimos internaúticos. Baste decir que cualquier libro de estilo
(incluido el de El País) prohíbe que fuentes anónimas viertan opiniones
en el periódico.