D'això que en diuen les eleccions basques -i que més aviat m'ha semblat un referèndum bolivarià d'aquells que organitza en Chávez-. Tot plegat sembla bastant extraterrestre. Que ara surti el Patxi aquest dient que serà Lehendakari. I és clar, si ho vol ho serà, però ja em diran com es pot ser president amb 6 diputats menys que la força més votada, amb un 8% de sufragis menys, amb més de mitja dotzena de partits il·legalitzats, amb un 9% de vots nuls, i havent de pactar amb un partit que representa el seu principal enemic polític i amb una escissió del seu propi partit. Que en aquestes condicions vulgui ser president del seu poble demostra molt poca responsabilitat, i un greu menyspreu cap al seu país. Que persones d'aquesta mena estiguin ficades en política i puguin decidir res, sincerament, fa una mica de por. Ja m'imagino com deuen estar fent comptes a la Moncloa, que ni fent trampes se'n surten. Els càlculs ara els diran que si haguessin il·legalitzat també Aralar i EA, tot quadraria. Mirin, i si a Catalunya fem una garzonada d'aquestes i de pas il·legalitzem ERC, els números sortirien rodons, el bloc constitucionalista ja sumaria i podríem eliminar la crosta nacionalista d'arreu. Tot sigui per la democràcia. Prenguin nota els partits catalans, l'eix que mana és el nacional, ja ho hem vist a Navarra, i sembla que ho veurem al País Basc. Si a Catalunya PSC i PP no pacten, és simplement perquè no sumen.Per cert, després d'haver escoltat ahir per TV3 com anunciaven eufòricament que per primera vegada hi haurà un lehendakari no nacionalista -i si de tant en tant provessin de rumiar les ximpleries que diuen-, avui em miro les xifres amb més deteniment i observo que l'anomenat bloc constitucionalista en realitat ha perdut uns 2.300 vots. És a dir, l'únic que ha fet que un socialista pugui arribar a Lehendakari és la prevaricació per aconseguir la il·legalització de dos partits polítics.
Any 2005: PSOE + PP = 274.546 + 210.614 = 485.160
Any 2009: PSOE + PP + UPyD = 315.893 + 144.944 + 22.002 = 482.839
Del diari Gara:
Las demandas de impugnación presentadas contra las dos candidaturas
coinciden en acusarlas de "dar cumplimiento a la estrategia terrorista
de ETA". Una estrategia que, según los demandantes, se sustenta en un
número de la revista "Zutabe" de 1998 en el que la organización armada
"ponía de manifiesto la necesidad de participar en los comicios
electorales".
Entenc que el tema de la treva parcial també es va publicar al Zutabe.
ANTE LAS ELECCIONES DEL 1 DE MARZO
El TS avala la decisión del PSOE y anula las candidaturas de D3M y Askatasuna
Los dieciséis magistrados que componen la Sala
del 61 del Alto Tribunal decidieron a última hora de ayer y por
unanimidad cerrar el paso a la contiende electoral a Demokrazia Hiru
Milioi y Askatasuna. El Tribunal Supremo aumentó con este fallo una
lista que contiene ya más de 600 partidos políticos o plataformas
populares proscritas por los tribunales españoles. Los fundamentos
jurídicos iban a ser desgranados en dos autos durante la pasada noche.
09/02/2009 9:22:00
MADRID-. La decisión de vetar a Demokrazia Hiru
Milioi (D3M) y a Askatasuna se dio a conocer alrededor de las 23.20.
Los dieciséis magistrados que componen la Sala del 61 del Alto Tribunal
aceptaron sin desmarque alguno las impugnaciones presentadas por la
Fiscalía y por la Abogacía del Estado español contra estas dos
candidaturas, cerrando el paso a esas dos opciones políticas a la
contienda electoral del próximo 1 de marzo.
El Tribunal Supremo acordó anular la proclamación de las
candidaturas minutos antes de que expirara el plazo, que tras el
aplazamiento decretado el sábado, había sido fijado para la medianoche.
Tras el anuncio del fallo, la Sala del 61 iba a dictar dos
sentencias en las que concretaría los fundamentos jurídicos que le
llevaron a adoptar esta resolución. Según el avance de la sentencia
ofrecido por las agencias, el Supremo considera que los indicios
existentes "son suficientes para considerara a Askatasuna y D3M como
prolongaciones del entramado ETA-Batasuna". Asimismo, los medios de
comunicación que informaban de la decisión admitían que la anulación de
las candidaturas de Askatasuna había sido "más compleja"; sin embargo,
subrayaban que según el criterio de la Sala Especial "se habían
encontrado elementos suficientes para su vinculación".
El ciclo judicial que tienen que atravesar estas candidaturas pasa
ahora al Tribunal Constitucional. A partir de las 23.20 de ayer, hora
en la que era notificada la sentencia de TS, las defensas de D3M y
Askatasuna cuentan con 48 horas para interponer el recurso de amparo en
el citado Tribunal. El Constitucional deberá tomar su decisión para las
24.00 del jueves, hora en la que arrancará de manera oficial la campaña
electoral para las elecciones autonómicas de la CAV. Esta decisión será
inapelable ya en el ámbito judicial del Estado español.
Ésta no será la única cita que tengan D3M y Askatasuna con los
tribunales, ya que mañana sus defensas deberán comparecer en la
Audiencia Nacional ante Baltasar Garzón, donde este juez decidirá si
suspende o no de actividades a ambas formaciones.
Askatasuna y D3M son desde ayer las últimas organizaciones incluidas
en una larga lista que cuenta ya con más de 600 partidos políticos o
plataformas populares ilegalizados o anulados por los tribunales
españoles. Precisamente, el sábado, sin que se conociera esta última
decisión, representantes de esas candidaturas ilegalizadas alertaron ya
de que la pugna electoral que se desarrollará el próximo 1 de marzo
será "antidemocrática donde las haya".
Al mediodía, antes de la reunión de la Sala del 61, las defensas de
Askatasuna y D3M remitieron sendos documentos como respuesta a las
demandas de impugnación, cumpliendo así con el nuevo plazo ofrecido la
víspera por el TS.
Un documento que ni existe
GARA tuvo acceso al contenido de ambos escritos a través de sus
respectivas defensas, representadas por Ana Tudanca, en el caso de
Askatasuna, y Jone Goirizelaia, en el de D3M.
Las demandas de impugnación presentadas contra las dos candidaturas
coinciden en acusarlas de "dar cumplimiento a la estrategia terrorista
de ETA". Una estrategia que, según los demandantes, se sustenta en un
número de la revista "Zutabe" de 1998 en el que la organización armada
"ponía de manifiesto la necesidad de participar en los comicios
electorales".
Las defensas de ambas candidaturas han impugnado el contenido de
este documento que es la base del informe de la Guardia Civil.
Goirizelaia, en declaraciones a este diario, manifestó que el documento
en sí "no existe y no está aportado como manda la ley".
La letrada vizcaina fue más allá y aseguró que, aunque ese documento
existiera, no está probado que los candidatos de la plataforma lo
conocieran. Tudanca, por su parte, apuntó que "siguiendo esa lógica
todos los partidos creados en la misma época que Askatasuna
responderían al mismo motivo".
La abogada de Askatasuna recordó cómo la demanda contra esta
formación recogía un análisis pormenorizado de cada candidato que se
presentó en 2001. "Utilizan lo que entonces era legal y ajustado a
Derecho para impugnar unas candidaturas ocho años después", señaló
indignada. Asimismo, advirtió que es "de asustar" el control policial
existente, en referencia a los datos recavados sobre los actuales
candidatos. "No estamos hablando de ayer; los informes relatan en qué
fecha se han carteado con algún preso político, incluso existen fechas
datadas en 1983", apostilló.
En esta tesitura, alegó que no procede acordar la anulación de las
candidaturas de Askatasuna, "porque han sido proclamadas por la junta
electoral procedente, porque son las candidaturas de un partido que a
día de hoy sigue siendo legal y contra el que no se ha presentado
ninguna demanda de ilegalización". "No hay ninguna base legal para
impedir que concurran, no hay", criticó.
La letrada detalló que entre las alegaciones presentadas también se
hallaba la exigencia de nulidad de una providencia. Concretamente,
Tudanca pedía la invalidación de la prueba basada en la solicitud hecha
por el propio Tribunal para que un centro penitenciario remitiera la
resoluciones donde se admitían las intervenciones de las comunicaciones
a los reclusos. "El Tribunal debe valorar las pruebas que le aporten
las partes pero no puede solicitar una prueba de motu proprio, no es
competente para ello", se quejó.
Preguntada en torno al aplazamiento otorgado la víspera para las
alegaciones, Tudanca indicó que ella continúa denunciando la falta de
garantías en todo este procedimiento.
Jone Goirizelaia también mostraba su enfado. En contra de lo
sostenido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que aseguran que
D3M es una prolongación de Batasuna, la letrada de la plataforma indicó
a GARA que presentó como pruebas las consideraciones de la Junta
Electoral o del Consejo de Administración de EiTB, que al distribuir el
espacio electoral ha otorgado a D3M un espacio residual por no
considerarlo sustituta de ninguna candidatura anterior.