Laia Altarriba i Piguillem, Diyarbakir (Kurdistán Norte) / FOTOS: ORIOL CLAVERA

Una de las principales celebraciones anuales del pueblo kurdo, el Newroz, que coincide con el inicio de la primavera, se ha saldado en Turquía con tres personas muertas por disparos de la policía y centenares de heridos y de detenidos. De éstos, varias decenas han sido enviados a prisión. Esta dura represión, junto con la reciente operación terrestre del ejército turco contra los campamentos del PKK en el Kurdistán sur (al norte de Iraq), hace que muchos kurdos de Turquía teman que el conflicto que sufren desde hace décadas se agrave. Agravamiento significaría mayor represión contra cualquier actividad política en favor de los derechos del pueblo kurdo y una nueva operación terrestre contra los campamentos guerrilleros. Ante esta última posibilidad, los representantes de las organizaciones políticas o sociales kurdas recuerdan que el Estado turco ya ha hecho 25 grandes operaciones militares contra el PKK, y que con este método nunca ha conseguido eliminar la resistencia kurda armada ni acabar con las reivindicaciones democráticas de este pueblo.

Pese a estar convencidos de que con la fuerza el Gobierno de Ankara no podrá resolver el conflicto, a muchos les preocupa el ataque al PKK porque tienen familiares y amigos luchando en las montañas. El pasado mes de julio, el movimiento de liberación kurdo consiguió un hito histórico: 20 diputados al Parlamento turco. Para acceder a la Gran Asamblea se requiere obtener el 10% de los votos del conjunto de Turquía, y como veían muy difícil lograrlos decidieron presentarse como candidatos independientes. Una vez conseguidos 20 escaños se constituyeron como grupo parlamentario del DTP (la actual marca electoral de los kurdos). Su intención era convertirse en una herramienta para construir la paz, es decir, llevar al Parlamento turco la propuesta de una solución dialogada y democrática del conflicto. Además, confiaban en que si el partido del Gobierno (AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo) salía reforzado de las urnas (tal y como ha pasado), le sería más sencillo superar la oposición de los militares al diálogo y comenzar el camino de la paz. Declaraciones como la del primer ministro Recep Tayip Erdogan en agosto de 2005 en Diyarbakir reconociendo que hay un problema kurdo y que su voluntad era resolverlo hacían crecer las esperanzas. Pero tras las elecciones del pasado julio, los candidatos del DTP han encontrado cerrada la puerta del diálogo: Erdogan todavía no los ha recibido, y además les han abierto un proceso judicial con el objetivo de ilegalizarles.

Ali Akinci es presidente del IHD (Asociación por los Derechos Humanos) en Diyarbakir. En declaraciones a DIAGONAL, lamenta que “la reciente operación militar contra el PKK y la represión durante el Newroz muestra que el AKP no quiere resolver el problema”. Y añade: “Puedo entender que el Gobierno no quiera hablar con el PKK, pero entonces que hable con los diputados kurdos que entraron el pasado mes de agosto al Parlamento. El problema es que con ellos tampoco quiere dialogar”.

Vulneraciones de los derechos

Más allá de la resolución política del conflicto, Akinci también se vulneraciones de los derechos humanos continúan siendo sistemáticas, aun cuando el partido del Gobierno había asegurado que tenía la intención de reformar la Constitución y el Estado para acercarse a los parámetros europeos: “La tortura es sistemática (sobre todo no dejar dormir a los detenidos, obligarles a estar horas y horas de pie...), han alargado el período de detención, se continúa persiguiendo la libertad de expresión... y además están creciendo los ataques fascistas contra las sedes del DTP”. El presidente del IHD asegura que hay una atmósfera en Turquía según la cual si no eres turco eres un enemigo, y a esto ha contribuido la presión que hacen conjuntamente el Gobierno y los grupos fascistas.

Así pues, pese al convencimiento de que hay que continuar trabajando para construir una solución democrática para el conflicto que sufre, en los últimos meses el pueblo kurdo bajo ocupación turca ha visto cómo se alejaban las esperanzas que había depositado en el Gobierno de Ankara y teme que las montañas y las ciudades vuelvan a ser escenario de confrontación. Los movimientos de tropas del Ejército turco cerca de la frontera denunciados por algunos medios de comunicación dan más argumentos a los que alertan de la inminente operación militar. A la vez, este pueblo ha perdido también las esperanzas en una Unión Europea que –a pesar de que un tribunal dictaminara el pasado 3 de abril que el PKK no debe estar en la lista de organizaciones terroristas– mira hacia otro lado cuando se vulneran los derechos lingüísticos, humanos y nacionales de un pueblo que continúa fragmentado entre cuatro Estados.

Las heridas abiertas

El conflicto que enfrenta al pueblo kurdo con el Gobierno turco desde hace décadas ha dejado secuelas en la vida de millones de personas, muchas de ellas expulsadas de sus hogares por el Ejército u obligadas a vivir en una situación de extrema pobreza, y miles encarceladas por razones políticas.

Una lengua aún perseguida

A pesar de que actualmente se puede hablar con libertad la lengua kurda en la calle, continúa siendo perseguida en los espacios públicos. En los últimos años ha habido tímidos avances: media hora de televisión en kurdo en el tercer canal estatal una vez a la semana o libertad para publicar libros en esta lengua. Pero algunos alcaldes han sido enjuiciados por permitir que los ciudadanos se dirijan al Ayuntamiento en lengua kurda. La gran aspiración para este pueblo es que se convierta en la lengua vehicular en la enseñanza pública.

3,5 millones de expulsados
Entre 1987 y 1999 tres millones y medio de personas de las provincias kurdas de Turquía fueron expulsadas de sus pueblos. El Ejército turco evacuó más de 4.000 poblaciones a sangre y fuego acusando a sus habitantes de colaborar con el PKK. La historia se repite cuando preguntas a muchos de los kurdos que viven en los suburbios de la grandes ciudades kurdas o turcas: el Ejército visitó su pueblo un día y les propuso integrarse en los “protectores de las villas”, un cuerpo paramilitar para luchar contra la guerrilla; los que se oponían eran expulsados de sus casas y el pueblo entero era quemado; muchos fueron también asesinados. Huyeron con lo puesto a las grandes urbes. A finales de los ‘90 el Parlamento turco asumió parte de su responsabilidad, y el Gobierno actual ofrece a quien la requiera una indemnización, pero la organización Goç-Der de apoyo a los que tuvieron que migrar no está de acuerdo con la cantidad que ofrece Ankara porque dice que no es suficiente para rehacer de nuevo la vida en los pueblos.

Encarcelamiento de periodistas
En las últimas semanas tres periodistas kurdos más han sido encarcelados. Son Siddik Güler, Ersin Gelik y M.Ali Ertas. Trabajadores de la agencia de noticias DIHA, todos ellos están acusados de recoger información para pasarla al PKK. Estas detenciones no son una excepción, sino realidad cotidiana a la que se enfrentan los que trabajan en prensa en Turquía (tanto en la prensa kurda como en la turca de izquierdas). Aunque los niveles de represión no son tan elevados como en los años ‘90, cuando el Ejército y grupos paramilitares asesinaron a decenas de periodistas, ésta continúa siendo una profesión de riesgo. Otra cotidianeidad para la profesión es el cierre temporal de periódicos, que se ven obligados a cambiar de nombre sistemáticamente para poder salir a la calle.