… porque las sospechas se han confirmado y la responsabilidad de las agencias de rating en la crisis financiera del año ocho ha quedado claramente demostrada. Esto queda meridianamente claro en el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011.

La FCIC es una comisión de diez miembros que el gobierno de los Estados Unidos creó en mayo de 2009 para investigar las causas de la crisis. En sus conclusiones el informe señala contundentemente que “las tres agencias de calificación crediticia fueron las herramientas clave de la crisis financiera” (p. XXV).

En el capítulo 8 se realiza un estudio de caso relativo a Moody’s (pp. 146-150). En esas páginas se ponen de manifiesto errores metodológicos de bulto en las calificaciones, así como manifestaciones diversas de falta de diligencia (como no examinar las hipotecas basura que subyacían a los productos estructurados que se estaban calificando).

Pero lo más significativo son las evidencias de conducta fraudulenta y de connivencia con los emisores de los bonos contaminados.

Así, las agencias proporcionaron datos falsos sobre la estabilidad de los productos estructurados a lo largo de la historia, para que fueran incluidos en los prospectos de propaganda de los bonos (p. 148). Estos datos se siguieron utilizando durante los años 2006 y 2007, cuando ya habían empezado a dejar de pagarse las hipotecas subprime.

El informe también da por probado que las agencias trabajaban en connivencia con las entidades que emitían los bonos y con sus managers, es decir, que les ayudaban a estructurar el producto. Los empleados de Moody’s recibieron diversos tipos de presiones por parte de las entidades emisoras.

La influencia de los bancos sobre los empleados de las agencias se veía favorecida por la existencia de una “puerta giratoria” entre ambos tipos de negocios. De hecho, el 25% de los empleados que abandonaron Moody’s fueron contratados por bancos que eran “clientes” de la agencia (p. 150). Podía así darse el caso de que un analista estuviera calificando los bonos de un banco en el mismo momento en que estaba negociando las condiciones para ser contratado por esa entidad. Se daba también frecuentemente la situación de que la persona del banco con la que el analista de Moody’s trabajaba fuera un antiguo compañero de éste. Todo esto pone de manifiesto que las agencias, más que actuar como organismos reguladores, lo que hacían era ejercer de asesores de los organismos que debían regular aconsejándoles cómo “empaquetar” sus productos fraudulentos para poderles conceder la máxima calificación.

En la base de todo esto se encuentra el hecho de que “calificar los bonos era un negocio muy provechoso para las agencias de rating” (p. 150). Los beneficios que obtuvo Moody’s a raíz de la calificación de los productos estructurados crecieron de 199 millones en el año 2000 a 887 millones en 2008, el 44% de los beneficios totales de la empresa (p. 149). En la competencia por obtener estos suculentos contratos, las agencias ofrecieron dar calificaciones favorables para intentar desbancar a sus rivales, como el propio informe señala (p. 150). La capacidad de presión de los emisores de bonos se veía favorecida, además, por la concentración de los mismos. Sólo Citigroup y Merrill Lynch encargaron la calificación de bonos por valor de 140.000 millones de dólares entre 2005 y 2007 (en esos años se calificaron 663.000 millones de dólares en este tipo de productos; p. 149).

A todo esto se añade el dato que señaló un juez en un proceso contra las agencias: éstas cobraban tres veces más de lo habitual por calificar esos bonos, pero recibían sus honorarios sólo en la medida en que la calificación fuese la deseada. Si ése no es un conflicto de intereses, dado que la agencia obtiene más beneficios en función de que la calificación que conceda sea más alta, entonces es difícil saber qué habrá de entenderse como tal.

Aparte del informe de la FCIC, algunos periodistas han arrojado nueva luz sobre los manejos de las agencias. Es el caso de Jesse Eisinger, periodista de Propublica y ganador del último premio Pulitzer por una investigación sobre los tejemanejes de Wall Street. En un artículo del 13 de abril (que se puede encontrar en la página web de Propublica), Eisinger recoge el testimonio de un antiguo analista de Moody’s, Bill Harrington, que dejó la agencia a mediados del año pasado.

Harrington explica que los analistas están sometidos a una intensa presión por parte de los bancos. Y los directivos de la agencia no se ponen de su parte, sino que los regañan si no atienden a los banqueros. Cuenta el caso reciente de un representante de un banco que le llamó varias veces dejándole el recado de que le devolviese la llamada. Como no lo hizo, fue llamado a capítulo por el jefe de personal, quien le subrayó (no por primera vez) que la filosofía de la agencia es que los clientes son lo primero. Esto pone de manifiesto la capacidad de acceso que tienen los bancos a los autores de los análisis y cómo su poder de presión sobre los mismos se ve favorecido por la conducta de los directivos de las agencias.

Uno de los problemas más graves que plantea la actuación de las agencias es su impunidad. Tradicionalmente, estas entidades se han escudado tras la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Según este planteamiento, los ratings o calificaciones que emiten son “opiniones”, como las vertidas, por ejemplo, en la columna de opinión de un periódico. Por tanto, las agencias deben contar con una inmunidad parecida a la de los periodistas.

La Ley DODD-FRANK de reforma del sistema financiero aprobada en julio de 2010 contenía una cláusula que otorgaba a los inversores el derecho de procesar a las agencias si éstas no actuaban con la debida diligencia. Moody’s, S&P y Fitch lucharon encarnizadamente contra esta cláusula y lograron que se suspendiera su aplicación hasta enero de 2011. Según las últimas noticias de que se disponen (de abril), ni esta cláusula, ni el órgano encargado de supervisar la actuación de las agencias, han sido puestos en marcha debido a problemas presupuestarios.

Pero esto no significa que no se estén produciendo algunas brechas en la coraza de la que están recubiertas las agencias de rating. En septiembre de 2010, la Securities and Exchange Commission (SEC, el órgano regulador financiero estadounidense) finalizó una investigación sobre actividades fraudulentas por parte de Moody’s. No se decidió a procesar a la agencia porque dichas actividades habían ocurrido en Europa. Pero sí hizo público un informe con el resultado de sus pesquisas.

De acuerdo con la SEC, en el año 2006 un analista de Moody’s descubrió un fallo en el modelo computerizado que se había utilizado para evaluar el riesgo de un nuevo tipo de bono. A estos bonos se les había concedido la calificación más alta y se habían vendido en Europa. Sin embargo, el descubrimiento del fallo ponía de manifiesto que el riesgo que entrañaban era mucho mayor que el declarado.

Los ejecutivos de Moody’s discutieron si debía hacerse público el hecho y al final decidieron que no, porque eso podría dañar la reputación de Moody’s. Mantuvieron la calificación más alta a sabiendas de que estaban engañando a los inversores. Con eso contradecían su propio código de conducta, en virtud del cual, a la hora de realizar un rating, Moody’s no tendría en cuenta los efectos de la calificación sobre la propia agencia. Además, cometieron un fraude.

Diversas entidades privadas, como el Banco de Abu Dhabi y los más importantes fondos de pensiones estadounidenses, han entablado pleitos contra las agencias de calificación de riesgos. En uno de estos procesos, un juez abrió una clara brecha en la defensa de la libertad de expresión, señalando que los ratings no eran asunto de interés público y que se comunicaban a un reducido número de inversores, por lo que no podían quedar cubiertos por la Primera Enmienda. Un experto señaló que dicho argumento había encontrado un importante agujero en la defensa basada en la libertad de expresión.

Asimismo, en una serie de casos contra las agencias de rating —que pueden resultar de especial interés para Europa—, el fiscal general de Connecticut, Richard Blumental, sostiene que “las tres agencias de rating (Moody’s, S&P y Fitch) dan calificaciones más bajas de manera sistemática e intencionada a los bonos emitidos por los ayuntamientos, los estados y otras entidades públicas”. Y esto ha obligado a las entidades de Connecticut (y a sus contribuyentes) a “gastar innecesariamente millones de dólares en seguros y en tipos de interés más altos”.

El último episodio del enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y las agencias de rating tuvo lugar el 18 de abril. Ese día Standard and Poors (S&P) emitió un comunicado en virtud del cual revisaba la calificación correspondiente a la previsión de la evolución a medio plazo de los Estados Unidos y la rebajaba de “estable” a “negativa”. Eso significa, según señala la propia agencia, que existe una probabilidad sobre tres de que rebaje la calificación de los bonos de la deuda norteamericanos en un plazo de dos años. En caso de ocurrir, sería la primera vez en la historia que esos títulos perderían su “dorado” rating triple A, que les reconoce una solvencia y una liquidez máximas.

La acción de S&P es, desde luego, una demostración de fuerza. Después de que el gobierno haya intentado, sin conseguirlo, poner en marcha un organismo supervisor de las agencias y someterlas a responsabilidad por sus calificaciones, S&P va y lo amenaza con rebajar el rating de su deuda. Como ha dicho algún comentarista, el poder financiero habla por boca de las agencias. Y ésta es la única explicación posible de que no se hayan visto arrastradas por la crisis (como ocurrió con Arthur Andersen tras el caso Enron): a pesar de todo, los bancos las prefieren a ellas y son contrarios a cualquier otro mecanismo alternativo de calificación de riesgos.

S&P justifica la revisión de la calificación de los Estados Unidos por el déficit fiscal y la enorme deuda que acumula el país. Ésta alcanzará el techo máximo permitido de 14,29 billones (miles de millones) de dólares hacia mediados del mes de mayo. Y la preocupación principal de la agencia es “el creciente riesgo de que las negociaciones políticas sobre cómo afrontar los desafíos fiscales a medio y largo plazo persistan hasta después de las elecciones nacionales de 2012”.

Se trata claramente de una intervención ilegítima en la política norteamericana. Constituye un chantaje al Congreso estadounidense, al presionar a los partidos para que lleguen a un acuerdo. Aunque S&P se proclama neutral respecto a las diferentes propuestas de ajuste que defienden Obama y los republicanos, está claro que su intervención ha constituido un espaldarazo a estos últimos. Y el líder de los republicanos así lo ha interpretado, blandiendo la calificación de S&P contra los demócratas.

Ambos partidos tienen la intención de llevar a cabo un severo plan de ajuste. Pero el de los republicanos pretende incidir sobre todo en los gastos sociales, no tocar los militares y rebajar los impuestos de los más ricos (algo parecido a lo que hace Convergència en Cataluña, con la salvedad de que no dispone de un ejército). Por otro lado, obligar a Obama a aprobar y empezar a implementar un plan de ajuste en plena campaña electoral disminuirá notablemente sus posibilidades de ser reelegido.

Rebajar el rating de los bonos norteamericanos no solucionaría el problema del déficit y de la deuda, sino que lo agravaría. A Estados Unidos le resultaría mucho más caro y difícil conseguir préstamos en el mercado de capitales. Exactamente lo mismo que ha ocurrido en países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal o la misma España. Al rebajar la calificación de la deuda, los títulos que se emiten para afrontarla deben pagar más intereses, con lo que el volumen de la propia deuda aumenta.

Después de todos estos antecedentes, está claro que las agencias de rating no tienen la suficiente credibilidad para seguir realizando la tarea que vienen haciendo. En especial, resulta extremadamente peligroso que sean quienes lleven a cabo la delicada misión de calificar la deuda de los estados. Eso es algo que afecta a las condiciones de vida y al futuro de millones de personas, y no puede dejarse en manos de unos sujetos tan venales. Por eso hay que saludar con entusiasmo la presentación de la querella contra Moody’s, Standard & Poors y Fitch ante la Audiencia Nacional, y esperar que este tipo de iniciativas y otras acciones sociales y políticas se extiendan por Europa. De ese modo se podrá luchar contra uno de los poderes privados más fuertes e irresponsables que existen en el mundo actual.

Para nuestra retina europea blanca, Haití es, más que nada, un país desgraciado, víctima de dictadores sanguinarios y de terremotos, el país más pobre de América Latina, un país de niños desnudos y desnutridos, mujeres y hombres abatidos que habitan barracas y bidonvilles, víctimas del sida, el cólera y la disentería, donde la corrupción impera, la política es manipulación de masas ignorantes y primitivas, y donde la vida no vale nada.

Esta imagen se repite cada vez que Haití es noticia, como lo ha sido durante unos días con motivo de las recientes elecciones. Asociamos este país con miseria, desesperación e impotencia. Y nuestro cerebro blanco genera una sospecha que, en ocasiones, reprimimos como políticamente incorrecta: los negros, en América como en África, adolecen de algún defecto congénito, de alguna incapacidad vital, de inferioridad racial.

Sin embargo, Haití es algo más. Es un país que, incluso en medio de sus desgracias, tiene algo más que niños esqueléticos en barracas infectas. Tiene escuelas y hospitales, campos cultivados y universidades, técnicos e intelectuales. Es la patria de Michaëlle Jean, mujer prodigio que acumula varios títulos académicos, que llegó a gobernadora general de Canadá y que hoy es embajadora de la Unesco para Haití. Es la patria de Guy Alexandre, sociólogo, historiador y profesor muy respetado a nivel mundial, embajador de su país durante el gobierno de Aristide. Haití es la patria del escritor Jacques Roumain y de René Depestre, poeta y revolucionario. Es la patria de Jean Price-Mars, pensador de la negritud. La lista de haitianos ilustres podría ampliarse mucho. ¿No habría que ponderar esa riqueza cultural e intelectual en una nación que hace doscientos años era país de esclavos, que ha debido construirse partiendo de cero y en un entorno adverso?

Ése es el Haití que no vemos, que no se nos muestra. Un país pobre, el más pobre del continente, pero un país que podría funcionar si se le hubiera dejado vivir en lugar de desangrarlo sin piedad.

Un poco de historia viene al caso. Haití fue la segunda república moderna que se instauró en el Nuevo Mundo, en 1804, después de los Estados Unidos. Fue la primera república americana que abolió la esclavitud e hizo una reforma agraria radical. Fue uno de los pocos estados independientes de la historia mundial, seguramente el único, que nació tras una revolución triunfante de esclavos, y que subsiste como Estado dos siglos después. Pero tenía dos vicios de origen que le habrían de costar muy caros: los vencedores de aquella revolución eran esclavos y eran negros. Era más de lo que el mundo civilizado podía soportar. Por añadidura, la nueva república dictó una ley que concedía automáticamente a cualquier esclavo que entrara en tierra haitiana la ciudadanía del país, que implicaba ipso facto su emancipación y libertad civil.

Napoleón mandó una armada que fue derrotada por Toussaint-Louverture, líder de la independencia. Francia tuvo que retirarse, pero hostigó duramente al nuevo régimen, que tras dos décadas de conflictos no sólo con el exterior, sino también internos (con un fugaz retorno a la esclavitud), tuvo que aceptar, en 1825, el pago de reparaciones económicas. El escaso y frágil ahorro de una economía sometida a bloqueo internacional sirvió no para ser reinvertido en el país, sino para pagar las reparaciones. En agosto de 2010, un grupo de intelectuales —entre ellos Eva Joly, Étienne Balibar, Daniel Cohn-Bendit, José Bové y Noam Chomsky— envió una carta a Sarkozy pidiendo que Francia devolviera a Haití el dinero que le arrebató, que cifraban en 17.000 millones de euros, correspondientes a 150 millones de francos-oro, suma diez veces mayor que los ingresos totales del país (Libération, 16/8/2010).

El acoso a Haití no se limitó a eso. Entre 1915 y 1937 fue ocupado militarmente por los Estados Unidos. Una parte de la tierra cultivable pasó a manos de estadounidenses. Las tropas yanquis reprimieron duramente las protestas y la rebelión que tuvieron lugar en esos años. Al abandonar el país, los estadounidenses habían creado las condiciones para la dictadura sanguinaria de Duvalier con sus tonton macoutes, entrenados por el invasor. Y cuando Haití ha tenido la oportunidad de enderezar su existencia colectiva con varias victorias en las urnas de Aristide, éste ha topado una y otra vez con interferencias externas.

La historia interna de Haití ha sido también resultado de luchas entre los antiguos esclavos de procedencia africana y los propietarios de tierras y esclavos, muchos de ellos mestizos y blancos, propensos a buscar alianzas con el exterior para preservar sus privilegios y a romper las reglas del juego para lograrlo. En esto no es una excepción en América Latina.

Haití es un compendio del trato infligido por el hombre blanco al resto de la humanidad. La atormentada historia de los haitianos y su situación actual no se pueden en absoluto atribuir sólo a sus errores, porque el país nunca se ha librado de interferencias externas. Tomar conciencia de esa historia puede ayudar no sólo a combatir el estereotipo racista habitual, sino también a reconocer una contribución ignorada y silenciada a la historia de la libertad moderna. Contribución que tiene la peculiaridad de no ser obra de europeos blancos, sino de ex esclavos negros de origen africano.

“Perseo se envolvía en un manto de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos tapamos con nuestro embozo de niebla los oídos y los ojos para no ver ni oír las monstruosidades y poder negarlas.” (K. Marx, prólogo a la primera edición de “El Capital”).

Fue Edward W. Said quien, a propósito de las culturas, se refirió a que éstas “están siempre constituidas por discursos mixtos, heterogéneos e incluso contradictorios, que ya nunca son en cierto sentido ellas mismas más que cuando no están siendo ellas mismas; en otras palabras, no adentrándose en ese estado de afirmación agresiva y chabacana hacia el que las orientan las figuras autoritarias que […] pretenden hablar en nombre de la cultura en su totalidad” (Reflexiones sobre el exilio, Debate, 2005, pp. 17 y 18).

La Unión Europea, y en el caso que nos ocupa España, como miembro de pleno derecho de la misma, así como Italia o Francia (quizá pronto Finlandia), se han erigido en algunas de esas “figuras autoritarias” que en materia de inmigración pretenden imponer una sola visión de la realidad social, homogeneizar normativas, comportamientos y hasta actitudes. Lo terrible es que ahora hablamos no sólo de culturas, lo que ya de por sí es grave, sino de la regulación de los derechos de personas, que además suelen encontrarse en situaciones de exclusión social o muy próximas a las mismas.

El legislador mayoritario español, socialdemócrata y conservador, “tuvo” que aprobar la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (en adelante LOEx), que entró en vigor el pasado 13 de diciembre de 2009, —decimos “tuvo” porque buena parte de la normativa novedosa de dicha ley, que no es menos restrictiva en derechos, provenía de la necesaria transposición de directivas comunitarias al ordenamiento español; y su único rasgo flexible en cuanto a libertades le vino impuesto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 236/2007 de 7 de noviembre)—.

Dada la naturaleza netamente procedimental de la materia regulada por dicha norma, ésta requería un desarrollo reglamentario que ha venido a ser colmado con la aprobación, en el Consejo de Ministros del pasado día 15 de abril de 2011, del Proyecto Definitivo de Reglamento de la LOEx (en adelante, Reglamento).

Nadie puede poner en duda que una disposición reglamentaria se encuentra sometida, en cuanto a su contenido, a los límites establecidos por la previa habilitación de la ley que desarrolla. Pero también es cierto que el Reglamento puede servir, a modo del uso del artesano que se ocupa de dar forma a su obra, para moldear la ratio legis descrita en los preceptos de la ley, engrandeciéndola o rebajándola, es decir, contribuyendo a dar un impulso a sus aspectos más progresivos o, por el contrario, a sus designios más abyectos. Por lo que se refiere al Reglamento, la abyección parece ser su leitmotiv, su estandarte.

En efecto, el desarrollo operado por el Reglamento de la LOEx se limita a poner en orden (un orden homologador) y a regular, mediante especificaciones exacerbadas —los artículos 47 y 54.1 a) y b), que cuantifican los medios económicos que debe acreditar un extranjero para la obtención de una autorización de residencia temporal o por reagrupación familiar, rayan en lo paroxístico—, el conjunto de nuevas medidas que la propia LOEx estableció al ser aprobada, y que continuaban la deriva iniciada especialmente desde la entrada en vigor de la nefasta Ley Orgánica de Extranjería 8/2000. A partir de esta norma, la regulación de la extranjería se ha orientado hacia un uso puramente mercantilista de la migración.

Para ello, el Reglamento establece el principio de control de fronteras como su verdadera clave de bóveda, cuando los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que, en el primer trimestre del año corriente, la diferencia entre altas y bajas en el padrón de los ciudadanos extranjeros volvió a ser negativa, con un total de 20.209 personas menos empadronadas (fuente: INE 2011). En gran medida, es la propia coyuntura económica la encargada de ordenar los movimientos de población extranjera.

Asimismo, el modo que tiene el Reglamento de regular institutos fundamentales de la extranjería es la mejor expresión de que su simbiosis con la LOEx, más que fruto de una necesaria adecuación jerárquica, es el resultado de la voluntad del legislador de convertirlo en el pilar normativo sobre el que se asiente la dura (y a menudo discriminatoria) práctica administrativa que afecta al diario desenvolvimiento de la vida de los inmigrantes en España. Así, la reagrupación familiar, que involuciona hacia fórmulas restrictivas en cuanto al ámbito subjetivo de los familiares reagrupables —artículos 53 e) y 54.1 )—; o la tutela judicial efectiva, en relación al modo de acceso del inmigrante al derecho a la justicia gratuita, cuando se ratifica el kafkiano sistema de información al inmigrante sobre la necesaria constancia expresa de su voluntad de interponer recurso —párrafo 2.º del artículo 15.1 c)—; o la denegación de entrada, al confirmarse por el Reglamento que continuarán produciéndose los actuales casos de rechazos de extranjeros no comunitarios en los puestos habilitados en la frontera española —las denegaciones de entrada tanto a ciudadanos extranjeros familiares de españoles como a familiares de extranjeros con residencia “legal” son especialmente obscenas (artículo 15)—; finalmente, produce bochorno la llamada al esfuerzo de integración que habrá de acreditar el ciudadano extranjero, mediante un informe positivo de la correspondiente Comunidad Autónoma donde éste habite, para ver mejoradas sus oportunidades de renovar su residencia (ya sea laboral o no lucrativa), como si no fuera ya suficiente requisito, para lograr dicha renovación, estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social, como cualquier otro ciudadano que no quiera ser sancionado (artículos 51.6, 61.7 y 71.6, entre otros).

Desde luego, el Reglamento apunta maneras que, salvando las oportunas distancias, nos recuerdan a otros infaustos momentos de la historia y a otras “geniales” ideas sobre la inmigración, como las de la ultraderechista Marine Le Pen en su indecente viaje a la isla de Lampedusa el pasado 14 de marzo de 2011 para “interesarse” por el inminente arribo a las costas italianas de miles de inmigrantes en busca de refugio tras los recientes sucesos revolucionarios en el mundo árabe. Propuso nada menos que alimentar desde el mar a los inmigrantes para evitar su desembarco.

Para comprender por dónde escoran los designios de las mentes que actualmente “idean”, desde Europa y en concreto desde España, sobre la “posmoderna” manera de regular la inmigración, no hay más que desgranar el Capítulo V del Título IV del Reglamento (artículos 85 a 96). Todo él está dedicado a articular un procedimiento, hasta ahora inexistente, de acceso a la residencia temporal y al trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE.

El capítulo es directamente tributario de la Directiva 2009/50 CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009 (DO L 155 18/06/2009), relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, que vino a definir los procedimientos de admisión de nacionales extracomunitarios con una alta cualificación, creando la llamada “tarjeta azul europea” que amplía y refuerza los derechos de estos trabajadores. No es que pensemos que estos profesionales no deban ser bien tratados normativamente en el desempeño de sus funciones. El problema es que quien decide qué normas se elaboran y se aplican para regular los flujos migratorios, no respeta ni pone en práctica los principios que señala como inspiradores de las mismas: los trabajadores especializados y de formación superior, ya privilegiados en sus países de origen, gozan en Europa de mejoras legales impensables para los no cualificados, poniendo de manifiesto que los principios de igualdad y no discriminación ceden siempre ante el interés económico.

En el caso de los trabajadores de alta cualificación, se facilita su admisión simplificándose los procedimientos, y se mejora el estatuto jurídico de los que ya se hallen en la UE (artículos 85 a 96); en el de los no cualificados, se mantienen los tradicionales procedimientos basados en la persecución, el hostigamiento y la adopción de decisiones muchas veces arbitrarias que en nada conducen a favorecer una auténtica convivencia entre personas de diferentes orígenes, culturas y procedencias geográficas (en muchos casos con una larga trayectoria en España y en Europa, y con intención de quedarse).

Sólo un ejemplo de todo lo anterior: el Reglamento exige —artículo 87.2 b)— que el salario bruto anual que debe ser especificado en el contrato de trabajo y que ha de incluirse en el expediente administrativo de la solicitud de residencia de un ciudadano extracomunitario cualificado, tiene que ser al menos 1,5 veces el salario bruto anual medio del país de acogida (en España, unos 23.000 euros brutos al año, lo que supondría unos 34.500 euros brutos al año para este trabajador). Ello implica un factor discriminatorio indudable respecto a los no cualificados, para quienes el mero reconocimiento de la necesaria adecuación de su retribución al Convenio Colectivo establecido por el artículo 64.3 c) no es en absoluto garantía del respeto a su salario legal (la experiencia demuestra que no son escasos los supuestos en que los inmigrantes se someten a trabajar por debajo de sus salarios legales para no perder sus puestos de trabajo, sin que la administración laboral, por carecer de los medios de control e inspección adecuados, evite estos abusos empresariales).

Por eso, en las mentes de quienes han elaborado el Reglamento en las cocinas del poder, “un simple inmigrante” siempre valdrá menos, en el imaginario mercado de valores de la inmigración, que un inmigrante cualificado (un “impatriado”, como tales mentes lo denominan). Así, este último, al adquirir la residencia fiscal española, durante seis años podrá compaginar los beneficios de la tributación por el Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR) junto con su condición de contribuyente por el IRPF, lo que le permite eludir tanto la tributación progresiva como la renta mundial del IRPF, pagando sólo el porcentaje correspondiente al propio IRNR por los rendimientos obtenidos en España y ahorrándose, en suma, una buena cantidad de dinero en impuestos. Se trata de un mecanismo introducido en nuestro sistema fiscal por la Ley 62/2003 de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, que se perfeccionó mediante la Ley 35/2006, también conocida como “Ley Beckham”.

Enlazando nuevamente con la idea expresada por Edward W. Said al principio de este texto sobre el carácter mixto y heterogéneo de las realidades culturales y la amenaza que sobre ellas se cierne desde posiciones autoritarias, podemos señalar que el hecho inmigratorio es un hecho social y culturalmente de primer orden. Apreciamos un proceder autoritario en el contenido del Reglamento que ha de regular este hecho, ya que la visión unívoca que tiene la norma de una realidad polimórfica como son las migraciones trata de determinar una interpretación totalizadora de dicha realidad, oscureciendo sus matices y cercenando sus posibles y distintos estados (que son los auténticos elementos que pueden enriquecer a la sociedad receptora de nuevas poblaciones humanas).

¿Cómo no caracterizar de autoritario un texto normativo como el que analizamos que, aunque prevé la suspensión de la ejecución del expediente sancionador de expulsión a una inmigrante en situación irregular cuando ha sido víctima de violencia de género, disuade a dicha víctima a la hora de formular la correspondiente denuncia contra su agresor al mantener la posibilidad de que se incoe dicho expediente? ¿Es jurídicamente sensato que se deje en manos de la autoridad policial la potestad de decidir la incoación del mismo en el propio momento en que se presente la denuncia sobre la situación de violencia (artículo 131)?

¿Qué otra orientación, si no la propiamente autoritaria, es la que se desprende de un Reglamento que no garantiza de manera permanente y desde el primer momento la asistencia letrada al inmigrante menor de edad inmerso en un procedimiento en el que se ventilan sus derechos (artículos 189 a 198), y que discrimina a hermanos menores de edad entre sí (hijos/as de residentes regularizados) según hayan nacido o no en España, otorgando automáticamente la residencia a los primeros y condenando a los segundos a permanecer irregularmente en territorio español durante dos años (hasta poder demostrar una “especie” de arraigo) para obtener dicha residencia (artículo 186)?

El gobierno se ha mantenido firme también en el régimen “no penitenciario”, como lo llama el Reglamento —pero en verdad plenamente carcelario—, de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), ya que no se regula el protocolo de acceso de las asociaciones civiles en dichos centros para controlar el cumplimiento de las obligadas condiciones humanitarias que deben reunir, a pesar de la habilitación creada por la LOEx en este sentido —artículo 62 bis.1 j) LOEx—, y sí se recalca el mantenimiento del abusivo incremento temporal de los días máximos de permanencia de un inmigrante irregular en el CIE (de 40 a 60 días) para hacer realidad su expulsión, introducido por la Directiva de Retorno de 18 de junio de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, que en tan mal lugar ha dejado a la cámara europea en cuestión de derechos humanos (artículo 258).

Con un texto de esta índole y extensión (266 artículos) nadie podrá negar las malas artes de este Reglamento, a menos que quien se interese por su análisis o quien se vea concernido por sus resultados —es decir, la sociedad en su conjunto—, quiera, a modo de un Perseo regresado, envolverse en un “manto de niebla” para hacer caso omiso de sus monstruosas consecuencias.

Economía “mourinhesca”

Se da por supuesto que la política económica está en manos de gente responsable. De instituciones, como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, con un amplio bagaje de conocimiento empírico y teórico de la economía que asesoran responsablemente a los gobiernos. De gabinetes técnicos que eligen a la gente más competente. De políticos sensatos que toman decisiones basadas en un buen asesoramiento. Sabemos, sin embargo, que muchos de estos supuestos son erróneos, insuficientes, inadecuados. Y lo sabemos no sólo por el trabajo de muchos científicos sociales críticos, que han puesto en evidencia muchos de los fundamentos teóricos en los que se basa la política económica dominante y han desvelado los intereses privados (o estatales según los casos) que se esconden detrás de muchas políticas, sino también por los comentarios de gente que ha ocupado puestos centrales en alguna de estas instituciones, como es el caso de Joseph Stiglitz. Hace apenas unos meses, el FMI ha hecho pública una información detallada que permite desvelar el tipo de procesos en virtud de los cuales se elabora realmente esta política.

Cabría esperar por tanto que, ante un fiasco tan evidente como la crisis financiera y la presencia de desequilibrios tan patentes en la economía mundial, cualquier persona con un mínimo de responsabilidad —políticos, teóricos, asesores— se pusiera a revisar la bondad de sus políticas y de sus análisis, y a reflexionar cómo cambiar las reglas de un juego que ya nos ha conducido a un desastre (sin tener en cuenta, claro está, toda la saga de desastres regionales que pueden contabilizarse desde 1980 para acá). No sólo nada de ello ha sucedido sino que, una vez pasado el primer espanto y salvado el sistema financiero, se vuelven a poner en marcha las mismas políticas que han generado la situación. Bajo otra marca —planes de rescate— se aplican las políticas del criticado Consenso de Washington. Se retoman la ortodoxia del déficit público cero y el tabú de los bajos impuestos como forma de garantizar “el crecimiento”. Más o menos como José Mourinho, incapaz de idear otro tipo de fútbol que no sea el cerrojo y la patada adelante, de impedir toda posibilidad de creatividad social. Y, como él, los responsables de la política económica tratan de ocultar sus fallos y su insensatez con cortinas de humo consistentes en acusar a las víctimas de sus errores. Sindicatos, parados y servicios públicos son acusados de males que ninguno de ellos ha provocado. Saben que es mentira, pero les sirve para enmascarar su vacuidad y sus intereses.

La continuidad de estas políticas puede explicarse por la conjunción de diversas dinámicas. Una, sin duda, es la de los intereses dominantes. Una vez pasado el soponcio y comprobada la escasa capacidad de reacción social, han reactivado la ofensiva de su modelo de economía depredadora. Algo que resulta evidente allí donde la crisis ha favorecido la llegada al poder de gobiernos conservadores (como en el Reino Unido o Catalunya) y donde éstos se han apresurado a promover reformas que favorecen intereses particulares, como las privatizaciones o las reducciones de impuestos a los ricos. La inercia institucional juega en la misma dirección: las instituciones económicas, incluidos la mayor parte de los centros de investigación y formación económica, llevan tantos años siguiendo los mismos enfoques y rutinas y compartiendo los mismos valores tácitos, que les resulta difícil realizar un cambio en profundidad. En gran parte se trata de una burocracia instituida a la que le produce vértigo cualquier revisión de sus políticas. Estamos ante una alianza perversa de intereses capitalistas y tecnocracia insensible.

Lo peor no es sólo que se promuevan las mismas políticas de siempre. Lo peor es que éstas sólo producen padecimientos sociales sin resolver ningún problema, o incluso agravándolos. A corto plazo, los costes del ajuste van a recaer sobre la población de los países afectados: recortes salariales, desmantelamiento de servicios públicos y de políticas sociales, aumento del desempleo... Pero estas mismas políticas que desarbolan la economía y la sociedad tampoco van a permitir que se cumpla el objetivo para el que están diseñadas: pagar las deudas. Simplemente, van a generar nuevas políticas de ajuste o provocar una nueva oleada de pánico financiero. Así como la obsesión por el superávit comercial (en el fondo, el objetivo latente bajo el mantra de la competitividad) no hace más que reforzar una carrera hacia abajo en que al final todo el mundo puede perder, ¿cómo podrá pagarse una deuda en un contexto de crecimiento de los tipos de interés, que además de gravar a los deudores puede revalorizar el euro y empeorar aún más los precarios equilibrios externos de muchos países europeos? Las élites alemanas han conseguido un enorme superávit comercial a costa de explotar sus nichos de mercado y de reducir su consumo interno (sobre todo el de las clases trabajadoras, que han experimentado sustanciales recortes salariales). Han exportado el paro a sus vecinos (a los que compra menos) y ahora les exigen unos ajustes drásticos. Cabe esperar que el ajuste de estos países acabe por poner en peligro las mismas exportaciones alemanas e induzca de nuevo una dinámica recesiva. Desde el punto de vista de la economía convencional se nos están exigiendo sacrificios inútiles, o que simplemente satisfacen los intereses de unos pocos.

Debemos asumirlo: la junta directiva y el entrenador han enloquecido, han confundido sus intereses con los colectivos y pretenden que les aplaudamos el esfuerzo. No es hora de indignarse, sino de pasar a la acción. A la protesta y a la elaboración programática, a la resistencia y a la demanda de otras políticas. La crisis de la deuda sólo puede remediarse con una quita importante que afecte a los ingresos financieros que la han generado. El sistema financiero debe ser reestructurado, y jibarizado, en profundidad. Hay que incrementar los impuestos en la mayoría de los países, hacerlos más justos y reforzar la provisión pública de bienes. Debe emprenderse una transformación de las estructuras productivas, distributivas y comerciales para reducir los fuertes desequilibrios y orientar la sociedad en una senda de sostenibilidad y equidad universal. Basta ya de dejar el mando a expertos fracasados e intereses minoritarios, a iluminados que confunden el mundo real con sus esquemas de pizarra. Movilizarse es hacer frente a todo ello, en la calle y en cada centro de trabajo, para elaborar ideas, cultura, propuestas técnicas que nos permitan, de verdad, salir del mundo de malestar que nos venden cada día los profetas de la mala leche.

Productividad: cuestiones de medida

El nuevo lema de orden de la política salarial es que ésta debe basarse en la productividad. Es un tema de enjundia, merecedor de un profundo debate económico. Resultaría fatuo pretender liquidar la cuestión en unas pocas líneas. Más modestamente, pretendo plantear unas pocas cuestiones que creo importantes a la hora de discutir el tema.

Cuando se dice, de forma genérica, que los salarios deben acomodarse a la productividad, no se nos aclara en qué ámbito se plantea la proposición. A escala del conjunto del país, los salarios deben variar en función del aumento de la productividad; en el ámbito de la empresa, según le vaya a cada una, y a escala individual, según la aportación de cada cual. Del ámbito que escojamos dependerá un tipo u otro de política salarial, aunque las tres esconden peligros y falacias.

Incrementar los salarios en función del aumento de la productividad del país (al igual que ahora se calcula el IPC para medir el alza de los precios, se puede estimar cuánto ha crecido la productividad total del país) puede tener algún sentido. Todo el mundo ve mejorado su salario en un porcentaje equivalente a la mejora de la eficiencia social. Las empresas que han aumentado su eficiencia menos que la media se ven castigadas y alentadas a mejorar su situación, y las que son más eficientes resultan premiadas. Quedan, sin embargo, algunos flecos por considerar. Si hay inflación y los salarios sólo crecen según el aumento de la productividad, toda el alza de precios va a parar a manos de los empresarios. Por esto la regla tradicional es que los salarios aumenten al mismo ritmo que el incremento de la productividad más el de los precios, es decir, que el salario real aumenta igual que la mejora de la productividad (pues el alza de los precios simplemente permite mantener el salario real anterior). Es, con todo, una norma conservadora, puesto que da por supuesto que la distribución de la renta entre salarios y beneficios es justa, cosa discutible por muchas razones.

Por último, hay que ser cautos en lo del aumento de la productividad por varias razones. Me remito a las dos más claras. Si contamos la productividad por persona (PIB partido por trabajador), podemos olvidar cuestiones relevantes: que el crecimiento se haya debido no a la eficiencia sino a un alargamiento de la jornada laboral o la intensificación de ritmos, que los cambios en el uso de la capacidad productiva de las empresas provoquen errores de medida, etc. En otro orden de cosas, una parte de lo que llamamos “crecimiento de la productividad del trabajo” se ha debido al uso intensivo de energía fósil, y si ésta fuera una fuente de energía inagotable e inocua, dicha valoración sería aceptable. Sin embargo, cuando consideramos la naturaleza de los problemas energéticos, hay que pensar que parte de nuestra mejora de la productividad laboral la estamos alcanzando a base de deteriorar nuestro marco ambiental, lo que obliga a plantear el debate en términos diferentes de los convencionales.

Aun así, teniendo en cuenta todos estos problemas, la norma de tomar los aumentos generales de productividad como pauta para los incrementos salariales podría tener alguna articulación aceptable y formar parte de una estrategia de fijación de un marco salarial justo.

Muchos más problemas plantean las otras dos versiones. Fijar los salarios según la productividad medida de cada empresa supone, de entrada, aceptar un inevitable aumento de las desigualdades sociales. Pero también implica más cosas.

En primer lugar, supone basar la rentabilidad de las empresas no en su eficiencia (algo de por sí discutible) sino en su política salarial, puesto que una empresa ineficiente siempre podría salvar los muebles trasladando su ineficiencia a costes salariales menores. Cuando oigo estas proposiciones siempre respondo lo mismo: puestos a adecuar los pagos de las empresas a sus condiciones concretas, defendamos que las tarifas de los suministros energéticos, del agua, etc. se paguen según la condición de cada cual, con lo que llegaremos al contrasentido de abaratar los precios a las empresas que son menos “productivas” en el uso de la energía, el agua, etc.

En segundo lugar, el argumento ignora otra cuestión crucial, y es que el mundo empresarial real no está formado por millones de empresas que compitan en pie de igualdad, sino por estructuras empresariales complejas que mantienen entre sí relaciones de poder económico desigual. Escójase el sector que se quiera —la industria del automóvil, la construcción, la confección textil— y podrá advertirse que el producto final es el resultado de la actividad de muchas empresas que cooperan entre sí en pie de desigualdad, que los procesos de subcontratación en cadena y externalización ocultan desigualdades entre empresas que se reflejan en sus precios relativos. Así pues, las empresas que se encuentran en la posición central están en mejores condiciones de explotar su poder de mercado, por lo que están en mejor posición de captar los aumentos de productividad que el resto, y, por consiguiente, habrá aumentos de salarios diferentes en función del poder relativo de la empresa en la que se trabaje.

Aún más aleatorio y discutible es el cálculo de la productividad individual. En la mayor parte de las actividades, el trabajo es una cuestión de equipo, y dilucidar cuál es el papel de cada cual es siempre una cuestión controvertida. Los economistas convencionales alegan el principio de productividad marginal: cuánto varía la producción cuando varía una unidad de trabajo (más o menos, cuánto va a variar la producción total si agregamos o suprimimos un trabajador). Parece sencillo, pero en la práctica no funciona casi nunca. Voy a plantear un ejemplo extremo, extraído de mi propia experiencia laboral, para que se vea la dificultad. Supongamos que mi clase es un producto, que tiene un valor (si mi universidad fuera privada y cobrara a tanto la clase, éste sería el valor de su producto). Si un día no aparezco para impartir clase, ésta no tiene lugar, con lo que el valor es cero (la universidad debería devolver el precio cobrado) y todo el valor de la clase se me asigna a mí. ¿Seguro? Un día se produjo en mi facultad una huelga de limpieza, una actividad que parece invisible pero que es crucial. Ese día, el decano tuvo que dar la orden de cerrar las clases porque se planteaba un grave problema sanitario en los lavabos. La clase no tuvo lugar porque faltó la persona de la limpieza, así que, aplicando el criterio de la supresión de un empleado, deberíamos asignar a esta persona todo el valor de la clase. Otro día iba a empezar la clase y se produjo un apagón, y como era una tarde de octubre, la clase se suspendió. Si pensamos que había un empleado de la compañía eléctrica responsable del sistema, todo el valor de la clase se lo deberíamos aplicar a él. Como se ve en los dos últimos ejemplos, la aplicación del criterio de la productividad marginal suena más extraño que en el primero (¡todo el mundo sabe que el profesor es básico!, dirían muchos). Lo que ocurre realmente es que para realizar la clase hace falta que esté yo, que la persona que limpia haga su trabajo y que el empleado de la compañía eléctrica haga el suyo (y que el conserje se preocupe de dejar el material docente a punto). Lo que cada uno aporta es difícil de medir con precisión. Nuestros salarios están determinados en gran parte por convenciones sociales; a mí se me supone mucho más productivo porque me deben pagar un salario/hora entre cinco y seis veces mayor que el del personal de limpieza, pero nadie sabe medirlo con precisión. De hecho, si en lugar de profesor titular fuera un asociado, mi sueldo estaría más cerca del de las personas que limpian a pesar de que mi tarea fuera la misma.

La historieta sirve para ilustrar que el cálculo de la productividad individual es siempre impreciso, sujeto a múltiples controversias. Y que lo que a menudo subyace bajo la presuntamente respetuosa demanda empresarial de pagar según la productividad, es el deseo de obtener el poder de pagar a cada cual según los intereses de la dirección, abrir la vía para diferenciar salarios de forma injusta, fomentar el individualismo de los trabajadores, etc.

Si nos hablan de productividad, hay que empezar por exigir criterios de medición. Por exigir, por ejemplo, que nos digan cómo se mide la productividad de los altos directivos con sueldos obscenos, planteando otras cuestiones que también deben tenerse en cuenta a la hora de fijar los salarios (horarios indeseables, penosidad, etc.), y discutiendo asimismo las formas de organización y trabajo, los mecanismos de reconocimiento social y profesional que legitiman las desigualdades. Socialmente, es bueno que nos preocupemos por la eficiencia y el trabajo bien hecho. Pero éstos, más que por la fuerza competitiva, se consiguen por medio de la cooperación, mediante el sentido de responsabilidad hacia los demás y la satisfacción que procura el sentirse parte de una sociedad equitativa. En cambio, uno más bien intuye que las demandas de fijar los salarios individuales según la productividad van en el sentido contrario, en el de ahondar en la selva de desigualdades e iniquidades enquistadas en nuestra sociedad.

La derecha “civilizada” y catalana de Artur Mas y su Convergència nos suministra un anticipo en miniatura de lo que haría el Partido Popular si llegara a gobernar.

Los convergentes catalanes no se han cortado un pelo para suprimir las cámaras de vigilancia en las comisarías de su policía, instaladas por el gobierno anterior para garantizar la integridad de las personas frente al exceso de celo o de prepotencia de los agentes.

Eso significa que las garantías individuales son hoy en Cataluña tan finas como el papel de fumar. Y se acercan, casi inevitablemente, tiempos de represión.

Su segunda política ha sido un recorte drástico de las estructuras sanitarias catalanas, en vez de la política de reducción de las listas de espera del gobierno anterior.

Los servicios de salud están inevitablemente abocados a empeorar. Lo denuncian todas las personas que trabajan en los servicios médicos. A los dirigentes convergentes no les importa: ellos siempre tendrán una llave de paso para ser atendidos en condiciones prioritarias. Su mundo está montado así.

El gobierno convergente tiene una excelente muleta torera para capear las inevitables protestas. Un capote que se llama “Madrid”.

Si gobernara el PP veríamos el mismo panorama a escala de toda España: policía para reprimir, tijera para recortar todo tipo de prestaciones, venta de los bienes públicos a los amigos y, como capote de faena, “la herencia” del gobierno anterior.

Al Lobo no le cabe duda de que el analfabetismo político español, visible en las tertulias radiadas o televisadas en que sólo se habla de los epifenómenos de la política, y visible también en los comportamientos de mayorías de personas con una considerable empanada social —desde los supuestos ricos que compraron lo que no podían pagar a las juventudes tatuadas y discotecadas que no han abierto un libro en su vida—, puede llevarnos a una larga temporada de esperpento. A un mundo en que multitudes actuarán políticamente contra sí mismas. A un harakiri nacional.

Ya no hay en la práctica derecho del trabajo. Aparte del paro, que supone disciplinamiento social, la facilidad para el despido —incluido el despido de enfermos, por ejemplo— hace que casi nadie se atreva, en las empresas, a protestar. Ahora la gente va enferma al trabajo por temor al despido; las normas de seguridad e higiene no se respetan ni —casi es peor— se invocan. Se ha impuesto la ley del silencio porque trabajar es mejor que estar parado. Y empresas que no invierten tratan de ligar los salarios a la productividad —un incremento de la explotación—. Por lo demás, ¿qué joven o no tan joven de hoy tendrá una pensión de jubilado? Para acabar de componer el panorama, se malvende el patrimonio social, colectivo, acumulado durante décadas.

No nos engañemos: tanto el PSOE como el PP tratan de cerrar la crisis creada por la política neoliberal con más política neoliberal.

La pregunta es cuánto aguantará la buena gente; cuánto siendo minoría social. Y hasta cuándo será paciente. Porque el ahogo es ya insoportable para muchos, pero para muchos menos que los que tendrán que alzarse y actuar para defender un proyecto social sustentable y además productor de equidad.

Catalunya contra los recortes

El flamante gobierno convergente (“de los mejores”, según pomposa autodenominación) está utilizando el ajuste fiscal en teoría impuesto desde el exterior (ya se sabe: los etéreos mercados financieros y el pérfido gobierno central, las hipotecas dejadas por el pérfido tripartito) para practicar recortes en el gasto sanitario, educativo y social. A poco que uno se fije, es evidente que no se trata sólo de un “doloroso pero necesario recorte impuesto por las circunstancias”, sino de utilizarlo como una medida para avanzar en su apuesta privatizadora; en especial en el ámbito de la sanidad, donde hace muchos años que el sector de las compañías privadas (aseguradoras, mutuas, operadores privados) viene exigiendo una política que le permita aumentar su parte del pastel aun a costa de empeorar los niveles de salud del conjunto de la población. (No hay que ser muy dogmático para ver que esto es lo que ocurre en los países donde predomina la sanidad privada.) No es algo nuevo: de hecho, la política sanitaria de CiU siempre estuvo orientada a dejar mucho espacio al sector privado (entre otras cosas, destinó muchos millones de euros a salvar empresas privadas ineficientes como el Hospital General de Catalunya y la Aliança). Es un modelo que el gobierno tripartito fue incapaz de rectificar. Sin embargo, lo que ahora se plantea es un recorte tan brutal que resulta patente que, en caso de ponerse en práctica, generará a corto plazo graves problemas a mucha gente.

Quizá la buena noticia es que la sociedad catalana ha reaccionado con prontitud. Por primera vez, un gobierno ha tenido que soportar una manifestación importante (20.000 personas) a los cien días de estar ejerciendo el poder. La respuesta ha partido del propio sector sanitario, pero ha tenido un amplio eco social. Los sindicatos sanitarios han utilizado su relación con los pacientes para informarles del impacto de los recortes. Las presiones han llegado hasta la cúpula de las organizaciones médicas, que han acabado por protestar. Y los sindicatos lanzan una convocatoria para el próximo 14 de mayo que debería ser un punto de reforzamiento de la dinámica social.

Hay varias cuestiones relevantes en este proceso. Una es que la movilización ha sido impulsada por colectivos laborales, especialmente el sanitario, que hasta ahora habían sido reticentes a las movilizaciones contra las reformas impuestas bajo la excusa de la crisis. Es posible que haya bastante de corporativismo en esta respuesta. Pero también indica que estamos ante una nueva fase de la crisis. Mientras que hasta ahora la destrucción del empleo se había cebado en los trabajadores manuales (construcción e industria), los recortes del gasto público van a afectar a los asalariados de clase media, que van a descubrir que, como ocurre en los procesos represivos, al final también ellos serán víctimas. Además, el propio carácter de la actividad, la necesidad de obtener apoyo social, fuerza a mantener un discurso social que trasciende el espacio corporativo. Es una buena oportunidad para alterar dinámicas sociales.

En segundo lugar, los sindicatos, principales impulsores de las movilizaciones, han entendido que el reto va mucho más allá de su propia entidad. Y por ello han empezado a tejer una red de contactos y alianzas con otras organizaciones sociales, vecinales, de padres y madres de alumnos, de defensa de la sanidad, etc. para alcanzar una mayor densidad de convocatoria y movilización. Se abren, por tanto, algunas posibilidades para iniciar una nueva dinámica social.

Para que ésta prospere habrá que trabajar en muchos campos. Y saber hacer frente a los discursos que emanan del poder para justificar las medidas. De un gobierno autonómico que combina el economicismo (se nos dice que es un recorte necesario para “crecer en el futuro”) y el victimismo (“la culpa es de Madrid”, un argumento que se legitima por el cicatero tratamiento que mantiene el gobierno Zapatero) para eludir sus propias responsabilidades. Sortear estos argumentos es posiblemente una de las cuestiones básicas que debe ser capaz de resolver un movimiento que pretende impedir que la crisis derive en un verdadero desmantelamiento de los derechos sociales básicos.

La directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza: ¿una medida discriminatoria?

El 4 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva 2011/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Esta directiva persigue la seguridad jurídica del ciudadano que requiere asistencia sanitaria transfronteriza (tanto los gastos generados por la asistencia sanitaria en otro Estado miembro, como los gastos de la receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios). También promueve la cooperación entre estados miembros (respetando las competencias nacionales en materia de organización y prestación de asistencia sanitaria) y aclara la coordinación de los sistemas de seguridad social, ya recogida parcialmente en el Reglamento en el (CE) n.º 883/2004.

La UE no está legitimada ni pretende crear un sistema sanitario europeo; tampoco modifica las condiciones de la asistencia sanitaria, dado que la competencia en materia de organización y gestión sanitaria continúa siendo de los estados miembros. La directiva es un intento de conseguir que los ciudadanos con cobertura sanitaria en un Estado miembro puedan recibir asistencia sanitaria en otro Estado miembro. A pesar de que este dato es positivo, sobre todo para los pacientes con enfermedades raras para las que sólo existe tratamiento especializado en pocos estados, el interés del paciente sigue sin tenerse suficientemente en cuenta.

En primer lugar, sorprende la falta de reglas claras sobre cuándo se aplicará el reembolso (regla general) y cuándo podrá exigirse el pago directo del Estado de afiliación al Estado que concedió la asistencia sanitaria. En este punto, no sólo concede un margen de discrecionalidad demasiado amplio a los estados, sino que además permite la discriminación de personas sin recursos suficientes para adelantar el pago de determinados tratamientos. Pero mucho menos comprensible resulta la utilización del reembolso en los casos que requieran autorización previa (tratamiento especializado u hospitalización), porque, una vez autorizada la asistencia transfronteriza, el gasto correrá a cargo del Estado de afiliación, y dado que los tratamientos que requieren autorización suelen ser los más caros, el acceso a este tipo de asistencia transfronteriza queda limitada a personas con recursos suficientes. Si tenemos en cuenta que, según la directiva, cualquier Estado miembro puede denegar la autorización previa cuando el paciente o la población pueda correr un serio riesgo de seguridad, cuando se dude de la calidad del proveedor de la asistencia o cuando la asistencia pueda prestarse en el Estado miembro de afiliación dentro de un plazo de tiempo razonable, hubiese sido recomendable fijar un organismo neutral que valore las razones de la denegación del tratamiento en cuestión y la calidad del mismo.

En segundo lugar, la directiva tampoco fija el tiempo exacto que debe tardar el Estado en reembolsar, lo cual es otro perjuicio para el paciente sin recursos.

En tercer lugar, aunque la directiva insta a los estados miembros a crear un organismo de información nacional para los pacientes, no se les obliga a hacerlo en un plazo de tiempo razonable, lo cual puede suponer un grave perjuicio al derecho de información del paciente.

Otro punto muy preocupante es el de la protección de datos, ya que hay sectores que opinan que, para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria transfronteriza, se requiere la transferencia de datos personales relativos a la salud del paciente. En algunos estados miembros, como España, la regulación referente a la protección de datos sanitarios es muy estricta, pero hay otros en que los datos sanitarios pueden compartirse con actores varios, como las aseguradoras. Por lo tanto, el deseo de que en un futuro se compartan los datos sanitarios entre todos los estados miembros podría suponer el riesgo de acabar aplicando la legislación menos restrictiva a los datos del paciente, lo cual, sin duda, sería muy perjudicial (sobre los estándares mínimos europeos en materia de protección de datos, véase el siguiente enlace:
http://www.easp.es/web/documentos/InformesOSE/00014531documento.pdf).

Por último, no deja de ser curioso que, antes de la presente directiva, la discriminación radicara en la dificultad que vivían los ciudadanos europeos enfermos para desplazarse dentro de la UE, frente a los ciudadanos europeos sanos, que gozaban plenamente de la libertad de circulación de personas. Ahora, tras la aprobación de la directiva, la discriminación pasa a colocarse entre los ciudadanos europeos enfermos con recursos y aquéllos sin recursos, es decir, entre los que pueden adelantar el pago de un tratamiento en otro Estado miembro y los que no. Si la UE ansía tanto la coordinación entre los sistemas sanitarios europeos, ¿por qué se ha centrado en el reembolso y no en el pago directo de los tratamientos? Sin duda, la directiva da un paso adelante importante en cuanto a la seguridad jurídica de los pacientes. Sin embargo, parece que el miedo de los estados miembros a la intrusión en sus sistemas nacionales de salud ha paralizado las ambiciosas metas integradoras y ha puesto mayor interés en prevenir el turismo sanitario que en la obligación de proteger y fomentar la salud de los ciudadanos europeos.

Los estados miembros tienen treinta meses para transponer la directiva; esperemos que lo hagan de manera eficiente, respetando su esencia y concediendo por fin al paciente (es decir, a la persona) el protagonismo que se merece.

Tony Judt
El refugio de la memoria
Taurus, Madrid, 2011, 248 pp. (edición en catalán por La Magrana)

En el boletín de enero, un servidor dio cuenta del libro de Tony Judt Algo va mal, una reflexión dura y honesta acerca del evidente declive de la socialdemocracia europea. Ahora, del mismo Judt, se señala El refugio de la memoria, una recopilación de textos autobiográficos que el historiador británico redactó antes de morir en 2010 por una parálisis muscular progresiva. Se trata, pues, de un testamento vital en el que el autor repasó su vida de forma asistemática pero incisiva, y que le sirvió de excusa para volver a analizar algunos de los fenómenos y movimientos colectivos que han marcado los últimos cincuenta años: el 68, el auge y la desaparición del intelectual comprometido en política, Israel y el conflicto de Oriente Medio, el estilo y el nivel de vida occidental después de 1945 o el surgimiento de la educación de masas. La pluma de Judt era afilada y su vivacidad intelectual, más que notable, por lo que el lector hallará en este libro una serie de consideraciones que le harán meditar sobre el legado sociopolítico del siglo pasado. Sin la menor duda, recomendable.

Más allá de la anécdota Berlusconi, y del catálogo de noticias televisivas sobre la salud italiana, hay toda una serie de manifestaciones sociológicas, politológicas y jurídicas de fondo, allende el sensacionalismo inmediato, que pueden y deben ser comprendidas a través del análisis teórico de nuestros sistemas político-jurídicos. Dicho de otra manera: en tanto noticia, el fenómeno Berlusconi es una singular aberración italiana; en el contexto teórico-fenoménico, es una posibilidad del universo occidental, un monstruo más de su razón y, por ende, un monstruo también de la razón española. Nosotros tenemos también nuestras singularidades aberrantes, aunque todavía no han logrado superar lo que es su propio provincianismo intelectual, pero todo se andará. Por ello, debemos hacer realidad la máxima orteguiana de saber a qué atenerse. Sirva el libro de Luigi Ferrajoli Poderes salvajes como toque de atención a lo que puede ser, y que está siendo ya.

La obra se divide en cuatro capítulos subdivididos a su vez en cuatro epígrafes. El primero se titula “El paradigma de la democracia constitucional”. En él, L. Ferrajoli desarrolla no un modelo democrático entre otros sino lo que, según él, es el único modelo propiamente democrático. Razona de la siguiente manera. La democracia procedimental, que genera legitimidad mediante ciertos mecanismos que posibilitan la expresión de la soberanía popular, debe ser limitada en sus decisiones y, por ello, también legitimadas éstas, en virtud del catálogo de derechos fundamentales declarados en las constituciones nacionales, en tanto esfera de lo políticamente indecidible. La democracia procedimental o democracia política, al encontrar legitimidad únicamente en el consenso popular, puede llegar a dar ocasión a un verdadero proceso deconstituyente, como el que se está produciendo desde hace años en el país italiano, y más cuando a ello se le suma una sistemática perversión de la conciencia cultural liberal. Radica ahí una aporía. El procedimiento democrático no puede garantizar por sí mismo una democracia política o procedimental, en tanto en cuanto los mismos derechos democráticos, políticos, civiles y sociales, condición sine qua non de toda democracia, puedan ser en la práctica abolidos (y de hecho están siendo materialmente abolidos) por la fuerza legítima del consenso popular. La aporía se resuelve mediante la recomposición lógica del concepto de democracia. Dicha recomposición se da mediante la unión, cuya disociación supone la disolución lógica del concepto, de democracia política y democracia sustancial. La democracia sustancial es un “qué” preordenante que posibilita, en tanto condición necesaria, la democracia política. A su vez, es un contenido sustancial que deslegitima las decisiones políticas cuando se vuelven contra esta sustancia constitucional. El paradigma de la democracia constitucional es el único paradigma democrático, en tanto en cuanto el anticonstitucionalismo es per se antidemocraticismo, y preámbulo del fascismo.

Una vez asentado el concepto sobre esta fundamentación lógica, los dos capítulos siguientes (“La crisis por arriba de la democracia política” y “La crisis por abajo de la democracia política”) llevan a cabo una descripción de las numerosas actuaciones legislativas hechas al amparo de la mayoría (que no es tal: la Ley electoral 270/2005 permite, entre otras cosas, que haya una mayoría absoluta cuya base real es tan sólo el 20% de los electores), señalando al unísono su dolosa conexión lesiva con los derechos fundamentales.

Dicha conexión entre hecho y lesión se resuelve en un entramado teórico que viene a dar sentido explicativo al quehacer sociopolítico italiano, a su latir actual mismo. Ese tejido teórico explicativo, que conecta los hechos inmediatamente asépticos y arbitrarios, al menos para el mero espectador —no para el teórico—, con su finalidad nada casual sino más bien causal, conforma el seno fenoménico —como la ciencia climatológica lo es de los fenómenos climáticos— de la serie de fenómenos que se tratan en los respectivos epígrafes de sus capítulos, como son el populismo identitario y el patrimonialismo populista, la partitocracia, la homologación de los programas políticos o el nihilismo político, la decadencia moral; todos ellos en el marco teórico del anticonstitucionalismo.

El capítulo final, previo a una ulterior conclusión breve sobre el futuro de la democracia constitucional, da cuatro órdenes de garantías como remedio frente al azote populista y anticonstitucional: un método electoral proporcional, un régimen de incompatibilidades que prohíba los condicionamientos impropios, por ejemplo, entre intereses privados y públicos, un régimen de democracia interna y de democracia participativa, y la reforma del sistema de información. Información de los mass media que en Italia a día de hoy consiste, entre otras cosas, en narrar supuestos complots comunistas provenientes de las magistraturas contra Il Cavaliere, legitimando así su cruzada en pos de la más absoluta impunidad.

Espacio web para el cierre de la industria nuclear, el ahorro, la eficiencia y el 100% de energías renovables.

Los gastos de la coordinadora se autofinancian por contribución solidaria de las personas que disponen de recursos económicos. Para adherirse a la coordinadora no hay que pagar cuotas, tan sólo se debe estar de acuerdo con la necesidad de proceder a un cierre urgente y ordenado de las centrales nucleares, y con los principios que forman la NUEVA CULTURA de la ENERGÍA: el ahorro, la eficiencia y un sistema de generación basado 100% en energías renovables. Para formar parte de ella hay que enviar un mensaje a tln-nce@pangea.org

mientras tanto
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Invierno 2010

115

OBAMA, LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA
Andreu Espasa

CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU

Michael T. Klare

SOBRE EL PICO DEL PETRÓLEO. ENTREVISTA A ROBERT H. HIRSCH

Matthieu Auzanneau

ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL

José Antonio Yturriaga Barberán

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO

RELIGIÓN Y FE HOY. UNA APORTACIÓN AL FORO MUNDIAL DE TEOLOGÍA Y LIBERACIÓN

Jaume Botey

IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO LAICO

Juan José Tamayo

ATEISMO Y LAICIDAD

Joan Carles Marset

SOBRE LAICISMO Y EDUCACIÓN

José Manuel Barreal

CONTRA LA AUTONOMÍA FEMENINA: EL ABORTO COMO MATERNIDAD NEGADA

Antonio Giménez Merino

CUESTIÓN DE PALABRAS

Álvaro Salvador

CITA

Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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