Garzón & Cia., amb “g” de GAL

Que el traïdor general republicà, el generalísimo Franco, ho va deixar tot atado y bien atado és d’una obvietat gairebé insultant; com les motos  que ens ven la classe política institucionalista, la classe política que ha bastit el seu adinerament en la reforma de la forma institucional franquista, dictatorial.
Poc els ha costat adoptar mesures de dret contra l’amenaça terrorista omnipresent. Setanta anys enrere el dimoni era rojo, masón y separatista. Avui, qualsevol pot ser un terrorista. Qualsevol que no pensi (i actuï) com ells.
Essencialment (i formalment) no trobo les diferències que separen els para-militars que van acompanyar Franco durant quaranta anys, els que van acompanyar Arias Navarro-Suárez-Calvo Sotelo (Triple A, Cristo Rey, BVE,…), els que van acompanyar Felipe González-Señor X (GAL) i els que acompanyen el duet PP-PsoE d’aquesta última dècada. Sí, amb el pas dels anys la metodologia se sofistica; però això, només  el mètode.  La resta  de  partits netament institucionalistes es mostren clarament com a simples lobbies fent el  joc a un Alzamiento Nazional que encara no s’ha enderrocat.
Quotidianitats: A Osona (que podria ser a qualsevol part del territori català) el PsoE-CiU-ERC-PxC homenatgen amb una gran rebuda (sopar inclòs) als Borbón que van jurar fidelitat al Movimiento. Una bona colla de catalans, no fa pas tant de temps, van ser perseguits per cremar-ne unes fotos. En Franki de Terrassa és a la presó. La conculcació de drets civils i polítics, la tortura i la coacció a la llibertat d’expressió és una pràctica accentuada  a España tal i com denuncien, també, diferents organismes internacionals i organitzacions independents i prestigiades.
Ynestrillas, Amedo, Domínguez,… tenen el relleu en Garzón, Grande-Marlaska,…

…+…

Juan Mari Zulaika informático

Los GAL se visten de toga

Tras repasar el recorrido del
terrorismo de estado a lo largo de la llamada transición democrática, y
considerando los GAL un paradigma del mismo, Juan Mari Zulaika analiza
la evolución de los métodos del Estado, con actuaciones claramente
antidemocráticas pero elevadas a rango de Derecho. Curiosamente, la
metodología actual del Estado coincide con la prioritaria para los GAL:
el secuestro, hoy día «de guante blanco».

Nadie pone en duda que los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) son un ejemplo paradigmático del
terrorismo de estado. En el posfranquismo pulularon grupos armados,
apoyados siempre en el entorno de las Fuerzas de Seguridad. Gustaban de
autoetiquetarse como antiterrorismo. A la cabeza, los GAL, organización
creada por las altas instancias del Gobierno de Felipe González y
sufragada generosamente por los Fondos Reservados del Estado. En un
periodo de cuatro años ejecutó 27 asesinatos, aparte del chapucero
secuestro de Marey. Pero los responsables no eran los policías Amedo y
Domínguez, ni sus mandos intermedios, todos ellos mercenarios bien
pagados, sino que ejecutaban órdenes de autoridades políticas que iban
desde Damborenea, secretario del PSE, y Sancristobal, Gobernador Civil
en Bizkaia, hasta el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el
secretario de Estado, Rafael Vera. Al frente de todos ellos el señor X,
que por todos los indicios apunta al mismísimo presidente del Gobierno
socialista, Felipe González.

Aunque se cortó la investigación, los mencionados cargos, entre
otros, fueron condenados por secuestro y usurpación de fondos
reservados. Paradójicamente, dirigió la acción judicial Baltasar
Garzón, quien se vengó así de los socialistas por no haberle nombrado
ministro. Antes de dos años, Aznar los liberó de la cárcel. No apeló
esta vez a «los autores intelectuales de la trama» ni les aplicó la
muletilla de «condenen ustedes. el GAL». Tampoco él lo veía mal. Para
lograr su objetivo de «váyase» bastaba el saqueo generalizado a las
arcas por altos cargos socialistas.

Ni a sus veinte años de recorrido, fue capaz la
transición democrática de depurar a fondo las responsabilidades por el
terrorismo de estado impulsado por los socialistas con la ayuda
inestimable de miembros de las Fuerzas de Seguridad, herencia del
franquismo. Epílogo natural de éste, fueron los GAL otro episodio más
de guerra sucia, sólo que en plena transición democrática.
Lamentablemente, también se cerró en falso. Y el Estado, que es tres
poderes en uno, como la Santísima Trinidad, puede apoyarse en los
poderes legislativo y judicial, los cuales, por independientes que se
proclamen en teoría, se dejan amañar en interés propio. Es sencillo
disfrazar el terrorismo de Estado de estado de Derecho, siempre que los
dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, se avengan a ello.

Y vaya si se avinieron. Sucedió en el Acuerdo por las Libertades y
contra el Terrorismo sellado entre los dos el año 2000. La idea se la
vendió a Aznar desde la oposición el propio Zapatero. Así reaccionaron
al miedo que les entró en el cuerpo a raíz del Pacto de Lizarra-Garazi.
Incurrieron justo en lo que le reprochaban a aquél. El Acuerdo es el
paradigma del bipartidismo, un pacto de hierro entre dos, excluyente y
groseramente antinacionalista. Acusa de connivencias a PNV y EA y les
exige «la ruptura formal con el Pacto de Estella» para ser democráticos.

Araíz de la negociación del PSOE con ETA, se habla
de la ruptura del acuerdo. Yo no lo creo así. Está vigente mientras
siga en pie la secuela de leyes a las que dio origen. Por esta vía se
elevarían a rango de Derecho pasadas actuaciones como la del
encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB (1997) y del cierre del
periódico popular «Egin» (1998).

La primera y madre de todas fue la Ley de Partidos aprobada el año
2002. Achacando de ambigua la anterior Ley de 1978, la nueva extiende
la ambigüedad ad infinitum en la dirección buscada de facilitar la
ilegalización o suspensión de los partidos que resulten más incómodos.
Los siguientes años, hasta hoy, serán testigos de su nefasta
aplicación, que hundirá la escuálida democracia de España a los mínimos
más bajos de toda la transición. A pocos meses, en marzo de 2003, el
Tribunal Supremo ilegaliza a EH-Batasuna acusándole de «apoyo a la
banda terrorista ETA». En las elecciones municipales y forales de 2007
anulan 133 candidaturas bajo las siglas de ANV con la cantinela
«colaboración con Batasuna», o sea, con ETA, según su regla de tres. En
unas localidades se les da pase y en otras se les niega, no se sabe si
aleatoria o interesadamente, a falta de razones jurídicas objetivas.
Prima la arbitrariedad al servicio de los intereses políticos. Tras el
asesinato de Isaías Carrasco, las famosas mociones éticas y de censura,
impulsadas por el PSOE y el PNV en un acceso de celo, intentarán dar el
puntillazo a las alcaldías de ANV, sin lograrlo. El embate definitivo
está a la vista. El omnipresente Baltasar Garzón suspende de
actividades a EHAK y ANV, y la Fiscalía tramita su ilegalización. Para
lección a los partidos, el juez Garzón ingresa en la cárcel a la
rebelde alcaldesa de Arrasate por incumplimiento de la suspensión
dictada por él.

Tras el fracaso de la negociación, la maquinaria
judicial encarcela a Otegi y seguido a toda la cúpula de Batasuna.
Curiosamente, la judicatura esperó a que se levantara la mesa de Loiola
para enchiquerarlos a todos. ¿Motivos? Habrá que buscarlos en la Ley de
Partidos, no en los manuales de Derecho. Encarcelaron también a los
líderes de las organizaciones juveniles Segi, Haika, Jarrai…

La teoría del «entorno y el entorno del entorno = ETA», que no es
exclusiva de Mayor Oreja, sino que asoma en los supuestos de la Ley de
Partidos, además de imponer vía cárcel el apartheid político a la
cúpula abertzale, extiende la represión a círculos más amplios. Cierra
multitud de «herriko tabernas» y empresas. Cierra el periódico en
euskera «Egunkaria» y procesa, tras torturarlos y encarcelarlos, a su
dirección. A aquéllas les acusa de recaudar fondos para ETA y al
periódico de recibirlos. La Audiencia Nacional inaugura el macrojuicio
18/98 que, rompiendo moldes de la práctica judicial universal, procesa
en tropel a 52 miembros pertenecientes a distintos grupos,
secuestrándolos durante más de un año en la Casa de Campo de Madrid. A
46 de ellos se les aplican 527 años de condena. Sin perder carrerilla,
en vista de lo efectivo del medio, recientemente abre otro macrojuicio,
el 33/01, contra 27 miembros de Gestoras de Amnistía-Askatasuna,
acusados de pertenencia a organización armada. Conociendo como conocen
la farsa, los encausados renuncian a defenderse.

La dirección de los GAL aconsejó el secuestro como el método
preferente para la guerra sucia. Pues bien, después asistimos a una
interminable cadena de secuestros, muy de guante blanco, realizados en
nombre del estado de Derecho y de la democracia, como si aquél fuera
sinónimo de ésta: secuestro de periódicos, de empresas, «herriko
tabernas», secuestro de partidos políticos, de organizaciones juveniles
y culturales, secuestro masivo de ciudadanos con elevadas condenas,
secuestro de los detenidos sin garantías contra la tortura, dispersión
de los presos como forma de secuestro, lo mismo que la llamada Ley
Parot, que secuestra a presos con la pena ya cumplida. Así, la
represión sustituye a la política. Así, quitan gente de la política e
incrementan la cantera de la organización armada. ¿Por la normalización?

GARA

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